Protección contra Ejército de Chile

C.A. de Santiago Santiago, uno de octubre de dos mil veintiséis.

Al folio 16: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Héctor Rafael Campos Grez, abogado, en favor de nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra del Ejército de Chile, por los descuentos mensuales de $469.985 efectuados sobre sus remuneraciones desde enero de 2026 bajo la glosa “Licencia Médica Rechazada”, que estima carentes de un acto administrativo debidamente notificado y de un procedimiento previo que los sustente, denunciando la vulneración de las garantías consagradas en el artículo 19 N°s 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente es funcionaria del Ejército, con el grado de Cabo Segundo, destinada desde el 4 de enero de 2024 en la 3ª Brigada Acorazada “La Concepción”, de Antofagasta, y que ha hecho uso de licencias médicas desde febrero de ese año.

Señala que, mediante Informe N°NUM000, la Comisión de Sanidad diagnosticó un trastorno de ansiedad y depresión cronificado y fibromialgia, calificó su condición como incompatible con la profesión militar y propuso su retiro temporal por enfermedad curable, conforme al artículo 56 letra a) de la Ley N°18.948. Añade que la Resolución Exenta N°NUM001, de 10 de octubre de 2025, rechazó su reposición, ratificó dicho informe y mantuvo el rechazo de las licencias, por considerar insuficientes los antecedentes sobre tratamiento, pronóstico y tiempo de recuperación. Afirma que ambos actos fueron remitidos por carta certificada, con actas de notificación que no suscribió, sin haberse practicado la notificación personal que estima exigible conforme al artículo 41 de la Ley N°19.880.

Sostiene que los descuentos son ilegales y arbitrarios, pues no se fundan en una resolución motivada ni en un procedimiento que le haya permitido ser oída y formular descargos, y tampoco cuentan con una orden judicial o su consentimiento. Alega el incumplimiento de los artículos 3 y 11 y siguientes de la Ley N°19.880 y señala que la medida afecta significativamente sus ingresos, sin ponderar su condición de salud ni los gastos de atención médica y traslado que debe afrontar.

Solicita que se acoja el recurso, se ordene cesar los descuentos presentes y futuros por ese concepto mientras no exista una resolución fundada y un procedimiento que respete el debido proceso, y se restituyan las sumas descontadas desde enero de 2026, con reajustes e intereses corrientes, además de las restantes medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Segundo: Que nombre reservado, coronel, Presidenta de la Comisión de Sanidad del Ejército, informa que las licencias médicas N°s NUM002, NUM003 y NUM004, correspondientes a períodos comprendidos entre el 8 y el 28 de mayo de 2024 y entre el 11 de septiembre y el 9 de noviembre de ese año, fueron rechazadas por estimarse que el reposo prolongado no se justificaba para el diagnóstico presentado.

Señala que la reposición deducida por la recurrente fue desestimada mediante Resolución N°NUM001, de 10 de octubre de 2025, por cuanto los antecedentes acompañados no respaldaban el tratamiento, pronóstico ni tiempo de recuperación.

Invoca los artículos 229, 230 y 234 del DFL N°1, de 1997, y la normativa que regula las atribuciones técnicas de la Comisión, agregando que la funcionaria registra 1.037 días de reposo total y parcial y que no aportó antecedentes clínicos objetivos suficientes para justificar las licencias cuestionadas.

Respecto de los descuentos, sostiene que el artículo 223 del referido estatuto remite a las disposiciones sobre licencias médicas de la Ley N°18.834, con las modalidades propias del régimen militar. Explica que, conforme al artículo 72 del Estatuto Administrativo, el rechazo de las licencias priva de justificación a las inasistencias y su inciso segundo habilita las correspondientes deducciones de remuneraciones. Añade que el artículo 152 del DFL N°1, de 1997, establece el deber de restituir al Fisco las remuneraciones indebidamente percibidas y permite efectuar los descuentos, integrando aquellas reglas generales al régimen del personal de las Fuerzas Armadas.

Niega que se haya privado a la recurrente de la oportunidad de ser oída, pues los informes de auditoría contemplaban la posibilidad de deducir reposición y acompañar antecedentes médicos, derecho que ejerció. Afirma que la resolución que desestimó ese recurso fue enviada por carta certificada al domicilio registrado, modalidad autorizada por el artículo 46 de la Ley N°19.880, sin exigir su recepción personal ni su firma. Precisa que el artículo 41 regula el contenido de la resolución final y, subsidiariamente, invoca el artículo 47, por entender que cualquier defecto de notificación quedó saneado mediante las actuaciones que demostraron el conocimiento del acto.

Alega, además, la extemporaneidad de la acción, sosteniendo que la resolución de 10 de octubre de 2025 fue notificada el 8 de abril de 2026 y que los descuentos posteriores constituyen actos de ejecución que no renuevan el plazo de treinta días para recurrir. Señala también que esta vía cautelar no resulta idónea para revisar apreciaciones médicas de un organismo especializado ni sustituir los mecanismos ordinarios de impugnación.

