nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD INDEPENDENCIA

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°.- Que, comparece nombre reservado, abogada, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Independencia, representada por su alcalde don Agustín Iglesias Muñoz, en razón de la dictación del Decreto Alcaldicio N°1274/2025, de fecha 8 de mayo de 2025, que ordenó la terminación anticipada de su designación en calidad de funcionaria “a contrata”, provocando su desvinculación inmediata del servicio municipal, acto impugnado que adolece de ilegalidad y arbitrariedad, en tanto carece de fundamentos coherentes y suficientes, afectando gravemente derechos constitucionales que la Carta Fundamental asegura a todas las personas.

Hace constar que tuvo conocimiento cierto del acto lesivo el 16 de mayo de 2025, fecha en que recibió la carta certificada que contenía el Decreto N°1274/2025.

Expone, que su vinculación con el municipio comenzó el 22 de agosto de 2024, cuando mediante el Decreto Alcaldicio N°1648 de 23 de agosto de 2024 fue nombrada en el cargo de directora de Asesoría Jurídica, grado 5 del escalafón directivo. Posteriormente, con el Decreto N°2257 de 13 de diciembre de 2024, fue destinada a cumplir funciones en la Dirección de Desarrollo Comunitario, grado 7 a contrata, en el escalafón profesional.

Refiere, que con fecha 16 de enero de 2025, el municipio dictó el Decreto N°138, que expresamente prorrogó su designación desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025, incorporando la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”. Afirma que, para dictar dicho acto, se tuvo a la vista certificado del Departamento de Contabilidad y Presupuesto, que dio cuenta de la disponibilidad de recursos y del cumplimiento del límite legal del 40% del gasto en personal establecido en el artículo 2° de la Ley N°18.883. Con ello, sostiene que su continuidad funcionaria para todo el año 2025 se encontraba asegurada en términos objetivos, tanto por disponibilidad presupuestaria como por la confianza legítima depositada en la administración que iniciaba funciones en diciembre de 2024.

Relata que, pese a lo anterior, con fecha 16 de mayo de 2025 recibió en su domicilio carta certificada mediante la cual se le notificó el término anticipado de sus funciones, en virtud del citado Decreto N°1274/2025. Dicho acto, según describe, invoca razones presupuestarias y organizacionales para justificar la desvinculación, señalando que la Municipalidad se encuentra excedida en el gasto permitido para personal a contrata, que existe déficit financiero, y que las labores de asesoría jurídica que desempeñaba en la Dirección de Desarrollo Comunitario pueden ser asumidas por la Dirección Jurídica, conforme al Decreto Exento N°1040 de 19 de marzo de 2025, que aprobó el Reglamento de Organización Interna del Municipio. Indica que la decisión, además, alude a jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República que reconoce como fundamento legítimo para poner término a una contrata la existencia de nuevas condiciones presupuestarias o de reorganización de la dotación.

Sostiene, que tales argumentos son contradictorios, incompletos y carentes de razonabilidad. Señala que, si efectivamente existía déficit presupuestario, ello debió advertirse en enero de 2025, cuando se dictó el Decreto N°138, que expresamente certificó disponibilidad presupuestaria.

Agrega, que la autoridad pretende asimilar la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios” a una potestad discrecional de término inmediato, lo que contraviene el principio de confianza legítima y la propia finalidad de las contratas, cuya renovación hasta el 31 de diciembre de 2025 fue una manifestación explícita de que sus servicios sí eran necesarios. Precisa que, además, el acto recurrido reconoce que sus funciones continúan siendo ejecutadas por otros funcionarios dentro de la estructura municipal, lo que demuestra la inconsistencia de afirmar que sus servicios dejaron de ser necesarios.

Enfatiza, que la motivación del acto carece de la completitud exigida por el inciso segundo del artículo 11 de la Ley N°19.880, que impone la obligación de expresar hechos y fundamentos de derecho en los actos que afecten derechos de particulares. Refiere que el Decreto N°1274/2025, al no explicar de manera suficiente por qué sus servicios se tornaron prescindibles ni por qué se aparta de lo resuelto en enero de 2025, deviene en ilegal y arbitrario. Asimismo, indica que se ha producido una sanción equivalente a la más grave que puede recaer sobre un funcionario, esto es, la expulsión del servicio, sin procedimiento previo, sin formulación de cargos y sin posibilidad de defensa, lo que transforma al alcalde en una comisión especial prohibida por el artículo 19 N°3 inciso quinto de la Constitución.

