nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CONCHALÍ DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES

C.A. de Santiago Santiago, seis de junio de dos mil veinticinco.

A los escritos folios 11 y 12: a todo, téngase presente.

Al escrito folio13: a sus antecedentes.

Vistos:

PRIMERO: Que comparece Óscar Eduardo Olivares Jatib, abogado, en representación de nombre reservado y nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Conchalí (CORESAM), por haber dictado resoluciones que determinaron la no renovación del nombramiento a contrata de las recurrentes a partir del 31 de diciembre de 2024, sin informarles las razones que justifican dicha decisión. Actuación que considera ilegal y arbitraria, atendido que las funcionarias venían desempeñándose a plazo fijo desde hace varios años mediante sucesivas renovaciones, transformándose la relación laboral en indefinida bajo el principio de confianza legítima, vulnerando, con ello, los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes incorporales, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en sus artículos 19, números 2 y 24, por lo que solicita se declare la ilegalidad y arbitrariedad del acto administrativo y se ordene el reintegro de las funcionarias a sus puestos de trabajo.

Señala que la recurrente nombre reservado ingresó a la Corporación Municipal de Conchalí en el año 2020 para prestar servicios de matrona a contrata, estando asimilada a la categoría B, grado 14, de la carrera funcionaria, percibiendo un ingreso mensual aproximado de $2.210.916. Durante toda la relación laboral mantuvo un excelente desempeño, obteniendo el máximo puntaje en el período 2023 a 2024, siendo ubicada siempre en lista 1. Jamás incurrió en responsabilidad administrativa ni fue objeto de anotación de demérito, siendo permanentemente felicitada por sus jefaturas por su óptimo desempeño. Su contrata fue objeto de sucesivas renovaciones, generándose la legítima confianza de que sus servicios serían requeridos para el año 2025.

Por su parte, nombre reservado ingresó a la Corporación Municipal de Conchalí en junio de 2021 para prestar servicios transversales a contrata en el CESFAM Juanita Aguirre, estando asimilada a la categoría C, grado 14, de la carrera funcionaria, percibiendo un ingreso mensual líquido aproximado de $750.000. Mantuvo un excelente desempeño durante toda la relación laboral, obteniendo el máximo puntaje en el período 2023 a 2024, siendo ubicada siempre en lista 1, sin incurrir en responsabilidad administrativa ni recibir anotaciones de demérito. Su contrata fue objeto de sucesivas renovaciones, generándose igualmente la legítima confianza de que sus servicios serían requeridos para el año 2025.

Añade que el 30 de diciembre de 2024, la primera recurrente se enteró a través de su jefatura que la recurrida había decidido prescindir de sus servicios para el año 2025, informándole que la orden venía desde arriba. Sin embargo, nunca recibió formalmente una notificación de parte de la recurrida. El 2 de enero de 2025 concurrió a trabajar, marcando su entrada en el reloj control y desempeñando sus labores habituales, momento en que personal administrativo le hizo entrega de una resolución sin número que disponía la no renovación de su contrata, denominada "aviso de término de contrato de trabajo", datada al 30 de diciembre de 2024.

En el caso de la segunda recurrente, habiendo concluido su fuero maternal, el día 30 de diciembre de 2024 la Corporación Municipal de Conchalí, a través de la Directora del CESFAM Juanita Aguirre, le comunicó personalmente que sus servicios a contrata no serían renovados para el año 2025, informándole que las jefaturas no aprobaron su currículum y que sus competencias no se ajustaban al perfil de cargo, entregándole en el mismo acto copia de la Resolución sin número de igual contenido que la anterior.

Ambas resoluciones invocan como causal de término el artículo 48 letra c) de la Ley 19.378, esto es "vencimiento del plazo del contrato", señalando que se hace efectivo desde el 31 de diciembre de 2024, e indicando que la Corporación no tiene obligación de dar aviso anticipado del término de contrato de trabajo de plazo fijo.

En relación a los fundamentos jurídicos del recurso, el recurrente sostiene que las resoluciones recurridas adolecen de ausencia de motivación del acto administrativo, transgrediendo lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 11 de la Ley 19.880, que establece que los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares.

Asimismo, invoca la doctrina judicial desarrollada por la Corte Suprema a partir del año 2017, denominada "doctrina del axioma del empleo a contrata", que establece que si una relación a contrata excede los dos años y se renueva reiteradamente una vez superado ese límite, se transforma en una relación indefinida, conforme al principio de confianza legítima.

En cuanto a la vulneración de derechos constitucionales, el recurrente sostiene que se ha vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19, N° 2 de la Constitución, toda vez que se ha privado arbitrariamente de la continuidad en el puesto de trabajo y de estabilidad en el empleo a las recurrentes, sin que haya mediado acto administrativo motivado y siendo la relación laboral de carácter indefinida, existiendo una discriminación ilegal y arbitraria respecto de otros funcionarios públicos dependientes de Corporaciones de Salud Municipal a quienes se les mantiene en su puesto de trabajo cuando existen sucesivas renovaciones a plazo fijo. Adicionalmente, se vulnera el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19, N° 24 de la Constitución, sobre toda clase de bienes incorporales, toda vez que el hecho de que las recurrentes hayan sido cesadas en forma ilegal y arbitraria las priva de aquellas remuneraciones que perciben regularmente, impactando severamente en su patrimonio personal y familiar.

