Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

CERTIFICO: Que siendo las 9:16 horas, previo al inicio de la audiencia, esta relatora llamó telefónicamente tres veces y envió un correo electrónico al abogado Dante Gariboldi, quien no contestó, sin que estuviese presente en Sala de Espera de la plataforma de video conferencia Zoom. Santiago, 17 de febrero de 2026. Florencia Sáez Bugmann, relatora.

Santiago, diecisiete de febrero de dos mil veintiséis.

Al folio 17:

A todo: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente Primero: Que comparece nombre reservado, psicóloga, domiciliada en domicilio reservado e interpone acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, en razón de haber incurrido en una acción ilegal y arbitraria, consistente en la negar el pago de dos licencias médicas extendidas por patología de salud mental, sin un debida fundamentación, afectando sus derechos constitucionales, por lo que solicita se dejen sin efecto las resoluciones exentas que así lo dispusieron, ordenando que esas licencias médicas sean autorizadas y pagadas, con costas en caso de oposición.

Segundo: Que evacua el informe respectivo la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN RM), indicando que la SUSESO confirmó el rechazó realizado por la COMPIN de las licencias médicas N°NUM000 y NUM001, por un total de 51 días, a contar del 3 de agosto de 2024, por reposo no justificado.

Señala que las licencias médicas se rechazan porque el periodo solicitado no procede, no encontrándose justificado el reposo debido a que fue evaluada por un médico especialista interconsultor mediante un peritaje.

Expresa que el número de días con licencias médicas durante el último año fue de 251 y el número de licencias cursadas el último año 19 y añade que está con reposo psiquiátrico desde el día 29 de noviembre de 2023.

Afirma que el peritaje realizado el 7 de agosto de 2024 informa un compromiso funcional leve, y el resultado a la aplicación de la escala de evaluación de la funcionalidad de una persona (GAF) en un 70%, por lo que el reposo evaluado se estima no terapéutico y prolongado para la mejoría del cuadro y reintegro laboral, el cual se sugiere desde fecha previa al inicio de la licencia actualmente evaluado.

Finalmente expresa que las actuaciones realizadas por COMPIN al decidir si aprobar o rechazar una licencia médica se enmarcan dentro de los parámetros objetivos que se han dispuesto con el fin de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales, por lo que estima que la COMPIN ha actuado dentro del marco de sus facultades legales.

Tercero: Que, por otro lado, comparece la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), alegando la improcedencia de la acción de protección frente a hechos que dicen relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, el que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En cuanto al fondo expresa que el recurso interpuesto desborda los límites de la acción de protección, ya que el “derecho a licencia médica” del actor no reúne la condición de ser un derecho preexistente e indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas reclamadas.

Indica que se trata de una mujer de 43 años de edad, que presenta 86 días aprobados previos, se adjunta informe escueto y poco informativo y exhaustivo, donde se refiere en términos generales al cuadro descrito, no se nombra tratamiento farmacológico ni tampoco elementos dirigidos al reintegro laboral.

Da cuenta además que la recurrente presenta reposo recurrente por múltiples causas desde julio de 2023 a abril de 2025, incluyendo diagnósticos médicos como bronquitis, cistitis, amigdalitits, diarrea, etc. y psiquiátricos.

Señala que previo a licencia apelada presenta 66 días continuos autorizados por salud mental y 30 días rechazados, añadiendo que la sintomatología presentada no es proporcional al tiempo de reposo solicitado, los tratamientos y sus ajustes no son adecuadamente descritos ni permiten evaluar su proporcionalidad, ya que los informes no detallan los fármacos utilizados ni sus dosis durante el periodo de licencia.

Expresa que a la actora se le realiza un peritaje de segunda opinión el 7 de agosto de 2024, el que concluye que “evaluados los elementos de juicio psiquiátrico aportados en la presente entrevista, a saber, contexto de cirugía por endometriosis en abril de 2024, percepción de escaso apoyo de su jefatura (estresor remitido por reposo prolongado, no amerita evaluación especializada), estresores propios de su cargo laboral (remitido por reposo prolongado), sintomatología ansioso depresiva no invalidante asociada a elementos fóbicos/caracterológicos disfuncionales y gaf 70, se concluye que desde una perspectiva estrictamente psiquiátrica la afiliada presenta un compromiso funcional leve y el reposo evaluado se estima no terapéutico y prolongado para la mejoría del cuadro y reintegro laboral, el cual se sugiere desde fecha previa al inicio de la licencia actualmente evaluada. Reposos mayores a lo sugerido no se justifican por funcionalidad ni cumplen un rol terapéutico desde una perspectiva estrictamente psiquiátrica. adicionalmente, se estima que reposos prolongados en presencia de elementos fóbicos exponen a un alto riesgo de fracaso del proceso terapéutico y, por ende, no se justifican. pronunciamientos respecto de eventuales limitaciones funcionales secundarias a patologías/dolencias/condiciones de salud de otras especialidades médicas no son parte del alcance de la presente evaluación. basado en los antecedentes recabados, se estima que el cuadro clínico descrito es de origen común”.

Finalmente niega la existencia de vulneración alguna a garantías fundamentales por cuanto la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido, solicitando el rechazo de la acción constitucional, con costas.

Cuarto: Que, en lo relativo a la improcedencia del recurso, sobre la base que la garantía constitucional invocada, referida a que la seguridad social no está amparada por la acción ejercida, tal argumento carece de fundamento, en atención a que este Tribunal, dado el ámbito de la acción ejercida, tiene la capacidad de identificar la vulneración de otras garantías establecidas en el artículo 20 de la Constitución, teniendo para ello en consideración la naturaleza desformalizada de la acción. En efecto, el análisis del caso revela que el rechazo del pago de las licencias médicas se enlaza con otras garantías, referidas tanto al patrimonio como a la integridad psíquica de la persona que acciona, derechos que están protegidos por la norma constitucional mencionada, lo que conduce al rechazo de esta alegación.

Quinto: Que, en relación con el fondo de la acción deducida, para que el presente recurso prospere, es menester que se establezca de manera indubitada, la existencia de un derecho agredido, por una conducta ilegal o arbitraria por parte del recurrido, que provoque la afectación de alguna de las garantías constitucionales tuteladas por esta vía cautelar de urgencia.

Sexto: Que, en tal contexto, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio, exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable.

Séptimo: Que, del mérito de los antecedentes, se desprende que las resoluciones que mantuvo el rechazo de las licencias médicas, se encuentra debidamente fundada, desde que explica la razón por la que decidió rechazar la reconsideración presentada por la recurrente. Asimismo, es dable advertir que el acto impugnado fue dictado por el órgano competente, dentro de sus atribuciones y en la forma que prescribe la ley, de lo que se sigue que no ha existido en la especie un actuar ilegal o arbitrario que conculque los derechos fundamentales de la actora, motivo por el cual el recurso de protección necesariamente debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el ya referido Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, se rechaza, sin costas, el recurso de protección.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N°13967-2025 Protección