nombre reservado con MINISTERIO Y SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

Santiago, a diez de septiembre del año dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que nombre reservado, de nacionalidad colombiana, deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior, en contra de la Resolución Exenta N°31.397, de 1 de octubre de 2025, notificada el 20 de abril de 2026, mediante la cual se rechazó su solicitud de permiso de residencia temporal excepcional, por estimar que dicha decisión es ilegal y arbitraria y vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República. Expone que ingresó a Chile eludiendo el control migratorio y que posteriormente efectuó una declaración voluntaria de ingreso clandestino, señalando que su desplazamiento obedeció a la situación política y económica de su país de origen y a su propósito de procurar mejores condiciones de vida. Agrega que, con la finalidad de regularizar su situación migratoria, el 28 de noviembre de 2024 presentó ante la Subsecretaría del Interior una solicitud fundada en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325.

Señala que la resolución recurrida rechazó su petición por considerar que los antecedentes aportados no permitían estimar que se encontrara ante un caso calificado o humanitario, expresándose que su requerimiento se sustentaba en situaciones fácticas de carácter genérico que no configuraban una afectación concreta suficientemente especial para justificar su ingreso al territorio nacional por un paso no habilitado. Reprocha que, si la autoridad estimaba insuficiente la documentación presentada, debió requerirle antecedentes adicionales antes de resolver negativamente su solicitud, invocando para ello el artículo 31 de la Ley N°19.880, conforme al cual, si una solicitud de iniciación no reúne los requisitos legales, debe requerirse al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos respectivos dentro del plazo de cinco días. Afirma que dicho trámite no se realizó y que, por ello, la decisión administrativa habría sido apresurada.

Añade que su situación personal sí presentaría elementos que justificaban una valoración distinta, pues afirma carecer de antecedentes penales, contar con una oferta y relación laboral, disponer de sustento económico y mantener una intención permanente de regularizar su situación. Hace presente, asimismo, su arraigo familiar en Chile, indicando que su hermano, Edery nombre reservado, de nacionalidad colombiana, es titular de residencia definitiva en el país. En cuanto a su arraigo laboral, sostiene que se desempeña como armador de muebles desde el año 2024, contando con contrato de trabajo y medios económicos propios, circunstancias de las que concluye que no constituye una carga para el Estado.

Desarrolla, a continuación, sus alegaciones relativas a la discrecionalidad administrativa, sosteniendo que ésta no constituye una potestad absoluta, sino que debe ejercerse dentro de los márgenes establecidos por el ordenamiento jurídico y conforme a parámetros de razonabilidad, proporcionalidad y motivación, quedando sometida al control jurisdiccional. Desde esa perspectiva, estima que el rechazo de su solicitud no resulta razonable frente a los antecedentes personales que invoca, particularmente su actividad laboral, ausencia de anotaciones penales, arraigo familiar y voluntad de regularización.

En cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad denunciadas, sostiene que la Resolución Exenta N°31.397 no contendría una fundamentación fáctica suficiente conforme a los artículos 11 inciso segundo y 41 inciso cuarto de la Ley N°19.880, sino que se limitaría a una afirmación de autoridad, sin ponderar debidamente sus circunstancias particulares. Argumenta que la decisión terminal debía ajustarse a los principios que rigen el procedimiento administrativo y satisfacer las exigencias de motivación de hecho y de derecho, especialmente por tratarse de un acto susceptible de afectar derechos del interesado. Afirma, además, que la situación migratoria irregular no puede ser examinada exclusivamente a partir de la constatación del ingreso clandestino, sino que debe ponderarse conjuntamente con factores de reunificación familiar, ausencia de registros policiales, permanencia en el país, contribución laboral y arraigo.

En definitiva, solicita que se acoja la acción constitucional y se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenándose efectuar un nuevo estudio documental de su solicitud, a fin de que ésta sea nuevamente decidida conforme a derecho. Acompaña, entre otros antecedentes, copia de la resolución recurrida, pasaporte, contrato de trabajo, certificados de cotizaciones de AFP y FONASA, documento de identidad correspondiente a su vínculo familiar y certificado de antecedentes penales.

Segundo: Que, informando el Servicio Nacional de Migraciones, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes en cuanto ha sido dirigido en su contra, sosteniendo que no existe acto u omisión ilegal o arbitrario que le sea imputable y que pueda afectar alguna de las garantías protegidas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Expone, como antecedentes, que respecto de nombre reservado no consta registro de ingreso al territorio nacional, razón por la cual se presume su ingreso por un paso no habilitado; agrega que mediante Parte Policial N°1.312, de 19 de diciembre de 2023, la Policía de Investigaciones informó al Servicio una denuncia por ingreso por paso no habilitado. Señala que el recurrente presentó el 28 de noviembre de 2024 una carta solicitando regularizar su situación migratoria conforme al artículo 155 de la Ley N°21.325 y que, posteriormente, mediante Resolución Exenta N°31.397, de 1 de octubre de 2025, el Ministerio del Interior rechazó su solicitud de permiso de residencia temporal excepcional.

