Protección contra Colegio nombre reservado y su director

Santiago, diecisiete de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando:

Primero: Que, comparece nombre reservado, en representación de su hijo nombre reservado, quien interpone en su favor recurso de protección en contra del Colegio nombre reservado y su director, nombre reservado, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en haber aplicado la medida de expulsión a su hijo, lo que estima que vulnera las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 1 y 10 de la Constitución Política de la República, por lo que pide que se ordene al recurrido dejar sin efecto la medida disciplinaria adoptada, permitiendo al actor terminar el año escolar, ya sea de forma presencial o mediante materiales que pueda enviar el establecimiento educacional, con costas.

Expone que el 14 de abril de 2025 la madre del actor fue contactada por el establecimiento educacional para informarle que su hijo, alumno del tercer año medio del nombre reservado, quedaba suspendido, por haber presuntamente cometido el delito de abuso sexual en contra de una compañera. En dicha oportunidad, el colegio mencionó que se investigarían los hechos, que se daría cuenta al Ministerio Público y que se presentarían recursos de protección ante el tribunal de familia, tanto para el menor como para la presunta víctima.

Refiere que el establecimiento se comprometió a enviar las materias y trabajos correspondientes a los catorce ramos que cursaba el recurrente, sin embargo, sólo remitieron dos tareas, indicándole que debía esperar, y que la Unidad Técnico Pedagógica se encargaría de evitar que perdiera el año escolar, agregando que el mismo día solicitó a la encargada de convivencia escolar, que le enviara el Protocolo de Convivencia Escolar, el reglamento del colegio y el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), documentos que le fueron entregados recién una semana después, lo que impidió que su hijo pudiera formular descargos oportunos.

Sostiene que el 30 de abril fue citada al establecimiento y se le notificó que se había aplicado a su hijo la medida de expulsión, fundamentada en la necesidad de prevenir posibles situaciones de conflicto, afectación emocional o revictimización, y en el deber del establecimiento de resguardar la integridad física y psicológica de todos sus integrantes, puntualizando que en la resolución de expulsión se señaló que no fue posible realizar contención al estudiante, atendido que su apoderada habría decidido retirarlo del establecimiento al momento de conocer los hechos, circunstancia que la recurrente niega categóricamente, señalando que el menor fue suspendido inicialmente por cinco días, período que fue ampliado por cinco días adicionales, y que no existe registro alguno de su retiro voluntario del establecimiento.

Hace presente que interpuso apelación contra la medida de expulsión el 8 de mayo de 2025, siendo citada nuevamente el día 15 del mismo mes y año, oportunidad en que se le notificó que la expulsión había sido confirmada, argumentándose la conmoción que los hechos causaron en la comunidad escolar y la existencia de una medida cautelar de prohibición de acercamiento, dictada por el Tribunal de Familia de Pudahuel en la causa RIT P-1041-2025, iniciada a favor de la presunta víctima, además de una causa de protección ante el Centro de Medidas Cautelares en la causa RIT 4542-2025, en la que existe información contradictoria, que da cuenta de la vulneración de derechos del actor, ya que se han tergiversado antecedentes durante el procedimiento y omitido otros relevantes en su tramitación.

Expone que los fundamentos de la expulsión del recurrente, de conformidad con el reglamento de convivencia escolar, se encontraban detallados en los números 22 y 24, a saber, cometer acciones que constituyan delito, tales como violación, abuso y agresiones sexuales, robo, lesiones, amenazas de muerte, porte o tenencia ilegal de todo tipo de armas (elemento corto punzante, bates, martillos, elementos contundentes u otros), denigrar la honra de cualquier integrante del establecimiento por cualquier medio, incluyendo el virtual, respectivamente. No obstante, afirma que la investigación del recurrido no hizo un análisis equitativo y menos justo respecto del actor, quien no ha sido formalizado por el Ministerio Público, y no consideró la información aportada por el protegido, que cuenta con pruebas que, a su juicio, desvirtuarían las acusaciones formuladas en su contra, consistentes en un audio, videos y fotografías de WhatsApp en que la presunta víctima relataría hechos distintos a los denunciados.