Describe las múltiples vulneraciones a sus garantías fundamentales consagradas en la Constitución Política: su derecho a la integridad psíquica (artículo 19 N°1), dado que su desvinculación repentina, arbitraria e inmotivada genera incertidumbre, angustia y descrédito personal, al ser removida de un cargo en plena vigencia de su designación anual; denuncia la infracción al principio de igualdad ante la ley (artículo 19 N°2), puesto que en su caso no se aplicaron parámetros objetivos ni el estándar de motivación que exige la Ley N°19.880, a diferencia de otros funcionarios cuya continuidad o desvinculación se funda en criterios legales; añade la transgresión al derecho al juez natural (artículo 19 N°3 inciso quinto), por cuanto se le impuso la sanción más drástica sin intervención de un órgano jurisdiccional ni procedimiento alguno; alega la vulneración del derecho a la honra y vida privada (artículo 19 N°4), señalando que la desvinculación genera un antecedente negativo en su carrera funcionaria que afecta su prestigio profesional en el ámbito municipal; se lesiona su derecho a la libertad de trabajo y su protección (artículo 19 N°16), citando doctrina constitucional y la jurisprudencia de la Corte Suprema (Rol N° 38.681-2017), que ha reconocido la estabilidad de los funcionarios a contrata, en tanto la norma del artículo 89 de la Ley N°18.834 no distingue entre funcionarios de planta y a contrata; al privársele del sustento económico y de la posibilidad de continuar desempeñándose en el cargo en que proyectaba estabilidad, se vulnera la confianza legítima que protege el derecho al trabajo en el ámbito público; denuncia la conculcación del derecho de propiedad (artículo 19 N°24), en cuanto la estabilidad derivada de la renovación de la contrata constituye un bien incorporal, cuyo desconocimiento priva a la recurrente tanto de la expectativa legítima de permanencia como de los beneficios patrimoniales de las remuneraciones que le corresponden.

Solicita se acoja el recurso, declarando sin efecto el Decreto Alcaldicio N°1274/2025, ordenando su reintegro a las funciones que desempeñaba en la Municipalidad de Independencia, disponiendo el pago íntegro de las remuneraciones devengadas desde su desvinculación y adoptando todas las medidas que resulten necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de sus garantías constitucionales, con costas.

2°.- Que, informando al tenor del recurso, comparece Constanza Gómez Retamal, abogada, por la Ilustre Municipalidad de Independencia, quien indica que, desde la perspectiva de la recurrida, el libelo se edifica sobre una premisa jurídica errónea respecto del estatuto aplicable y del alcance del recurso de protección. En primer término, la relación que vinculó a la actora con el Municipio es estatutaria de derecho público y no una relación laboral regida por el Código del Trabajo; se encuentra regulada por la Ley N° 18.883 (Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales), la Ley N° 18.695 (Orgánica Constitucional de Municipalidades), y las Bases Generales de la Administración del Estado (Ley N° 18.575). En tal marco, la designación a contrata es, por definición legal, esencialmente transitoria y sujeta a la necesidad del servicio, pudiendo cesar a más tardar el 31 de diciembre de cada año y, antes de ello, por decisión fundada de la autoridad competente cuando sobrevengan razones de servicio que lo justifiquen.

Explica que, así lo ha precisado, la Contraloría General de la República en los dictámenes N° 29.097/2008, N° 48.251/2010, N° 22.766/2016, N° 23.518/2016, N° 85.700/2016 y N° 25.027/2018, al sostener que la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios” habilita el término anticipado, siempre que se dicte acto administrativo debidamente motivado.

En lo que concierne al marco de juridicidad de la actuación municipal, la Constitución y la ley imponen a los órganos del Estado los principios de supremacía constitucional, juridicidad y legalidad (artículos 6° y 7° Constitución Política), y a la Administración, el sometimiento estricto a sus competencias, la motivación de sus decisiones y el resguardo de la eficiencia y eficacia en el uso de recursos públicos (artículos 2°, 3° y 5° de la Ley N° 18.575; artículos 3°, 11 y 41 de la Ley N° 19.880). En el ámbito municipal, la Ley N° 18.883 en su artículo 2° inciso cuarto, fija además un límite de gasto para los empleos a contrata, no superior al cuarenta por ciento del gasto en remuneraciones de la planta, parámetro que obliga a la autoridad a gestionar y ajustar la dotación cuando las proyecciones financieras así lo exigen.

