nombre reservado con BANCO CONSORCIO

C.A. de Santiago Santiago, once de junio de dos mil veinticuatro.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Enzo Mauricio Vespa Mayol, abogado, en representación del señor nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra del banco Consorcio, por el acto arbitrario e ilegal consistente en el cierre de la cuenta vista Nº[cuenta reservada], que se hizo efectivo el 22 de febrero del año en curso, lo que importaría la afectación de las garantías previstas en los números 1°, 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política. Solicita que se deje sin efecto el cierre de la cuenta y se ordene su reapertura, con costas.

Indica que mediante carta se le informó a su parte que se procedería con el cierre de su cuenta vista número [cuenta reservada], a partir del día 22 de febrero pasado, sin expresar fundamento alguno. Arguye que la decisión del banco es arbitraria desde que no existe un fundamento racional para haber procedido de la forma que lo hizo.

En cuanto al derecho, cita los artículos 1545 y 1546 del Código Civil y artículo 16 de la ley 19.496. Refiere que la decisión del banco vulnera las garantías constitucionales establecidas en los números 1°, 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. En efecto, señala que el cierre abrupto de su cuenta le produjo daño en su integridad psíquica, desde que la utilizaba como herramienta de trabajo, dificultándose ahora su actividad comercial. Asimismo, sostiene que se trató de forma desigual a su parte, que no se encontraba en mora. Finalmente, se afecta su derecho de propiedad, desde que su parte era dueño de su cuenta, que mantenía hace ya un tiempo.

Solicita que se acoja el presente recurso y se ordene a la parte recurrida que deje sin efecto el cierre de la cuenta, disponiendo su reapertura, con costas.

Segundo: Que evacuó informe el banco Consorcio y solicitó el rechazo del recurso de protección. En primer lugar, aclara que el producto que mantenía el recurrente era una cuenta vista y no una cuenta corriente, como se señala en algunas partes de la presentación del actor. Luego, señala que, efectivamente, el 7 de febrero de 2024 informó al recurrente el cierre de la cuenta vista Nº[cuenta reservada], que mantenía con la institución bancaria, pero que tal actuación no es arbitraria o ilegal, sino que se encuadra dentro de las facultades contractuales contenidas en el contrato único de productos protocolizado con fecha 9 de abril de 2014, en la notaría de don nombre reservado, Rep. N°11622-2014, el cual, en su acápite denominado PLAZO DE VIGENCIA Y CIERRE DE CUENTA, dispuso expresamente en su numeral 2) que el banco podrá cerrar y poner fin al contrato de Cuenta Vista en cualquier tiempo, especialmente en cualquiera de los casos que señala, causales relacionadas con la pérdida de confianza y buena fe que debe ligar a las partes contratantes.

En ese contexto es que su representado utilizó dentro de los términos establecidos por el propio contrato de cuenta vista referido, una facultad expresamente pactada en dicho acto jurídico y perfectamente reconocida y regulada en la legislación, y que emana precisamente de la naturaleza intuito personae del contrato del cual se trata, por lo que el actuar de su parte estuvo acorde con los términos establecidos en el contrato y en los descritos por el órgano regulador y, por lo tanto, no puede ser considerado ilegal.

Aclara que la decisión de cierre de la cuenta vista del recurrente se vio motivada por una pérdida de confianza a su respecto y que su parte obró en cumplimiento de los deberes impuestos por el regulador en orden a conocer a sus clientes; deberes a que se refiere la Recopilación Actualizada de Normas de Bancos pertinente y la ley 19.913.

Conforme lo expuesto, solicita el rechazo del presente recurso.

Tercero: Que muchas veces se ha dicho que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que también se ha expresado reiteradamente que la acción que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República no es propiamente un juicio, de manera que no puede discutirse en su sede cuestiones de fondo, como la validez de determinadas cláusulas contractuales, una rendición de cuentas o si una parte debe o no dinero a otra, sino que debe basarse tal acción en actos u omisiones ilegales o arbitrarios que perturben derechos indubitados.

Quinto: Que el recurso se sustenta en que el Banco Consorcio ha obrado ilegal o arbitrariamente al cerrar la cuenta vista del señor nombre reservado; y el banco, por su parte, señaló que tiene dicha facultad tanto por haberse así pactado, cuanto por la naturaleza intuito personae de este tipo de contratos y por las instrucciones contenidas en la Recopilación Actualizada de Normas de la Comisión para el Mercado Financiero. Y tal controversia debe ser conocida en un juicio de lato conocimiento, con las garantías que da un procedimiento de esa naturaleza.

Sexto: Que, así, si para acoger el recurso es menester que “se declare” la nulidad o inexistencia de una determinada cláusula, pactada en un contrato —en este caso de cuenta vista—, claramente la materia que se pide resolver por esta vía excede el margen del citado artículo 20 de la Carta Fundamental, que no hace otra cosa que contemplar una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que se pueden experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares, lo que ha llevado a que la Corte Suprema, dando cumplimiento en su oportunidad al inciso final del artículo 2° del Acta Constitucional N° 3, haya dictado un Auto Acordado que, consecuente con la naturaleza del recurso de protección, contempla un procedimiento sumarísimo y exento de todo formalismo con el objeto de hacer expedito el ejercicio de dicha acción cautelar.

Séptimo: Que, entonces, ciertamente la discusión acerca de si el banco Consorcio tiene o no facultades para cerrar una cuenta corriente bancaria u otros productos de su giro o, dicho de otro modo, la validez de una cláusula pactada por las partes que otorga esta facultad o si el banco obró o no de acuerdo a las obligaciones que emanan de la naturaleza de dicho contrato o de las instrucciones de la CMF, es materia que no puede ser conocida en esta sede sino en el de lato conocimiento que corresponda. En consecuencia, el recurso debe ser desechado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional planteada en autos, sin costas por haber tenido el recurrente motivos plausibles para litigar.

Redacción del ministro señor Mera.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-1407-2024.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo y por el abogado integrante señor Jorge Gómez Oyarzo.