Alega que el establecimiento educacional no respetó los protocolos de convivencia escolar establecidos en su propio reglamento interno, omitió información y pruebas relevantes que podrían demostrar la inocencia del actor, no envió información solicitada por el tribunal de familia, no proporcionó apoyo emocional ni contención al recurrente, y no remitió las tareas y trabajos escolares comprometidos, dejándolo en situación de abandono académico, afectando sus garantías constitucionales, detallando que el colegio realizó un juicio moral y personal, considerando al protegido culpable de hechos que no han sido investigados ni confirmados por la justicia ordinaria.

En cuanto al debido proceso, fundamenta que la expulsión fue decidida sin respetar las normas contenidas en el Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, que establece que las medidas de expulsión o cancelación de matrícula solo pueden adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo contemplado en el reglamento interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida.

Segundo: Que, comparece nombre reservado, Director Regional de la Dirección Regional Metropolitana de la Superintendencia de Educación, quien evacúa el informe que le fuera requerido a su representada.

Expone que como Superintendencia están facultados para fiscalizar que los establecimientos educacionales se ajusten a la normativa, controlar la legalidad del uso de los recursos por los sostenedores que reciban financiamiento estatal y atender las denuncias y reclamos de las comunidades educativas y otros usuarios e interesados, destacando en relación con la acción de protección deducida y el procedimiento disciplinario de aplicación de medidas de expulsión o cancelación de matrícula de establecimientos educacionales regidos por la Ley de Subvenciones que dicha ley, en su artículo 6 letra d), primer párrafo, indica que los establecimientos educacionales deben contar con un reglamento interno que rija las relaciones entre el establecimiento, los alumnos y los padres y apoderados, el que debe señalar las normas de convivencia en el establecimiento, que deberán incluir expresamente la prohibición de toda forma de discriminación arbitraria; las sanciones y reconocimientos que origina su infracción o destacado cumplimiento; los procedimientos por los cuales se determinarán las conductas que las ameritan; y, las instancias de revisión correspondientes.

Agrega que al tenor de lo dispuesto en la norma antes mencionada, se desprende que los actos que importan una afectación grave a la convivencia escolar no solo son aquellos expresamente mencionados en el párrafo anterior, por cuanto se trata de descripciones genéricas bajo la denominación “tales como”, y por lo mismo, los establecimientos educacionales pueden introducir en sus reglamentos internos otras actuaciones de similar naturaleza, que consecuencialmente tengan asignada la misma sanción, siempre que respeten las limitaciones de los principios de legalidad, proporcionalidad y no discriminación arbitraria, como asimismo sus requisitos formales de adopción.

Hace presente que, en el evento de que un establecimiento educacional subvencionado haya aplicado las medidas disciplinarias de expulsión y cancelación de matrícula, como en estos autos, se impone la obligación a los directores de informar esta situación a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, una vez que haya aplicado la medida, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que esta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento de aplicación de la medida, determinando la Superintendencia de Educación que el expediente de expulsión que motivó la interposición del presente arbitrio cautelar ingresó el 23 de mayo de 2025 bajo el código NUM000, observando que la medida aplicada se ajusta en forma general al procedimiento contemplado en el artículo 6 letra d) del DFL N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, por lo que el 24 de junio del año en curso se cerró el expediente de expulsión en la Unidad de Protección de Derechos Educacionales de la mencionada Superintendencia.

Tercero: Que, comparece informando el abogado Manuel Vallejos Tobar, en representación de la Ilustre Municipalidad de Santiago, solicitando el rechazo de la acción deducida en todas sus partes, con costas.

Expone en primer término que el proceso disciplinario aplicado por el Director del establecimiento, nombre reservado, cumplió adecuadamente con la normativa administrativa, siendo instruido y tramitado conforme a la normativa legal vigente, al detectarse hechos susceptibles de afectar a la comunidad educativa.

