nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL SA

C.A. de Santiago.

Santiago, veinticinco de junio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y deduce acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjero, exigiendo formalidades adicionales no contempladas en la ley y desconociendo la validez de documentación electrónica oficial, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 numerales 2° y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que solicitó ante la administradora de fondos recurrida la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156. No obstante, con fecha 15 de mayo de 2026, fue notificado del rechazo de su solicitud, fundamentándose la recurrida en que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no constituiría un certificado de afiliación válido al señalar prestaciones de forma genérica y carecer de firma, legalización o apostilla.

Al respecto, sostiene que ha dado íntegro cumplimiento a los presupuestos exigidos en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, normativa especial que únicamente exige encontrarse afiliado a un régimen de previsión extranjero que otorgue prestaciones básicas y la manifestación de voluntad expresa de mantenerla.

Argumenta que la exigencia de legalización o apostilla constituye una interpretación excesivamente formalista que añade requisitos no previstos por el legislador, operando en perjuicio del administrado. En ese sentido, se precisa que el certificado acompañado es un documento electrónico oficial emanado de una autoridad competente, el cual contiene un código alfanumérico plenamente verificable a través de su respectiva página web institucional.

Adicionalmente, señala que, dada la ausencia de representación diplomática venezolana en el país, exigir un documento apostillado se traduce en un requisito imposible de cumplir que configura una hipótesis de caso fortuito o fuerza mayor amparada en el Código Civil, apoyando su postura en sostenida jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia que respalda la suficiencia de estos antecedentes para disponer de los ahorros previsionales.

Solicita que, acogiendo el recurso, se reconozca como válida la documentación acompañada, se ordene realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo perentorio, o el que se estime conforme al mérito de autos, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados; y en general, se adopten las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Que evacuando el informe la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., solicita el rechazo del recurso, con costas.

Fundamenta su oposición señalando que, con fecha 13 de mayo de 2026, el recurrente presentó una solicitud de retiro de fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156, la cual fue denegada por adolecer de defectos en la documentación acompañada, específicamente respecto de la denominada “Constancia Electrónica de Cotizaciones”.

Sostiene que, conforme a lo instruido por la Superintendencia de Pensiones en su Oficio Ordinario N°12.954 de 15 de julio de 2025, para dar cumplimiento al requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en el artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156, los trabajadores deben presentar certificaciones emitidas por la autoridad competente de su país de origen que acrediten fehacientemente los riesgos cubiertos, debiendo tales instrumentos constar debidamente apostillados o legalizados según las normas del Convenio de la Haya y el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

Argumenta que las constancias electrónicas sin apostilla y las declaraciones juradas del afiliado carecen de valor probatorio suficiente para este trámite de excepción, el cual, por su naturaleza, exige una interpretación restrictiva de sus requisitos copulativos.

Asimismo, destaca que su actuar no es discrecional sino reglado, supeditándose a las normas generales obligatorias e interpretaciones técnicas de la Superintendencia de Pensiones, órgano de supervigilancia del sistema conforme al Decreto Ley N°3.500 y al Decreto con Fuerza de Ley N°101.

Finalmente, aduce que el acto impugnado no reviste el carácter de terminal ni genera indefensión, toda vez que constituye una decisión subsanable que permite al interesado reingresar su solicitud cumpliendo las formalidades legales, citando al efecto jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema (Rol N° 54.783-2024).

Tercero: Que se requirió informe a la Superintendencia de Pensiones, y señala que el recurrente no registra ante sus dependencias reclamos ni presentaciones previas, por lo que no existe ningún acto administrativo imputable directamente a dicho organismo que lo afecte.

Respecto al fondo del asunto, expone que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) acompañada por el recurrente, resulta insuficiente para otorgar el beneficio, toda vez que carece de firma autorizada, no ha sido debidamente legalizada ni apostillada, y se limita a mencionar de forma genérica las prestaciones cubiertas por el sistema venezolano, sin acreditar de forma específica el período de cobertura de la solicitante.

