nombre reservado con DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro.

Al folio 13: téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don Luis Ignacio Vergara López, abogado, en representación de doña nombre reservado, peruana, abogada, interponiendo recurso de protección en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, representado por su ministro don Alberto Van Klaveren Stork, por haber considerado como incumplidos los requisitos para el reconocimiento y registro del título profesional de abogada peruana de la recurrente en Chile, negativa contenida en correo electrónico recibido el 25 de abril de 2024. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que el certificado de concentración de notas presentado por la recurrente sí contaría con firmas originales en formato digital, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, integridad psíquica y propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se acoja el presente recurso, se deje sin efecto el acto recurrido y se ordene al Ministerio considerar como presentados en tiempo y forma los antecedentes y permitir a la recurrente continuar con el proceso de reconocimiento de su título.

Expone que en abril de 2024, doña nombre reservado registró en la plataforma del Ministerio de Relaciones Exteriores los documentos exigidos para el reconocimiento en Chile de su título de abogada expedido por una universidad peruana. Dichos documentos, que incluyen el título profesional, el certificado de concentración de notas de la carrera y el certificado de existencia legal de la universidad, fueron expedidos por la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, Perú, cumpliendo las formas exigidas y validados por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) de Perú.

Agrega que los documentos fueron apostillados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, lo que acreditaría que fueron emitidos por una autoridad competente reconocida por el Estado peruano. Sin embargo, el 15 de abril de 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile envió a la recurrente un correo electrónico indicando que debía agendar una entrevista y llevar los documentos registrados en la plataforma con la autenticación notarial correspondiente y el sello con la palabra "original". Ante esto, la recurrente adquirió un pasaje para viajar de Lima a Santiago el 19 de abril.

Manifiesta que el 18 de abril, la recurrente envió un correo electrónico al Ministerio para confirmar que los documentos que traería a Chile estaban completos y correctos para la entrevista, correo que no fue contestado. Ante esto, el abogado patrocinante se comunicó telefónicamente con funcionarios del Ministerio, quienes le entregaron otro correo electrónico para realizar la consulta. Ese mismo día 18 de abril se envió un nuevo correo que tampoco fue respondido. El abogado volvió a contactar telefónicamente al Ministerio, conversando con una funcionaria de nombre "Sandra", quien confirmó que la documentación cumplía con las exigencias al contar con firmas electrónicas.

Expresa que el 19 de abril, el abogado patrocinante volvió a contactar al Ministerio, esta vez conversando con una funcionaria de nombre "Leslie", quien le indicó que había existido un error en la información dada el día anterior, ya que el certificado de concentración de notas no cumpliría con el requisito de ser "original" al contar con firmas "pegadas" de los firmantes y no ser incluidas de puño y letra.

Indica que pese a contar con todos los documentos exigidos por la autoridad chilena, el día de la entrevista la funcionaria de la Sección de Reconocimiento y Registro de Títulos del Ministerio consideró que no se había cumplido con presentar el certificado "original" de concentración de notas. Postura que fue formalizada mediante el correo electrónico del 25 de abril de 2024, que constituye el acto recurrido.

En cuanto al derecho, el recurrente sostiene que el acto recurrido es arbitrario, pues el único fundamento esgrimido para considerar incumplidos los requisitos -la supuesta falta de firma original en el certificado de notas- resulta inexistente, ya que dicho documento sí cuenta con las firmas digitales de los otorgantes y que no sería posible obtener un documento distinto del presentado, según lo informado por la propia universidad emisora.

Argumenta que el acto recurrido también sería ilegal, por infringir los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, al carecer de la debida fundamentación y motivación. Asimismo, vulneraría el Convenio de la Apostilla de La Haya, del que Chile y Perú son parte, al desconocer el valor probatorio de los documentos debidamente apostillados. Finalmente, contravendría el principio de juridicidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución, al actuar el Ministerio al margen de sus facultades legales.

Afirma que el acto recurrido ha conculcado gravemente el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución, al establecer una diferencia arbitraria en contra de la recurrente, desconociendo la validez de un documento apostillado y exigiéndole cumplir un requisito imposible. Además, habría afectado su derecho a la integridad psíquica del artículo 19 N°1, al someterla a la preocupación de no poder ejercer su profesión en Chile. Por último, habría transgredido su derecho de propiedad del artículo 19 N°24, al privarla de los recursos destinados a las gestiones de reconocimiento de su título.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que el acto recurrido es ilegal y/o arbitrario, dejándolo sin efecto, y se ordene al Ministerio de Relaciones Exteriores considerar como presentados en tiempo y forma los antecedentes requeridos a la recurrente, permitiéndole seguir adelante con el proceso de reconocimiento en Chile de su título de abogada emitido en Perú.

