Protección contra Servicio de Impuestos Internos

Santiago, cinco de mayo de dos mil diecisiete.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, don nombre reservado, en representación de Honda Motor de Chile S.A., interpone recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, por el acto que reprocha de ilegal o arbitrario consistente en la dictación del Ordinario N°3.259 de fecha 07 de diciembre de 2016, dictado por el subdirector de Fiscalización, don nombre reservado, por medio del cual se privó, a las camionetas marca Honda, modelo Ridgeline, que comercializa su representada, de los beneficios tributarios que la ley le concede y las somete a un régimen tributario diverso de los demás bienes de su categoría, por el sólo hecho de incorporar una innovación tecnológica que la hace más segura para los pasajeros.

Indica que el acto reclamado impide que las camionetas Honda, modelo Ridgeline, que sean comercializadas en Chile, puedan descontar Impuesto al Valor Agregado y que el precio o costo de adquisición sea deducido de la base imponible para determinar el impuesto a la renta, a diferencia de las demás camionetas de su segmento. Señala que la innovación tecnológica que se incorpora consiste en que su estructura es un “monocasco”, realizada en forma compacta, sin emplazar su estructura sobre un chasis o bastidor, lo cual se traduce únicamente en una mayor seguridad para los pasajeros.

Expone que mediante Oficio Ordinario N°87, de 02 de febrero de 2009, el Servicio de Impuestos Internos, dictó un acto administrativo por el que se estimó que el modelo anterior de Honda Ridgeline era una camioneta y daría derecho a beneficios tributarios.

Se indica que el acto recurrido desconoce también la calificación realizada por el Centro de Control Vehicular dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, encargado de las homologaciones de los vehículos en Chile, así como un informe de la Asociación Nacional Automotriz de Chile y el informe especializado de LAPETEC (Laboratorio de Peritajes Técnicos), los que luego de analizar el diseño del vehículo marca Honda, modelo Ridgeline, concluyen que se trata de una camioneta.

Expresa que el oficio dictado por el órgano recurrido carece de motivación y por ello discrimina doblemente a la camioneta, dándole también un trato diferenciado respecto de otros “monocascos” a los que sí se les reconoce el descuento del Impuesto al Valor Agregado y los demás beneficios de la categoría como ocurre, a modo ejemplar, con el vehículo marca Ssanyong, modelo Action Sport, dejando fuera del mercado nacional al modelo de la recurrente, ocasionando un perjuicio de aproximado $26.300.000, cada año.

Arguye que el acto recurrido incluye un requisito no contemplado en la legislación vigente, cual es que las camionetas no pueden “ser monocasco”.

Luego explica que existen dos generaciones de camionetas Honda, modelo Ridgeline, la primera de 2005 a 2014 y la segunda de 2017, incluyéndose innovaciones de seguridad consistente en estar montada en base a una sola pieza (“monocasco”) lo que hacía relevante que soportara niveles de carga y que la carrocería se deformara en caso de accidente y disminuyera así la “trasmisión” de energía del impacto a los pasajeros. Sostiene que ambos diseños permiten traslado de mercaderías, tienen capacidad de carga de hasta 2.200 kg y en las dos se puede distinguir claramente la cabina de pasajeros y la caja de carga. La única diferencia de la segunda versión es que aumenta capacidad de carga y da mayor estabilidad.

Indica que el órgano fiscalizador recurrido, a través de su oficio N°2.669, de 11 de agosto de 1988, establece como un elemento esencial para calificar a un vehículo como camioneta, el hecho que su construcción esté especialmente acondicionada para el transporte de mercaderías, no siendo relevante si el casco está conformado por una o varias piezas.

Alega que el acto que se recurre es ilegal por los siguientes motivos:

a) priva a los bienes que comercializa del tratamiento propio de los de su categoría al dejar de calificarla como una camioneta.

b) el acto es carente de motivación, siendo que acompañó una serie de antecedentes al momento de emitir pronunciamiento el Servicio de Impuestos Internos.

c) por violación de las interpretaciones anteriores de la autoridad.