Finalmente, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que la acción de la Corporación Municipal de Conchalí deviene en ilegal y arbitraria, ordenando dejar sin efecto la decisión contenida en las resoluciones sin número que determinaron la no renovación de las contratas de las recurrentes; se disponga el reintegro de ambas funcionarias en su puesto de trabajo en la misma categoría y grado que ostentaban; se ordene el pago íntegro de todas las remuneraciones devengadas desde el 1 de enero de 2025 hasta la reincorporación; y se condene en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que la recurrida evacúa el informe solicitado y pide el rechazo del recurso de protección interpuesto.

En primer término, la recurrida plantea una excepción de naturaleza jurídica fundamental, sosteniendo que la Corporación Municipal de Conchalí constituye una persona jurídica de derecho privado, creada al amparo del artículo 12 del decreto con fuerza de ley N°13.063 de 1980, sin fines de lucro, cuya finalidad consiste en administrar los servicios traspasados del área de educación, salud y atención al menor. En consecuencia, argumenta que no forma parte de la administración del Estado, pese a realizar funciones propias de una municipalidad, conforme lo establecen los dictámenes N°69.200 de 2010 y 25.303 de 2011 de la Contraloría General de la República.

En ese sentido, indica que el principio de confianza legítima únicamente resulta aplicable a funcionarios públicos, entre ellos, los municipales, mas no a los asistentes de la salud primaria dependientes de una corporación privada. Por consiguiente, afirma que las recurrentes, si bien se encuentran reguladas por el Estatuto de Atención Primaria de la salud en virtud del artículo 1° de la Ley N°19.378, no revisten la calidad de funcionarias públicas, toda vez que dependen de una persona jurídica de derecho privado y no del Estado ni de una Municipalidad, razón por la cual no están comprendidas en el artículo 1° de la ley N°18.834 sobre el Estatuto Administrativo.

En cuanto al marco normativo aplicable, precisa que la relación jurídica entre las recurrentes y la corporación se rige, en primer lugar, por la ley N°19.378 sobre el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y, supletoriamente, por la ley N°18.883 sobre el Estatuto de Funcionarios Municipales, conforme lo disponen los artículos 3° y 4° de la primera normativa citada. En tal sentido, enfatiza que no procede la aplicación del numeral 4 del artículo 159 del Código del Trabajo respecto de la transformación del contrato a plazo fijo en indefinido, dado que dicha materia se encuentra expresamente regulada en el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.

Respecto del acto administrativo impugnado, niega su supuesta arbitrariedad e ilegalidad. En cuanto a la primera alegación, sostiene que la decisión de no renovación se encuentra debidamente motivada mediante la Resolución N°735/2024 de CORESAM, de fecha 2 de diciembre de 2024, que informa la no renovación de contratos, acto administrativo que se funda en el cumplimiento de la normativa especial aplicable, específicamente la Ley N°21.308 del Ministerio de Salud que concede beneficios al personal de la atención primaria de salud, y el artículo 56 de la Ley N°19.378, referente al respeto del límite porcentual no superior al 20% de la dotación de horas en calidad de contratados a plazo fijo.

Asimismo, invoca el Ordinario N°281, del 3 de mayo de 2024 de la Dirección del Trabajo, según el cual la Corporación no tiene obligación de dar aviso anticipado del término del contrato de trabajo de plazo fijo, por lo que el simple vencimiento del plazo contractual resulta suficiente para la terminación de la relación laboral, sin requerir mayor fundamentación.

En relación con la supuesta ilegalidad del acto, la recurrida reproduce los argumentos precedentes y agrega que tanto el artículo 14 de la Ley N°19.378 como el artículo 2° de la Ley N°18.883 confirman expresamente la facultad de la Corporación para contratar funcionarios a plazo fijo que no exceda un año calendario, estableciendo que si no media prórroga, el personal cesará en sus funciones por el solo ministerio de la ley. Por tanto, sostiene que la norma no obliga a prorrogar dichos contratos, de manera que la no renovación no constituye acto ilegal alguno.

Adicionalmente, la recurrida refuta la aplicabilidad de los dictámenes de la Contraloría General de la República citados por las recurrentes, invocando el reciente Dictamen N° E561358 de 6 de noviembre de 2024, mediante el cual dicho órgano contralor establece que se abstendrá de resolver sobre la materia de confianza legítima por tratarse de asuntos de naturaleza litigiosa, correspondiendo su resolución a los tribunales de justicia.

