nombre reservado con SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

Santiago, cuatro de mayo de dos mil diecisiete.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Rodrigo Godoy Araya e interpone recurso de protección en favor de don nombre reservado, ciudadano de la República Dominicana, pasaporte N°RUT reservado, y en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, por el acto ilegal y arbitrario, que importaría la negativa a celebrar el matrimonio a un hombre y a una mujer posterior al acto de manifestación por motivos no contemplados en la legislación y sin justificación razonable.

Señala que el recurrente nació el 1 de septiembre de 1977, en República Dominicana, de la cual salió, presumiblemente siendo objeto de trata de personas, a Panamá, luego a Ecuador y Perú, para luego arribar a Iquique y finalmente a Santiago el año 2014, donde buscó trabajo y logró emplearse precariamente en el área de la construcción en la comuna de Conchalí, sin poseer contrato de trabajo por la situación migratoria en la que se encontraba. Actualmente se encuentra egresado del curso de Barbero que realizó en el Instituto Jhon F. Kennedy y es alumno del curso de Soldadura al Arco, Oxígeno, Mig y Tig del Instituto de Capacitación Profesional (IMATEC). Lo anterior, junto con los contratos de trabajo que acompaña, muestran la intención seria y decidida de desarrollarse educacional y profesionalmente en nuestro país.

Relata que desde agosto de 2014, vive con su pareja nombre reservado, ciudadana chilena, con quien tiene ánimo de contraer matrimonio y formar una familia, lo que se acredita con la declaración jurada de convivencia que se acompaña. Después de habérsele negado hora para contraer matrimonio en dos ocasiones y solo después de mucho insistir, lograron conseguir una hora para realizar su manifestación frente al oficial del Registro Civil, la que efectuó el 5 de agosto de 2016, reservando como fecha para celebrar la ceremonia el 1 de febrero de 2017, estatuyéndose dentro de las observaciones que el recurrente debía presentar documentación vigente y al día para la celebración del matrimonio. En la referida fecha junto con su pareja y testigos arribaron a la oficina del Registro Civil, donde se le exigió su documentación nacional vigente, la cual no poseía, pues aún se encuentra en trámite ante el Departamento de Extranjería, por lo que intentó identificarse con su pasaporte, pero le fue negada la posibilidad de contraer matrimonio ya que se le desconoció al pasaporte el estatus de documento válido, pues de acuerdo a la oficial del Registro Civil ante la que se presentaron, dicho instrumento no era suficiente para poder contraer matrimonio, sino que debía tener el estampado del Departamento de Extranjería en su pasaporte, es decir, una visa completamente tramitada.

Asevera que dicho actuar es ilegal, al no existir norma alguna en nuestro país que permita discriminar entre chilenos y extranjeros, en cuando al documento idóneo que sirva para acreditar la identidad de los contrayentes, siendo suficiente un pasaporte válido y vigente, tal como, además, lo informa el propio Registro Civil que para efectos del matrimonio de ciudadanos extranjeros en Chile podrá usar cédula de identidad o pasaporte.

Refiere que el recurrente cumple con todos los requisitos para celebrar su matrimonio en nuestro país, ya que los contrayentes no se encuentran afectados por impedimentos ni prohibiciones para celebrar matrimonio conforme a la Ley del Matrimonio Civil, por lo que son capaces para celebrar cualquier acto jurídico, especialmente, el matrimonio.

Asevera que el organismo público recurrido cometió una arbitrariedad al negarse a celebrar el antedicho matrimonio, ya que conforme al artículo 33 de la Ley N° 19.477, dentro de las obligaciones de los funcionarios de dicha repartición, no se establece como uno de los deberes de los oficiales del Registro Civil, el verificar que los contrayentes se encuentren en situación migratoria regular, en caso de ser extranjeros. Tampoco contiene tal exigencia el Decreto N° 673, ni la Ley N° 4.808 (19.477).

Por tanto, al exigir requisitos que no se encuentran establecidos en la ley para poder casarse, se está en presencia de una actuación ilegal del Registro Civil, debido a que se arroga facultades que la ley habilitante no señala y que la ley de matrimonio civil no establece ninguna exigencia especial para los extranjeros que quieran casarse.

Puntualiza que lo que la ley ordena es que el interesado pueda individualizarse, la que debe entenderse cumplida con la exhibición del pasaporte del ciudadano nombre reservado y que se compruebe que no existen impedimentos para la celebración del matrimonio. El Oficial Civil es un Ministro de Fe, y como tal debe cerciorarse del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y no otros. Cualquier exceso en sus atribuciones –las que se encuentran específicamente regladas– configura una actuación arbitraria e ilegal.

