nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiséis.

A los folios N° 21 y 22: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Comparece nombre reservado, trabajadora dependiente, quien interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes por haber ordenado a su empleador un descuento de $431.493 en su remuneración de abril de 2026, denominado Crédito Personal Caja Los Andes.

Considera dicha actuación ilegal y/o arbitraria, ya que la recurrida, habiendo ejercido la cláusula de aceleración mediante una demanda ejecutiva por la totalidad de la deuda, ordena extrajudicialmente la retención de montos equivalentes a una cuota, por un mecanismo paralelo a la vía judicial, sin noticias previas y sin explicar el por qué ni el cómo se llegó a ese monto.

Señala que lo anterior vulnera los derechos fundamentales de la recurrente, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, en particular, el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24.

Solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento en su remuneración, y restituir los descuentos efectuados y los que se efectúen durante la tramitación de la acción, con costas.

En cuanto a los hechos, expone que el 11 de diciembre de 2024 suscribe el pagaré N° 012CON104293867 en favor de la recurrida, por $10.925.845, pagadero en 48 cuotas mensuales de $358.482. En él se estipula que el simple retardo en el pago de cualquiera de las cuotas permite exigir la solución íntegra de la suma debida, considerándose la obligación de plazo vencido.

Refiere que, luego, su situación económica se ve enormemente perjudicada, lo que le impide cumplir el préstamo. Como consecuencia, la Caja de Compensación interpone demanda ejecutiva el 18 de febrero de 2026, en causa Rol C-668-2026 del 3° Juzgado Civil de San Miguel, actualmente en tramitación.

Indica que hoy trabaja bajo dependencia de AMF Packaging SpA, con la legítima expectativa de percibir sus remuneraciones de manera íntegra y previsible. Sin embargo, en su liquidación de sueldo de abril de 2026 advierte el descuento denominado Crédito Personal Caja Los Andes, por $431.493.

Precisa que jamás es informada previamente de la decisión unilateral de la recurrida de ordenar ese descuento a su empleador. Añade que el descuento es forzado, intempestivo y contrario a su voluntad.

En cuanto al derecho, invoca el artículo 21 de la Ley N° 18.833, que faculta a las Cajas de Compensación para establecer un régimen de crédito social, y su artículo 22, conforme al cual lo adeudado por crédito social debe ser deducido de la remuneración por el empleador, retenido y remesado a la Caja, rigiéndose por las normas de pago y cobro de las cotizaciones previsionales.

Sostiene que la recurrida hace un uso arbitrario e ilegal de dicho precepto, pues una Caja de Compensación, como todo grupo intermedio prestador de un servicio público, está subordinada a la Constitución. Califica el descuento como un acto de autotutela, que no es oportuno y carece de noticias previas.

Luego, afirma que, al demandar ejecutivamente, la Caja de Compensación manifiesta su voluntad expresa e inequívoca de ejercer la cláusula de aceleración, cobrando toda la deuda como de plazo vencido. Por ello, estima arbitrario que retenga extrajudicialmente montos equivalentes a una cuota. Cita jurisprudencia que califica de arbitrario el descuento cuando el acreedor opta por el cobro judicial, atendido el riesgo de un doble pago.

Asimismo, alega que la recurrida desconoce su deber de dar noticias previas. Invoca jurisprudencia en cuanto a que las Cajas de Compensación están obligadas, al menos, a dar noticias e información previas de sus determinaciones al afectado, tras un extenso tiempo entre la exigibilidad y el cobro, y no actuar de improviso haciendo uso de una potestad unilateral.

Finalmente, sostiene que el descuento vulnera el derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, pues se le priva y perturba en su dominio sobre $431.493 de su remuneración, afectación que podría repetirse en los meses siguientes.

SEGUNDO: La Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes evacua el informe requerido por esta Corte. Solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, confirmando la plena legalidad de los descuentos aplicados, con costas.

