nombre reservado con CORPORACION MUNICIPAL LA FLORIDA

C.A. de Santiago Santiago, once de noviembre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Comparece doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida, por la imposibilidad ilegal y arbitraria de prestar servicios como enfermera, cargo de la que ha sido desvinculada sin notificación ni causal de procedencia del término de su nombramiento en calidad de contrata de reemplazo en virtud del artículo 14 de la Ley Nº 19.378, lo que estima ha privado, perturbado o amenazado el legítimo ejercicio de sus derechos consagrados en el artículo 19 N° 1, 2, 4 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 06 de julio de 2023, se incorporó al Centro de Salud Familiar (CESFAM) Los Quillayes, con funciones de enfermera, con contrato de reemplazo del funcionario de atención primaria, don nombre reservado.

Señala que desde el mes de febrero del presente año, comenzó con funciones independientes de las del funcionario que reemplazaba, sintiéndose agobiada por la carga laboral en algún momento.

Realiza una cronología de los hechos, profundizando que el 26 de marzo de 2024 sostuvo una reunión con su jefa directa del Sector Sol, doña nombre reservado, en la que se encontraba la funcionaria nombre reservado como testigo de fe, en la que se le explica que se trataba de una retroalimentación sobre un programa al que recientemente se encontraba incorporada ''ECICEP'', y se le entrega un documento informando que no se utilizó de manera correcta los horarios para la gestión de casos. Además, le informaron que se sumarían más controles.

Agrega que en la misma ocasión la señora nombre reservado, le refirió: ''Te sugiero no comentar tu vida personal con tus colegas, ya que las paredes en el CESFAM tienen oídos, una persona que trabaja contigo, realizó un reclamo contra ti, de un comentario que escuchó de tu parte''.

Manifiesta que, desde ese momento se sintió amenazada, lo que la llevó a aislarse, afectándola emocionalmente.

Continúa relatando que el 01 de abril de 2024, en reunión con la Subdirectora nombre reservado, ésta le informó que aumentarían sus funciones, y le ofreció un cargo disponible de 22 horas semanales en horario extendido. A este ofrecimiento, respondió al día siguiente en forma negativa.

Luego, da cuenta que el 24 de abril pasado fue llamada a la oficina de Subdirección, donde se encontraban su jefa nombre reservado, y la subdirectora nombre reservado, quienes le informaron que ha sido desvinculada, ya que a la persona a la cual reemplazaba le salió el incentivo al retiro y que, en todo caso, su licencia terminaba ese mismo día.

Expone que, a instancias suyas, la presidenta de la AFUSALUD nombre reservado, se comunicó con la señora nombre reservado, quien le informó que: ''Ella no está bien evaluada por las jefaturas del CESFAM, producto de comentarios inapropiados, por eso se tuvo que ir''.

En este contexto, señala que el 25 de abril concurrió al CESFAM a presentarse a su trabajo, debido a que no se le hizo un aviso formal de desvinculación, haciéndola concurrir a la oficina de Subdirección, con la presencia de las señoras nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado de la AFUSALUD.

En dicha instancia hizo ver las irregularidades en su supuesta desvinculación, ante lo cual la Subdirectora convocó a su asesor legal, a quien luego de exponer lo pertinente, le solicita que se retire. Y termina la reunión consultándole que desea, a lo que responde que se le reincorporé a sus funciones.

Finalmente, manifiesta que al solicitar su asesora legal algún documento de la desvinculación, le señalaron que debía esperar a los abogados de la Corporación recurrida, sin que hayan concurrido, permaneciendo en el lugar hasta las 17:30 horas, para cumplir con su horario, no obstante no pudo ingresar a su agenda ni al reloj control, por haber sido bloqueado su acceso.

Hace presente que a lo menos en tres ocasiones concurrió a la Corporación Municipal, a fin de notificarse de su desvinculación, de manera infructuosa.

Sostiene que la recurrida ha incurrido en acciones ilegales o arbitrarias, en directa contravención con lo mandatado por el legislador respecto a funcionarios sujetos a la contrata de reemplazo de atención primaria de salud, en virtud del artículo 14 de la Ley Nº 19.378, ya que ha puesto término al desempeño sin expresión de razones o motivaciones fundadas o suficientes que den asidero a la misma o el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma.