Expone que, en el caso sub lite, el Decreto Alcaldicio N° 1274/2025 expone, en sus Vistos y Considerandos, los fundamentos de hecho y de derecho que motivan el término anticipado: i) la observancia del límite del gasto en personal a contrata del artículo 2° de la Ley N° 18.883; ii) la necesidad de reducir y reasignar dotación para ceñirse a dicho límite y a las prioridades de gestión de la administración iniciada el 06 de diciembre de 2024; iii) la reorganización interna aprobada en el Decreto Exento N° 1040 de 19.03.2025, que sistematiza el Reglamento de Organización Interna y en cuya virtud las funciones de asesoría jurídica en DIDECO son anexas y pueden ser absorbidas por la Dirección de Asesoría Jurídica; y iv) la jurisprudencia administrativa citada que legitima la medida cuando se exteriorizan causas presupuestarias, de dotación o de servicio. Tales motivos satisfacen el estándar de motivación suficiente, específica y verificable exigido por el artículo 11 de la Ley N° 19.880 y por la doctrina de Contraloría.

Refiere, que la compatibilidad entre el Decreto N° 138 de 16.01.2025, que dispuso la designación anual “mientras sean necesarios sus servicios”, y el posterior Decreto N° 1274/2025 radica en que la primera decisión no crea un derecho a la permanencia hasta el 31 de diciembre, sino una expectativa condicionada a la necesidad del servicio; por ello, no existe contradicción cuando sobrevienen datos objetivos de proyección presupuestaria y reasignación funcional que justifican anticipar el término, y que la sola existencia de disponibilidad al momento de renovar en enero de 2025 no inmoviliza a la autoridad para revaluar y rectificar el curso de acción en mayo de 2025, si ello es indispensable para restablecer equilibrios presupuestarios, corregir sobredotaciones y evitar la superación del límite del 40%.

Afirma, que los tribunales superiores han reconocido, en armonía con Contraloría, la facultad del jefe superior del servicio para terminar anticipadamente contratas con la fórmula de necesidad del servicio, siempre que el acto sea fundado, y que, así se ha resuelto la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago al sostener que, mediando motivación concreta y competencia, el término anticipado se ajusta a derecho, criterio confirmado por la Excma. Corte Suprema en casos análogos, y que enfatiza que la protección cautelar no sustituye los controles administrativos y contenciosos propios de la materia.

En cuanto a la procedencia de la acción intentada, el recurso de protección es un mecanismo excepcional y expedito, destinado a tutelar derechos indubitados frente a actos ilegales o arbitrarios actuales, cuando no existe otra vía igualmente idónea y eficaz para el restablecimiento del derecho (artículo 20 CPR y Auto Acordado de 1992). En hipótesis como la de autos, el ordenamiento contempla vías específicas y controles propios del derecho público: recursos administrativos ante la misma autoridad, representación y toma de razón cuando proceda, consulta o denuncia a Contraloría, e incluso acciones contencioso-administrativas de anulación o de mera certeza en sede ordinaria, que permiten un lato conocimiento de antecedentes —incompatible con la sumariedad de este cauce—. Ello explica la exigencia jurisprudencial de que el derecho invocado sea claro y no controvertido, presupuesto que no concurre cuando lo reclamado versa sobre la oportunidad, mérito o conveniencia de decisiones organizacionales y presupuestarias de la Administración.

Examinadas las garantías invocadas, no se verifica privación, perturbación o amenaza constitucionalmente relevante: i) en lo relativo al artículo 19 N° 1, la sola disconformidad con una decisión administrativa motivada no configura, por sí, lesión a la integridad psíquica; ii) respecto de la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2), la medida se apoya en criterios objetivos y generales —límite de gasto, reasignación funcional y necesidad del servicio— y no en atributos personales de la recurrente, sin que se acredite trato discriminatorio frente a situaciones idénticas; iii) en cuanto al juez natural (artículo 19 N° 3 inciso quinto), el acto emana de órgano competente en ejercicio de potestades administrativas, no jurisdiccionales, por lo que no existe comisión especial; iv) el artículo 19 N° 4 no resulta comprometido, desde que el decreto no contiene imputaciones deshonrosas ni difamatorias, limitándose a fundar una decisión de gestión; v) sobre la libertad de trabajo (artículo 19 N° 16), ésta garantiza la libre contratación y elección del trabajo, mas no consagra inamovilidad en empleos de naturaleza temporal; y vi) en lo concerniente al derecho de propiedad (artículo 19 N° 24), la doctrina del Tribunal Constitucional ha precisado que el funcionario no detenta un derecho de dominio sobre el empleo, sino un derecho estatutario a la función condicionado por las causales legales de cesación, no incorporado como bien patrimonial absoluto (Rol N° 1133-08).