Sostiene, además, que el acto recurrido es arbitrario porque consagra un tratamiento diferente para bienes que debieran sujetarse a la misma regla, incluso de aquellas que presentan las mismas características técnicas de “monocasco”.

Esgrime que el acto recurrido lesiona las garantías constitucionales del:

a) artículo 19 N°21 de la Constitución Política de la República, es decir, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, al privar de los beneficios tributarios, propios de su categoría a la camioneta referida.

b) artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley.

c) artículo 19 N°22 de la Constitución Política de la República, esto es, la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.

d) artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la propiedad, ya que la autoridad por actos posteriores pretende privar a los administrados de derechos que ya se habían incorporado a su patrimonio.

Por último, el recurrente solicita que dispongan las necesarias medidas para restablecer el imperio de derecho y dar debida protección al afectado y se declare:

A) Que, los efectos del acto recurrido, no son aplicables a camionetas marca Honda, modelo Ridgeline;

B) Que las camionetas ya referidas deben ser objeto del mismo tratamiento tributario que las demás camionetas que acceden a beneficios de la categoría en materia de IVA y gastos en la determinación de la base imponible del impuesto a la renta.

C) Que se adopten demás medidas que se estimen pertinentes.

D) Que se condene en costas a la parte recurrida.

SEGUNDO: Que, con fecha 30 de enero de 2017, informa la jefa del Departamento de Defensa Judicial Civil del Servicio de Impuestos Internos, doña nombre reservado, y solicita el rechazo del recurso, con costas.

En cuanto a los argumentos de forma para el rechazo, realiza las siguientes alegaciones:

1.- La acción de protección no es la vía idónea, porque la procedencia de un crédito fiscal y la admisibilidad de un gasto es una cuestión de fondo, cuya revisión es de lato conocimiento en un juicio tributario.

2.- El recurso es extemporáneo: porque el acto recurrido es solo una respuesta a una consulta de un contribuyente, en base a criterios interpretativos ya fijados por el Director del Servicio de Impuestos Internos, en circulares y oficios ordinarios precedentes.

3.- Existen recursos administrativos pendientes; explica que el recurso de protección es solo procedente cuando no existan otras vías previstas y en este caso el recurrente interpuso los recursos de reposición administrativo y jerárquico en contra del Oficio N°3.529, con anterioridad a la presente acción cautelar.

4.- Falta de legitimación activa para recurrir: porque no alega ni demuestra disconformidad con la tributación de las operaciones de importación de las camionetas que ella desarrolla, sino con el tratamiento tributario que afectaría a un tercero, el futuro incierto y/o eventual comprador de las camionetas. Alega que en este caso, el recurso fue interpuesto en nombre propio de la recurrente y no a nombre de estos terceros adquirentes de estas camionetas.

En cuanto a los argumentos de fondo, alega:

1.- La inexistencia de afectación a las garantías constitucionales, dando los motivos para cada uno de las garantías que el recurrente estima como vulneradas.

i.- en cuanto a la igualdad ante la ley: debido a que el oficio cuestionado se ha dictado conforme a criterios generales, objetivos, uniformes respecto de todos aquellos contribuyentes que se encuentran en la misma situación jurídica y que esto no es un acto arbitrario ni antojadizo, sino de una estricta aplicación de las normas legales.

Sostiene que en el Ordinario N°89, de 02 de febrero de 2009, se expresó claramente que tendría dicho régimen tributario siempre y cuando se verificaran todos los requisitos exigidos por las leyes.

ii.- En relación al derecho a desarrollar cualquier actividad económica: el oficio recurrido no se refiere al régimen tributario del propio recurrente en la adquisición o importación de los vehículos que luego vende, sino a la eventual tributación de los montos desembolsados por terceros compradores de dichos vehículos, futuros e inciertos.

iii.- en cuanto a la igualdad de trato en materia económica: no existe por lo ya explicado anteriormente.

iv.- en cuanto al derecho de propiedad: ya que no existen derechos indubitados al respecto y por ello es necesario que el derecho haya ingresado efectivamente al patrimonio de la persona afectada y que no sea una mera expectativa como esboza la recurrente.