Asevera que este nombramiento especialísimo solo puede terminar por un acto fundado por el término natural dado el término del reemplazo por la reincorporación efectiva del funcionario de salud primaria, y en cualquier caso debidamente notificado al trabajador.

En lo relativo al deber de fundamentación, afirma que los actos discrecionales de la Administración participan de la naturaleza jurídica de los actos jurídicos administrativos, y deben cumplir con las normas que rigen éstos, entre otras, el deber de fundamentar sus decisiones. Al respecto, y en apoyo de su argumentación, cita jurisprudencia de esta Corte de Apelaciones, de la Excma. Corte Suprema y Dictámenes de la Contraloría General de la República.

Postula que, en el caso de marras, en el contexto de lo que la doctrina denomina como Estado empleador, esta obligación de motivación, por afectar derechos de terceros, en condiciones de especial desigualdad, exige -como ha entendido la jurisprudencia- de un estándar especial, o de mayor intensidad que sea proporcional al margen de discrecionalidad de la actuación administrativa.

Respecto a la ilegalidad concluye que la recurrida ha actuado en contravención a la ley, específicamente los artículos 1 y 3 de la Ley N° 18.334, sobre el Estatuto Administrativo, en relación a la función administrativa y la definición de cargo público y empleo a contrata. Asimismo, el artículo 11 inciso 2° de la Ley N° 19.880, en cuanto al deber de fundamentación.

En lo que dice relación con las garantías vulneradas, estima que ha sido sometida a un trato desigual, carente de justificación racional o razonable, basada en diferencias arbitrarias, y en ausencia de proporcionalidad entre los medios empleados y los fines a alcanzar.

Por otra parte, alega la vulneración a la honra y dignidad, que se concreta por el cuestionamiento a su desempaño laboral, poniendo en tela de juicio su pertinencia y aptitudes profesionales, para el desempeño del cargo bajo criterios extra profesionales, cuestión que es del todo deleznable.

En relación al derecho de propiedad, cita y transcribe jurisprudencia de esta Corte, Rol N° 918-2013, Rol N° 2465-2013, relativa a la afectación del derecho de propiedad para ejercer las funciones del cargo y percibir las remuneraciones correspondientes. Y también lo señalado por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, en causa ROL O-585-2016, acerca de que el despido es la sanción más grave y onerosa del ordenamiento jurídico laboral.

Finalmente, en cuanto al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, esgrime que es plenamente aplicable al caso sublite, lo señalado por esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia Rol N° 1556-2013, que en su considerando séptimo expresa: “el acto discriminatorio de que fue objeto la actora, que la privó de su cargo en forma anticipada y de las remuneraciones que habría debido percibir, no pudo sino haberle causado una afectación espiritual suficiente para menoscabarla en su integridad psíquica, vulnerándose también la garantía contemplada en el artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental”.

Termina solicitando acoger el recurso y declarar que impedir el ejercicio de funciones de la actora, sin notificación de causal razonada y sin justificar la reincorporación del funcionario reemplazado constituye una privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales precitadas, ordenando la restitución del imperio del derecho, restituyendo a la actora en sus funciones hasta que no medie una notificación racional y razonablemente argumentada. Pide que se obligue al pago de toda obligación remuneracional adeudada entre la ocurrencia del acto atentatorio y la restitución en su contrata a la recurrente, e instruya a la demandada a no actuar del modo impugnado en lo sucesivo para con cualquiera de los funcionarios de salud primaria de la Comuna de La Florida; todo lo anterior con expresa condena en costas.

La recurrente en apoyo de sus fundamentos, allegó al proceso los siguientes documentos: contrato de trabajo, liquidación de sueldo, denuncia en la ACHS, reloj de asistencia, mail de los hechos del día 26 de abril, mail de los hechos del 27 de abril, impresión de conversación de WhatsApp, horas adicionales, y agenda que acredita que el día de la desvinculación se encontraba con agenda de pacientes.

