nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL

Santiago, veinticinco de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando:

Primero: Que, comparecen los abogados Pamela Cabello Fuenzalida y Luis Felipe Rio Cabello, en representación de nombre reservado y otras doce personas naturales, todos vecinos de la Comunidad Parque Residencial Valle Dorado, quienes deducen recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Estación Central, por el acto que estiman ilegal y arbitrario consistente en el Decreto Alcaldicio N°465, de fecha 12 de mayo de 2025, que ordena el retiro de un portón instalado en la intersección entre Avenida Las Torres y calle Laguna Sur, comuna de Estación Central, el que, en concepto de los recurrentes, vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 N°1 (integridad física y psíquica), N°2 (igualdad ante la ley), N°5 (vida privada e inviolabilidad del hogar) y N°24 (derecho de propiedad) de la Constitución Política de la República.

Mencionan que la comunidad que representan, denominada Parque Residencial Valle Dorado, es una organización territorial y vecinal consolidada desde la década de 1990, con un sistema de copropiedad informal. Exponen que el cierre de los portones de su domicilio reservado, época en que la directiva, junto a las autoridades municipales de ese entonces, cumplieron con la legalidad para el cierre de los pasajes, recaudando dineros para la instalación del portón, con la anuencia de todos los vecinos. Precisan que, junto con el cierre, se estableció la permanencia de guardias costeada por los mismos vecinos, lo que les permite amortiguar incidentes delincuenciales. Añaden que todos los residentes tienen en su poder el control remoto, la aplicación en el celular y la llave de la reja peatonal para el acceso.

Indican que en el año 2012 se determinó la construcción de los Condominios Las Torres N°1 y N°2, estableciéndose una mesa de trabajo en la cual se acordó que las entradas y salidas de dichos condominios se establecerían por Avenida Las Torres, según consta en una carta firmada por el ex-alcalde de la época. Señalan que la instalación del portón en la intersección de Avenida Las Torres con calle Laguna Sur, tiene el objetivo de resguardar la seguridad de los vecinos frente a la creciente delincuencia en la zona, y que el portón ha funcionado como medida efectiva de control sin impedir el tránsito peatonal ni vehicular, y permitiendo el acceso a vehículos de emergencia. Afirman que a los vecinos del domicilio reservado se les entregó llave del portón para uso en caso de emergencia.

Argumentan que el decreto alcaldicio impugnado clasifica erróneamente el tramo final de la calle Laguna Sur como una vía troncal integrante de la Red Vial Básica, sin adjuntar informe técnico de la Dirección de Obras Municipales (DOM) ni de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones (Seremi de Transportes). Sostienen que, por sus características, el tramo debe clasificarse como pasaje local o ciego, ya que la vía termina en una propiedad fiscal (Escuela de Especialidades de Carabineros) que impide su continuidad, y su uso es residencial exclusivo con un bajo flujo vehicular.

Agregan que la orden de retiro es ilegal y arbitraria, por cuanto contiene una serie de graves omisiones y errores administrativos.

En primer lugar, acusan una ilegalidad y arbitrariedad del acto mismo. Argumentan que la Municipalidad incurrió en un error fundamental al clasificar la vía de manera incorrecta, evadió la notificación personal a los involucrados y, crucialmente, no ofreció el procedimiento de regularización contemplado en la Ley N°21.411.

Esta falta de diligencia se agrava con la omisión de la notificación personal. El acto fue notificado exclusivamente a través de la publicación en el Diario Oficial. Esto ocurrió a pesar de que la Municipalidad poseía información de contacto a través de la Junta de Vecinos N°20-1 Valle Dorado, información que podría haber facilitado la identificación y notificación directa de los responsables.

Además, se denuncia la omisión del procedimiento de regularización. A pesar de que la Ordenanza N°51 municipal sí permite acogerse a un régimen de regularización, la Municipalidad ignoró por completo el proceso establecido en la Ley N°21.411 y su reglamento para cierres preexistentes.