2.- Falta de acción ilegal o arbitraria del SII porque se trata de acto que se enmarca dentro de las facultades que le otorga la ley al SII, puesto que aplicó las normas atingentes a la materia y a las instrucciones impartidas por el Servicio de Impuestos Internos.

Alega que el recurrente solicitó pronunciamiento respecto del tratamiento tributario de las camionetas marca Honda, modelo Ridgeline, por lo que el Servicio revisó las características técnicas y se pudo verificar que no reunía los requisitos contenidos en el concepto de camioneta, entregado por el órgano fiscalizador en el Oficio N°2.669 de 1988, porque no contaba con cabina y caja de carga separada.

3.- En cuanto a la aplicación de las normas de carácter tributario: indica que el Oficio fue dictado en virtud de la facultad que tiene el Director del Servicio para interpretar administrativamente las disposiciones tributarias.

Por último, alega que el recurso de protección no es un contencioso administrativo ordinario, sino un procedimiento calificado de amparo de derechos fundamentales.

TERCERO: Que requerido por la parte recurrente y estimándose por esta Corte como necesarios para una acertada resolución, se solicitó oficios a las siguientes instituciones a fin que informaran al tenor del recurso:

1.- Al Centro de Control y Certificación Vehicular del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: quien respondió que los vehículos marca Honda, Ridgeline, corresponden a una camioneta, porque están diseñados para llevar carga y al compartimento de carga no se accede desde el interior del habitáculo de pasajeros, acompañando antecedentes técnicos descriptivos presentados por el recurrente ante dicho organismo.

2.- Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G.(“ANAC”), quien informa que el vehículo marca Honda Ridgeline es una camioneta de acuerdo a los parámetros expuestos en el Oficio N°2.667/1998 del SII, camioneta del tipo pick up y su diseño corresponde a la intención de Honda de optimizar la capacidad de carga respecto del modelo anterior, incluso en desmedro de la comodidad de los propios pasajeros, y la estructura no cuenta con un chasis o bastidor como es usual, sino con “monocasco”.

CUARTO: Que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que lo impida, amague o moleste.

QUINTO: Que, en consecuencia, son requisitos indispensables de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto de la mera subjetividad de quien incurre en él, y que provoque alguno de los efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Aspectos formales del recurso.

SEXTO: Que, antes de entrar al fondo del recurso, en cuanto la parte recurrida solicita el rechazo de éste debido a aspectos formales, se debe tener en consideración lo siguiente:

Primero, según la recurrida, la acción de protección en este caso no es la vía idónea para decidir lo debatido, debido a que la procedencia de un crédito fiscal y la admisibilidad de un gasto es una cuestión de fondo, cuya revisión es de lato conocimiento.

Sin embargo tal excepción debe ser rechazada, si se considera que, lo que la recurrente reclama, es estar siendo perjudicada por el Servicio por afectación a sus derechos constitucionales, por un acto de éste que la perjudica, al crear en su contra una perturbación y un peligro de carácter inminente y cierto, que nace de la discriminación tributaria injusta que se produce, en relación con la camioneta que comercializa, al permitir que, ante otras camionetas de idéntica categoría - mediante el Ordinario N°3.259, de fecha 07 de diciembre de 2016, dictado por el Subdirector de Fiscalización, don nombre reservado - se sancione que solamente el vehículo que pretende vender no reúne los requisitos contenidos en el concepto de camioneta, entregado por el órgano fiscalizador mediante el Oficio N°2.669 de 1988, determinadamente, porque ésta no cuenta con cabina y caja de carga separada, toda vez que, esa regla no le permitirá mantener las mismas ventajas económicas al venderla a compradores que gocen del beneficio tributario. En consecuencia, es el efecto de este juicio discriminatorio, según la recurrente carente de sustento legal y racional, el que vulneraría sus garantías constitucionales, al tratar situaciones idénticas de manera desigual.