Segundo: Por la recurrida Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida, evacúo informe el abogado José Miguel Pizarro González, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer lugar, señala que el vínculo laboral que ligaba a las partes de este recurso es un contrato de reemplazo en los términos indicados en el artículo 14 de la Ley N° 19.378.

Refiere que la licencia médica del funcionario que reemplazaba la actora, culminaba el día 24 de abril de 2024, es decir, el mismo día en el que se le notificó el término del contrato de reemplazo.

Sostiene que, el mismo artículo 14, en sus incisos 1°, 2° y 3°, establece que tendrán la calidad de funcionarios quienes se encuentren sujetos a un contrato a plazo fijo o indefinido, excluyendo expresamente a quienes se encuentren sujetos a un contrato de reemplazo.

En este orden de ideas, indica que el personal contratado bajo la modalidad de contrato de reemplazo, si bien no tiene legalmente la calidad de funcionario, si tiene derecho a acceder a una serie de otras prestaciones, tales como feriados legales, licencia médica o fuero maternal. Ello en concordancia Ordinario N° 3753/143 de fecha 16 de agosto de 2004 y Ordinario N° 2796 de fecha 09 de diciembre de 2021, ambos de la Dirección del Trabajo.

Precisa que el término del vínculo contractual se produjo por la causal del artículo 48 letra c) del Estatuto de la Atención de Salud Primaria de Salud Municipal, es decir “Vencimiento del plazo del contrato de trabajo”, y en consecuencia no se funda en una decisión unilateral de la entidad administrativa.

Hace presente que respecto a los funcionarios de la atención primaria de salud, no les rige lo dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo, respecto a los plazos respecto de los cuales deberá notificarse el término de los contratos, lo que ha sido inclusive ratificado por la Dirección del Trabajo en su Ordinario N° 4601/182 de fecha 30 de octubre de 2003. Y de acuerdo al Ordinario N°3658/218 de fecha 19 de julio de 1999, tampoco corresponde la indemnización por falta de aviso ni el aviso anticipado de 30 días.

Sostiene que, si bien la actora fue notificada verbalmente del término de su contrato por parte de la Subdirección del establecimiento, también es cierto que se remitió al domicilio informado por ésta, carta certificada que da cuenta del término y de su respectiva causal.

Alega que no es efectiva la ilegalidad y/o arbitrariedad que se acusa, ya que la terminación de un contrato de reemplazo no requiere mayor justificación que el cumplimiento del plazo o condición para el cual fue contratada la actora.

En relación a las garantías constitucionales que se acusan vulneradas, indica que en ningún momento durante el transcurso del vínculo que ha ligado a la Corporación con la actora se han dejado de pagar sus remuneraciones, ni tampoco se ha realizado algún descuento ilegítimo de éstas, como tampoco se le ha impedido al continuar con sus funciones, mientras se mantuvo vigente.

Respecto de la igualdad ante la ley, expresa que en la misma notificación se da cuenta que su terminación no está sujeta a una evaluación o a un desempeño sino que está ajustada a una causal objetiva, que es el vencimiento del contrato.

En cuanto al derecho a la honra, acusa que no hay ningún antecedente de la divulgación de cualquier tipo de comentario descalificador en contra de la actora.

Finalmente en lo que se refiere a la protección de la vida y la integridad física y psíquica, sostiene que mientras la actora prestó servicios a la Corporación Municipal de la Florida en ningún momento u oportunidad se ejerció alguno de los mecanismos que establece la ley para el resguardo de estos derechos, los que se encuentran consagrados principalmente a través de los diversos procedimientos disciplinarios que establece la Ley N° 18.883 en sus artículos 118 y siguientes; y tampoco las acciones que establece el artículo 485 y siguientes del Código del Trabajo.

Termina solicitando el rechazo de la acción al no existir ninguna lesión privación, perturbación o amenaza motivada por la determinación adoptada por la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de la Florida, en el ámbito de sus competencias, que se haya traducido en un impedimento al legítimo ejercicio de los derechos constitucionales de la recurrente, y por no gozar de indubitado los derechos sobre las remuneraciones reclamadas.

