nombre reservado con AFP CUPRUM S.A.

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de octubre de dos mil veinticinco.

A los folios N° 14 y 15: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, e interpone acción de protección en favor de doña nombre reservado y en contra de AFP Cuprum S.A. por el acto que tilda de arbitrario e ilegal, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjeros, de acuerdo con la Ley N°18.156, que a su juicio vulnera las garantías establecidas en los N°s. 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Al efecto, señala que la recurrente, médico de nacionalidad venezolana, solicitó la devolución de sus fondos previsionales de acuerdo a la normativa previamente citada, petición denegada mediante correo electrónico de 20 de mayo de 2025, en atención a los siguientes motivos:

1.- No se acompañó contrato de trabajo con el Hospital De Urgencia Asistencia Pública, estimando la AFP improcedente la devolución si la solicitante presta servicios para un organismo de la Administración del Estado o municipalidad y su contratación se efectuó mediante decreto o resolución de nombramiento, conforme a la normativa vigente.

2.- Existencia de una doble declaración de voluntad, pues por una parte manifiesta su intención de mantener su afiliación al régimen de seguridad social de su país de origen y por otra la de adscribir al sistema de seguridad social chileno.

3.- No haber acompañado documentación que acredite que la afiliada se encontró cubierta durante toda su estadía en Chile por un sistema de seguridad social extranjero.

4.- Pérdida de vigencia de Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en atención a que la misma dispone expresamente que aquella se extiende hasta el 30 de abril de 2025.

En relación a las causales de rechazo sostiene que la jurisprudencia ha sido conteste en indicar que no corresponde una aplicación estricta y exegética de los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, en cuanto a la exigencia de un contrato regido por el Código del Trabajo, pues, si aquella hubiese sido la intención del legislador, lo habría señalado expresamente.

Adiciona que el vínculo jurídico de la trabajadora, sustentado en un nombramiento mediante resolución exenta, constituye un contrato de trabajo con un estatuto especial a la que resulta aplicable de manera supletoria la normativa que permite el retiro de fondos.

Advierte que es imposible obtener la legalización consular del certificado de afiliación de la actora en atención a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, situación que se encuentra en la hipótesis descrita por el artículo 45 del Código Civil, siendo constitutiva de un caso fortuito o fuerza mayor. Observa que a pesar de ello se ha presentado una declaración jurada ante notario chileno, documento que debería revestir la misma validez probatoria que aquella que previamente se obtenía en la embajada venezolana.

Argumenta que la misma AFP ha autorizado el retiro de fondos en casos similares, lo que sugiere un trato desigual y arbitrario a los administrados.

Plantea que la intención original de la legislación es simplemente verificar la afiliación del trabajador a un sistema de previsión social y que no corresponde que la recurrida establezca requisitos adicionales a los previamente establecidos por el legislador, en circunstancias que dicho documento ha emanado de la autoridad competente y ofrece un código de verificación con el que se puede acceder a la comprobación de la autenticidad del documento en la página oficial del Instituto de Venezolano de Seguridad Social, destacando que lo mismo puede realizarse con el número de cédula de identidad venezolana de la peticionaria.

Observa que la recurrida tiene distintos medios a su disposición para verificar la autenticidad de la constancia, no obstante ello, ha rechazado el retiro de fondos de manera arbitraria e ilegal, sin que la respuesta estuviera suficientemente motivada y pese a que se ha dado integro cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156.

Pide, en definitiva, que se reconozca como valida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho, y dentro de un plazo 5 días o el que esta Corte estime conforme al mérito de autos; y, en general, se adopten las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, informando el presente recurso, comparece el abogado José Felipe Aguilera Navarro, en representación de AFP Cuprum S.A., quien solicita su rechazo.

Expone sobre el particular que con fecha 20 de mayo de 2025 esa administradora rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales de la recurrente, debido a que ella no cumplía con el requisito establecido en el artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156, por cuanto no acompañó documentación que acreditara que durante toda su prestación de servicios en Chile se encontró cubierta por un sistema de seguridad social extranjero que le otorgara prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, ni que, además, en el caso de la cobertura de enfermedad, ella comprendiera las prestaciones médicas y pecuniarias.

