nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Santiago Santiago, siete de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece Rubén Santander Monsalve, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad brasilera, e interpone acción constitucional de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital (AFP), por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en rechazar la devolución de los fondos previsionales de su representada, de conformidad a la Ley N°18.156, lo que vulnera la garantía consagrada en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República.

Señala que la recurrente trabajó en Chile para Macenor Chile Logística SpA desde mayo de 2016 hasta 2019, cotizando en AFP PlanVital, pese a que mediante anexo de contrato firmado en diciembre de 2016, manifestó su voluntad de mantenerse afiliada al régimen previsional brasileño, conforme a la Ley N°18.156.

Agrega que desde el año 2022 se encuentra realizando las gestiones para efectuar el retito de dichos fondos, ingresando la solicitud el 18 marzo de 2025 solicitó la devolución de fondos previsionales ante AFP PlanVital, por haber terminado la relación laboral que tenía en Chile y haber retornado a su país, acompañando toda la documentación exigida, esto es, mandato consular, acreditación de afiliación al sistema brasileño de seguridad social, contrato y anexo respectivo, certificados legalizados y apostillados, sin embargo, la AFP rechazó la solicitud el 24 de marzo de 2025, alegando la falta de vigencia del mandato otorgado en 2022; y que el certificado de afiliación debía provenir directamente de la autoridad de seguridad social brasileña (INSS), y no del Consulado de Brasil en Chile.

Sostiene que el mandato es válido e indefinido conforme al Código Civil, además fue ratificado ante requerimiento de la propia AFP. Por otro lado, que el certificado consular cumple con la Ley 18.156, la que no exige que provenga del INSS, siendo el Consulado el órgano oficial habilitado para representar al Estado brasileño en Chile.

Alega la recurrente que la AFP exige requisitos no contemplados en la normativa, actuando en forma arbitraria e ilegal, dilatando injustificadamente el retiro de fondos, lo que vulnera derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución, al negarle la disposición de fondos de su titularidad Artículo 19 N°24 de la Constitución.

En cuanto a los fundamentos de derecho, señaló los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156, que autorizan a trabajadores extranjeros afiliados a regímenes previsionales en su país a solicitar devolución de fondos cotizados en Chile; Circular N°553 de la Superintendencia de AFP, que regula el procedimiento.

Refiere que la jurisprudencia de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones ha reconocido que, cumpliéndose los requisitos de la Ley 18.156, la negativa de las AFP a devolver fondos previsionales configura un acto ilegal y arbitrario, vulnerando el derecho de propiedad.

Finalmente solicita acoger el recurso de protección y ordenar a AFP PlanVital restituir los fondos previsionales de la recurrente, conforme a lo establecido en la Ley N° 18.156, restableciendo así el imperio del derecho y resguardando su garantía constitucional de propiedad.

Segundo: Que, evacúa el informe solicitado Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital, solicitando el rechazo del recurso con costas.

Expone que el 18 de marzo de 2025, doña nombre reservado solicitó a AFP PlanVital la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, acompañando contrato de trabajo, anexo de afiliación a régimen previsional extranjero, un mandato de fecha 29 de julio de 2022 y una declaración consular emitida por el Consulado de Brasil en Chile, con la cual pretendía acreditar su afiliación previsional en dicho país.

Añade que la Administradora rechazó la solicitud el 24 de marzo de 2025, fundándose en dos aspectos. El primero, respecto a la acreditación de afiliación previsional extranjera, señala que la declaración consular no cumple con los requisitos del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, pues no fue emitida por la institución de seguridad social brasileña ni indica que el Consulado actúe en representación de dicha autoridad, en tanto, Oficios Ordinarios N°21074 y N°25057 de la Superintendencia precisan que las certificaciones consulares sólo son admisibles si declaran expresamente emitirse en representación de la autoridad previsional del país de origen, exigencia que no se cumple en este caso.

En segundo lugar, por la vigencia del mandato, ya que el acompañado fue otorgado el 29 de julio de 2022 y la solicitud se presentó el 18 de marzo de 2025, excediendo con creces el plazo de 6 meses fijado en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, específicamente en la regulación establecida en el Libro III, Título I, Letra J, Capítulo IV. Revisión de mandatos especiales y cartas poder. Por ello, al no existir gestión iniciada en ese periodo ni certificación de vigencia, la Administradora estaba obligada a rechazarlo.

