Protección contra Enel Distribución Chile S

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de Enel Distribución Chile S.A., por los actos y omisiones que estima ilegales y arbitrarios, consistentes en el corte del suministro eléctrico practicado el catorce de mayo de dos mil veintiséis en el inmueble ubicado en domicilio reservado, y en el cobro excesivo de consumos correspondientes al período comprendido entre los años dos mil veintiuno y dos mil veinticuatro, ascendente a $3.504.111, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Menciona que el año dos mil veinticuatro interpuso un reclamo en contra de la recurrida ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por cobros excesivos correspondientes a los años dos mil veintiuno a dos mil veinticuatro, el que fue resuelto por dicho organismo en forma favorable a su persona. Expone que, en virtud de ese pronunciamiento, la empresa anuló el cobro durante el año dos mil veinticinco, y que en el mes de marzo de dos mil veintiséis nuevamente le cargó el total de la deuda, dando inicio a los apremios para su pago, lo que lo llevó a reclamar otra vez ante la autoridad fiscalizadora.

Agrega que ante esa situación se le practicó el corte del suministro eléctrico el catorce de mayo de dos mil veintiséis, encontrándose sin luz hasta el momento de interponer la acción. Precisa que se presentaron tres reclamos ante la Superintendencia, respecto de los cuales la recurrida no ha respondido, negándose a reponer el suministro y desconociendo el incumplimiento de la instrucción impartida por dicho organismo, con lo cual pasa a llevar lo resuelto por la autoridad sobre cobros indebidos y atropella sus derechos.

Pide que se ordene la reposición urgente del suministro eléctrico del inmueble y que se anule el cobro excesivo ascendente a $3.504.111.

SEGUNDO: Que, Enel Distribución Chile S.A., expone que el nueve de marzo de dos mil veintitrés, ante reclamos del cliente, envió carta a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles informando que revisó las facturaciones y lecturas, comprobando que se encontraban normales, que el registro de las lecturas ha sido correlativo durante los últimos meses y que el medidor se encuentra en avance normal, por lo que no tiene evidencia de problemas en el proceso, agregando que la deuda obedece a que solo se han efectuado pagos parciales de la cuenta, originando deuda en arrastre.

Indica que, mediante Oficio Ordinario N° NUM000, de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, la autoridad fiscalizadora la autorizó a cobrar los montos cuestionados, correspondientes a boletas emitidas desde enero de dos mil veintiuno a marzo de dos mil veintitrés.

Señala que, ante un nuevo reclamo del cliente respecto de los cobros del mismo período, la Superintendencia resolvió mediante Oficio Ordinario N° NUM001, de tres de enero de dos mil veinticinco, instruyéndole efectuar las gestiones o acciones específicas en el servicio y acreditar con antecedentes lo ejecutado, con el objetivo de normalizar el asunto reclamado, y que para ello gestionó una visita técnica al domicilio del cliente el veintiuno de enero de dos mil veinticinco, ocasión en que se encontró el medidor de la propiedad funcionando con normalidad.

Agrega que, conforme informó al cliente por carta de cuatro de junio de dos mil veintiséis, en atención a la solicitud presentada por éste el dieciséis de septiembre de dos mil veinticuatro y de acuerdo con lo instruido por la autoridad, retiró de manera momentánea de la facturación mensual el monto cuestionado, ascendente a $3.126.286, medida que permitió que la deuda reclamada no generara intereses ni suspensión de suministro mientras se encontraba en proceso de revisión y que el cliente continuara pagando la diferencia adeudada no cuestionada. Añade que, ya resuelto el caso por la Superintendencia, quedó pendiente la restitución del monto retirado, la que efectuó el dieciocho de febrero de dos mil veintiséis por la suma de $3.126.286, valor que se reflejaría en la siguiente o subsiguiente facturación.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario ni ilegal, puesto que no ha cometido acto alguno ni incurrido en omisión que pudiera causar privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías que el artículo 19 de la Constitución Política de la República asegura al recurrente o, en su defecto, porque estas fueron debidamente subsanadas, de modo que el recurso ha perdido su oportunidad. Sostiene que no concurren los requisitos que el artículo 20 de la Carta Fundamental establece para que prospere la acción cautelar, desde que la infracción recurrible por esta vía debe ser patente, manifiesta, grave y antijurídica, atendido que el objetivo propio y restringido del recurso es reaccionar frente a una situación de hecho evidentemente anormal que lesione una garantía constitucional, procurando mantener el statu quo e impedir que las partes se hagan justicia por sí mismas.