Por otro lado, destaca que la noción de confianza legítima invocada por la actora no opera como fuente de inamovilidad frente a decisiones fundadas de término anticipado ni deroga la cláusula de necesidad del servicio; su alcance, según la propia Contraloría, exige motivación reforzada cuando existen renovaciones sucesivas, estándar que el Municipio satisface al explicitar limitaciones presupuestarias verificables, reorganización formalizada en el Decreto Exento N° 1040/2025, y la sustituibilidad de tareas anexas por la unidad técnicamente competente.

De todo lo razonado, se sigue que el Decreto Alcaldicio N° 1274/2025 fue dictado por autoridad competente, dentro de su esfera legal, con causas objetivas de servicio y presupuesto, y con motivación suficiente conforme a la Ley N° 19.880, sin configurarse los presupuestos de ilegalidad o arbitrariedad que exige el artículo 20 para acoger la cautela constitucional.

En mérito de lo expuesto, de las leyes N° 18.883, N° 18.695, N° 18.575 y N° 19.880, de la jurisprudencia administrativa citada y de los antecedentes incorporados al proceso, se solicita rechazar íntegramente el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, por no existir acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace las garantías invocadas, manteniéndose incólume la validez del Decreto Alcaldicio N° 1274/2025 de 08 de mayo de 2025, con lo demás que sea de rigor y con costas.

3°.- Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

En concordancia con lo anterior, corresponde a esta Corte dilucidar si el acto impugnado por la presente acción es ilegal o arbitrario, para luego examinar si dicho acto afecta o conculca alguna de las garantías constitucionales que se denunciaron como vulneradas por el recurrente.

4°.- Que, el acto recurrido es el Decreto Alcaldicio N° 1274/2025 de 8 de mayo de este año emanado de la I. Municipalidad de Independencia, que dispuso la terminación anticipada de su vínculo "a contrata", lo que determina su desvinculación del servicio municipal sin que haya habido mérito para tan drástica medida, ni sanción alguna en su contra, lo que vulneraría sus garantías constitucionales de los numerales 1, 2, 3 inciso 5°, 4, 16 y 24, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

5°.- Que, conviene precisar, que de acuerdo a letra e) del artículo 3 y el artículo 10° del Decreto con Fuerza de Ley N° 29 de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, disponen, en lo pertinente, que el empleo a contrata es aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución y que dura como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y que los empleados expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la Ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con 30 días de anticipación, a lo menos.

6°.- Que, asimismo, los Órganos de la Administración del Estado deben observar los principios de eficiencia y eficacia consagrados en los artículos 3º y 5º de la Ley N° 18.585, preceptos que obligan a velar por la idónea administración de los recursos públicos haciendo prevalecer el interés social por sobre el particular y que esa eficiencia implica obtener los mejores resultados con el mayor ahorro de costos y/o mediante el uso racional de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, criterios que le han permitido poner término anticipado a la contrata del recurrente.

7°.- Que, en efecto, de la revisión de los antecedentes, no advierte esta Corte que la recurrida hubiera incurrido en alguna ilegalidad y/o arbitrariedad en la decisión de poner término a la contrata, siendo el acto aparece debidamente motivado y dictado acorde a la normativa vigente.

8°.- Que, en efecto, la última contratación de la recurrente se produjo con fecha 16 de enero de 2025, en calidad jurídica de Contrata, como profesional grado 7° en la EUS, mediante Decreto N° 138, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025, dando cuenta de disponibilidad presupuestaria y el cumplimiento del límite legal del 40% del gasto en personal de planta.

De lo anterior, se infiere, que dado el año (2024) por el que ya había ingresado bajo la figura de contrata por la Institución recurrida, no se ha configurado en el presente caso la figura de confianza legítima.

En efecto, de acuerdo a lo señalado reiteradamente por la Excma. Corte Suprema, este principio sólo nace transcurridos cinco años de continuas renovaciones de una contrata, y tiene como concreto corolario que esa relación con la Administración sólo puede culminar por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así lo autorice, lo que impide decisiones de no renovación arbitrarias, o que busquen sortear los mecanismos y procedimientos administrativos señalados para lograr la destitución del funcionario, cuyo no es el caso de autos.