El acto carece, asimismo, de proporcionalidad. La medida no considera ni pondera aspectos esenciales, como el interés legítimo de los vecinos en su seguridad, la antigüedad del cierre que data de hace 27 años, ni el impacto limitado de la estructura, dado que se trata de un pasaje ciego.

La decisión es también cuestionada por la ausencia de un informe técnico crucial. La Ley N°21.411 exige un informe de la Seremi de Transportes, pero el decreto emitido por la Municipalidad no lo menciona ni lo adjunta.

Finalmente, se aduce un exceso de atribuciones. La Municipalidad habría actuado fuera del marco de sus competencias al no fundamentar correctamente la clasificación de la vía en cuestión y, a la vez, por no proponer ninguna alternativa viable de regularización a los residentes.

Cita, para respaldar su acción, las normas contenidas en los artículos 19 N°1, N°2, N°5, y N°24 de la Constitución Política de la República, así como los artículos 7, 11, 45, 52 y 53 de la Ley N°19.880, los artículos 6 y 65 bis de la Ley N°18.695, el artículo 2.1.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y la Ley N°21.411 y su reglamento.

Pide en definitiva, tener por interpuesto el recurso de protección, declarar que el Decreto Alcaldicio N°465 es ilegal y arbitrario, decretar la suspensión de los efectos del decreto impugnado mediante orden de no innovar, ordenar a la Municipalidad instruir un procedimiento de regularización del cierre conforme a la Ordenanza N°51 y demás normativa aplicable, y condenar en costas a la recurrida.

Segundo: Que, comparece el abogado Carlos Solís Vásquez, en representación de la Ilustre Municipalidad de Estación Central, quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso.

Expone como antecedentes que, efectivamente, en la ubicación descrita por el recurrente existe un portón destinado al cierre de la calle, construido por la "Comunidad Parque Residencial Valle Dorado". Menciona que el conflicto se origina debido a denuncias efectuadas por particulares, principalmente habitantes del domicilio reservado, quienes con fecha 31 de agosto de 2022 acusaron una "irregularidad e ilegalidad" en el cierre, afectando su libre circulación. Precisa que, producto de la denuncia, la Dirección de Obras Municipales (DOM) realiza una visita inspectiva el 13 de septiembre de 2022, corroborando que se instaló una reja de perfil metálico con salidas peatonales y vehiculares que estaban cerradas con llave, y que no existían antecedentes de autorización municipal ni solicitud de cierre de la calle. Señala que el tramo de cierre es de 62 metros lineales, lo cual resulta improcedente ya que no se trata de un pasaje sin salida y con un solo acceso. Destaca que la DOM informó que la obra no se encontraba autorizada ni cumplía con los requisitos para serlo a la época. Posteriormente, con motivo de una nueva denuncia efectuada ante la Contraloría General de la República, la DOM realiza otra fiscalización el 27 de noviembre de 2024, constatando que el cierre se mantiene en las mismas condiciones, lo que motiva el Decreto Alcaldicio N°465/2025, de fecha 12 de mayo de 2025.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que el acto impugnado, es decir, el retiro del portón, tiene fundamentos objetivos basados en los informes evacuados por la Dirección de Obras Municipales de fecha 26 de septiembre de 2022 y 9 de diciembre de 2024, en los cuales se constata que la construcción no cuenta con permiso municipal ni cumple con los requisitos propios para ser autorizado. Asimismo, sostiene que el tramo cerrado corresponde a una vía troncal, denominada T29P Laguna Sur, normada por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago y perteneciente a la Red Vial Básica, razón por la cual no procede su cierre según la Ordenanza Municipal N°51. Agrega que el acto administrativo fue promovido a petición de administrados afectados con el cierre, quienes aluden a una privación ilegítima del libre tránsito y acceso a sus viviendas, cumpliendo el Decreto N°465 con lo exigido en la Ley N°19.880 al ser un acto debidamente motivado y puesto en conocimiento de la comunidad.

Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que se cumplió con el Plan Regulador Metropolitano de Santiago y la normativa comunal contemplada en la Ordenanza Municipal N°51 de Estación Central. Señala que su actuación, al disponer el retiro, se encuentra ajustada a derecho por cuanto los elementos de cierre constituyen una intervención no autorizada en una vía pública troncal, cuya apertura y libre tránsito se encuentran garantizados por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago y la normativa vigente. Cita el artículo 589 del Código Civil sobre Bienes Nacionales de Uso Público, el artículo 5 letra c) y el artículo 65 letra r) de la Ley N°18.695, que regulan la administración de los bienes nacionales de uso público y la autorización de cierres. Recuerda el principio de irretroactividad de la Ley contemplado en el artículo 9 del Código Civil, toda vez que a la época de construcción del portón no estaba vigente la Ordenanza Municipal N°51, aunque su aplicación actual es vigente y en completo funcionamiento. Concluye que la recurrente solo se limita a señalar las garantías constitucionales supuestamente conculcadas sin señalar de qué forma se produce dicha vulneración, requisito esencial para que prospere la acción de protección.

Solicita, en definitiva, tener por evacuado el informe ordenado y rechazar en todas sus partes el recurso de protección interpuesto, declarando la legalidad y objetividad del acto emanado de la Ilustre Municipalidad de Estación Central, contenido en el Decreto Alcaldicio N°465/2025, de fecha 12 de mayo de 2025, con costas.

Tercero: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

Cuarto: Que, el acto que se reprocha como ilegal y arbitrario consiste en el Decreto Alcaldicio N°465 de 12 de mayo de 2025, suscrito por el Alcalde de la Comuna de Estación Central, que ordena el retiro de los portones instalados en Avda. Las Torres con calle Laguna Sur, por constituir una intervención no autorizada en una vía pública troncal perteneciente a la Red Vial Básica, cuya apertura y libre tránsito se encuentra garantizada por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago y la normativa vigente.

Quinto: Que, en primer lugar, corresponde descartar el primer vicio denunciado por los recurrentes, referido a la falta de notificación del acto impugnado, pues tal como se indica en el considerando 10 del decreto alcaldicio, al no haber sido posible identificar a los responsables de la instalación de los portones, se dispuso la notificación de dicho acto, mediante su publicación en el Diario Oficial, conforme al artículo 45 inciso tercero de la Ley 19.880, lo que se cumplió con fecha 16 de mayo de 2025, presentándose el recurso con fecha 16 de junio del mismo año, por lo que tampoco se advierte cuál sería el perjuicio que dicha forma de notificación habría causado a los recurrentes.

Sexto: Que, en segundo término y en cuanto al fondo del recurso, los cuestionamientos al decreto alcaldicio consisten, en síntesis, en que clasifica erróneamente el tramo final de la calle Laguna Sur como una vía troncal integrante de la Red Vial Básica, no obstante que el tramo debe clasificarse como pasaje local o ciego; en que no se requirió un informe técnico a la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, conforme lo exige la Ley 21.114; y en que el municipio no propone ninguna alternativa viable de regularización a los residentes.

Séptimo: Que, en cuanto a la legalidad del acto impugnado, cabe tener presente que es un hecho establecido que el portón y demás elementos de cierre ubicados en la intersección de Avenida Las Torres con calle Laguna Sur, se encuentran en bienes nacionales de uso público y no cuentan con autorización municipal, lo que fue constatado por la Dirección de Obras Municipales, tras dos fiscalizaciones en terreno efectuadas en septiembre de 2022 y noviembre de 2024, ocasión en que se concluyó que si bien existen solicitudes vecinales para mantener el cierre, éste no cumple con los requisitos del artículo 2º de la Ordenanza N.º 51.