En segundo lugar, se desestima la supuesta “falta de legitimación activa” que señala la recurrida, basada en que la parte recurrente interpuso este recurso en nombre propio y no alega disconformidad con la tributación de las operaciones de importación de las camionetas de su giro, sino con el trato tributario que podría afectar a un tercero, en un futuro incierto y/o eventual al comprador de las camionetas, situación que la perjudica directamente.

En efecto, se desecha esta objeción toda vez que la titularidad de la acción parte del acto de la recurrida, consistente en la dictación del Oficio N°3.259, que priva de poder descontar IVA, a los adquirentes del vehículo que la parte recurrente comercializa y que reúnan los requisitos para hacerlo, al basarse en una apreciación discriminatoria, que constituye una amenaza no solo para los contribuyentes que se encontrarán con una opinión de la recurrida desfavorable a sus intereses, la que, desde luego, además de coartar el derecho del contribuyente a solicitar un beneficio tributario en los casos que indica la ley, al mismo tiempo, su aplicación afectará garantías constitucionales de la recurrente, debido a que ésta tendrá un trato desigual, en relación al vehículo que comercializa, pues, si éste cumple con los mismos requisitos que otros, en la misma situación, para ser considerada como camioneta a efectos de acceder a un beneficio de crédito fiscal y la admisibilidad de ese gasto al momento de su compra, sin embargo, se la discrimina sin fundamento verdadero.

El tercer capítulo de deficiencia formal reclamado, es que el recurso es extemporáneo, porque, según la recurrida, el acto supuestamente deficiente es solo una respuesta a una consulta de un contribuyente, en base a criterios interpretativos ya fijados por el Director del Servicio de Impuestos Internos, en circulares y oficios ordinarios precedentes.

También tal impugnación se desestima, si se razona que lo que agravia a la recurrida, según se ha expuesto, es la apreciación discriminatoria, contenida en el Ordinario N°3.259, de fecha 07 de diciembre de 2016, desde la cual se cuenta el plazo para acceder al recurso, cumpliéndose con el requisito reglamentario contenido en el Auto Acordado respectivo.

Por último, se reclama de inadmisibilidad del recurso porque según la parte recurrida existen recursos administrativos pendientes, debido a que el de protección es solo procedente cuando no existan otras vías previstas y, en este caso, el recurrente interpuso los recursos de reposición administrativo y jerárquico en contra del Oficio N°3529, con anterioridad a la presente acción cautelar.

También se rechaza este último capítulo de objeción de la procedencia del recurso de protección, pues, se sabe que, de acuerdo al artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección es admisible “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, lo que significa que, la lesión a derechos fundamentales, atendida la inherencia de éstos a la persona humana, pueden ser siempre restablecidos y ser asegurados efectivamente a los afectados por este medio, sin perjuicio de otras acciones de que disponga el afectado, sean éstas ejercidas o no y aún cuando se encuentren pendientes de resolución.

En cuanto al fondo.

SÉPTIMO: Que, dentro de los límites del recurso, el acto, que se reprocha de ilegal o arbitrario por la recurrente, consiste en la dictación del Ordinario N°3.259, de fecha 07 de diciembre de 2016, del subdirector de Fiscalización, don nombre reservado, el que en lo atinente indica:

”….en lo que dice relación con el Impuesto al Valor Agregado, este Servicio, mediante Ord. N° 2669 de 01 08 1988, se refirió al concepto de camioneta, a raíz de una consulta en la que se solicitaba aclarar qué tipo de camionetas otorgan derecho a crédito fiscal. Allí se señaló que camioneta es un vehículo automotriz fabricado especialmente para el transporte de mercancías, con capacidad de carga útil de hasta 2000 kgs. Y provisto, para el efecto, de cabina y caja de carga separada”.

Agrega el oficio, que de acuerdo a ese concepto la característica esencial que determina la clasificación tributaria de las camionetas, es la construcción acondicionada especialmente para el transporte de mercancías, aun cuando ellas puedan permitir el transporte de dos personas si están equipadas con una doble corrida de asientos como es el caso de las camionetas doble cabina.