TERCERO: Que, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, evacúa informe, exponiendo que el reclamo se presentó inicialmente el dos de marzo de dos mil veintitrés, solicitando el análisis de las boletas emitidas desde enero de dos mil veintiuno a marzo de dos mil veintitrés por un alza que sobrepasaba el histórico anual de consumo, y requiriendo la refacturación; que, dado traslado a la empresa, ésta informó que las facturaciones y lecturas se encontraban normales, que el registro había sido correlativo y el medidor en avance normal, y que la deuda obedecía a pagos parciales que originaron deuda en arrastre; y que, por Oficio Ordinario N° NUM000, de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, rechazó el reclamo por estimar que la distribuidora entregó información consistente respecto del consumo de los meses cuestionados, autorizando el cobro de dichos montos en la cuenta del servicio.

Añade que se registra luego el reclamo N° NUM002, por cobros excesivos desde el año dos mil veintiuno a enero de dos mil veintitrés, cobro de intereses de mora, falta de entrega de boletas, cobro a una instalación de 1 kilowatt, cobro de servicio común y dos cortes de energía, el que, por alegarse cargos distintos de los ya resueltos, fue derivado a la empresa para el primer pronunciamiento mediante Oficio Ordinario N° NUM003, de doce de septiembre de dos mil veinticuatro; que el usuario insistió con el reclamo N° NUM004, de dieciséis de septiembre de dos mil veinticuatro, de igual contenido, agregando la solicitud de verificar la situación por habitar dos personas el inmueble y no superar su consumo los $25.000 aproximadamente; y que, existiendo un reclamo pendiente, se pronunció mediante Oficio Ordinario N° NUM001, de tres de enero de dos mil veinticinco, instruyendo a la distribuidora efectuar las gestiones o acciones específicas en el servicio y acreditar con antecedentes lo ejecutado, con el objeto de normalizar el asunto reclamado.

Indica que, de acuerdo con la información disponible en el sistema de seguimiento de cumplimiento de instrucción, la empresa informó que el veintiuno de enero de dos mil veinticinco visitó el domicilio del usuario, encontrándose el medidor funcionando dentro de rango, y que los restantes registros a nombre del recurrente corresponden a consultas sobre el estado de tramitación de los reclamos ya indicados. Agrega que actualmente existe un reclamo pendiente de resolución, signado con el N° NUM005, presentado el tres de marzo de dos mil veintiséis por no cumplimiento de la instrucción contenida en el Oficio Ordinario N° NUM001, respecto del cual se inhibirá de resolver en tanto la materia se encuentre en sede judicial.

Concluye que, conforme al procedimiento descrito, puso el reclamo en conocimiento de la empresa y luego se pronunció a su respecto, rechazándolo en tanto la distribuidora acompañó antecedentes que daban cuenta de que la información era consistente con el consumo; que, en los casos en que se advierten inconsistencias en los cobros o en los períodos de facturación cuestionados, ello no significa que no exista monto que pagar por parte del recurrente, puesto que sí existieron consumos, circunstancia que tampoco fue desvirtuada por este; que, sin perjuicio de lo anterior, sobre la concesionaria recae la obligación de facturar conforme a la normativa eléctrica vigente; y que la empresa eléctrica informó haber dado cumplimiento a la instrucción impartida, sin que existan instrucciones pendientes de cumplimiento.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, todo ello respecto de un derecho indubitado del cual sea titular quien reclama su amparo.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes, se patentiza que existe una controversia entre las partes en relación con la forma en que se han efectuado las mediciones y facturaciones que han originado los cobros de consumos domiciliarios de electricidad realizados por la recurrida al recurrente, la que se remonta al año dos mil veintiuno y que ha sido objeto de sucesivos reclamos ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, organismo que, de conformidad a sus atribuciones privativas, ha intervenido en tres oportunidades: primero, mediante el Oficio Ordinario N° NUM000, de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, que rechazó el reclamo por estimar consistente la información entregada por la distribuidora y autorizó expresamente el cobro de los montos cuestionados en la cuenta del servicio; luego, mediante el Oficio Ordinario N° NUM003, de doce de septiembre de dos mil veinticuatro, que derivó a la empresa un reclamo por cargos distintos para su primer pronunciamiento; y, finalmente, mediante el Oficio Ordinario N° NUM001, de tres de enero de dos mil veinticinco, que instruyó a la distribuidora efectuar gestiones específicas en el servicio y acreditar lo ejecutado, instrucción respecto de la cual la propia autoridad informa que la empresa comunicó su cumplimiento, sin que existan instrucciones pendientes.