Sostiene, sobre esa base, su falta de intervención en la dictación del acto recurrido, explicando que el legislador entregó a la Subsecretaría del Interior la facultad de establecer mecanismos de regularización migratoria y disponer el otorgamiento de permisos excepcionales de residencia temporal, de manera que el Servicio Nacional de Migraciones no es competente para resolver una petición de la naturaleza de aquella formulada por el recurrente ni fue el órgano que dictó la Resolución Exenta N°31.397. Añade que, desde la entrada en vigencia de la Ley N°21.325, el Servicio constituye un organismo descentralizado, con patrimonio propio y supervigilado por el Presidente de la República a través del Ministerio del Interior, siendo una autoridad administrativa distinta de aquella que emitió el acto cuestionado.

Invoca particularmente el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, que atribuye a la Subsecretaría del Interior la potestad indelegable de disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de su condición migratoria. Asimismo, refiere el numeral 8 de la misma disposición, que atribuye a dicha Subsecretaría el establecimiento de mecanismos de regularización de extranjeros en situación migratoria irregular. De ello concluye que corresponde a ese órgano, y no al Servicio Nacional de Migraciones, informar sobre el fondo de la controversia relativa al rechazo de la solicitud formulada por el actor.

En consecuencia, solicita que se tenga por evacuado su informe y que el recurso sea rechazado en todas sus partes respecto del Servicio Nacional de Migraciones, reiterando que la autoridad competente para pronunciarse sobre el fondo es exclusivamente la Subsecretaría del Interior y que el Servicio no ha dictado acto ni incurrido en omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.

Tercero: Que, por su parte, el Ministerio del Interior y la Subsecretaría del Interior evacúan informe solicitando el rechazo de la acción de protección, con expresa condena en costas. Comienzan precisando que el recurrente impugna el rechazo de su solicitud de regularización extraordinaria y que la normativa actualmente aplicable es la Ley N°21.325, cuyo artículo 24 dispone que la entrada y salida de personas del territorio nacional debe efectuarse por pasos habilitados y con documentos de viaje. Explican que la regularización migratoria supone precisamente la posibilidad de que la autoridad subsane contravenciones jurídicas relativas al ingreso o permanencia de una persona extranjera en el territorio nacional.

Explican que la Ley N°21.325 contempla dos hipótesis diferentes de regularización migratoria. La primera, prevista en los artículos 69 inciso segundo y 155 N°8, corresponde a mecanismos generales de regularización cuyos requisitos son establecidos por la Subsecretaría del Interior y cuya ejecución compete al Servicio Nacional de Migraciones conforme al artículo 157 N°13; precisan, sin embargo, que actualmente no existen procedimientos generales de regularización vigentes. La segunda corresponde al artículo 155 N°9, que entrega al Subsecretario del Interior la potestad indelegable de conceder, en casos excepcionales, permisos de residencia temporal por situaciones calificadas o motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria del beneficiario. Esta última, señalan, es de aplicación particular y se encuentra sometida a un procedimiento desformalizado.

Como primera defensa, sostiene que la acción de protección no constituye la vía idónea para resolver la controversia planteada, atendida su naturaleza cautelar, autónoma, excepcional, urgente y sumaria, destinada a tutelar derechos preexistentes e indubitados frente a actos u omisiones cuya ilegalidad o arbitrariedad resulte evidente. Afirma que una solicitud de regularización migratoria constituye el ejercicio del derecho de petición reconocido en el artículo 19 N°14 de la Constitución y genera una expectativa, no un derecho preexistente a obtener la residencia solicitada. Agrega que los artículos 139 y 140 de la Ley N°21.325 contemplan mecanismos administrativos de impugnación, remitiéndose a los recursos de la Ley N°19.880, cuya interposición incluso suspende los efectos del acto recurrido. Por ello, estima que la discusión exige un examen de lato conocimiento incompatible con la naturaleza del recurso de protección.