Finalmente el mencionado oficio concluye que “si las características de una camioneta coinciden con las antes señaladas, tiene derecho a utilizar como crédito fiscal el IVA pagado en su importación o el soportado en su adquisición y en los demás gastos inherentes señalados en el número 4 del artículo 23 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios y siempre que su propietario sea un contribuyente que cumpla con todas las normas establecidas para estos efectos en el párrafo 6°, de la citada ley”.

En consecuencia, la camioneta marca Honda, modelo Ridgeline, segunda generación, al estar construida sobre un sistema monocasco, conforme a nuestra actual regulación, no cumple los requisitos para permitir la utilización como crédito fiscal de IVA soportado en su importación o adquisición como tampoco la deducción de los desembolsos destinados a su funcionamiento y mantención.”

OCTAVO: Que, en síntesis, la recurrente reclama que dicho acto de la recurrida privó a las camionetas que comercializa, marca Honda, modelo Ridgeline, del beneficio tributario y admisión de gastos que la ley le concede al vehículo y las somete a un régimen diverso de todas las otras de su misma categoría, y se la discrimina por el sólo hecho de incorporar una innovación tecnológica: “al estar construida sobre un sistema monocasco.”

NOVENO: Que, en relación a dicho beneficio tributario son atingentes, primero, el artículo 23 N° 4 de la Ley sobre Impuestos a la Venta y Servicios, que dispone:

“4º.- No darán derecho a crédito las importaciones, arrendamiento con o sin opción de compra y adquisición de automóviles, station wagons y similares y de los combustibles, lubricantes, repuestos y reparaciones para su mantención, ni las de productos o sus componentes que gocen en cualquier forma de subsidios al consumidor, de acuerdo a la facultad del artículo 48, salvo que el giro o actividad habitual del contribuyente sea la venta o arrendamiento de dichos bienes, según corresponda, salvo en aquellos casos en que se ejerza la facultad del inciso primero del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Tampoco darán derecho a crédito los gastos incurridos en supermercados y comercios similares que no cumplan con los requisitos que establece el inciso primero del artículo 31 de la ley sobre Impuesto a la Renta”.

Enseguida esta norma se debe concordar con la del artículo 31, de la Ley sobre la Impuesto a Renta, en cuanto éste dispone:

“La renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30º, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio. No se deducirán los gastos incurridos en la adquisición, mantención o explotación de bienes no destinados al giro del negocio o empresa, de los bienes de los cuales se aplique la presunción de derecho a que se refiere el inciso primero del artículo 21 y la letra f), del número 1º, del artículo 33, como tampoco en la adquisición y arrendamiento de automóviles, station wagons y similares, cuando no sea éste el giro habitual, y en combustibles, lubricantes, reparaciones, seguros y, en general, todos los gastos para su mantención y funcionamiento. No obstante, procederá la deducción de estos gastos respecto de los vehículos señalados cuando el Director del Servicio de Impuestos Internos los califique previamente de necesarios, a su juicio exclusivo”.

DÉCIMO: Que, sobre el particular, en relación con las normas anteriores, efectivamente, mediante Oficio N° 4269 de 30 de abril de 1987, el Director del S.I.I. estima que, en cuanto al tratamiento tributario que procede dar a las camionetas de doble cabina, de cuatro puertas, de utilización mixta, lo esencial es que permitan transportar personas y mercancías. Enseguida, admitido lo anterior, el Servicio considera que, en lo referente a su adquisición y arrendamiento, como en los gastos de funcionamiento y reparación, en lo que respecta al IVA dará derecho a crédito fiscal, y en lo atingente al Impuesto a la Renta, los gastos que tal vehículo origine podrán deducirse siempre que sean necesarios para producir la renta, que se encuentren pagados o adeudados durante el ejercicio correspondiente, y que se acrediten y justifiquen en forma fehaciente ante el servicio.