En cuanto a la alegada transformación del contrato a plazo fijo en indefinido, la recurrida sostiene que las recurrentes incurren en una falacia tautológica, puesto que las consecuencias invocadas se contemplan en el Código del Trabajo, el cual no resulta aplicable al caso. Además, precisa que el artículo 14 de la ley establece que son funcionarios con contrato indefinido aquellos que ingresen previo concurso público de antecedentes, circunstancia que no concurre respecto de las recurrentes.

Asimismo, plantea la excepción de falta de derecho indubitado, argumentando que las recurrentes no explican el sustento de encontrarse efectivamente afectados los derechos invocados, la relación causal entre la decisión impugnada y su afectación, ni la forma en que se vulneran las garantías constitucionales alegadas. En consecuencia, sostiene que no existe un derecho de carácter indubitado que haya sido vulnerado, siendo necesario un juicio de lato conocimiento para determinar la existencia y entidad de los derechos reclamados.

Finalmente, respecto de las recurrentes en particular, señala que nombre reservado fue contratada desde junio de 2021, mientras que nombre reservado lo fue desde 2020, ambas bajo contratos a plazo fijo renovados anualmente. En ambos casos, argumenta que no se cumplen los presupuestos de cinco años de permanencia en contratos a plazo fijo exigidos por el actual criterio de la Corte Suprema para la configuración de la confianza legítima.

Finalmente, solicita tener por evacuado el informe requerido y, en definitiva, rechazar la acción de protección deducida, con costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

De lo que resulta, como requisito indispensable de esta acción, la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, producto del mero capricho de quién incurre en él, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

CUARTO: Que el asunto sometido a esta Corte consiste en la decisión de no renovar el contrato de trabajo de las recurrentes para el año 2025.

QUINTO: Que, para dilucidar la controversia planteada es preciso tener presente que, examinadas las funciones asignadas a las recurrentes, la forma y periodicidad de éstas y de conformidad a lo señalado en el artículo 1° de la Ley N° 19.378, es dable concluir que éste es el marco regulatorio que corresponde aplicar a la cuestión tratada en autos.

Lo anterior se colige claramente de lo dispuesto en el artículo 1° citado que señala: “Esta ley normará, en las materias que en ella se establecen, la administración, régimen de financiamiento y coordinación de la atención primaria de salud, cuya gestión, en razón de los principios de descentralización y desconcentración, se encontrare traspasada a las municipalidades al 30 de junio de 1991, en virtud de convenios regidos por el decreto con fuerza de ley N° 1-3.036, del Ministerio del Interior, de 1980 (…) También regulará, en lo pertinente, la relación laboral, carrera funcionaria, deberes y derechos del respectivo personal que ejecute acciones de atención primaria de salud”.

Por su parte, el artículo 14 del mismo cuerpo normativo establece, en lo que importa, que “El personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido. Para los efectos de esta ley, son funcionarios con contrato indefinido, los que ingresen previo concurso público de antecedentes, de acuerdo con las normas de este cuerpo legal. Asimismo, se considerarán funcionarios con contrato a plazo fijo, los contratados para realizar tareas por períodos iguales o inferiores a un año calendario”.

Finalmente, el inciso primero de su artículo 4 prescribe que “En todo lo no regulado expresamente por las disposiciones de este Estatuto, se aplicarán, en forma supletoria, las normas de la ley N° 18.883, Estatuto de los Funcionarios Municipales”.

SEXTO: Que teniendo en consideración que en estos autos solo se estableció la existencia de un contrato que ligó a las partes entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 -sin perjuicio de la existencia de contrataciones anteriores-, aparece que las recurrentes se encontraban sujetas al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y el término del vínculo con la recurrida se sujetó a las disposiciones de la Ley N° 19.378, específicamente su artículo 48, letra c), siendo, por lo tanto, inconducente analizar la existencia de antecedentes que permitan sostener que en este caso se aplicaría el principio de confianza legítima.

SÉPTIMO: Que el recurso de protección tiene por finalidad tutelar garantías y derechos preexistentes, esto es, que no se encuentren discutidos, requerimiento que no concurre en la especie, puesto que tanto la recurrente como la recurrida han manifestado alegaciones que, en definitiva, controvierten los supuestos fácticos que sirven de fundamento al recurso impetrado, razón por la cual los derechos que se invocan no pueden servir de base para el ejercicio de la presente acción constitucional y, como consecuencia, no es posible adoptar alguna medida de protección que los garantice, debiendo recurrirse a otras acciones que el ordenamiento jurídico entrega a las partes, donde pueden existir pronunciamientos de carácter declarativo de derechos, previa rendición de prueba.

OCTAVO: Que dentro del contexto material que se viene reseñando, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de las recurrentes, pues la situación descrita, sin duda, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional, al no justificarse que exista un derecho indubitado que a su vez sea constitutivo de una garantía constitucional de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que haya sido vulnerado mediante la privación, perturbación o amenaza causada por acción u omisión arbitraria o ilegal.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción deducida en favor de nombre reservado y nombre reservado, y en contra de la Corporación Municipal de Conchalí.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-1400-2025