Para acreditar sus alegaciones, la parte recurrente incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) Copia del pasaporte de la recurrente; 2) Copia del correo electrónico que constituye el acto recurrido; 3) Copia del certificado de concentración de notas presentado ante la recurrida, debidamente autorizado por SUNEDU y apostillado; 4) Captura de pantalla que da cuenta que el certificado de concentración de notas obtenido por la recurrente corresponde al mismo presentado ante el Ministerio; 5) Copia de correo electrónico de la Universidad Privada Antenor Orrego indicando que no puede emitir el documento en los términos exigidos por el Ministerio; y 6) Copia de mandato judicial otorgado por la recurrente al abogado patrocinante.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, representado por su Ministro don Alberto Van Klaveren Stork, solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por no existir de su parte acto ilegal ni arbitrario alguno que prive, perturbe o amenace las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

Expone que el marco legal vigente en materia de reconocimiento de títulos extranjeros en Chile contempla como regla general que la institución facultada para ello es la Universidad de Chile. Sin perjuicio de lo anterior, nuestro país ha celebrado una serie de acuerdos internacionales sobre esta materia, dentro de los cuales se encuentra la Convención de México de 1902, que establece que los ciudadanos de los países signatarios podrán ejercer libremente su profesión en el territorio de los otros, siempre que sus diplomas cumplan ciertos requisitos y produzcan los efectos pactados después de registrados en el Ministerio de Relaciones Exteriores del país respectivo.

Agrega que todas las solicitudes de reconocimiento de títulos son recibidas a través del sistema online que el Ministerio ha puesto a disposición del público, sitio donde se encuentran publicados los requisitos para efectuar dicho trámite. El procedimiento se inicia mediante el ingreso de una solicitud, a la cual se deben adjuntar en formato digital el título apostillado o legalizado, el certificado original de notas apostillado o legalizado, el certificado de existencia legal de la universidad y el documento de identidad del solicitante.

En este sentido, indica que la Sra. nombre reservado ingresó con fecha 4 de abril de 2024 una solicitud para reconocer su título de Abogada expedido por la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, Perú y que, tras efectuarse una revisión inicial, se le solicitó agendar una cita para la exhibición de los documentos originales, entrega de copias notariadas y cotejo correspondiente. En la entrevista presencial del 25 de abril de 2024, se realizó un requerimiento respecto al certificado de notas, por cuanto se verificó que el documento presentado como original correspondía a una impresión del documento digitalizado con firma manual.

Señala que dicho certificado de notas aparece firmado manualmente por las autoridades universitarias. Bajo dicha firma aparece un timbre con otra firma ológrafa. Al pie de página se indica que la autenticidad del documento puede ser contrastada en línea, ingresando un código. De las verificaciones efectuadas por esa vía, así como a través de la SUNEDU de Perú, se constató que en ninguna de ellas el documento contaba con Firma Electrónica Avanzada (FEA), lo que hubiera permitido considerarlo como original. Por ello, ante un documento con una presumible firma manual, que parece indicar que fue digitalizado y que no contaba con FEA, se efectuó la aclaración a la usuaria para que acompañara a su entrevista el documento físico que fue firmado de puño y letra, ya que es dicho documento el que se considera para estos casos como original.

Afirma que el requerimiento indicado se efectúa regularmente a otros usuarios que presentan situaciones similares y en ningún caso significa el cierre o rechazo de la solicitud. Para este caso no existe una resolución final como plantea la recurrente, encontrándose abierta la posibilidad de que la usuaria pueda acompañar nuevos antecedentes que permitan aceptar el documento observado.

Alega que la recurrente podría haber puesto en antecedente a esa Secretaría de Estado sobre la información que obtuvo de la Universidad con fecha 24 de mayo de 2024, casi un mes después de efectuada la entrevista, para luego de un análisis haber podido continuar con su proceso. Asimismo, aclara que no se ha cuestionado ni la certificación de firma efectuada por la SUNEDU ni la apostilla emitida por Perú, las que no tienen por objeto confirmar "originalidad", sino únicamente certificar que se trata de un documento firmado por autoridad competente, con independencia de su soporte físico o electrónico.

Sostiene que, conforme a lo expuesto, no ha existido ningún acto ilegal ni arbitrario de su parte, ya que la solicitud aún se encuentra en tramitación y con posibilidad de que la recurrente agende una nueva cita para exponer los antecedentes con que ahora cuenta. Al no existir una resolución final, es imposible que se haya producido infracción a los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880. El procedimiento se ha ajustado a las legalidades establecidas, no existiendo ilegalidad ni arbitrariedad alguna, ya que la observación efectuada tuvo por objeto permitir a la usuaria exhibir el documento que a juicio de esa entidad correspondía al original.

Argumenta que, no existiendo una conducta arbitraria ni ilegal, resulta imposible que se esté en presencia de afectación de los derechos constitucionales alegados por la recurrente, ya que la observación respecto al documento en cuestión se realiza a todos los usuarios que presentan una situación similar, por lo que no se ha generado una discriminación que afecte la igualdad ante la ley. Tampoco se afectaría la integridad psíquica ni el ejercicio profesional, considerando especialmente que la inscripción realizada por esa Secretaría de Estado respecto a títulos de abogacía extranjeros en ningún caso habilita para el ejercicio de la profesión en Chile. Por último, considera irrisorio que se insinúe una afectación al derecho de propiedad, por tratarse de un trámite sin costo para el usuario.

Concluye que ese Ministerio ha actuado apegado a la ley y a las formalidades básicas definidas para el procedimiento de reconocimiento de títulos, no existiendo privación, amenaza ni perturbación de ninguna garantía constitucional invocada, por lo que solicita tener por evacuado el informe y rechazar en todas sus partes el recurso intentado.

TERCERO: Que, con fecha 15 de junio de 2024, la recurrente formuló una serie de observaciones al informe presentado por la recurrida en estos autos.

En primer término, sostiene que el Ministerio se ha concentrado en señalar las razones formales por las que estimó incumplido el requisito de presentar el certificado de calificaciones "original", sin cuestionar en ningún caso que el contenido de dicho documento fuera inexacto o insuficiente para acreditar que la recurrente es abogada en Perú y ha obtenido determinadas calificaciones en dicho país, propósito al que apuntan las exigencias del procedimiento. Afirma que la actitud de la recurrida da cuenta de una excesiva rigidez en la interpretación de los formalismos, que en este caso no tienen un fin en sí mismos sino que buscan generar convicción sobre la ocurrencia de los hechos que se pretende acreditar.

En segundo lugar, refuta que al momento de dictar el acto impugnado la recurrida no tuviera conocimiento de que la recurrente se encontraba imposibilitada de obtener el documento requerido en los términos exigidos. Detalla las diversas gestiones realizadas antes de la entrevista, incluidas llamadas telefónicas en que se informó expresamente a funcionarios del Ministerio sobre dicha imposibilidad, sin que la recurrida hubiera solicitado un respaldo escrito al respecto ni desvirtuado estas aseveraciones en su informe. Sostiene que el Ministerio no puede escudarse en su propia desidia para revisar los antecedentes y solicitar la información que hubiera permitido evitar esta situación.

Como tercer punto, argumenta que la posición de la recurrida en su informe resulta contradictoria, por cuanto reconoce que el correo electrónico de la universidad peruana acompañado en estos autos despeja las dudas sobre la imposibilidad de emitir el documento requerido y permite considerar el certificado de calificaciones presentado como "original", pero al mismo tiempo solicita rechazar la acción e insiste en que la recurrente tenga una nueva entrevista para volver a exhibir exactamente los mismos antecedentes, lo que juzga absurdo por el tiempo y costos que ello implica.

En cuarto lugar, cuestiona la interpretación del Ministerio en cuanto a que la exigencia de fundamentación de sus actos prevista en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 sólo regiría para los actos terminales y no para las actuaciones intermedias de un procedimiento. Sostiene que aquello no se desprende del tenor de dichas normas y significaría que tales actos podrían ser infundados. Dado que el propio informe reconoce que existen antecedentes para tener por cumplido el requisito y continuar con el procedimiento, concluye que el acto recurrido queda sin fundamento y vulnera las disposiciones legales citadas, sin que la recurrida se haga cargo de las demás infracciones normativas denunciadas en el recurso.