Afirma que el artículo 76 del Decreto Ley N° 1.094, regula dos aspectos diferentes. Uno es la exigencia de la documentación que compruebe la residencia legal en el país de los extranjeros, y, un segundo aspecto, que es la comprobación de si estos están autorizados o habilitados para realizar el correspondiente acto o contrato ante el organismo del Estado. Al respecto, señala que no existe ninguna norma que limite a extranjeros para la celebración de cualquier acto o contrato, menos en el matrimonio. En consecuencia, la ausencia de residencia legal no impedirá la celebración del acto, la que dependerá de si las personas están “autorizadas o habilitadas para realizar el correspondiente acto”. Como se explicó, al recurrente no le afecta ningún impedimento ni prohibición legal, además de contar con la documentación que permite acreditar su identidad (pasaporte).

El derecho a contraer matrimonio es un derecho esencial de la persona humana, lo que es amparado no tan solo por el artículo 2° de la Ley de Matrimonio Civil, sino que también por diversos tratados internacionales suscritos en Chile, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 1°, 17, N°s. 1° y 2°; y artículo 11.2) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23) y la Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (artículos 44 y 18). Constata que en su opinión, el Derecho Internacional vinculante impone una obligación positiva al Estado de protección y acción en cuanto a las relaciones familiares y matrimoniales de los trabajadores migrantes. De esta forma, el Estado se encuentra en la obligación de tomar medidas positivas que faciliten la reunión de los trabajadores migratorios con las personas con quienes tengan relaciones matrimoniales. A pesar de que en este caso el matrimonio no se ha concretado, sí es posible decir que mis representados tienen una relación que busca generar dichos efectos y por lo mismo el Estado se encuentra en la obligación de protegerla y promoverla.

En conclusión, afirma que en base a nuestra legislación nacional y los instrumentos internacionales vigentes y vinculantes, el derecho a contraer matrimonio es esencial a la persona humana, y su ejercicio no puede encontrarse sujeto a la situación migratoria de la persona.

Estima que se ha conculcado el artículo 19, N° 2°, de la Constitución Política de la República, ya que el recurrente ha sido víctima de una discriminación arbitraria, toda vez que le fue denegada la posibilidad de casarse aduciendo un requisito no contemplado en la legislación, lo cual genera una distinción entre dos grupos, los chilenos y extranjeros con residencia legal en Chile y los Extranjeros en situación migratoria irregular, a quienes no se les permite casarse. Dicha distinción no tiene justificación, pues al Servicio de Registro Civil le compete únicamente cerciorarse de la identidad de las personas que deciden contraer matrimonio y verificar que cumplan los requisitos establecidos en la legislación. En este caso, el recurrente ni siquiera tuvo la oportunidad de exhibir su pasaporte, documento que acredita indubitadamente su identidad. Asegura que la Ley de Matrimonio Civil no distingue entre chilenos, residentes regulares y migrantes irregulares; y el Registro Civil no tiene potestad para establecer requisitos adicionales que redundan en una limitación del derecho fundamental a contraer matrimonio.

La situación descrita, además, afectaría la garantía del numerando cuarto del artículo 19 de la Carta Magna, dado que la imposibilidad de celebrar el matrimonio configura una desprotección a la vida privada y a la familia directamente; por lo que solicita que esta Corte de Apelaciones ordene al Servicio de Registro Civil e Identificación que permita la celebración del matrimonio entre su representado y nombre reservado.

Segundo: Que al Servicio de Registro Civil e Identificación informando al tenor de la acción constitucional interpuesta en su contra, manifiesta que el recurrente no registra cédula de identidad como extranjero, tampoco inscripción de nacimiento o matrimonio, ni se asocia a dicha persona nacimiento de hijos en Chile o en el extranjero.

Luego de exponer la normativa legal vigente aplicable a los extranjeros en materia de identificación, señala que la obligación de los extranjeros de obtener cédula de identidad, la que debe expedirse conforme a los nombres y apellidos que registre el pasaporte u otro documento válido y vigente que se hubiere utilizado para el ingreso al país; dando cuenta del proceso y exigencias contenidos en los artículos 52, 53, inciso segundo, y 76 del Decreto Ley N° 1.094, del Ministerio del Interior y los artículos 5°, 103 y 108 del Decreto Supremo N° 597.

Manifiesta que acorde a la mencionada legislación previo al otorgamiento de cédula de identidad a un extranjero, el Servicio de Registro Civil e Identificación requiere, que el solicitante acredite su situación migratoria, que acompañe copia del pasaporte emitido en su país de origen y el certificado de inscripción o de vigencia del Registro de Extranjeros a cargo de la Policía de Investigaciones de Chile.