En cuanto a los hechos, expone que las Cajas de Compensación son corporaciones de derecho privado que administran prestaciones de seguridad social, conforme al artículo 1° de la Ley N° 18.833. Entre ellas está el crédito social, regulado en el Título III de dicha ley y en el Libro III del Compendio de Normas de la Superintendencia de Seguridad Social.

Precisa que el crédito social no es un mutuo comercial ordinario de consumo, sino un beneficio de bienestar social, por lo que la ley le provee un mecanismo de cobro imperativo y preferente: el descuento por planilla.

Refiere que la recurrente, afiliada como trabajadora dependiente, obtiene el 11 de diciembre de 2024 el crédito social N° 012CON104293867, por $10.925.845, a una tasa mensual de 1,88%, en 48 cuotas de $358.482, con primer vencimiento el 28 de febrero de 2025. Al suscribir la solicitud y el pagaré, autoriza expresamente a su empleador para descontar las cuotas de sus remuneraciones.

Indica que la recurrente solo paga las cuotas N° 1 a N° 3, de febrero a abril de 2025, y luego cesa absolutamente de pagar. Presenta así morosidad en las cuotas N° 4 a N° 15, vencidas entre mayo de 2025 y abril de 2026, por lo que la Caja de Compensación requiere al empleador la reactivación de los descuentos legales por planilla respecto de las cuotas morosas.

En cuanto al derecho, alega, en primer término, que el recurso de protección no es declarativo de derechos, pues cautela derechos preexistentes, líquidos e indubitados. Sostiene que la vigencia de la obligación, sus intereses o la prescripción de las cuotas son materias de lato conocimiento.

En segundo lugar, aduce la existencia de vías idóneas y la falta de agotamiento de la vía administrativa, pues la Ley N° 16.395 otorga competencia preferente y exclusiva a la Superintendencia de Seguridad Social para conocer de los reclamos de los afiliados.

En cuanto al fondo, afirma que su actuar es legal, pues el descuento no es un acto caprichoso o de autotutela, sino la aplicación estricta del artículo 22 de la Ley N° 18.833. Agrega que el artículo 58 del Código del Trabajo autoriza al empleador a deducir los descuentos permitidos por leyes especiales. Así, la Caja de Compensación tiene el imperativo legal de recaudar las cuotas insolutas para salvaguardar el Fondo Social.

Luego, niega la arbitrariedad, pues el cobro responde a un procedimiento automatizado, reglado y estandarizado, gatillado exclusivamente por la condición objetiva de morosidad. Además, invoca el punto 3.1.17.2 del Libro III del Compendio de Normas de la Superintendencia, según el cual, si durante un juicio ejecutivo se reinicia el descuento por el mismo crédito, la Caja de Compensación debe informar al tribunal las cuotas descontadas en la etapa de liquidación, para su rebaja. De ello colige que el ordenamiento valida la coexistencia del cobro judicial y el descuento por planilla.

Por último, descarta la vulneración de garantías. Respecto del artículo 19 N° 2, sostiene que trata a la recurrente como a cualquier afiliado moroso; y, en cuanto al N° 3, que no erige un tribunal ad hoc, sino que ejecuta una prerrogativa legal. Y, sobre el artículo 19 N° 24, argumenta que las remuneraciones están legítimamente afectas a los descuentos legales, por lo que, existiendo una deuda líquida, vencida y exigible, no hay privación de propiedad, sino destinación de una porción al pago de obligaciones de seguridad social contraídas voluntariamente.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal - esto es, contrario a la ley - o arbitrario - producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él - y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, como se aprecia, el recurso se dirige contra la orden impartida por la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes al empleador de la recurrente, para descontar de su remuneración de abril de 2026 la suma de $431.493, imputada al crédito social N° 012CON104293867. La recurrente estima vulnerado el derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República. Por su parte, la recurrida no niega el descuento, sino que lo justifica en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 y en la morosidad de la deudora. Además, alega que la materia es de lato conocimiento y que existe una vía administrativa ante la Superintendencia de Seguridad Social.