En apoyo de sus alegaciones acompañó los siguientes documentos: Contrato de Reemplazo de Funcionario de la Atención Primaria de la Salud Municipal (art. 14 Ley N° 19.378) de fecha 06 de julio de 2023 suscrito entre la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida y doña nombre reservado, Carta de notificación de término de contrato por la causal del artículo 48 letra c) de la Ley N° 19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud a nombre de doña nombre reservado de fecha 24 de abril de 2024, y Listado de Licencias médicas por funcionario nombre reservado.

Tercero: El recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, únicamente destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe dicho ejercicio.

Por tanto, es requisito indispensable para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, lo que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Cuarto: De los antecedentes acompañados por la recurrente y por la institución recurrida, se pueden inferir los siguientes hechos:

1.- Con fecha 06 de junio de 2023, doña nombre reservado suscribió contrato de reemplazo de funcionario de la atención primaria de salud municipal, con la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida, con arreglo a los preceptuado en el artículo 14 de la Ley N° 19.378, Estatuto de Atención Primaria se Salud Municipal.

2.- Mediante dicho contrato, la recurrente se obligó a desempeñar funciones de enfermera en el Centro de Salud Familiar Los Quillayes, sujeto a la vigencia de la licencia médica del funcionario titular don nombre reservado.

3.- El día 24 de abril de 2024 concluyó el reposo médico del funcionario nombre reservado, poniéndose término al contrato por vencimiento del plazo, lo que fue notificado verbalmente a la afectada, sin perjuicio de la carta certificada enviada a su domicilio.

Quinto: A la luz artículo 14 del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, en rigor se celebró entre las partes un contrato en su modalidad de reemplazo, esto es, no sujeto al transcurso de un plazo determinado sino de la vigencia del evento o circunstancia transitoria concreta que motivó o justificó la sustitución del funcionario titular.

En efecto, la referida disposición de la Ley N° 19.378 estipula que “El personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido.

Para los efectos de esta ley, son funcionarios con contrato indefinido, los que ingresen previo concurso público de antecedentes, de acuerdo con las normas de este cuerpo legal.

Asimismo, se considerarán funcionarios con contrato a plazo fijo, los contratados para realizar tareas por períodos iguales o inferiores a un año calendario. El número de horas contratadas a través de esta modalidad no podrá ser superior al 20% de la dotación.

En todo caso, en el porcentaje establecido en el inciso precedente, no se incluirá a quienes estén prestando servicios en razón de un contrato de reemplazo. Este es aquel que se celebra con un trabajador no funcionario para que, transitoriamente, y sólo mientras dure la ausencia del reemplazado, realice las funciones que éste no puede desempeñar por impedimento, enfermedad o ausencia autorizada. Este contrato no podrá exceder de la vigencia del contrato del funcionario que se reemplaza”.

Sexto: En consecuencia, el vínculo contractual entre la recurrente y la respectiva Corporación Municipal, se mantuvo vigente entre el 06 de julio de 2023, fecha de suscripción del acto jurídico, y el 24 de abril de 2024, momento en que se puso término por vencimiento de la última licencia médica del funcionario municipal titular reemplazado, encontrándose fundada y justificada la actividad administrativa impugnada, la que fue oportuna y debidamente comunicada a la afectada.

Al haber procedido la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida, conforme al tenor de lo regulado en el artículo 14 de la Ley N° 19.378, descarta cualquier reproche de ilegalidad o arbitrariedad, pues el contrato de reemplazo expira por el solo ministerio de la ley estatutaria, estándole prohibido extender su plazo de vigencia más allá del período en que el funcionario titular se encontraba ausente por enfermedad, hecho cierto de carácter objetivo que motivó el vínculo jurídico.

Séptimo: No existiendo un acto ilegal o arbitrario imputable a la Corporación Municipal recurrida, al poner término al contrato de reemplazo celebrado con doña nombre reservado, el presente recurso debe ser rechazado, resultando inoficioso ponderar las garantías fundamentales supuestamente vulneradas, sin perjuicio de lo que se pueda determinar en un procedimiento de lato conocimiento.

Por los fundamentos precedentes, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 20 de la Constitución Política de la República y 14 y 48 letra c) de la Ley N° 19.378, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida.

Redacción del Ministro (I) señor Guzmán Fuenzalida.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-13912-2024.