Añade que la Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, emitida por la Embajada de Venezuela en Chile con fecha 10 de julio de 2024, que adjuntó la recurrente, además de no estar vigente, solo daba cuenta de su afiliación hasta la fecha de emisión de dicho documento, por lo que no cubría el periodo completo que duró la relación laboral invocada.

Hace presente que dicho documento no se encuentra debidamente legalizada ni apostillada, lo cual constituye un requisito esencial para su validez en Chile, conforme ha expresado reiteradamente la Superintendencia de Pensiones.

Puntualiza que el caso fortuito se utiliza para eximir de responsabilidad a las partes en un contrato o convenio cuando un evento imprevisible e inevitable impide el cumplimiento de las obligaciones, mas no puede servir de sustento para el incumplimiento de los requisitos para acceder a un beneficio, aspecto que también ha sido enfatizado por la aludida entidad de control.

Afirma que, en la especie, tampoco se ha dado cumplimiento al requisito de la letra b) del artículo 1° de la ley del ramo, pues la recurrente persigue la devolución de los fondos fruto de la relación laboral sostenida con el Hospital de Urgencia Asistencia Pública de nombre reservado, institución pública a la que prestó servicios en virtud de una designación a contrata y no de un contrato de trabajo, interpretación que ha sido compartida por la Superintendencia de Pensiones en el Título XI de su Libro II, número 6, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Agrega que junto con el acto administrativo que dispuso la contratación de la actora, se acompañó una “Declaración Individual de Trabajo”, de 9 de mayo de 2024, donde se advierte la existencia de una doble cláusula previsional, contradictoria, pues al mismo tiempo que declara estar afiliada a un régimen de previsión social o de seguridad social en su país de origen y su voluntad de mantener dicha afiliación, declara expresamente que es su voluntad mantener su afiliación al régimen de seguridad social chileno, autorizando expresamente al empleador para efectuar los descuentos de sus remuneraciones mensuales que sean procedentes.

Subraya que sobre este punto la fiscalizadora sectorial ha indicado expresamente que la afiliación a ambos sistemas de seguridad social no es incompatible, pero que en tal caso no procede la devolución de fondos que se persigue.

Finalmente, aduce que los hechos expuestos exceden el marco de procedencia del recurso de protección, pues en el presente caso no se configura ni arbitrariedad ni ilegalidad manifiesta, sino la aplicación de una normativa especial en materia previsional, cuya interpretación y aplicación corresponde a un órgano técnico especializado, correspondiendo que las controversias sobre su aplicación sean conocidas en un juicio de lato conocimiento.

TERCERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, carente de razonabilidad.

CUARTO: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, A.F.P. Cuprum S.A de rechazar la solicitud de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por la recurrente.

QUINTO: Que, sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7° de la Ley 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el artículo 1° de la referida normativa establece que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

SEXTO: Que, así las cosas, es necesario manifestar que a la luz de los antecedentes que se acompañaron al expediente computacional, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, toda vez que la letra a) del artículo 1° de la ley citada, especifica que debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada y vigente el cumplimiento de los requisitos que establece la normativa en cuestión, sin embargo, el documento aparejado no cumple con tal requisito, lo que descarta cualquier ilegalidad o arbitrariedad por parte de la recurrida, por lo que procede desestimar el presente arbitrio.

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, y como se ha dicho reiteradamente, el arbitrio en análisis es una acción constitucional de urgencia destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, de manera que la tutela requerida, no puede satisfacerse por esta vía, ni del modo en que se pide, pues debe ser determinada en un procedimiento legal de lato conocimiento que no puede ser sustituido por esta vía cautelar.

OCTAVO: Que, en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida en favor de doña nombre reservado y en contra de AFP Cuprum S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección 14041-2025.