UNDÉCIMO: Que admitida esta orientación del Servicio, en relación con el “tratamiento tributario” antes descrito, lo que éste no discute, surge la interrogante referida a la innovación tecnológica, incorporada en la camioneta doble cabina que la recurrente comercializa.

En efecto, según resulta de los antecedentes aportados al recurso, la fabricante Honda implementó, en sus camionetas del modelo Ridgeline, un sistema tecnológico basado en un “monocasco”, pretendiendo con ello poner a disposición de los compradores un vehículo de calidad superior que los anteriores, optimizando ese aspecto técnico.

Sin duda, se colige de los antecedentes del recurso que, lo perseguido por la fabricante Honda, en relación con la actual camioneta modelo Ridgeline, doble cabina, al implantar el sistema “monocasco”, es diferenciarse de la competencia en cuanto a los atributos del vehículo, al pretender ventajas en estándares determinados, orientada la fabricante por el interés empresarial privado de excelencia del producto, al incorporar mejoras en éste.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, se debe decidir si tal innovación tecnológica en la construcción del vehículo perseguida por la fabricante Honda, al apreciarse tal mejora bajo la mirada de las expectativas tributarias legítimas del S.I.I., conforme a sus fines recaudatorios, cambia o modifica las características de vehículo, por tratarse el mismo, de un medio de transporte de personas y de carga, y, para tales efectos, ello se debe analizar a la luz de las propias instrucciones del Servicio en la materia, esto es, el tratamiento tributario que procede dar a las camionetas de doble cabina, de cuatro puertas, de utilización mixta, y, a tal efecto, el Ordinario N° 2.669, de 01 del 08 de 1988, se refirió al concepto de camioneta, señalando que camioneta es un vehículo automotriz fabricado especialmente para el transporte de mercancías, con capacidad de carga útil de hasta 2000 kgs. Y provisto, para tal efecto, de cabina y caja de carga separada. Agrega el oficio, que, de acuerdo a ese concepto, la característica esencial que determina la clasificación tributaria de las camionetas es la construcción acondicionada especialmente para el transporte de mercancías, aun cuando ellas puedan permitir el transporte de dos personas, si están equipadas con una doble corrida de asientos como es el caso de las camionetas doble cabina.

En consecuencia, en relación al recurso, para dilucidar si la innovación tecnológica incorporada por la fabricante Honda, se adecua o no a la norma que acepta el Servicio para el tratamiento tributario, es necesario considerar que ella se dará siempre que la camioneta permita transportar personas y mercancías, de manera tal que estén totalmente separadas las partes del vehículo, es decir, la cabina que ocupan las personas del volumen de la caja que ocupa la carga.

DÉCIMO TERCERO: Que, por estimarlo necesario, esta Corte solicitó al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones emitir un informe, con los antecedentes técnicos que tuviera sobre la materia reclamada.

Que en ese informe, el Secretario Técnico del Centro de Control y Certificación Vehicular de ese Ministerio, expresa que, en lo normativo, para la homologación que establece el D.S. 54 de 1997, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, los vehículos son clasificados de acuerdo a su peso bruto vehicular, utilizando para ello los límites de peso que se establecen en los Decretos Supremos 211, de 1991, y 54, de 1994, del mismo Ministerio.

Y explica que, acuerdo a lo anterior, para la homologación de los vehículos Honda, modelos Ridgeline RTL, 3.5 Its., Camioneta, 4P, T/A, 4x4; y Ridgeline RT, 3.5 Its., Camioneta, 4P, T/A, 4x4, fueron clasificados como medianos clase 3, debido a que su peso bruto vehicular es de 2.730 kg., y su peso neto de marcha es 2.213 kg.

Y deja constancia que, los vehículos Honda Ridgeline, corresponden a una camioneta porque están diseñados para llevar carga; y que, al compartimiento de carga no se accede desde el interior del habitáculo de pasajeros. Adjunta el informe copia de los antecedentes técnicos descriptivos, presentados ante el Centro de Control y Certificación de ese Ministerio, por Honda Motor de Chile S.A., que contienen las características técnicas, dimensionales y funcionales del vehículo consultado, además, copia del Certificado de Homologación N°4533, del Informe Técnico de Emisiones 4533, e Informe Técnico de Normas Constructivas 4533.