Agrega que los hechos que originaron la interposición de la presente acción fueron inicialmente relatados por la estudiante nombre reservado el día 10 de abril de 2025, cuando fue atendida en la oficina psicosocial debido a una afectación emocional derivada de una situación conflictiva con el estudiante nombre reservado, detallando que, el día 14 de abril, se dio a conocer el inicio del procedimiento investigativo a la apoderada del estudiante, informándole que éste estaría involucrado en un hecho de connotación sexual y en la grabación de la estudiante sin su consentimiento, siendo entrevistada el mismo día en relación con los hechos denunciados, oportunidad en que la estudiante afectada señaló que el actor la habría obligado a practicarle un acto de carácter sexual mientras lo registraba en video y la amenazaba con el propósito de mantenerla bajo su control.

Manifiesta que se informó al estudiante y a su apoderada, doña nombre reservado, los términos de los hechos imputados a nombre reservado, como asimismo sus derechos en materia recursiva.

Hace presente que, junto con notificar la medida, se informó a la apoderada que contaba con un plazo máximo de cinco días hábiles para presentar una solicitud de reconsideración respecto de la medida disciplinaria adoptada, derecho que fue ejercido el 8 de mayo de 2025. Con fecha 14 de mayo, se llevó a cabo el consejo de profesores con el propósito de realizar la consulta y votación respecto de la mantención de la medida de expulsión, resultando trece votos a favor, uno en contra y una abstención, decidiéndose mantener la medida adoptada. Finalmente, el 15 de mayo se notificó la resolución final que ratificó la expulsión del estudiante.

Adiciona que la medida de expulsión se fundamenta en el relato de la estudiante afectada y del propio estudiante expulsado, lo cual da lugar a indicios suficientes de que se puede estar en presencia de la eventual comisión de un delito. A mayor abundamiento, señala que el Juzgado de Familia de Pudahuel decretó una orden de prohibición de acercamiento del estudiante y su madre a la menor afectada, mediante resolución de 12 de mayo de 2025, en causa RIT P-1041-2025.

Puntualiza que condonar y aceptar pasivamente conductas de connotación sexual no consentidas y amenazas de exposición de dichos actos por parte de un estudiante a otro, sin una intervención de parte de los organismos llamados a hacerlo, no sólo constituye un delito per se, si no que, además, afecta a la totalidad de la comunidad educativa en forma indirecta y promueve un comportamiento absolutamente reprochable respecto de cualquier ser humano, especialmente cuando existen menores de edad involucrados, en la etapa de desarrollo más críticas de su vida, como lo es la adolescencia, lo que deviene en que no existía otra opción más que aplicar la medida más gravosa contemplada en el Reglamento Interno del establecimiento educacional ante tal situación.

Por estas consideraciones, y estimando que no se han vulnerado derechos fundamentales del recurrente, solicita en definitiva a esta Corte que la acción deducida sea rechazada en todas sus partes, con costas.

Cuarto: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley;

Quinto: Que, al tenor del contenido de la acción deducida, el acto que se asegura ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de que la parte recurrida aplicó la sanción de expulsión al alumno nombre reservado, debido a hechos acaecidos el 10 de abril del presente año, siéndole atribuida responsabilidad en la comisión de faltas que en el reglamento interno de convivencia escolar del recurrido tienen el carácter de gravísimas y ameritan la expulsión, decisión que a juicio del recurrente se alcanzó con infracción de sus derechos y garantías establecidas en el artículo 19 N° 1 y 10 de la Constitución Política de la República, debiendo determinar esta Corte si dicha acción se ajusta o no a Derecho.

Consecuentemente, debe revisarse la normativa interna que rige a la institución recurrida a efectos de dilucidar si se cumplieron los protocolos y procedimientos aplicables al caso expuesto en el recurso y, desde luego, la sanción aplicada es ajustada a derecho.

Sexto: Que, revisados los antecedentes, aparece que el Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2025 de la recurrida, consigna en su capítulo VIII sobre aplicación del proceso denominado “debido proceso, claro y justo”, en su acápite sobre el Protocolo del Proceso Administrativo Sancionatorio, el listado de aquellas acciones que se califican como faltas gravísimas y su respectiva sanción, entre ellas las referidas en los numerales 22 y 24, invocadas en el acto recurrido como fundamento para resolver como lo hace, a saber: “22. Cometer acciones que constituyan delito: violación, abuso y agresiones sexuales, robo, lesiones amenazas de muerte, porte o tenencia ilegal de todo tipo de armas (elemento corto punzante, bates, martillo, elementos contundentes u otros) D. P. Abreviado Expulsión. Denuncia a Carabineros PDI. 24. Denigrar la honra de cualquier integrante establecimiento por cualquier medio, incluyendo el virtual. D.P. Cancelación de matrícula.”