Finalmente, en cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, afirma que el Ministerio no ha aportado ningún antecedente para acreditar que la exigencia del certificado "original" se realiza por igual a todos los usuarios en similar situación, a fin de respetar la igualdad ante la ley. Luego, reitera que el acto recurrido afecta la integridad psíquica de la recurrente al exigirle un requisito de imposible cumplimiento, generándole la preocupación de no poder ejercer su profesión en Chile, sin que obste a ello la posterior autorización que debe otorgar la Corte Suprema al efecto. Por último, refuta que el acto impugnado no lesione su derecho de propiedad, acompañando documentos que acreditan que la recurrente tiene su domicilio en Lima y debió incurrir en gastos de pasajes aéreos y estadía para asistir a la entrevista desde el Perú, desmintiendo la asunción del Ministerio de que ya se encontraría viviendo en Chile.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

QUINTO: Que, según se desprende de lo expuesto en el recurso, el acto que se reputa como ilegal y arbitrario consiste en la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, comunicada a la recurrente mediante correo electrónico de fecha 25 de abril de 2024, en orden a considerar como incumplido el requisito de presentar el certificado "original" de concentración de notas de su carrera, en el marco del procedimiento de reconocimiento de su título profesional de abogada obtenido en Perú.

La recurrente estima que dicho acto vulnera las garantías de igualdad ante la ley, integridad psíquica y propiedad, por cuanto el certificado acompañado sí cumpliría con ser un documento original al contar con firmas electrónicas de los otorgantes, no siendo posible obtener un documento distinto al presentado. Alega que, al desconocer la validez de un documento debidamente emitido por una universidad peruana y apostillado conforme al Convenio de La Haya, exigiéndole un requisito de imposible cumplimiento, el Ministerio habría incurrido en un acto ilegal y discriminatorio en su contra, privándola injustificadamente de continuar con el proceso de reconocimiento de su título.

SEXTO: Que al efecto cabe tener presente que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5° de la Convención de México sobre Ejercicio de Profesiones Liberales de 1902, vigente entre Chile y Perú, los títulos profesionales expedidos en los países signatarios producirán los efectos que les atribuyere la legislación del país de origen, después de ser registrados en el Ministerio de Relaciones Exteriores del país donde se desea ejercer la profesión, para lo cual se deberán cumplir los requisitos del procedimiento respectivo.

SÉPTIMO: Que en el presente caso, la recurrente acompañó a su solicitud de reconocimiento de título copia debidamente apostillada del certificado de notas de su carrera de derecho, emitido con fecha 23 de febrero de 2024 por la Universidad Privada Antenor Orrego, en el que consta que obtuvo su licenciatura en derecho en dicha casa de estudios. El referido documento cuenta con firma electrónica de las autoridades universitarias correspondientes y código de verificación de autenticidad.

De esta forma, en concepto de esta Corte, dicho certificado cumple con acreditar de manera fidedigna que la recurrente efectivamente cursó y aprobó la carrera de derecho en la mencionada universidad peruana, que la habilitó para obtener el título de abogada en dicho país. El hecho de que el documento no cuente con una firma manuscrita o timbre adicional que la recurrida califique como "original" no le resta mérito probatorio, desde el momento que ha podido constatarse por medios electrónicos su cabal autenticidad e integridad, emanando de la institución educacional competente.

En ese contexto, la decisión de la recurrida de tener por incumplido dicho requisito, pese a que el antecedente aportado satisface plenamente el propósito de acreditar la efectividad de los estudios cursados por la solicitante, importa un proceder que esta Corte no puede sino calificar como arbitrario e injustificado.

OCTAVO: Que, de este modo, el proceder de la recurrida vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política, al imponer a la recurrente una exigencia irrazonable y desproporcionada que no guarda relación con el fondo del asunto sometido a su consideración. Asimismo, conculca la garantía de libertad de trabajo y su protección contemplada en el numeral 16° del mismo artículo 19, al perturbar el legítimo ejercicio de su derecho a ejercer la profesión de abogada mediante la imposición arbitraria de trabas y dilaciones indebidas.

NOVENO: Que, atendido lo razonado precedentemente, el presente recurso de protección será acogido, adoptándose las medidas que se indicarán en lo resolutivo para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la recurrente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso deducido en favor de doña nombre reservado, en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y, en consecuencia, se ordena a la recurrida reanudar el procedimiento de reconocimiento del título profesional de abogada de la recurrente, continuando su tramitación conforme a derecho hasta su resolución final.

Acordada con el voto en contra de la ministra (S) señora Soledad Jorquera Binner, quien estuvo por rechazar el presente recurso al estimar que la recurrente no cuenta con un derecho indubitado que pueda ser tutelado a través de esta vía, desde que aquello implicaría calificar el mérito del documento cuya originalidad ha sido cuestionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuestión que, por lo demás, excede el ámbito de aplicación de esta acción constitucional.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-13917-2024.