DÉCIMO CUARTO: Que, en consecuencia, es efectivo que la recurrida ha dispuesto, por medio del Oficio Ordinario N° 3.259, de fecha 7 de diciembre de 2016, del Subdirector de Fiscalización del SII, que a la camioneta Honda, modelo Ridgeline, segunda generación, no es posible otorgarle el beneficio tributario de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios que autoriza a un contribuyente obligado al pago de IVA, obtener un crédito contra el débito fiscal determinado en el mismo período tributario, en las hipótesis que contempla la Ley de IVA en su artículo 23, para que, quien compra, pueda descontar el IVA, agregado al valor de ese medio de transporte de pasajeros y de carga.

Asimismo, el mencionado Oficio Ordinario priva - al aplicar el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta - a los contribuyentes adquirentes de ese mismo vehículo, del derecho a un tratamiento especial, que les permite, en los casos que ella indica, de considerar ciertos bienes que adquieren, en el giro del negocio, como bienes necesarios para producir renta, pudiendo ser descontados de la base imponible para efectos del cálculo del impuesto a la renta, disminuyendo de ese modo el impuesto a la renta del contribuyente adquirente al permitirle considerar como un gasto el costo de adquisición del vehículo.

DÉCIMO QUINTO: Que también es efectivo que el acto administrativo de la recurrida sustenta tal criterio en el hecho que, técnicamente la camioneta Honda, modelo Ridgeline, segunda generación, se trata de una camioneta construida en un sistema de carrocería “monocasco”; sin embargo, tal tesis técnica se opone a lo concluido por el Centro de Control y Certificación Vehicular, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en cuanto éste, además de certificar técnicamente que ese modelo de vehículo cumple con las regulaciones establecidas para los Aspectos Constructivos y de Emisiones de la República de Chile, para vehículo motorizados, según lo establece el D.S. 54/97 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, precisa que el vehículo corresponde a una camioneta porque está diseñada para llevar carga; y que, al compartimiento de carga no se accede desde el interior del habitáculo de pasajeros.

DÉCIMO SEXTO: Que, por lo tanto, el Oficio Ordinario en cuestión, no tiene fundamento que permita vincular que el hecho de la innovación tecnológica del “monocasco” permita concluir que la camioneta no tiene separación total entre el módulo de pasajeros y la caja para la carga, pues según el Centro de Control y Certificación Vehicular del Ministerio de Transportes, esa separación sí existe.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en consecuencia, es ilegal el Oficio Ordinario N° 3.259, de fecha 07 de diciembre de 2016, del Subdirector de Fiscalización del SII, pues al dar un trato discriminatorio, al hacer una diferencia no establecida en la ley, en relación con el régimen tributario que permite y reconoce a otros vehículos similares el descuento del valor del IVA agregado al precio de la adquisición y a los demás beneficios de la categoría señalados anteriormente, y, también al disponer que la razón técnica de que el vehículo de la categoría camioneta al ser “monocasco” no se encuentra beneficiado con dicho tratamiento tributario, e incluir un requisito que no se encuentra señalado en la ley, sin la motivación suficiente que permita el control legal de la actividad recaudatoria de la recurrida.

Que, además, el Oficio Ordinario N° 3.259 de 07 de diciembre de 2016, de la recurrida es arbitrario, al discriminar ante una situación jurídica similar, efectuando de ese modo un tratamiento diverso a situaciones idénticas.

En efecto, la recurrida, al dictar el Oficio Ordinario Número 3.259, de 07 de diciembre de 2016, incurre en un actuar arbitrario, pues, no era predecible al tenor de la ley y en la confianza de respeto a sus propias instrucciones, lo que trae como consecuencia no sólo una amenaza de un trato desproporcionado e injusto para aquellos contribuyentes con derecho a un determinado tratamiento tributario, sino que, además, al apartarse voluntariamente del criterio jurídico que debió adoptar apoyada en la ley, ha creado una desigualdad entre la recurrente y quienes comercializan vehículos catalogados en la misma categoría, como efecto adverso de la interferencia arbitraria.

