nombre reservado con nombre reservado

92 Foja: 91 Noventa y uno Santiago, veintisiete de enero de dos mil catorce.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que a fojas 7 don nombre reservado, administrador público, domiciliado en domicilio reservado, debidamente representado, dedujo recurso de protección en contra de don nombre reservado, ingeniero comercial, director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, domiciliado en domicilio reservado, por la supuesta violación de las garantías constitucionales contempladas en los números 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Luego de exponer sus antecedentes profesionales, el recurrente refiere que ha trabajado en la Corporación Administrativa del Poder Judicial desde noviembre de 2005, asumiendo en Junio de 2006 el cargo de Jefe del Departamento de Finanzas y Presupuesto en el que se desempeñó hasta Julio de 2013 fecha en que el presidente de la Corporación le solicitó su renuncia, asumiendo desde ese momento un empleo a contrata grado V anual de la misma Corporación. Expresa que pese a que él y su equipo realizaron siempre un trabajo de excelencia, éste no fue reconocido por el recurrido Sr. nombre reservado, quien le manifestó que intentaría sacarlo de su puesto, en razón de la negativa suya y del equipo a autorizar pagos carentes de legalidad; afirma que el Sr. nombre reservado informó falsamente al Consejo Superior de la Corporación sobre el trabajo realizado, lo que motivó que el presidente del Consejo Superior de la Corporación Administrativa le pidiera la renuncia a su cargo de Jefe del Departamento de Finanzas y Presupuesto. Agrega que el 3 de julio de 2013 por resolución exenta N° 349 de la CAPJ pasó a ser funcionario a contrata para dicha Corporación, encargado del diseño del Proyecto de Calidad del Poder Judicial, desde esa fecha y mientras sus servicios sean necesarios, los que no podrán exceder del 31 de diciembre de 2013. Ese mismo día por resolución exenta N° 350 se aceptó la renuncia voluntaria a su cargo anterior, que sostiene no haber sido voluntaria sino pedida por el Sr. Presidente de la Corporación y de la Corte Suprema.

Afirma que la duración del nuevo trabajo para el cual fue contratado es indeterminada debido a la naturaleza del mismo, pese a lo cual, el 6 de noviembre de 2013 el recurrido le notificó que no renovaría su contrata y pondría término a sus servicios a contar del 31 de diciembre de 2013 por cuanto así había sido resuelto, sin indicar fundamento ni causa alguna para su resolución y sin mencionar la norma legal o reglamentaria que le autorizaba para tomar tal decisión, hecho que estima arbitrario e ilegal. Arbitrario, porque carece de razón o justificación, obedeciendo al mero capricho del Sr. nombre reservado, pues según el Reglamento del Personal de la CAPJ corresponde al Consejo Superior y no al Director, la no renovación de los empleos a contrata por razones de buen servicio, por lo que necesariamente debe fundar su decisión. Ilegal, porque vulnera el principio de legalidad o competencia de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, debido a que la facultad de terminar el empleo a contrata no le corresponde al Sr. nombre reservado, sino al Consejo Superior, en conformidad a los artículos 506 N° 6 y 508 del Código Orgánico de Tribunales.

Dice que tal acto ha afectado la integridad síquica del recurrente siendo la concreción de las constantes amenazas de expulsión de su función pública, violentándose su tranquilidad mental al ver que ciertas personas se creen por sobre la ley y generándole incertidumbre respecto de su continuidad laboral en todo el sistema público. Agrega que también se ha afectado el principio de igualdad ante la ley porque al tratarse de un acto que carece de fundamentos y realizado por quien no tiene facultades para ello resulta discriminatorio frente a sus pares que no han tenido que soportar actos carentes de fundamento dispuestos por autoridades no facultadas para realizarlos. Por último, sostiene que se le ha privado de su derecho de propiedad sobre el cargo para el cual fue contratado, que no solo tiene obligaciones sino también derechos, sobre los cuales se tiene propiedad que la ley protege frente a actos vejatorios. Comenta a continuación la jurisprudencia sobre este tema.

Solicita declarar que se ha vulnerado las citadas garantías constitucionales del recurrente y disponer que se deje sin efecto el acto impugnado, así como el cese del hostigamiento hacia su persona por parte del recurrido;

2°) Que el recurrido informó a fs. 74, expresando que la decisión de poner término la contrata del Sr. nombre reservado no fue suya sino del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y que la notificación que el recurrente recibió el día 6 de noviembre es sólo el acto de formalización de tal acuerdo, adoptado el 24 de junio de 2013 que consta como acta manuscrita al final del acta N° 480, anotación que se hizo por instrucción expresa del Consejo Superior según consta del acta N° 485 de 31 de julio de 2013, cuyo texto transcribe además de acompañar copia de ambas actas. Agrega que el recurrente formalizó su renuncia al cargo anterior por escrito el 1 de julio de 2013, la cual fue aceptada el día 3 del mismo mes y año por resolución N° 350, formalizándose la contrata que se le había ofrecido por resolución N° 349 de igual fecha.