En este sentido, si bien la recurrente afirma que el cierre sí cumple con las exigencias legales y reglamentarias, lo cierto es que tanto la Ley 21.411 como la Ordenanza Municipal Nº51 para el cierre o implementación de las medidas de control de acceso en calles, pasajes o conjuntos habitacionales por motivos de seguridad, publicada en el Diario Oficial el 16 de febrero de 2023, disponen, entre otros requisitos, que el ancho de la calzada debe ser inferior a siete metros y que la autorización nunca podrá comprender alguna vía de la red vial básica.

Luego, de acuerdo con los antecedentes remitidos por el municipio recurrido y en particular, del Informe Técnico DOM N°2753/2022, consta que el tramo cerrado en Avda. Laguna Sur tiene una extensión de 62 metros lineales desde Avda. Las Torres hasta el fin de la avenida, a lo que cabe agregar que el tramo cerrado corresponde a una vía troncal, denominada como: T29P – Laguna Sur, normada por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago y perteneciente a la Red Vial Básica.

Octavo: Que, conforme a lo anterior, atendido que el cierre en cuestión no cuenta con autorización municipal, que ello fue constatado en al menos dos visitas inspectivas en terreno y que las características del mismo, como el hecho de comprender una vía perteneciente a la Red Vial Básica, hacen improcedente la aplicación del procedimiento de autorización regulado en la Ley 21.411 y en la Ordenanza Municipal Nº51, la orden de retiro contenida en el decreto alcaldicio impugnado, se ajusta a la legalidad vigente y no resulta arbitraria, siendo del caso recordar, además, que ha sido dictado en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 5° letra c) de la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, referidas a la administración de los bienes municipales y nacionales de uso público, respecto de los cuales, por regla general y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 589 del Código Civil, debe garantizarse su uso a todos los habitantes de la nación, como el de calles, plazas, puentes y caminos, de manera tal que, al no cumplirse las condiciones para que tal uso sea restringido, el Alcalde se encontraba obligado a dictar el acto contra el cual se recurre, más aún si existían denuncias de vecinos afectados por el cierre, que fueron precisamente las que activaron la fiscalización del municipio e incluso una denuncia ante la Contraloría General de la República, remitida mediante Oficio N.º E564526/2024.

Noveno: Que, asimismo, se debe tener presente que la conclusión respecto a que la vía que comprende el tramo cerrado es una vía troncal, denominada como T29P – Laguna Sur, perteneciente a la Red Vial Básica, no corresponde a una clasificación del alcalde recurrido, por cuanto tal categorización se encuentra contenida en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, tal como se deja constancia en el Memorandum Nº DOM-00763/2024 de 27 de noviembre de 2024, todo lo cual impide reprochar al alcalde en cuestión los supuestos errores que los recurrentes reclaman respecto de tal clasificación.

Decimo: Que, por último, cabe descartar la alegación de los recurrentes en torno a haberse omitido el informe técnico de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones a que alude la Ley 21.411, por cuanto tal informe sólo es necesario para evaluar una solicitud de cierre o de implementación de medidas de control de acceso en calles y pasajes que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa, no así para determinar el retiro de cierres y portones construidos sin autorización municipal.

Undécimo: Que, por las razones ya señaladas, resulta forzoso concluir que el municipio recurrido no ha dictado un acto ilegal o arbitrario que afecte las garantías constitucionales de los recurrentes, todo lo cual justifica el rechazo del presente recurso.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por los abogados Pamela Cabello Fuenzalida y Luis Felipe Rio Cabello, en representación de nombre reservado y otras doce personas naturales, todos vecinos de la Comunidad Parque Residencial Valle Dorado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Estación Central.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro Pedro Caro Romero.

Rol Corte 14.050-2025 Protección.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Pedro Caro Romero, conformada por la Ministra señora Paula Rodríguez Fondón y la Abogada Integrante señora Soledad Krause Muñoz.