Séptimo: Que, atendido que los hechos imputados a nombre reservado configuran las mentadas faltas gravísimas, consta que la recurrida informó tanto al estudiante como a su apoderada, nombre reservado, mediante documento denominado Notificación de Medida Disciplinaria de fecha 30 de abril de 2025, tanto los hechos de los que se acusaba al alumno como asimismo que contaban con un máximo de cinco días hábiles para presentar sus descargos, incluyendo todos aquellos medios de prueba que estimaran pertinentes. Consta en dicho documento que la mentada apoderada se negó a firmar.

Posteriormente, el 15 de mayo de 2025, según consta de documento denominado “Notificación Resolución Final”, se notificó la medida disciplinaria, confirmándose la expulsión del estudiante por falta gravísima a la convivencia educativa contemplada en el Reglamento Interno, específicamente las Faltas Nº 22 y Nº 24, consistentes en cometer acciones que constituyan delito, tales como abuso y agresiones sexuales, y denigrar la honra de cualquier integrante del establecimiento por cualquier medio, incluyendo el virtual, respectivamente, decisión que se fundamenta en la necesidad de prevenir posibles nuevas situaciones de conflicto, afectación emocional o revictimización, así como en el deber del establecimiento de resguardar la integridad física y psicológica de todos sus integrantes, todo en mérito de aquello establecido en el referido Reglamento. En este mismo documento se deja constancia que nombre reservado, apoderada y en representación de su hijo nombre reservado, presentó la correspondiente apelación con fecha 8 de mayo de 2025. Esta acta se encuentra firmada por la señalada apoderada.

Octavo: Que, de lo reseñado, al contrario de lo que aseveran los comparecientes en su libelo, no queda duda que el colegio recurrido sí cumplió con aquel procedimiento que consigna su Reglamento Interno y que se establecen en el capítulo “PROTOCOLO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO” que rola a fojas 43 y siguientes del mentado Reglamento, que faculta a la recurrida a tomar la medida de expulsión de nombre reservado del establecimiento escolar.

Noveno: Que, al haber ejercido la recurrente todos sus derechos en la instancia administrativa y, por ende, haber podido exponer sus argumentaciones, resulta del todo inaceptable que el recurrente pretenda utilizar a esta Corte como una tercera instancia para intentar revertir una decisión adoptada por la recurrida en el legítimo y debido uso de sus facultades, atendido el comportamiento de su hijo.

Décimo: Que, por otra parte, resulta especialmente pertinente señalar que, a esta fecha, el nombre reservado se encuentra matriculado en otro establecimiento educacional, según lo reconoció la propia apoderada en estrados al alegar en la vista de la causa en representación de su hijo, por lo que no existe perjuicio para nombre reservado.

Undécimo: Que, así las cosas, resulta claro que la recurrida se limitó a resolver la situación del alumno nombre reservado actuando dentro del ámbito de sus atribuciones, siempre en mérito de los actos cometidos por el mentado alumno.

No se vislumbra entonces de qué forma la recurrida pudo haber vulnerado o amenazado aquellas garantías consagradas en los números 1 y 10 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, como pretende la recurrente.

Duodécimo: Que, la documentación acompañada por la recurrente en nada hace variar lo señalado.

Décimo Tercero: Que, por lo antes expuesto, sólo cabe concluir que el presente recurso de protección no puede prosperar y será rechazado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia de 24 de junio de 1992 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional interpuesta por nombre reservado, en representación de su hijo nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado y de su director, nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia Protección N° 14.056-2025 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Paula Rodríguez Fondón, conformada por el Ministro (I) señor Pablo Toledo González y el Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia.