nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 18 de mayo de 2026, comparece Armando de Laire Forttes, abogado, en representación de nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por haber efectuado descuentos unilaterales en su remuneración correspondientes a cuotas de un pagaré que se encontrarían prescritas, actuación que considera ilegal y arbitraria, atendido a que dicho cobro constituiría un acto de autotutela carente de fundamento, vulnerando con ello el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, que la Carta Fundamental garantiza a todas las personas, por lo que solicita se acoja el recurso, se ordene el cese de los descuentos y la restitución de lo indebidamente retenido, con costas.

El 30 de agosto de 2019 suscribió en favor de la recurrida el pagaré N°092001595850 por la suma de $5.670.172, pactado en 60 cuotas mensuales de $126.745, salvo la última de $125.804, venciendo la primera el 29 de febrero de 2020 y la última el 31 de enero de 2025, estipulándose que el simple retardo en el pago facultaría exigir el total de lo adeudado, con intereses capitalizados.

Añade que, por causas ajenas a su voluntad, cayó en mora desde la primera cuota, y que en diversas ocasiones acudió a sucursales de la recurrida para regularizar su situación, siendo instada a repactar bajo condiciones que incrementaban considerablemente el monto adeudado.

Indica que, transcurridos más de 5 años desde la mora y desde el vencimiento de la última cuota, la deuda se encuentra prescrita, sin que la recurrida la haya demandado jamás por vía ejecutiva ni ordinaria.

Manifiesta que actualmente se desempeña como tutora en el Liceo Bicentenario Politécnico Pitrufquén, desde el 1 de marzo de 2026, y que desde abril de 2026 la recurrida comenzó a descontar de su liquidación de sueldo la suma de $126.745 por concepto de cuota morosa, pese a que la deuda se encontraría prescrita.

Argumenta que si bien el artículo 22 de la Ley N°18.833 faculta a las Cajas de Compensación para efectuar descuentos por planilla, dichas entidades constituyen órganos intermedios sujetos a la Constitución y a la ley, no pudiendo ejercer tal facultad de manera irracional o caprichosa. Sostiene que el descuento practicado corresponde a un acto de autotutela, efectuado sin explicación del monto ni de su origen, tratándose de una deuda que no puede exigirse por encontrarse prescrita.

Denuncia que dicho actuar vulnera su derecho de propiedad sobre las remuneraciones, garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, por cuanto la recurrida, sin título ejecutivo vigente y sin acción de cobro alguna, se apropió unilateralmente de la suma de $126.745 correspondiente a su remuneración de abril de 2026, privándola y perturbando el legítimo ejercicio de dicho derecho.

Solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida abstenerse de continuar efectuando descuentos en su remuneración, se disponga la restitución de la suma de $126.745 descontada en abril de 2026, dentro de 5 días hábiles o el plazo que el tribunal estime, y se condene en costas a la recurrida.

Segundo: Que evacuando el informe requerido, comparece nombre reservado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, solicitando el íntegro rechazo de la presente acción constitucional.

Expone que la recurrente mantiene el crédito social moroso folio 092001595850, otorgado el 30 de agosto de 2019, por la suma de $5.670.172, pactado en 60 cuotas mensuales de $126.745 cada una, a devengar a partir del 29 de febrero de 2026, respecto del cual existe solo 1 cuota cancelada, descontada en abril de 2026 y remesada el 8 de mayo de 2026, y 59 cuotas morosas, cuyo origen es el crédito folio 291000028223 de 6 de diciembre de 2017, por la suma de $6.609.881.

Añade que, al no haberse solucionado íntegramente la obligación, ni siquiera la primera cuota, y subsistiendo un saldo insoluto, se procedió a remitir la nómina de descuento correspondiente a la suma de $126.745, en cumplimiento de la obligación legal de las Cajas de Compensación de resguardar el Fondo Social que administran.

Argumenta que el artículo 1 de la Ley N°18.833 define a las Cajas de Compensación como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro destinadas a administrar prestaciones de seguridad social, entre ellas los créditos sociales, y que el artículo 22 inciso primero de dicho cuerpo legal, en concordancia con el artículo 11 del Decreto Supremo N°91 de 1978, el artículo 22 de la Ley N°17.322 y el artículo 58 del Código del Trabajo, establece que lo adeudado por crédito social debe ser deducido de la remuneración por el empleador y remesado a la Caja acreedora.

Sostiene, invocando los artículos 1.545, 1.546 y 1.567 del Código Civil, que la deuda subsiste mientras no se declare judicialmente su prescripción, citando en su apoyo los Dictámenes N°2659-2020, O-01-S-02956-2025, N°52999-2025 y N°48821-2018 de la Superintendencia de Seguridad Social, conforme a los cuales los descuentos deben continuar practicándose mientras no exista declaración judicial de prescripción. Refuerza su posición con jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de esta Ilustrísima Corte, en particular las causas Roles N°61.103-2024, N°464-2025, N°2462-2024, N°3350-2025, N°5148-2025 y N°22.179-2025, que han reconocido la legalidad del mecanismo de descuento del artículo 22 de la Ley N°18.833 y la improcedencia de declarar la extinción de una deuda por esta vía cautelar.

Postula, en síntesis, que el recurso debe rechazarse porque la recurrente reconoce la existencia del crédito social; que los descuentos tienen fundamento legal expreso; que la prescripción no opera de pleno derecho sino que requiere declaración judicial; que, atendidos los vencimientos sucesivos de las cuotas hasta el año 2025, no habría transcurrido el plazo de 5 años respecto de todas ellas; y que la acción de protección no es la vía idónea para declarar la extinción de una obligación controvertida, excediendo el ámbito cautelar de esta acción.

Acompaña la recurrida al proceso los siguientes documentos: 1) Carga Financiera; y 2) Hoja de prolongación folio 092001595850 de la recurrente.

Finalmente, solicita tener por evacuado el informe, rechazándose la acción de protección deducida, con costas.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que el acto que se tacha de ilegal y arbitrario por el recurrente está constituido por la realización de descuentos efectuados a su remuneración, derivados de la contratación de crédito de carácter social, de acuerdo con las disposiciones del artículo 22 de la Ley N° 18.833, que establece: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas”.

Quinto: Que de los antecedentes se puede colegir que la recurrida se ha limitado en su proceder a hacer uso de la facultad que le confiere el artículo antedicho, toda vez que no está discutido que la recurrente mantiene una deuda con la Caja de Compensación recurrida, producto de un préstamo que esa institución concedió a la compareciente.

Sexto: Que, en tal virtud, y teniendo en consideración que de los antecedentes allegados al proceso, no consta que la deuda antedicha haya sido declarada prescrita por algún tribunal, la acreencia materia de autos se encuentra plenamente vigente, y no se advierte, en la especie, la existencia de un acto ilegal o arbitrario que infrinja alguna garantía constitucional protegida en la Carta Fundamental, motivo suficiente por el cual la presente acción debe ser rechazada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-13920-2026.