Expone que compete al Consejo Superior la contratación de profesionales para la CAPJ, así como fijar las condiciones de dichas contrataciones. La del recurrente tiene dos características: primero, es limitada en el tiempo hasta el 31 de diciembre de 2013 y, segundo, está sujeta a una labor concreta consistente en el diseño de las bases de licitación para el sistema de gestión de calidad de la Corporación Administrativa, producto que ya ha sido terminado y se ha publicado para el proceso de licitación correspondiente, publicación que acompaña. Así, dice, acercándose el plazo pre fijado por el Consejo Superior y concluida la labor encargada, el recurrido procedió a la notificación de término de la contrata al actor, acto necesario para dar cumplimiento y eficacia a un acuerdo del Consejo Superior, labor que le está encomendada por el inciso tercero del artículo 510 del Código Orgánico de Tribunales, por lo que no hay en ese hecho ilegalidad ni arbitrariedad.

Sobre los hechos anteriores que se relata en el recurso, niega haber hostigado al recurrente y afirma que la renuncia de éste al cargo anterior fue voluntaria.

Analiza a continuación las garantías constitucionales que el actor identifica como vulneradas, comentando la falta de antecedentes respecto de algunas y la improcedencia de alegar vulneración al derecho de propiedad en el caso del actor.

3°) Que, con el propósito de delimitar el ámbito del recurso, resulta necesario dejar establecido que no forman parte de él las posibles vulneraciones de derechos que se originen o se hayan originado en situaciones producidas con anterioridad y que habrían desembocado en la renuncia del actor al cargo de Jefe del Departamento de Finanzas y Presupuesto que servía, puesto que no fueron impugnadas en su oportunidad, de modo que al resolver el presente recurso, la Corte no se hará cargo de ellas como tampoco de las alegaciones con que el recurrido ha pretendido desvirtuarlas;

4°) Que el recurso de protección tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho de quien se vea privado, perturbado o amenazado en el ejercicio legítimo de alguna de las garantías contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, a consecuencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien lo ejecuta o deja de ejecutar;

5°) Que, en la especie, el término de la contrata que el actor estima atentatorio contra sus derechos fundamentales garantizados en la Constitución no ha tenido el carácter ilegal ni arbitrario que éste pretende asignarle, pues dicho término estaba previsto en la propia resolución N° 349 de 3 de julio de 2013 del Sr. Presidente de la Corte Suprema -cuya copia rola a fs. 2- que dispuso su contratación “a contar del 3 de julio de 2013 y mientras sus servicios sean necesarios, los que no podrán exceder del 31 de diciembre del mismo año”; dicha resolución fue dictada en uso de las atribuciones que competen al Sr. Presidente de la Corte Suprema, que el actor no ha cuestionado.

Consecuente con ello, al acto de 6 de Noviembre de 2013 en contra del cual se recurre no dice relación con el término de la contrata, sino con la voluntad de no renovarla y, siendo esa renovación una mera expectativa en el caso de una contrata por tiempo determinado, no cabe estimar que existan derechos vulnerados por no haberla llevado a efecto.

Si bien se advierte divergencias respecto de la naturaleza de los servicios para los cuales se contrató al actor, pues éste –y la resolución N° 349 aludida- indican que se le encargó el diseño del Proyecto de Calidad del Poder Judicial, en tanto el recurrido sostiene que se trataba del diseño de las bases de licitación para el sistema de gestión de calidad de la Corporación Administrativa que ya estaría cumplido, es lo cierto que tales divergencias y la discusión sobre la necesidad de continuar o no los servicios carecen de relevancia frente al cumplimiento del plazo, aunque sí la habrían tenido en caso de pretender terminar la contrata antes de dicho plazo;

6°) Que, no siendo ilegal ni arbitrario el acto reclamado, deberá rechazarse el presente recurso, sin que resulte necesario referirse a cada una de las garantías constitucionales cuyo ejercicio legítimo se dice perturbado o amenazado.

Y VISTOS, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de don nombre reservado, Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra suplente Sra. Ana Cienfuegos Barros.

Rol N° 140303-2013.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Carlos Gajardo Galdames e integrada, además, por las ministros(S) señora Ana Cienfuegos Barros y señora Dora Mondaca Rosales.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a veintisiete de enero de dos mil catorce, notifiqué en secretaría por el estado diario la resolución precedente.