Finalmente, descarta la vulneración de las garantías invocadas, por cuanto no advierte un trato diferenciado, existió un procedimiento con posibilidad de impugnación y las remuneraciones correspondientes a las licencias rechazadas se encuentran sujetas a restitución, sin que puedan considerarse definitivamente incorporadas al patrimonio de la recurrente.

Solicita el rechazo del recurso, con costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que, en primer término, corresponde desestimar la alegación de extemporaneidad formulada por la recurrida. En efecto, si bien los antecedentes que sirven de fundamento a los descuentos se remontan al rechazo de las licencias médicas de la recurrente y a la resolución que desestimó la reposición deducida en su contra, el acto que se impugna en estos autos está constituido por las deducciones practicadas mensualmente sobre sus remuneraciones.

Constando que tales descuentos se efectuaron, a lo menos, hasta la remuneración correspondiente al mes de abril de 2026 y que el recurso fue interpuesto el 17 de mayo del mismo año, la acción fue deducida dentro del plazo previsto para su ejercicio. En consecuencia, la alegación de extemporaneidad no puede prosperar.

Sexto: Que, despejado lo anterior, corresponde determinar si los descuentos reclamados carecen de fundamento jurídico o responden a una decisión caprichosa o desprovista de justificación.

Sobre el particular, los antecedentes dan cuenta de que las licencias médicas N°s NUM002, NUM003 y NUM004, correspondientes a períodos comprendidos entre el 8 y el 28 de mayo de 2024 y entre el 11 de septiembre y el 9 de noviembre del mismo año, fueron rechazadas por la Comisión de Sanidad del Ejército, por estimarse injustificado el reposo prescrito para el diagnóstico presentado. Asimismo, la recurrente hizo uso del mecanismo de impugnación contemplado al efecto, deduciendo reposición, la que fue desestimada mediante Resolución N°NUM001, de 10 de octubre de 2025, por no haberse acompañado antecedentes médicos suficientes para respaldar el tratamiento, pronóstico y tiempo de recuperación.

Séptimo: Que dichas decisiones fueron adoptadas por el órgano al que el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas entrega atribuciones en esta materia. En efecto, conforme a los artículos 229, 230 y 234 del DFL N°1, de 1997, corresponde a la Comisión de Sanidad del Ejército intervenir en la calificación de las licencias médicas del personal sujeto al régimen institucional, tratándose de un organismo técnico y especializado para estos efectos.

De este modo, no se advierte que el rechazo de las licencias haya obedecido a una mera voluntad de la autoridad. Por el contrario, según consta de los antecedentes acompañados, la decisión se sustentó en la extensión del reposo y en la insuficiencia de antecedentes clínicos objetivos que permitieran justificarlo, cuestión que fue nuevamente examinada con ocasión de la reposición deducida por la propia interesada.

Octavo: Que, asentada la existencia de licencias médicas rechazadas, los descuentos efectuados encuentran fundamento en las normas que regulan las remuneraciones del personal.

En particular, el artículo 223 del DFL N°1, de 1997, remite en materia de licencias médicas a las disposiciones de la Ley N°18.834, con las modalidades propias del régimen de las Fuerzas Armadas. A su turno, el artículo 72 de este último cuerpo legal dispone que por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado no podrán percibirse remuneraciones, salvo que concurra alguna de las circunstancias que la propia norma establece. Por su parte, el artículo 152 del citado DFL N°1 contempla la restitución de las remuneraciones indebidamente percibidas y autoriza su descuento en las condiciones allí previstas.

En consecuencia, una vez rechazadas las licencias que justificaban las ausencias, las remuneraciones pagadas por esos períodos quedaron sujetas a restitución, de modo que las deducciones practicadas no constituyen una medida carente de sustento normativo, sino la consecuencia remuneratoria derivada de aquel rechazo.

Noveno: Que tampoco se advierte arbitrariedad en la forma en que procedió la recurrida. La recurrente conoció el rechazo de sus licencias y ejerció el recurso de reposición previsto para controvertir esa decisión, oportunidad en la cual pudo acompañar los antecedentes médicos que estimara pertinentes. Tal impugnación fue resuelta expresamente, ratificándose el rechazo por estimarse insuficientes los antecedentes aportados.

Décimo: Que, en estas condiciones, no se configura un actuar ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía, toda vez que los descuentos cuestionados tienen como antecedente el rechazo de licencias médicas dispuesto por el organismo competente, decisión que fue objeto de reposición a instancia de la recurrente y posteriormente confirmada, y encuentran sustento en las disposiciones estatutarias que impiden mantener el pago de remuneraciones respecto de períodos de inasistencia que han quedado sin una licencia médica autorizada que los justifique.

Undécimo: Que, en consecuencia, la acción deducida en autos no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrado en favor de nombre reservado, en contra del Ejército de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-13909-2026.