nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Santiago Santiago, uno de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Francisco Javier Coderch Arenas, abogado, en favor de nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por haber requerido a su actual empleador, Carabineros de Chile, reanudar los descuentos por planilla correspondientes al crédito folio N°172000092105, otorgado el 27 de octubre de 2022, sin que exista un nuevo mandato que los autorice, estimando vulneradas las garantías previstas en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que las cuotas del referido crédito eran descontadas de sus remuneraciones mientras se desempeñaba en el Hospital de Niños Dr. Roberto del Río, lo que cesó al quedar sin empleo en mayo de 2023. Añade que al ingresar a Carabineros de Chile, el 31 de marzo de 2025, no otorgó una nueva autorización para efectuar tales descuentos. Sin embargo, el 17 de abril de 2026 fue informado por correo electrónico de que estos se reanudarían, materializándose en su remuneración de mayo siguiente una deducción de $85.085. Sostiene que el mandato original se encontraba vinculado a su anterior empleador y que la actuación de la recurrida contraviene el artículo 58 del Código del Trabajo y la Ley N°18.833.

Solicita que se ordene a la recurrida abstenerse de requerir descuentos por planilla a su actual empleador mientras no exista un nuevo mandato escrito, así como de realizar gestiones destinadas a obtenerlos sin su autorización; que se disponga la restitución de los $85.085 descontados en mayo de 2026 y se adopten las demás medidas necesarias para evitar nuevas deducciones, con costas.

Segundo: Que Yasna Vukic Zalaquett, abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, informa solicitando el rechazo del recurso. Señala que el actor contrató el 27 de octubre de 2022 el crédito social folio N°172000092105, por $2.263.245, pagadero en 60 cuotas mensuales de $85.085, oportunidad en que habría autorizado expresamente el descuento por planilla y otorgado mandato a su actual o futuro empleador para efectuarlo.

Sostiene que la reanudación de los descuentos se ajusta al artículo 22 de la Ley N°18.833, al artículo 11 del D.S. N°91, de 1978, a la Ley N°17.322 y al artículo 58 del Código del Trabajo, por cuanto las cuotas de los créditos sociales se encuentran sujetas a un régimen especial de descuento, sin que el cambio de empleador extinga la obligación ni exija un nuevo mandato. Agrega que se dio cumplimiento a la normativa de la Superintendencia de Seguridad Social sobre reinicio de descuentos, mediante el aviso remitido al recurrente el 17 de abril de 2026.

Añade que no existe sentencia que haya declarado prescrita o extinguida la deuda y que el descuento por planilla no requiere el inicio previo de un juicio ejecutivo. Afirma que cualquier discusión acerca de la existencia, vigencia o extinción de la obligación debe ventilarse en el procedimiento correspondiente y no por esta vía cautelar, por lo que solicita el rechazo íntegro del recurso, con costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que son hechos no controvertidos que el recurrente contrató con la recurrida el crédito social folio N°172000092105, de 27 de octubre de 2022; que sus cuotas fueron inicialmente descontadas de sus remuneraciones; que tales descuentos cesaron con posterioridad; y que, encontrándose actualmente vinculado laboralmente a Carabineros de Chile, recibió el 17 de abril de 2026 una comunicación de la Caja informándole que aquellos serían reanudados, practicándose en su remuneración de mayo siguiente un descuento de $85.085.

Sexto: Que, de la carpeta crediticia acompañada, consta que el recurrente, al contratar el crédito, otorgó mandato expreso a su actual o futuro empleador para descontar de sus emolumentos mensuales las cuotas correspondientes. El mismo instrumento prevé, además, que si tales descuentos no hubieren podido efectuarse regularmente y fuere posible reanudarlos, la Caja deberá comunicar previamente esa circunstancia al afiliado, informándole que se procederá a su reinicio.

De esta forma, no resulta efectivo que la autorización otorgada por el actor estuviese limitada al empleador que tenía a la época de contratar, como se sostiene en el recurso.

Séptimo: Que, por lo demás, el mecanismo empleado encuentra sustento en el régimen especial de los créditos sociales, conforme al cual las sumas adeudadas por este concepto son descontadas de la remuneración por la entidad empleadora y remesadas a la Caja acreedora. En la especie, la recurrida actuó respecto de una obligación vigente y de acuerdo con una autorización que comprendía expresamente a los futuros empleadores del deudor, comunicándole previamente la reanudación de los descuentos, según reconoce el propio recurrente.

Octavo: Que, en tales circunstancias, la actuación impugnada no puede ser calificada de ilegal, desde que encuentra fundamento tanto en el régimen que gobierna el crédito social como en las estipulaciones expresamente aceptadas por el recurrente; ni de arbitraria, pues la reanudación del descuento obedece a la existencia de una obligación crediticia y a las condiciones convenidas para su pago, sin que aparezca como una decisión caprichosa o carente de fundamento.

Noveno: Que, en consecuencia, al no concurrir los presupuestos que hacen procedente la presente acción cautelar, el recurso será desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrado en favor de nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-13939-2026.