Alega, asimismo, que tampoco corresponde que la jurisdicción sustituya a la Administración en la valoración de la procedencia de una concesión migratoria excepcional. Señala que el ejercicio de potestades administrativas discrecionales comprende un margen de apreciación referido a la oportunidad, necesidad, eficacia, eficiencia e idoneidad de las decisiones, siempre sujeto a racionalidad, proporcionalidad y adecuación a los fines legales. En este contexto, sostiene que la pretensión del recurrente conduciría a que el Poder Judicial calificara el mérito de la decisión administrativa y ordenara específicamente cómo debe resolverse una materia entregada legalmente a la Subsecretaría, lo que estima incompatible con los principios de juridicidad y legalidad y con la prohibición establecida en el artículo 4 del Código Orgánico de Tribunales.

En cuanto al fondo, afirma que el artículo 155 N°9 contempla una facultad de excepcionalísima aplicación, destinada exclusivamente a casos excepcionales, situaciones calificadas o motivos humanitarios. Explica que su carácter restrictivo responde a que constituye una vía extraordinaria para otorgar residencia a personas que, de acuerdo con el régimen ordinario, deben satisfacer los requisitos establecidos en la normativa migratoria. Añade que el artículo 50 inciso final del Decreto N°296 de 2022 contempla, como regla, la inadmisibilidad de solicitudes de residencia cuando el requirente se encuentra en condición migratoria irregular, de modo que la facultad entregada al Subsecretario debe ejercerse prudencialmente.

Respecto específicamente de nombre reservado, sostiene que la autoridad sí efectuó una ponderación de los antecedentes acompañados y concluyó que no se configuraba un caso excepcional, calificado ni humanitario. Explica que las circunstancias invocadas estaban relacionadas con su bienestar económico, laboral y personal y fueron consideradas de carácter genérico, sin configurar una afectación concreta suficientemente especial que justificara tanto su ingreso al país por un paso no habilitado como la posterior regularización de su condición migratoria mediante el otorgamiento de un permiso excepcional. Precisa que el rechazo no se produjo porque la autoridad hubiera estimado falsos o no acreditados los hechos invocados por el solicitante, sino porque, aun teniéndolos por efectivos, no les atribuyó entidad suficiente para configurar la hipótesis excepcional contemplada por la ley.

En relación con el reproche del recurrente fundado en el artículo 31 de la Ley N°19.880, el informe sostiene, en lo sustancial, que es el propio solicitante quien debe aportar los antecedentes capaces de demostrar que su situación constituye un caso calificado o humanitario, por tratarse de una petición formulada en interés particular. Por consiguiente, no corresponde a la Subsecretaría demostrar que la hipótesis excepcional no concurre, sino al interesado acreditar los hechos que permitan ejercer la facultad extraordinaria en su favor. De esta manera, la insuficiencia alegada no se vincularía con la falta de un requisito formal susceptible de subsanación, sino con que los antecedentes aportados, aun considerados, no alcanzaron el estándar sustantivo de excepcionalidad exigido por el artículo 155 N°9.

Invoca, además, jurisprudencia de los tribunales superiores en apoyo de su posición, destacando que no basta la mera existencia o acreditación de arraigo familiar o laboral, sino que éste debe revestir carácter significativo y debe concurrir también un arraigo social relevante. Sobre esa base, sostiene que los antecedentes invocados por el actor no alcanzan el estándar necesario para transformar su situación en un caso excepcional, calificado o humanitario.

Finalmente, niega que exista una privación, perturbación o amenaza de la igualdad ante la ley u otra garantía susceptible de protección constitucional. Señala que no basta alegar genéricamente un trato desigual, sino que el recurrente debe demostrar la existencia de situaciones equivalentes respecto de las cuales la autoridad haya actuado de manera diferente sin una justificación objetiva. Añade que, al no existir actuación ilegal o arbitraria ni afectación acreditada de un derecho comprendido en el artículo 20 de la Constitución, la acción no puede prosperar. Por estas razones, solicita su rechazo íntegro, con expresa condena en costas, sosteniendo que el recurrente carece de motivos plausibles para litigar.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que la presente acción constitucional tiene por objeto determinar si la Resolución Exenta N°31.397, de 1 de octubre de 2025, dictada por la Subsecretaría del Interior, mediante la cual se rechazó la solicitud de regularización migratoria excepcional presentada por nombre reservado, al amparo del artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, constituye un acto ilegal o arbitrario que vulnere la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Sexto: Que, en cuanto a la alegación formulada por el Servicio Nacional de Migraciones, en orden a no ser la autoridad competente para resolver la solicitud del recurrente, cabe señalar que, si bien dicho organismo interviene en la tramitación administrativa recibiendo la solicitud y remitiendo los antecedentes a la Subsecretaría del Interior, la facultad de resolver las solicitudes de regularización extraordinaria previstas en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325 corresponde exclusivamente a esta última autoridad, quien emitió la Resolución Exenta N°31.397, de 1 de octubre de 2025, acto administrativo que constituye el objeto de la presente acción constitucional. En consecuencia, no advirtiéndose que el Servicio Nacional de Migraciones haya dictado el acto impugnado ni que subsista a su respecto actuación pendiente cuya legalidad corresponda revisar en esta sede, el recurso será rechazado en lo que dice relación con dicho Servicio.

