Protección contra Dirección General de Aeronáutica Civil

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 25 de mayo de 2024, comparece Gerardo Andrés Ayala Mattas, abogado, en representación de don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), por haber incurrido en un acto ilegal y arbitrario al dictar la Resolución Tra N° NUM000, notificada el 6 de marzo de 2024, mediante la cual se declaró vacante su cargo por salud incompatible, lo que vulnera gravemente sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N° 1, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que don nombre reservado comenzó a desempeñarse en la Dirección General de Aeronáutica Civil el 1 de agosto de 2018, en calidad de Técnico grado 13, a contrata, con jornada de 44 horas semanales; que su desempeño fue calificado de manera satisfactoria, renovándose periódicamente su contrata.

Refiere que durante el año 2021, en el contexto de la pandemia por Covid-19, el recurrente comenzó a experimentar problemas de salud mental derivados de la lejanía de su familia, el confinamiento, el fallecimiento de seres queridos y la ansiedad respecto a un posible contagio estando solo en la ciudad de Calama. Ello motivó que debiera recurrir a atención psicológica y psiquiátrica, recibiendo licencias médicas en ese periodo.

En ese mismo año, la DGAC ofició a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de Antofagasta, solicitando la evaluación de la condición de salud del funcionario. Sin embargo, la evaluación se redujo a un contacto telefónico sin examen presencial ni notificación formal del procedimiento, tras lo cual, por Resolución Exenta N° NUM001 de 8 de septiembre de 2021, la COMPIN resolvió que la salud del recurrente era recuperable.

Paralelamente, su médico tratante le otorgó el alta, certificando expresamente que podía reincorporarse a sus labores.

A partir de esa fecha, el recurrente continuó desempeñando normalmente sus funciones, prorrogándose su vínculo a contrata en sucesivos periodos. No obstante, en 2023 sufrió una recaída en su cuadro ansioso-depresivo, aunque de menor entidad y tratada oportunamente, sin necesidad de extensas licencias médicas.

Finalmente, el 6 de marzo de 2024, el recurrente fue notificado de la Resolución Tra N° NUM000, dictada por la DGAC, mediante la cual se declaró la vacancia de su cargo por salud incompatible, acto que motiva la interposición del presente recurso.

Indica que dentro de plazo, contra de esta resolución, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, jerárquico, los que no fueron resueltos, operando la ficción de rechazo.

Alega que la medida adoptada por la autoridad es injustificada, pues el procedimiento en que se basó fue irregular, ya que la COMPIN jamás lo evaluó en forma presencial, limitándose a realizar una simple llamada telefónica en que se le preguntó si volvería o no a trabajar, sin examen médico ni información adecuada sobre el procedimiento, privándolo de su derecho a defensa y del debido proceso.

Argumenta que, además, la resolución se funda en hechos del año 2021, siendo dictada recién en 2024, lo que implica una pérdida de oportunidad y vulnera el principio de celeridad del artículo 7 de la Ley 19.880, configurándose también el denominado “perdón de la causal”, puesto que pese a las licencias médicas continuó prestando funciones por más de ocho meses sin inconvenientes.

Resalta que el contexto de pandemia en que se otorgaron las licencias impide darles el mismo valor que en tiempos normales, conforme al Dictamen N° 3.610 de 2020 de la Contraloría General de la República, que ordenó flexibilidad para resguardar la salud de los funcionarios públicos en dicho periodo excepcional.

A lo anterior suma la aplicación de la Ley 21.331 sobre salud mental, que reconoce y protege los derechos de las personas con enfermedades de este tipo, asegurando su inclusión laboral y prohibiendo toda discriminación.

En su caso, sostiene que se le sanciona precisamente por una patología de salud mental adquirida en un contexto crítico, lo que constituye un acto de discriminación.

Asimismo, invoca el criterio del Tribunal Constitucional en la sentencia Rol N° 3006-2016, según el cual el mero hecho de haber hecho uso de licencias médicas por más de seis meses en dos años no basta para declarar salud incompatible con el cargo, exigiéndose que exista una condición irrecuperable que impida al funcionario retomar sus funciones.

Dicha exigencia no se cumple en su caso, pues tanto la COMPIN como su médico tratante concluyeron que su estado de salud era recuperable.

Sostiene que la decisión de la DGAC afecta gravemente su integridad física y psíquica, al privarlo de su fuente de ingresos y agravar su cuadro médico; su derecho a la salud, en cuanto a la rehabilitación y recuperación asegurada por el ordenamiento jurídico; su libertad de trabajo, al excluirlo de su cargo sin fundamento real; y su derecho de propiedad, al dejarlo sin las remuneraciones que legítimamente le correspondían.