Asimismo, descarta la validez de la declaración jurada notarial presentada por el actor para suplir esta exigencia, argumentando que la certificación debe emanar inexcusablemente de la autoridad previsional extranjera competente.

A continuación, la Superintendencia argumenta que la Ley N°18.156 consagra un régimen de excepción que exige un cumplimiento estricto y copulativo de sus presupuestos, el cual debe interpretarse de modo restrictivo. Al respecto, señala que el Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la jurisprudencia administrativa contenida en el Oficio Ordinario N°12.954 de 2025 de esa Superintendencia, exigen de forma imperativa que la certificación de las coberturas de seguridad social se encuentre “debidamente legalizada”. Dicha exigencia se sustenta, además, en las normas generales sobre el valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en el extranjero dispuestas en el ordenamiento jurídico nacional.

Cuarto: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, carente de razonabilidad.

Quinto: Que el acto que se impugna en la presente acción de cautela constitucional consiste en el rechazo, comunicado al recurrente el 15 de mayo de 2026, de la solicitud de devolución de fondos previsionales realizada por éste en calidad de técnico extranjero al alero de la Ley N°18.156.

Sexto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156 consagra una situación de excepción al principio de territorialidad de la ley previsional chilena, permitiendo a los técnicos extranjeros eximirse de cotizar -y retirar sus fondos según el artículo 7°- siempre que cumplan copulativamente con: a) estar afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) expresar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación. Al tratarse de una norma de excepción que permite el retiro de fondos destinados constitucionalmente a la seguridad social, su interpretación debe ser estricta y el cumplimiento de sus requisitos debe acreditarse de manera fehaciente.

Por otro lado, vale tener presente que corresponde a la Superintendencia de Pensiones, en virtud del artículo 3° del Decreto con Fuerza de Ley N°101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el artículo 94 del Decreto Ley N°3.500 de 1980, interpretar la legislación y reglamentación del Sistema de Pensiones, con carácter obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones, facultad que le permite fijar los criterios para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Séptimo: Que, luego, respecto a la acreditación de documentos otorgados en el extranjero, rige en nuestro país el principio lex locus regit actum en cuanto a la forma, pero para que dichos instrumentos públicos o auténticos produzcan efectos probatorios en Chile, deben someterse a las reglas de legalización establecidas en el artículo 345 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, o bien, al trámite simplificado de la apostilla, conforme a la Convención de La Haya de 1961, vigente en Chile desde 2016 y de la cual Venezuela es parte.

Octavo: Que, del mérito de los antecedentes allegados a la causa y, en especial, del informe evacuado por la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. y de la documentación acompañada por las partes, se desprende que el recurrente no ha logrado acreditar de manera suficiente el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley N°18.156 y por la interpretación administrativa vigente, puesto que no existe constancia o certificado de afiliación vigente, debidamente legalizado o apostillado y que señale las coberturas y periodo con que cuenta el afiliado.

Noveno: Que, en consecuencia, el acto recurrido no adolece de ilegalidad, puesto que se sustenta en la normativa vigente -Ley N°18.156 y artículo 345 del Código de Procedimiento Civil- y en las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones -artículo 94 del Decreto Ley N°3.500-. Tampoco es arbitrario, toda vez que no obedece a un capricho de la Administradora, sino al cumplimiento de un deber de resguardo de los fondos previsionales, los cuales solo pueden ser devueltos cuando se acredite, con la formalidad legal correspondiente, que el trabajador cuenta con la protección social alternativa que la ley exige.

Décimo: Que, no existiendo un acto ilegal o arbitrario, y no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos legales en la forma prescrita por el derecho, no se cumple el supuesto esencial que exige el artículo 20 de la Carta Fundamental para otorgar la protección que se pretende y, en tales condiciones, el recurso debe ser necesariamente desestimado.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo preceptuado en las normas legales citadas, en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-13974-2026.