QUINTO: Que, en primer término, corresponde desestimar las alegaciones de carácter formal. En efecto, la recurrente no discute la existencia ni el monto de la deuda, sino la procedencia del mecanismo de cobro escogido por la acreedora, cuestión que no requiere un juicio de lato conocimiento. Asimismo, la competencia de la Superintendencia de Seguridad Social no excluye esta acción cautelar, pues el artículo 20 de la Constitución Política de la República la concede sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, el artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone que lo adeudado por prestaciones de crédito social debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se rige por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. Se trata de una prerrogativa excepcional, que permite al acreedor satisfacer su crédito sin intervención judicial. Por su naturaleza, está concebida para el cobro oportuno de las cuotas a medida que se devengan, de modo que su ejercicio ha de ser restrictivo.

SÉPTIMO: Que, sin embargo, consta en autos que la recurrida, el 18 de febrero de 2026, demanda ejecutivamente a la recurrente ante el 3° Juzgado Civil de San Miguel, en causa Rol C-668-2026. En ella hace exigible anticipadamente la obligación y cobra 46 cuotas, por un total de $10.470.601. Dicho juicio se encuentra en tramitación, con excepciones opuestas por la ejecutada y recibidas a prueba. Así, la acreedora opta por una vía legítima de cobro, que sustrae la obligación del ámbito extrajudicial y la somete a la decisión del juez civil.

OCTAVO: Que, en ese escenario, la reanudación unilateral de los descuentos por planilla sobre el mismo crédito carece de justificación razonable. En efecto, la recurrida persigue simultáneamente la misma deuda por dos vías paralelas, una judicial y otra extrajudicial, con el consiguiente riesgo de un doble pago. Además, se sustrae de lo que resuelva el tribunal sobre las excepciones de la deudora. Por último, acelerada la obligación, ya no se trata del cobro oportuno de cuotas periódicas, que es precisamente lo que justifica la prerrogativa legal.

NOVENO: Que no altera lo anterior el punto 3.1.17.2 del Libro III del Compendio de Normas de la Superintendencia de Seguridad Social, invocado por la recurrida. Dicha disposición se limita a regular la imputación, en la liquidación del crédito, de las cuotas descontadas durante el juicio. No confiere, en cambio, una facultad autónoma para reanudar los descuentos una vez judicializado el cobro. Por lo demás, una norma de rango administrativo no puede ampliar el alcance de una prerrogativa legal excepcional. Tampoco lo altera el carácter automatizado y estandarizado del procedimiento, pues ello no suple la falta de fundamento de la decisión en el caso concreto.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, el descuento ordenado por la recurrida es arbitrario, pues carece de un fundamento razonable y constituye un acto de autotutela respecto de una obligación cuyo cobro está entregado a la jurisdicción. Con ello priva a la recurrente de una parte de su remuneración, sobre la cual tiene un derecho de propiedad indubitado, afectación que puede repetirse en los meses siguientes. Se vulnera, así, la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que resulta necesaria la intervención de esta Corte para restablecer el imperio del derecho, en los términos que se dirán.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes; y, se ordena a la recurrida abstenerse de requerir al empleador de la recurrente descuentos en sus remuneraciones por el crédito social N° 012CON104293867, mientras se encuentre pendiente el juicio ejecutivo Rol C-668-2026 del 3° Juzgado Civil de San Miguel, y restituir a la recurrente las sumas que por dicho concepto se le hayan descontado a contar de abril de 2026.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Manuel Rodríguez Vega, quien fue de parecer de rechazar el presente arbitrio, por estimar que no hay existe ilegalidad en el actuar de la Caja de Compensación recurrida, la que sometió su obrar a lo establecido en la Circular N°3894 de 13 de noviembre de 2025 emanada de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

Regístrese, notifíquese y archívese.

N° Protección-14032-2026