SEXTO: Que, como manifestación de las pretensiones del recurrente y causa de pedir de su libelo, este ha solicitado ordenar la reposición urgente del suministro eléctrico del inmueble ubicado en domicilio reservado y ordenar la anulación del cobro que estima excesivo, ascendente a $3.504.111.

SÉPTIMO: Que, así, acceder a lo pedido en términos permanentes importaría impedir a la recurrida el ejercicio de facultades de cobro y de suspensión del servicio que la propia normativa sectorial le reconoce frente a la mora del usuario, coartando el ejercicio de atribuciones que la ley le confiere, lo que resulta especialmente improcedente si se considera que las propias instrucciones de la Superintendencia invocadas por el recurrente, al ordenar a la empresa abstenerse de facturar los cargos reclamados y de suspender el suministro por esos efectos, precisan expresamente que ello se refiere en forma exclusiva al cargo cuestionado y en estudio, debiendo los consumos regulares continuar siendo pagados por el cliente, bajo riesgo de corte de suministro en caso de mora más allá del período legal.

En este orden, la cartola de pagos acompañada al informe da cuenta de abonos mensuales que, en el período comprendido entre los años dos mil veinticuatro y dos mil veintiséis, oscilan entre $10.000 y $57.973, sin que conste que el recurrente haya solucionado íntegramente los consumos no cuestionados, de manera que no es posible tener por establecido, con el grado de certeza que exige esta acción cautelar, que la suspensión del servicio obedezca de modo exclusivo al cargo controvertido.

OCTAVO: Que, tampoco podrá prosperar la segunda de las solicitudes, desde que la anulación de un cobro por consumos eléctricos supone una determinación previa acerca de la efectividad, magnitud y correcta imputación de dichos consumos, cuestión que reviste un carácter eminentemente técnico y que la ley ha entregado al conocimiento y resolución de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, conforme al artículo 3° N° 17 de la Ley N° 18.410, organismo que ya se pronunció sobre el punto autorizando el cobro mediante el Oficio Ordinario N° NUM000 e instruyendo posteriormente la normalización del servicio mediante el Oficio Ordinario N° NUM001, cuyo cumplimiento informa como verificado.

Cabe agregar que el propio informe de la autoridad fiscalizadora consigna que, aun cuando se adviertan inconsistencias en los cobros o en los períodos de facturación cuestionados, ello no significa que no exista monto que pagar por parte del recurrente, puesto que sí existieron consumos, circunstancia que este no ha desvirtuado, y que la recurrida, por su parte, informa haber retirado transitoriamente de la facturación la suma de $3.126.286.- mientras duró la revisión administrativa y haberla reincorporado el dieciocho de febrero de dos mil veintiséis, una vez concluida esta. De ello se sigue que la cifra cuya anulación se pretende no aparece como un cobro carente de todo respaldo, sino como el resultado de una deuda en arrastre cuya composición y procedencia se encuentran precisamente en discusión.

NOVENO: Que, en consecuencia, la controversia planteada versa sobre cuestiones de hecho relativas a la entidad, composición y forma de cálculo de los montos adeudados por consumos eléctricos, que se remontan al año dos mil veintiuno, respecto de las cuales existen versiones contrapuestas de las partes y pronunciamientos administrativos sucesivos y no coincidentes en su alcance, cuyo esclarecimiento exige una actividad probatoria y una valoración técnica que exceden con creces el ámbito de esta acción constitucional.

Atendida la naturaleza cautelar y de urgencia del presente arbitrio, que no está destinado a emitir pronunciamientos de naturaleza declarativa ante conflictos en que no sea posible advertir la presencia de derechos indubitados, y no encontrándose acreditada en esta sede la existencia de un derecho de esa índole en favor del recurrente respecto de la anulación del cobro que impugna, forzoso es concluir que no existen medidas de resguardo susceptibles de ser adoptadas por esta Corte, todo lo cual conduce inexorablemente al rechazo del recurso intentado.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de las acciones que el recurrente pueda hacer valer en las sedes correspondientes y, en particular, de la competencia que conserva la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para resolver el reclamo N° NUM005, respecto del cual manifestó inhibirse por encontrarse la materia sometida al conocimiento de esta judicatura, circunstancia que cesa con lo que aquí se resuelve.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20, ambos de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de Enel Distribución Chile S.A.

Déjase sin efecto la orden de no innovar concedida por resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintiséis.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección-14021-2026.