nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil veintiséis.

Al escrito folio 19: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparecen doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado y don nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de don nombre reservado, por el cierre del camino interior privado número 3 que da acceso al inmueble del que son comuneros, actuación que estiman ilegal y arbitraria y vulneratoria de las garantías de los numerales 1, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Exponen que son propietarios, en partes iguales y en conjunto con el recurrido, del Lote A-18 del plano de subdivisión del Lote A de la Parcela 34 del proyecto de parcelación Santa Sara, comuna de Lampa, y de derechos proporcionales de un veinticinco por ciento en los caminos interiores privados números uno a cinco, según el plano archivado en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago bajo el N°32.842-C, de 1996, habiendo adquirido su dominio por escritura pública de 10 de marzo de 2022, inscrita a fojas 28.743 N°41.743 del Registro de Propiedad de ese año, precisando que al Lote A-18 se accede por el referido camino interior privado número 3.

Sostienen que, no obstante encontrarse legalmente establecida la servidumbre de tránsito por dicho camino, el recurrido ha impedido de manera permanente su uso mediante la construcción de un cerco de planchas de zinc, dejándolos incomunicados y aislados, debiendo recurrir, como medida de emergencia, a un paso habilitado por una parcelación vecina que les cobra por su uso. Añaden que, tras reiterados intentos de solución por la vía del diálogo, con fecha 2 de mayo de 2026 el recurrido manifestó que sólo permitiría el libre tránsito mediando una orden judicial, por lo que formularon la denuncia respectiva ante la Tenencia Batuco de Carabineros de Chile con fecha 3 de mayo de 2026, y que se trata de una vulneración permanente cuyos efectos se renuevan día a día, por lo que el plazo se encuentra vigente.

En cuanto a las garantías vulneradas, invocan, en primer término, el artículo 19 N°1, por cuanto el cierre impide el acceso de ambulancias, bomberos y demás vehículos de emergencia, dificultando la oportuna atención de las personas de tercera edad que habitan el predio y, en especial, de un menor —hijo de una de las comuneras— con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 insulinodependiente, que requiere atención médica permanente. Invocan, en segundo término, el artículo 19 N°3, pues el recurrido, de pretender un derecho a impedir el acceso, debe reclamarlo por la vía judicial y no mediante vías de hecho; y, en tercer término, el artículo 19 N°24, por afectarse el uso y goce del camino del que también son propietarios, atributos del dominio reconocidos en el artículo 582 del Código Civil.

Solicitan, en definitiva, que se acoja el recurso, se declare que el actuar del recurrido es arbitrario e ilegal y se ordene retirar el cerco y ejecutar todo trabajo necesario para reabrir el camino, en el plazo que se fije, así como abstenerse en lo futuro de realizar actos que impidan el libre tránsito desde y hacia el camino público, con costas.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, comparece don nombre reservado, por la parte recurrida, solicitando el rechazo íntegro del recurso, por no corresponder los hechos relatados a la realidad ni existir acto ilegal o arbitrario de su parte.

Expone que el Lote A-18 fue adquirido en comunidad por cinco personas —las tres primeras recurrentes, el propio compareciente y don nombre reservado— mediante escritura pública de 10 de marzo de 2022, y que este último cedió sus derechos a don nombre reservado por escritura de 8 de noviembre de 2024. Refiere que, desde el año 2022, cada comunero ocupó una parte determinada del terreno, construyendo viviendas, cierres perimetrales, portones, bodegas y otras mejoras, delimitaciones que fueron conocidas y aceptadas por todos sin objeción, tratándose de una distribución material acordada de mutuo acuerdo y no impuesta por una sola persona.

Sostiene que jamás ha tenido la intención de impedir el ingreso o la salida de sus vecinos, y que cada propietario cuenta con su propio acceso y portón de ingreso principal, de modo que ninguno se encuentra privado de movilización ni aislado. Precisa que la dificultad que hoy manifiestan los recurrentes no dice relación con una imposibilidad absoluta de acceso, sino con el cierre de otros pasos o servidumbres existentes en terrenos vecinos, situación ajena a su voluntad y respecto de la cual no ha tenido participación.

En cuanto a la servidumbre, afirma que al momento de la compra, en el año 2022, nunca se pactó ni constituyó una servidumbre de tránsito que afectara el espacio que actualmente ocupa, ni se le informó de obligación alguna de mantener libre parte de su superficie para el tránsito permanente de los demás comuneros, de manera que lo que se pretende no es hacer valer un derecho preexistente, sino crear una nueva situación, por razones de mayor comodidad y no por una imposibilidad real de acceso.

Concluye que no existe afectación de los derechos fundamentales invocados, pues nadie ha sido privado de ingresar o salir de su vivienda ni se ha impedido el acceso de vehículos de emergencia, y que lo planteado corresponde a una diferencia entre comuneros sobre la utilización de determinados espacios interiores del inmueble, así como a la eventual existencia de un derecho que nunca fue pactado, todo lo cual constituye una controversia de lato conocimiento que debe ventilarse en el procedimiento judicial que corresponda —acompañando los títulos, planos y demás antecedentes— y no por la vía del recurso de protección.

Solicita, por ello, que se rechace íntegramente el recurso y se declare que la situación expuesta corresponde a una controversia de otra naturaleza.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que el sustento fáctico de la acción —la ejecución por parte del recurrido de actos que vulnerarían los derechos de los recurrentes, al haber cerrado el camino interior privado número 3— requiere, como premisa jurídica, que éstos tengan derecho a transitar por dicho camino, ya sea por tratarse de un camino público o vecinal de libre acceso, ya sea por existir a su favor un derecho de servidumbre de tránsito constituido, lo que no aparece establecido en esta acción constitucional.

En efecto, mientras los recurrentes afirman que tal servidumbre se encontraría legalmente establecida, el recurrido sostiene que, al momento de la adquisición del inmueble, en el año 2022, nunca se pactó ni constituyó servidumbre alguna que afectara el sector que ocupa, de manera que se controvierte el presupuesto mismo del derecho invocado.

QUINTO: Que, forzosamente, debe concluirse que toda declaración sobre la existencia o titularidad de derechos no es materia propia de las acciones constitucionales, pues ello importa la no concurrencia de un elemento indispensable para su interposición, cual es que se trate de la vulneración de un derecho indubitado; y en la especie, justamente, se está ante un derecho en discusión, que debe ser previamente declarado o, al menos, aclarado.

SEXTO: Que la falta del carácter de indubitado del derecho afectado implica que la discusión del mismo debe permitir a las partes la posibilidad de rendir prueba suficiente para acreditar los hechos que sustenten su derecho, lo que, tratándose de las acciones constitucionales, no es posible atendida su naturaleza cautelar y no declarativa de derechos. Es decir, el punto central sobre el cual versa el recurso —la existencia y extensión de un eventual derecho de los recurrentes a transitar por el camino interior privado número 3— es materia propia de un proceso judicial, de un juicio de lato conocimiento, por lo que, no existiendo un acto arbitrario o ilegal que resolver por esta vía, por tratarse de una discusión de fondo, y no habiéndose acreditado la vulneración de derechos constitucionales indubitados, no cabe más que rechazar la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional deducida por doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado y don nombre reservado, en contra de don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-13975-2026.