Además, denuncia que la resolución carece de la debida fundamentación, incurriendo en infracción al principio de juridicidad y a los estándares mínimos de racionalidad exigibles en toda decisión administrativa.

Por todo lo expuesto, solicita que se acoja el recurso, se deje sin efecto la Resolución Tra N° NUM000 que declaró la vacancia de su cargo por salud incompatible, se disponga su inmediato reintegro en el puesto de Técnico que desempeñaba, con el pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde la separación hasta su reincorporación, y se ordene el cese de toda perturbación a sus derechos fundamentales, con costas.

SEGUNDO: Que comparece don nombre reservado, General de Aviación y DGAC, evacuando informe en el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en su contra. Solicita expresamente que el recurso sea rechazado en todas sus partes, con condena en costas, por carecer de fundamento fáctico y jurídico.

En primer término, alega la extemporaneidad de la acción. Precisa que el acto impugnado corresponde a la Resolución TRA N° NUM000, dictada el 25 de julio de 2023, y tomada razón por Contraloría el 21 de febrero de 2024 y notificada al recurrente el 5 de marzo de 2024 mediante carta certificada.

Así, el plazo de treinta días previsto en el Auto Acordado de la Corte Suprema comenzó a correr desde esa fecha, venciendo mucho antes de la interposición del recurso el 25 de mayo de 2024.

Afirma que el actor pretende erróneamente computar el plazo a partir del recurso administrativo de reposición presentado el 13 de marzo, invocando silencio negativo, lo que no procede por cuanto no solicitó la certificación correspondiente exigida por el artículo 65 de la Ley 19.880.

Por ende, sostiene que el recurso fue presentado ochenta y dos días después de la notificación, siendo extemporáneo y no pudiendo prosperar.

Subsidiariamente, y entrando al fondo, la recurrida sostiene que la resolución impugnada se dictó conforme a derecho, ajustándose al Estatuto Administrativo, a la jurisprudencia administrativa de la Contraloría y a la doctrina de la Corte Suprema.

Refiere que el recurrente fue contratado en 2018 como Técnico en Seguridad Aeroportuaria, grado 13, desempeñándose primero en Calama y luego en el Aeropuerto nombre reservado.

Explica que en un período de dos años acumuló más de cuatrocientos días de reposo médico, de los cuales 202 fueron autorizados por FONASA, y que desde su ingreso sumó en total 597 días de ausentismo, lo que afectó gravemente el servicio y la continuidad de las funciones propias de su cargo.

En virtud de ello, se solicitó a la COMPIN de Antofagasta evaluar su estado de salud, la que mediante Resolución Exenta N° NUM001 de 2021 concluyó que era recuperable.

No obstante, atendido el excesivo ausentismo, la DGAC declaró la vacancia de su cargo por salud incompatible conforme al artículo 151 del Estatuto Administrativo, acto que fue tomado de razón por la Contraloría y notificado legalmente.

En relación a la interpretación normativa, la recurrida sostiene que el hecho de que la COMPIN haya declarado la salud recuperable no impide que la autoridad administrativa pueda estimar que ella resulta incompatible con el desempeño del cargo, siempre que concurran los supuestos objetivos de la norma: uso de licencias por más de seis meses en dos años.

Invoca expresamente dictámenes de Contraloría (N° 17.351/2018 y N° 188.441/2022) que fijan dicho criterio, así como la sentencia de la Corte Suprema Rol N° 3.472-2023 que confirmó que la facultad de declarar salud incompatible corresponde al jefe del servicio aun cuando la COMPIN declare recuperabilidad.

Explica que se trata de instituciones distintas: la “salud irrecuperable” implica retiro definitivo del Estado, mientras que la “salud incompatible” solo impide seguir en el cargo actual, sin vedar otros empleos públicos.

Bajo este entendimiento, estima que la actuación de la DGAC se encuentra dentro de la legalidad y no es arbitraria.

Añade que la medida responde además al principio de servicialidad y buena administración, consagrado en el artículo 1 inciso 4° de la Constitución, que impone al Estado asegurar la continuidad de los servicios públicos.

En este caso, el ausentismo del funcionario afectaba directamente las funciones de seguridad aeroportuaria, por lo que se justificaba proveer el cargo con personal apto y disponible, sin que exista desviación de poder.

Por ello, la resolución impugnada no solo está amparada por la ley, sino que se funda en razones objetivas de interés público.

Finalmente, destaca que la acción de protección tiene carácter cautelar y no constitutivo, por lo que no es la vía idónea para discutir materias como las planteadas por el actor, que requieren un procedimiento declarativo de lato conocimiento.