Arguye que la actuación de la AFP se ajusta a lo dispuesto en el D.F.L. N°101 de 1980, el D.L. N°3.500 y la Ley N°20.255, que facultan a la Superintendencia de Pensiones para dictar normas obligatorias de interpretación y aplicación del sistema, toda vez que e rechazo se fundó en dichas normas y oficios de la Superintendencia, por lo que no constituye acto ilegal ni arbitrario. Además, se trata de un acto administrativo subsanable, pues la solicitante puede presentar nuevamente los documentos conforme a las exigencias legales.

Sostiene que la Corte Suprema ha resuelto que la acción de protección no procede frente a actos intermedios que no causan indefensión ni afectan de manera irreversible derechos fundamentales y cita al efecto el Rol N°54.783-2024.

Concluye que la actuación de PlanVital no ha significado privación, perturbación ni amenaza en el ejercicio de garantías constitucionales del artículo 19 de la Constitución, motivo por el cual solicita el rechazo de la acción.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que el acto que se reclama como de ilegal y arbitrario corresponde a la negativa de la AFP PlanVital de hacer entrega o devolución de los fondos previsionales depositados en la cuenta de capitalización individual de la recurrente.

La recurrida justifica su decisión de rechazar la petición de devolución de fondos previsionales, aduciendo que el mandato acompañado no se encuentra vigente y que podrá presentar certificado de vigencia o nuevo mandato y además, que no entregó los antecedentes que acreditaran su afiliación al régimen previsional de su país de origen, con certificado de afiliación a una entidad previsional, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que acredite la cobertura prevista en la Ley N°18.156, ya que el certificado de afiliación INSS consistente en la declaración consular, debe expresar en el mismo documento que ha sido extendido en representación de la autoridad competente de la Seguridad Social del país que corresponda.

Quinto: Que, el artículo 1° de la Ley N° 18.156, sobre el régimen excepcional de exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Asimismo, el artículo 7° del mismo cuerpo legal, estipula que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Sexto: Que en relación con la afirmación del recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N° 13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156.

Séptimo: Que, respecto del primer reparo referido por la institución previsional recurrida, esto es aquel relativo a la vigencia del mandato, en cuanto dicho instrumento fue otorgado el 29 de julio de 2022 y la solicitud se presentó recién el 18 de marzo de 2025, basta con señalar para su rechazo, que no existe antecedente alguno que el mismo haya sido revocado, motivo por el cual, al tenor de la normativa común debe entenderse vigente para todos los efectos legales.

Octavo: Que, en lo referente al segundo motivo aludido por la recurrida para desestimar la petición de la actora, cabe consignar que la exigencia legal que interesa primeramente es la relativa al imperativo de que el afiliado lo esté en el extranjero a un régimen de previsión que le otorgue prestaciones “a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte…”. A ese respecto el recurrente adjuntó un documento denominado “Declaración de seguridad Social”, emitido por el consulado de Brasil en nuestro País, en el que se da cuenta de la circunstancia de encontrarse el trabajador afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social en su país de origen desde el 21 de junio de 2024, que le otorga prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

A lo anterior debe sumarse la circunstancia de encontrarse el protegido actualmente pensionado en su país de origen, en el que además reside.

Noveno: Que de tales documentos se infiere la voluntad de la recurrente de mantener sus aportes previsionales en su país de origen, y por consiguiente, son suficientes para acreditar cumplidos los requisitos del artículo 1º de la Ley N° 18.156, lo que es vinculante para la AFP recurrida, en orden a cumplir cabalmente la obligación contenida en el artículo 7º de esa ley; en consecuencia, por este aspecto de fondo debe ampararse la petición de la actora.

Décimo: Que, por consiguiente, la recurrida al no hacer devolución de los fondos previsionales que le han sido depositados y que corresponden a la cuenta individual de la recurrente, tal situación configura un acto arbitrario e ilegal, en la medida que la negativa de la devolución de los fondos se asila en un supuesto que legalmente no es homologable al caso.

Undécimo: Que, en consecuencia, la recurrida, al no acceder a la devolución de los fondos previsionales de la actora, se ha apartado de lo dispuesto por la Ley N° 18.156, y ha afectado el derecho de propiedad que ésta tiene respecto de dichos fondos, infringiendo de esta forma el derecho fundamental que, como garantía constitucional, reconoce el numeral 24, del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que ampara el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge el recurso deducido en favor de doña nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., debiendo la recurrida, en un plazo de sesenta días contados desde la fecha en que el presente fallo ejecutoriado, restituir los fondos previsionales de la recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-14027-2025.