9°.- Que, establecida la ausencia de confianza legítima, en lo que toca ahora a una supuesta ilegalidad del acto, lo cierto es que se ha concluido que cuando una contrata o su prórroga ha sido dispuesta con la fórmula “mientras sean necesarios sus servicios” la autoridad puede ponerle término en el momento que estime conveniente, siempre que disponga mediante un acto administrativo fundado consignando los antecedentes de hecho y de derecho que le sirvan de sustento y han motivado tal decisión, cuyo ha sido el caso, basado en la observancia del límite del gasto en personal a contrata del artículo 2° de la Ley N° 18.883; la necesidad de reducir y reasignar dotación para ceñirse a dicho límite y a las prioridades de gestión de la administración iniciada el 06 de diciembre de 2024 y, la reorganización interna aprobada en el Decreto Exento N° 1040 de 19.03.2025, que sistematizó el Reglamento de Organización Interna y en cuya virtud las funciones de asesoría jurídica en DIDECO son anexas y pueden ser absorbidas por la Dirección de Asesoría Jurídica.

10°.- Que, en efecto, en el presente caso, el contexto administrativo real en el cual se dictó el acto impugnado, ya que, si bien su contratación fue formalizada en el mes de enero, específicamente a partir de la asunción de la nueva administración municipal el 6 de diciembre de 2024, se inició un proceso de reestructuración organizacional, orientado a alinear la dotación de personal con las nuevas prioridades, objetivos estratégicos y necesidades reales de funcionamiento del municipio, el que se desarrolló durante los primeros meses del año, evidenció que en ciertos departamentos existía una sobredotación de unidades y personal, en desmedro de otras áreas municipales que requerían con mayor urgencia de recursos humanos.

Esa evaluación fue la que permitió detectar la necesidad de reasignar funciones, redistribuir recursos y reducir gastos operacionales, especialmente en lo relativo al cumplimiento del límite legal de gasto en personal, en atención al marco presupuestario vigente y al deber de eficiencia administrativa establecido en la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, por lo que la decisión de poner término anticipado a su contrata, adoptada mediante Decreto Alcaldicio N° 1274, de fecha 8 de mayo de 2025, no puede entenderse como contradictoria con su contratación previa, sino como parte de una gestión legítima, coherente y necesaria frente al nueva administración. La circunstancia de haber existido presupuesto disponible en enero no impide a la autoridad efectuar, meses después, una evaluación distinta y adoptar decisiones fundadas, dentro de sus atribuciones, en aras de lograr una administración racional y ajustada al interés público Por tanto, el cese se sustenta en hechos objetivos, actuales y fundados, como lo es la reestructuración organizacional, la que fue debidamente considerada y expresada en los fundamentos del acto administrativo, por lo que constituye una manifestación de voluntad formal y, además, tiene una presunción de legalidad, imperio y exigibilidad, dictado en el ámbito de sus atribuciones, toda vez que el alcalde, como jefe superior del servicio, establecidas por ley, estas pueden y deben ser conocidas, especialmente aquellas que se relacionan con el cumplimiento de las plantas y del presupuesto municipal en relación al porcentaje de gastos del personal de los funcionarios a contrata. No se advierte cómo el acto recurrido pudo haber significado una privación, perturbación o amenaza a las garantías constitucionales esgrimidas por la recurrente, teniendo en cuenta que, como se ha señalado anteriormente, el acto que se impugna no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón, sino que constituye una decisión adoptada en ejercicio de una actuación legítima de la Municipalidad de Independencia, llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones, en orden a poner término de las contrataciones a contrata, conforme al principio de necesidad del servicio. Los fundamentos expuestos, dan cuenta de la urgente necesidad de la Municipalidad de enfrentar la proyección estimativa del déficit presupuestario del ítem correspondiente a gastos en personal, relativos al gasto de contratas. Esto incluye el término anticipado de las contratas que no estén amparadas por la confianza legítima y que las Direcciones a las que pertenecen u otras puedan optimizar los recursos de personal de manera eficiente y eficaz.

A lo anterior se agregó el hecho de que sus funciones de asesoría jurídica en la DIDECO pueden ser asumidas por la Dirección de Asesoría Jurídica, según lo establecido en el Decreto Alcaldicio Exento N° 1040, de 19 de marzo de 2025, que contiene el Reglamento de Organización Interna de la Municipalidad de Independencia, lo que surgió luego de revisar las tareas que actualmente desempeña.