En cuanto a la normativa legal vigente aplicable a los extranjeros para contraer matrimonio en Chile, asevera que aquellos deben cumplir los mismos requisitos de forma y de fondo que los nacionales para contraer matrimonio. Afirma que con la dictación de la Ley de Matrimonio Civil vigente, se eliminó la exigencia de residencia de tres meses en la comuna donde se contraerá matrimonio, por lo que actualmente se admite que un extranjero sin visa de residencia contraiga matrimonio en Chile, pero, en ese caso, deberá acreditar previamente su identidad con el documento de ingreso vigente, como también que aquel se hizo de manera legal, lo que no aconteció con el recurrente nombre reservado.

Informa que los documentos que deben presentar los extranjeros para contraer matrimonio son los siguientes, depende de su estatus en el país. De esta manera, los extranjeros turistas o tripulantes, requieren de pasaporte vigente, además, de tarjeta de turismo o solicitud de residencia con certificado de vigencia en que conste su estadía legal del país. Para los nacionales de países en convenio, dentro de los cuales no se encuentra la República Dominicana, deben presentar su DNI (cédula del país de origen vigente). Mientras que los que tienen residencia de permanencia definitiva, deben presentar cédula de identidad para extranjeros vigente. Aquellos con residencia temporaria, exhibir cédula de identidad para extranjeros, si aquella no está vigente, la solicitud de renovación de la visa con certificación de vigencia. Finalmente, el extranjero con visa diplomática, deberá presentar pasaporte diplomático.

Señala que la Dirección General del Registro Civil mediante circular N° 05/96, de 14 de febrero de 1996, instruye que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 76 del Decreto Ley N° 1.094, de 1975, los extranjeros que concurran con sus documentos de identidad vencidos a solicitar actuaciones como celebración del matrimonio, al encontrase vencidos, el extranjero se encuentra residiendo en forma ilegal en nuestro país, por tanto, no puede gestionar ningún trámite en este Servicio, sin que previamente regularice su residencia legal en el país, con la única excepción del requerimiento de las inscripciones de nacimiento, conforme al Dictamen N° 6.197, de la Contraloría General de la República. Acorde con lo anterior, se han emitido diversas sentencias que rechazan recursos de protección interpuestos por extranjeros que desean contraer matrimonio, encontrándose con su situación migratoria irregular.

Conforme con lo anterior, asegura que no ha negado al recurrente el derecho a contraer matrimonio, sino que solamente exige que previamente cumpla con la legislación interna aplicable a los extranjeros en nuestro país, esto es, que regularice su situación migratoria en el país u obtenga el documento identificatorio para extranjeros. Indica que la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, que menciona el recurrente, en su artículo 22, señala que el extranjero para residir en el país, deben hallarse legalmente en el territorio con sujeción a las disposiciones legales.

En cuanto a la pretendida infracción a la garantía contenida en el numeral segundo del artículo 19 del a Constitución Política de la República, aduce que aplica las normas vigentes sobre la materia a todas las personas que se encuentren en igual condición. Además, tratándose de un contrato, como lo es el matrimonio, las normas son especialmente exigentes en torno a la acreditación de la identidad de los contrayentes, por lo que el no encontrarse claramente establecida la identidad de una persona repercutirá en la imposibilidad del Oficial del Registro Civil de certificar certeramente quién le otorgó el consentimiento y entonces, quién será el titular de los derechos y obligaciones que implica el contrato.

En definitiva, asegura que el recurso debe ser rechazado dado que la actuación del Servicio de Registro Civil e Identificación, no ha sido ilegal ni arbitraria, atendido que el acto reprochado fue realizado con estricta sujeción a la normativa relativa a los requisitos que deben reunir los extranjeros para celebrar un matrimonio en nuestro país y al Decreto Ley N° 1.094, de 1975 y al Decreto Supremo N° 597, de 1984.

Tercero: Que como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia el recurso de protección es una acción constitucional destinada a amparar los derechos y garantías expresamente señalados en el artículo 20 de la Carta Fundamental, que posibilita la adopción de medidas urgentes de seguridad y tutela a fin de resguardar al perjudicado y restablecer el imperio del derecho frente a un acto u omisión calificado de ilegal y/o arbitrario.