Séptimo: Que, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable, excluyéndose así la existencia de una actuación arbitraria e ilegal de la autoridad recurrida.

Octavo: Que el acto impugnado corresponde a la Resolución Exenta N°31.397, de 1 de octubre de 2025, mediante la cual la Subsecretaría del Interior rechazó la solicitud de otorgamiento de un permiso de residencia temporal excepcional presentada por nombre reservado al amparo del artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325. En lo sustancial, la controversia radica en determinar si dicha decisión, adoptada en ejercicio de la facultad conferida por la citada disposición legal, se ajustó a derecho y se encuentra suficientemente motivada o, por el contrario, constituye un acto ilegal o arbitrario en los términos denunciados por el recurrente.

Noveno: Que el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325 confiere al Subsecretario del Interior la potestad de disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a personas extranjeras que se encuentren en el territorio nacional, por casos calificados o motivos humanitarios, con independencia de su condición migratoria. De la disposición legal se desprende que se trata de una facultad de carácter excepcional cuya procedencia exige la ponderación de las circunstancias particulares expuestas por el solicitante, correspondiendo a la autoridad administrativa apreciar si los antecedentes aportados permiten configurar alguno de los supuestos previstos por la norma.

Décimo: Que, en la especie, no se advierte que la Resolución Exenta N°31.397, de 1 de octubre de 2025, constituya un acto ilegal o arbitrario. En efecto, ésta fue dictada por la autoridad legalmente competente, en ejercicio de la facultad indelegable conferida por el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, y contiene una exposición suficiente de los antecedentes de hecho y de derecho que sustentan la decisión adoptada. La autoridad tuvo presente que nombre reservado ingresó al territorio nacional por un paso fronterizo no habilitado, sin que constara que, previamente a dicho ingreso, hubiese solicitado desde el extranjero alguno de los permisos contemplados por el ordenamiento jurídico, circunstancia que ponderó conjuntamente con la inexistencia actual de un proceso de regularización migratoria de general aplicación.

Asimismo, la resolución examinó específicamente los fundamentos esgrimidos por el solicitante para obtener el permiso excepcional, referidos tanto a la situación económica, social y política existente en Colombia como a su arraigo familiar y laboral en Chile. Respecto de lo primero, razonó que la sola situación general del país de origen y la búsqueda de mejores oportunidades laborales y condiciones económicas no permiten, por sí mismas, calificar el caso como excepcional o humanitario, distinguiendo tales circunstancias de aquellas vinculadas a conflictos armados, desplazamientos forzados, desastres naturales o calamidades que comprometan la vida o integridad de un número significativo de personas.

En cuanto al arraigo invocado, la autoridad ponderó los antecedentes acompañados para acreditarlo, entre ellos, documentos relativos a sus vínculos familiares, contrato de trabajo y certificado de afiliación, concluyendo que, aun cuando tales elementos resultan relevantes en el ámbito migratorio general, no son suficientes para configurar un caso excepcional, calificado o humanitario en los términos exigidos por el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, ni desvirtúan la circunstancia de haber ingresado irregularmente al territorio nacional.

De este modo, la Subsecretaría no se limitó a invocar genéricamente el carácter excepcional de la facultad, sino que confrontó las circunstancias particulares alegadas por el recurrente con los presupuestos establecidos en la norma, concluyendo que aquellas correspondían a situaciones fácticas de carácter genérico que no configuraban una afectación concreta suficientemente especial para justificar el otorgamiento de un permiso de residencia temporal excepcional. En consecuencia, el acto administrativo aparece suficientemente motivado, exteriorizando las razones de hecho y de derecho que condujeron a la autoridad a desestimar la solicitud.

Undécimo: Que, por consiguiente, la discrepancia de la parte recurrente con la ponderación efectuada por la autoridad respecto de los antecedentes invocados para justificar el carácter excepcional de su situación no permite, por sí sola, calificar la resolución impugnada como ilegal o arbitraria, ni autoriza a esta Corte para sustituir el juicio de mérito que el legislador ha confiado a la Subsecretaría del Interior en el ejercicio de la potestad prevista en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325. En consecuencia, no verificándose la vulneración de la garantía constitucional invocada, la presente acción constitucional será desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°13.965-2026 Protección.