DÉCIMO OCTAVO: Que, en tales condiciones ese actuar ilegal y arbitrario, por vía de amenaza, infringe el número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley en el campo económico, al someter a un bien de una misma categoría que otros a un régimen tributario más gravoso, imponiéndole a uno un requisito diferente no establecido en la ley, perjudicando de ese modo a la recurrente, al crearle el peligro inminente y cierto de ser castigada económicamente en el mercado automotor debido precisamente al trato desigual.

Que, asimismo, el actuar de la recurrida lesiona el inciso primero del numeral 21 del artículo 19 de la Constitución, que consagra el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, garantía que tiene por objeto evitar todo obstáculo a la libertad económica; en efecto, para la parte recurrente la situación discriminatoria origina el peligro inminente de restringir su actividad económica, por cuanto, la prohibición ilegal y arbitraria de la recurrida entorpece gravemente su negocio con los clientes respecto a un bien determinado.

En relación con esta garantía constitucional el autor nombre reservado enseña que: "Para estudiar la significación jurídica y la trascendencia de este precepto, digamos, primero, que las personas que ejerzan una actividad económica deben someterse a las leyes que la regulan. Pues bien, "regular" una actividad es someterla al imperio de una regimentación que indique cómo puede realizarse; pero en caso alguno, bajo pretexto de "regular" un accionar privado en la economía, el legislador puede llegar hasta obstaculizar o impedir, a través de facultades excesivas a organismos fiscalizadores..." ( nombre reservado, Los Derechos Constitucionales", T lll, E. Jurídica de Chile, 2da. Edición 1999, páginas 140 y 141).

Que, al mismo tiempo, el tratamiento tributario absolutamente diverso sobre unos mismos bienes que pretende aplicar la recurrida, sin que haya una ley que de una razón válida para hacer tal diferencia, esto es, por ejemplo, que la diferencia se deba a una zona geográfica o la condición del contribuyente, infringe, por vía de amenaza, la norma constitucional de protección a las personas contra toda clase de actos o resoluciones arbitrarias de la autoridad, contemplada en el numeral 22 del artículo 19 de la Constitución, que asegura la plena vigencia del principio de igualdad en el ámbito económico, desde la perspectiva de la proporcionalidad en el trato que en esta materia el Estado y sus organismos deben dar a las personas.

DECIMO NOVENO: Que no cabe la garantía que se entiende conculcada del número 24 del artículo 19 de la Carta, atendido que el marco vulnerado dice relación con aquellos derechos fundamentales antes analizados, basados en el respeto a la igualdad en el desarrollo de las actividades económicas, a los cuales la recurrida debió haber adecuado su actuar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los números 2, 21 y 22 del artículo 19 y artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación de Recurso de protección de garantías constitucionales, SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en representación de Honda Motor de Chile S.A., y en consecuencia, se resuelve:

Que los efectos del acto recurrido Oficio Ordinario N°3.259, de fecha 07 de diciembre de 2016, no son aplicables a camionetas marca Honda, modelo Ridgeline y que éstas al cumplir los parámetros expuestos en el Oficio Ordinario N°2. 667/1998 del Servicio de Impuestos Internos, deben ser objeto del tratamiento tributario de las demás camionetas que acceden a beneficios de la categoría en materia de IVA y gastos en la determinación de la base imponible del impuesto a la renta.

Que se condena en costas al recurrido.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección-1393-2017.- No firma la abogada integrante señora Carolina Coppo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por ausencia.

Pronunciada por la Undécima Sala, integrada por el Ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo, por el Ministro señor Jorge Zepeda Arancibia y por la abogada integrante señora Carolina Andrea Coppo Diez. Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. En Santiago, cinco de mayo de dos mil diecisiete, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.