Cuarto: Que es un hecho pacífico de la causa que el recurrente, ciudadano Dominicano, que no acredita situación migratoria regular, junto a su pareja doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, ciudadana chilena, previa reserva de hora, con fecha 5 de agosto de 2016 realizaron su manifestación para contraer matrimonio ante el Oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación, reservándose como fecha para celebrar dicho matrimonio el día 1° de febrero de 2017, oportunidad en que concurrieron a la oficina respectiva de dicho Servicio, en la que el Oficial Civil se negó a realizar la ceremonia, porque el recurrente no acreditó su identidad con un documento de ingreso al país vigente, no acreditó que su ingreso al país de hizo de forma legal, siendo insuficiente su pasaporte por no contar con visa completamente tramitada, tarjeta de turismo, solicitud de residencia con certificado de vigencia o cédula de identidad para extranjeros.

Quinto: Es menester comenzar precisando el exacto ámbito de la cautela, que viene dado por el tenor del libelo de fojas 3, que plantea con toda claridad que el acto recurrido es la negativa a la celebración del matrimonio entre los recurrentes, por no contar el ciudadano dominicano con la cédula de identidad para extranjeros u otro documento que acredite su estadía regula en Chile, estimando insuficiente para acreditar su identidad el sólo presentar el pasaporte, motivo que estiman constituye un atentado a las garantías constitucionales que estiman infringidas.

Por consiguiente lo único que corresponde revisar es si la actuación del Servicio es o no ilegal y/o arbitraria y si ha constituido una amenaza a los derechos singularizados en la presentación.

Sexto: Sentado el ámbito de este amparo constitucional, corresponde señalar que no es discutible que toda persona tiene derecho a contraer matrimonio, por ser un derecho fundamental consagrado en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por nuestro país y en nuestra carta fundamental, en especial porque está última indica en su artículo 1° que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, porque el Estado debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y porque, como se indica en dicha norma, el estado debe dar protección a la familia y propender a su fortalecimiento, siendo el matrimonio la base principal de la familia conforme lo dispone el artículo 2° de la Ley de Matrimonio Civil.

Relevante es que el artículo 2º de dicha Ley señala que la facultad de contraer matrimonio es un derecho esencial inherente a la persona humana, si se tiene edad para ello.

Que, en consecuencia sólo ha de impedírselo, perturbárselo o amenazárselo en muy contadas situaciones extraordinarias que, en su carácter de tales, deben interpretarse restrictivamente, conforme a principios generales del derecho. Corresponde, entonces, definir si una situación como la que fluye de tales antecedentes, es decir, no contar con la cédula de identidad para extranjeros ni documento alguno que dé cuenta que su estadía en el país es regular, acreditándose eso sí la identidad con el pasaporte respectivo, configura alguna hipótesis legal que legitime la medida que el recurso impugna.

Séptimo: Para fundamentar la actuación, el Servicio realiza una remisión al Código Civil, Ley de Matrimonio Civil y artículo 76 del Decreto Ley N° 1.094, de 1975 del Ministerio del Interior.

Del análisis de las normas que regulan el matrimonio se advierte que lo que nuestra ley matrimonial exige es que los contrayentes sean conocidos del Oficial del Registro Civil o acrediten su identidad y que no tengan impedimentos o prohibiciones, señalando de un modo preciso la forma de acreditar tales requisitos.

Para acreditar la identidad de los contrayentes, el artículo 9° de la Ley N° 19.947 indica que quienes deseen contraer matrimonio deben comunicarlo por escrito u oralmente ante cualquier Oficial del Registro Civil indicando sus nombres y apellidos; lugar y fecha de nacimiento; su estado de solteros, viudos o divorciados; nombre del cónyuge fallecido o de aquél con quien contrajo matrimonio anterior, lugar y fecha de la muerte; profesión u oficio; nombre y apellidos de los padres si fuere conocido; nombres y apellidos de las personas cuyo consentimiento fuere necesario; y el hecho de no tener incapacidad o prohibición legal para contraer matrimonio. Agrega la norma, que si la manifestación no fuere escrita, el Oficial del Registro Civil levantará acta completa de ella, la que será firmada por él, los interesados y dos testigos.

Ahora bien, el artículo 14° de la ley citada agrega respecto a las prohibiciones e impedimentos que los futuros contrayentes, al momento de presentarse o realizar la manifestación rendirán información de dos testigos por lo menos, sobre el hecho de no tener impedimentos ni prohibiciones para contraer matrimonio.

Que por consiguiente la identidad del contrayente y la inexistencia de impedimentos o prohibiciones se acreditan de la forma que prescribe la Ley de Matrimonio Civil, es decir en la manifestación y con la información sumaria de testigos más el pasaporte, tratándose de un ciudadano extranjero; sin que la exhibición de la cédula de identidad para extranjeros aparezca mencionada como uno de los requisitos en la legislación en parte alguna, como pretende entender el Servicio, como tampoco el acreditar que su estadía en el país es regular.