Recalca que no se ha acreditado vulneración alguna a las garantías del artículo 19 N°s 1, 16 y 24 de la Constitución, ni se ha configurado ilegalidad o arbitrariedad en la dictación de la resolución.

En mérito de todo lo expuesto, solicita el rechazo íntegro del recurso, con costas.

TERCERO: Que, habiéndole sido requerido, evacuó informe la COMPIN de la Región de Antofagasta, representada por su presidenta, doña nombre reservado.

Señala que el objeto del pronunciamiento requerido es aclarar la intervención de la COMPIN en el procedimiento administrativo que concluyó en la declaración de vacancia del cargo del recurrente, precisando que se actuó dentro de las competencias legales y conforme a la normativa vigente.

Explica que, en el caso de autos, la DGAC solicitó a la COMPIN Antofagasta, mediante oficio de fecha 15 de julio de 2021, la evaluación de salud de don nombre reservado, funcionario de seguridad aeroportuaria, informando que presentaba 180 días de licencias en un período de dos años.

En cumplimiento de dicha solicitud, la COMPIN inició el procedimiento el 30 de julio de 2021, requirió antecedentes médicos complementarios al recurrente e incluyó informe de su médico tratante, que diagnosticó trastorno mixto de ansiedad y depresión, así como trastorno de pánico, patologías consideradas recuperables bajo tratamiento.

Con base en estos antecedentes, la COMPIN dictó la Resolución Exenta N° NUM001 de 8 de septiembre de 2021, resolviendo expresamente que el funcionario presentaba un estado de salud recuperable, lo que se dejó establecido para los efectos estatutarios pertinentes.

Dicha resolución fue notificada al recurrente mediante carta certificada a su domicilio en Calama.

Recalca que la función de la COMPIN se limita estrictamente a determinar si la salud del funcionario es recuperable o irrecuperable, sin pronunciarse sobre la compatibilidad o incompatibilidad con el cargo, ya que esta última es una facultad exclusiva del jefe del servicio, quien utiliza el dictamen como antecedente.

Señala que ello ha sido reafirmado por la Contraloría General de la República en el Dictamen N° 17.351/2018, que establece que el pronunciamiento de la COMPIN es un insumo técnico para la decisión final de la autoridad administrativa, la cual conserva la potestad de declarar la vacancia si concurren los supuestos legales.

Finalmente, sostiene que la COMPIN actuó conforme a los plazos, procedimientos y normativa aplicable, en particular al DFL N° 29 de 2004, la Ley 21.050, la Ley 19.880 y los reglamentos dictados por el Ministerio de Salud, concluyendo que no existe ilegalidad en su intervención, pues se limitó a emitir un dictamen técnico de recuperabilidad de la salud del recurrente.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

I. EN CUANTO A LA EXTEMPORANEIDAD DEL RECURSO QUINTO: Que además, es preciso señalar que esta acción cautelar, tiene un procedimiento claramente establecido el Auto Acordado, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, donde en su artículo 1°, señala que habrá de interponerse dentro de un plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, que se estimare como arbitrario o ilegal.

SEXTO: Que en el petitorio de la presente acción, se recurre de la Resolución TRA N° NUM000, de fecha 25 de julio de 2023, que declaró vacante el cargo que ocupaba como Técnico grado 13, a contrata, de la escala de las Fuerzas Armadas, por salud incompatible, señalando que dicha resolución, se notificó con fecha 05 de marzo de 2024.

SÉPTIMO: Que consta en el sistema computacional de esta Corte, que el recurso, fue presentado con fecha 25 de mayo de 2025.

OCTAVO: Que, en consecuencia, transcurrieron con creces más de 30 días corridos desde el acto que alega, hasta la presentación del recurso.

NOVENO: Que si bien, señala que repuso de esa resolución con fecha 13 de marzo de 2024, indica que no obtuvo respuesta alguna; sin embargo, para los efectos de impetrar esta acción, aún aludiendo al silencio negativo, no solicitó la certificación a que alude el artículo 65 de la Ley 19.880.

DÉCIMO: Que en consecuencia, esta acción cautelar intentada, resulta ser del todo extemporánea, razón por la cual no puede prosperar.

II. EN CUANTO AL FONDO UNDÉCIMO: Que por lo anteriormente señalado, no corresponde que este Tribunal de Alzada, emita pronunciamiento sobre el fondo del arbitrio.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza por extemporáneo el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la DGAC.

Regístrese y archívese.

Redactó la Ministra (S) Carolina Bustamante Sasmay, quien no firma por haber cesado su suplencia.

Protección N° 13.929-2024.