11°.- Que, no se advierte una discriminación o trato desigual hacia el recurrente que carezca de justificación objetiva y razonable, pues el acto administrativo que se reclama no se enmarca en un escenario de discriminación, ya que el fundamento de la medida tiene como razón, según ya se dijo, lo constatado en las respectiva unidades en que se desempeñó laboralmente, sin que sea factible alegar que las personas que desarrollan funciones públicas tengan un derecho de propiedad sobre éstas, puesto que las labores que en definitiva desempeñan, son propias del Estado, cuya finalidad es el bien común, cumpliendo la decisión recurrida con la normativa vigente al respecto, siendo que el régimen jurídico del cargo a contrata y la definición del mismo se encuentran en el artículo 3 letra c) del DFL Nº 29 del año 2005 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido de la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto expresa que “Es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”; y por su parte el artículo 10 del mismo texto legal regula su duración, al preceptuar que estos cargos durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y que los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.

De acuerdo a las disposiciones antes citadas los empleos a contrata tienen como especial característica su transitoriedad, encargándose la ley de fijar un término máximo de duración.

12°.- Que, se ha precisado que la decisión de no renovar o desvincular a la funcionaria antes del vencimiento del plazo de la designación, debe materializarse a través de un acto administrativo fundado, debidamente puesto en conocimiento del funcionario, consignando el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustentó.

13°.- Que, en el escenario descrito, la autoridad recurrida se ajustó a la legalidad por cuanto dictó un acto administrativo debidamente fundado en el que se explicitó las razones por las cuales se decidió terminar anticipadamente no renovar la contrata servida por la misma recurrente.

14°.- Que, por último, dentro del contexto material que se viene reseñando, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de la recurrente, pues la situación descrita, sin duda, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional que sólo tiene por finalidad determinar si un derecho inobjetable, que sea a la vez constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido vulnerado mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal, lo que en el caso propuesto no ha acontecido.

15°.- Que, a la conclusión precedente se arriba teniendo especialmente en consideración que la finalidad propia del recurso de protección es la de restablecer la vigencia del derecho, reaccionando frente a una situación anormal y evidente que atenta contra alguna de las garantías que establece la Carta Fundamental. Ciertamente, se trata de una acción cautelar de origen constitucional que protege a los individuos mediante determinadas providencias que evitan los efectos del acto arbitrario e ilegal que haya amagado un derecho indiscutido y evidente.

En esta dirección se ha razonado por nuestro máximo tribunal que “La Acción Constitucional de Protección ha sido establecida en nuestro derecho, como un remedio procesal de carácter extraordinario para la mantención regular del orden jurídico, sin embargo, esta es una acción de urgencia, de naturaleza cautelar y conocida por los tribunales en uso de sus facultades conservativas, cuyo objetivo es, como su nombre indica, la protección de derechos indubitados indiscutidos y no su declaración, por cuanto ello implicaría desnaturalizarla en su esencia, transformándola en un sustituto de los procedimientos ordinarios y extraordinarios que la ley contempla para tal objeto y de los cuales conocen los tribunales que la ley establece en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, la más propia esencial característica de los otros órganos del poder estatal” (Corte Suprema, Rol 1108-2009). En este mismo sentido sería posible citar un sinnúmero de fallos.

16°.- Que, como corolario de lo hasta aquí reflexionado no puede sino concluirse que en el caso sub lite no se ha establecido que la recurrente posea un derecho indubitado que la habilite para reclamar por el presente medio, circunstancia ésta que lleva a concluir que no se dan los presupuestos que permitan acoger la presente acción de protección y, por ende, no es posible advertir las vulneraciones a las garantías constitucionales que alude la recurrente en su libelo.

17°.- De esta forma, la decisión impugnada no contraviene la ley, más aún considerando la naturaleza transitoria de los cargos a contrata y tampoco resulta arbitraria o antojadiza, por lo que el recurso debe ser rechazado en todos sus extremos.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y siguientes de la Constitución Política de la República, Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección y demás normas pertinentes, se decide que:

Se RECHAZA, sin costas el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Independencia, representada por su alcalde don Agustín Iglesias Muñoz.

Redacción del Ministro Sr. Alejandro Rivera M.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

No firma la Ministra señora Sandra Araya, no obstante concurrir a la vista de la causa y del acuerdo, por ausencia.

Ingreso Corte Protección N° 14022-2025.