Que el informe se hace referencia a los artículos 52, 53 y 76 del DL1094 de Extranjería y al DS N°597 del año 1984 del Ministerio del Interior, que aprueba el reglamento de dicha Ley. Las normas indican que los servicios deberán exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de su competencia, que comprueben previamente su situación legal en el país y que estén autorizados o habilitados para realizar el acto u contrato, indicando las obligaciones para permanecer en el país. Pero esta norma admite diversas interpretaciones porque actualmente son pocos los que sostienen que el matrimonio es un contrato; algunos señalan que sería un acto del Estado y otra corriente dice que sería una institución. Y tratándose de una norma que admite interpretaciones se deberá optar por aquella que sea compatible con la Carta Fundamental, la que estima que la familia (entre ésta, la matrimonial) es la base de la sociedad, lo que resulta acorde con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que consagran el derecho a contraer matrimonio de todas las personas, como uno de carácter fundamental.

Por consiguiente no resulta posible subordinar el derecho a contraer matrimonio de un ciudadano extranjero a una norma infraconstitucional, que además choca con nuestro ordenamiento constitucional y con los tratados internacionales ratificados por nuestro país.

Octavo: Que del análisis de las normas que regulan el matrimonio civil se advierte que lo que exige la ley para celebrar el contrato de que se trata es que los contrayentes sean conocidos del Oficial del Registro Civil o que acrediten su identidad ante el funcionario y que no tengan impedimentos o prohibiciones, sin que exista norma alguna que exija a los ciudadanos extranjeros la exhibición de su cédula de identidad para extranjeros para proceder a ello, bastando, en consecuencia, la sola exhibición del pasaporte para tal efecto, y sin que exista norma alguna que impida hacer uso de este derecho fundamental a un extranjero que este de paso, o incluso a quien pueda estar en forma irregular en el país. Que, por lo mismo, resulta indudable que respecto al recurrente se le ha discriminado arbitrariamente, infringiendo el Servicio el principio de igualdad, al exigirle al ciudadano extranjero un segundo documento que lo identificara, en circunstancias que a los ciudadanos chilenos se le exige tan solo uno, y se le exigiese acreditar la calidad en que se encuentra en el país al momento de contraer matrimonio, máxime cuando se le permitió realizar el trámite anterior sin cuestionamiento alguno.

Noveno: Que de acuerdo con lo expuesto y razonado, no cabe sino concluir que el Servicio recurrido ha incurrido en conducta ilegal y arbitraria. Ilegal en tanto no existe norma alguna en nuestro país que permita discriminar entre chilenos o extranjeros, en cuanto al documento idóneo para acreditar la identidad de los contrayentes, siendo suficiente al efecto un pasaporte válido y vigente para los extranjeros, mientras que la conducta reprochada priva al recurrente del legítimo ejercicio de su derecho a contraer matrimonio no obstante cumplir los requisitos legales para ello, al exigirle en el marco de la identificación documentos distintos de los idóneos al efecto; y arbitraria porque el propio recurrido en su informe asevera que su conducta sólo se limitó a cerciorarse de la identidad del contrayente, cuestión que ya estaba más que clara con la exhibición del pasaporte, cuya vigencia en cuanto tal no se cuestiona, y además consta de la copia del pasaporte del recurrente que se acompañó a los autos. Resulta así arbitrario exigir acreditar otros hechos distintos en el marco del proceso de identificación de los contrayentes.

Décimo: Que la conducta antes descrita vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de respeto y protección de la persona y su familia consagradas en los numerales 2 y 4 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, razón que justifica acoger la presente acción constitucional.

En el mismo sentido, por lo demás, lo ha dictaminado la Excma. Corte Suprema en los autos sobre recurso de protección Rol N° 11.504-2015 y 19.634-2016 entre otros.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que se acoge el deducido con fecha 2 de marzo de 2017, ordenándose al Oficial del Registro Civil respectivo que permita la celebración del matrimonio del recurrente don nombre reservado, con doña nombre reservado, respecto de quienes recae la manifestación, si no existieran impedimentos y prohibiciones de aquellas contempladas en la Ley de Matrimonio Civil.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y, oportunamente, archívense los autos.

Redacción del Ministro (S) Juan Opazo Lagos, quien no firma por ausencia.

Rol N°13932-2017.

Pronunciada por la Duodécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jenny Book Reyes e integrada por el Ministro (s) señor Juan Opazo Lagos y el abogado integrante señor Sebastián Hamel Rivas.