nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL
- Fecha
- 17 de enero de 2020
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 138991-2019, sentencia de 17 de enero de 2020
Resumen
Se rechaza la protección contra el SII: el nuevo avalúo fiscal del inmueble supera el tope legal para la rebaja del impuesto territorial al adulto mayor, por lo que el acto no es ilegal ni arbitrario.
Texto íntegro
C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de enero de dos mil veinte.
Vistos y teniendo presente:
1°.- Que interpone acción constitucional de protección doña Verónica Encina Vera, abogada, en representación de nombre reservado en contra del Servicio de Impuestos Internos, (en adelante el SII), representado legalmente por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, en atención a que a través de acciones arbitrarias e ilegales ha perturbado el ejercicio de diversos derechos fundamentales que indica.
Señala que el acto ilegal y arbitrario consistió en la exclusión de su representada de la rebaja de impuesto territorial a la que tiene derecho, respecto de su única propiedad, ubicada en domicilio reservado, en su calidad de adulto mayor vulnerable, de conformidad a la Ley 20.732, beneficio que gozó desde abril de 2014 hasta el primer semestre de 2018.
Explica que a contar de septiembre de 2019, sin previa notificación y sin haberse modificado los ingresos mensuales –en su calidad de pensionada-, se le informó el vencimiento de las cuotas N° 3 y N° 4 del impuesto territorial correspondiente a 2018, a pagar los meses de septiembre y noviembre de 2019, elevándose cada cuota a $150.246; adeudando a la fecha $668.308.- pesos.
Da cuenta que cumple con el requisito de la edad y vulnerabilidad social a propósito de un ingreso anual de $2.424.669.- por lo que el impuesto sobre su patrimonio se vuelve expropiatorio, por ende, arbitrario e ilegal.
En dicho marco, adelanta que el motivo que invoca el recurrido para justificar la pérdida del derecho de su representada es la modificación del avaluó fiscal de la propiedad, de acuerdo a la exigencia dispuesta en el numeral 6 del artículo 1 de la Ley 20.732, por cuanto el avaluó fiscal por disposición autónoma de la autoridad y que a su representada en nada beneficia, hoy supera los cien millones de pesos.
Alega que el SII no ha notificado a su representada de la pérdida de su derecho, sumado a que la decisión se funda en un acto que no se condice con la reajustabilidad que establece la ley, tal como ha sido reconocido en el fallo de fecha 3 de enero de 2019 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en causa rol 77.252-2018.
Explica que la citada ley no sólo busca determinar una fórmula matemática para determinar un beneficio de rebaja de impuesto territorial, sino que proteger a las personas vulnerables y a sus familias, hipótesis que con el reajuste de la autoridad administrativa en nada se ha visto en la realidad de los hechos.
Revela que el acto que se impugna ha vulnerado el derecho a la vida en la faz positiva de su representada en cuanto a la conservación de su vida en todos sus aspectos, sumado a la afectación a su derecho a la propiedad al imponérsele un tributo de carácter manifiestamente expropiatorio. Finalmente, lo reclamado se constituye en un acto discriminatorio e irracional conforme a los numerales 2 y 22 del artículo 19 de la Carta Fundamental, pues la obliga a pagar un impuesto mucho mayor al que una persona con sus ingresos debe enterar a las arcas fiscales.
Solicita que se declare que el recurrido ha vulnerado los derechos fundamentales de los numerales 1, 2, 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República; que se ordene al Servicio que reconozca el derecho a rebaja de contribuciones relativas al inmueble de autos; que se orden la devolución del excedente de las cuotas de contribuciones pagadas indebidamente así como las que se hagan efectivas hasta la resolución del recurso, con reajustes e intereses; y que la recurrida sea condenada en costas.
2°.- Que, el recurrido evacua informe solicitando el rechazo de la acción constitucional incoada.
Indica, en cuanto al supuesto factico, que la recurrente tiene una propiedad inscrita bajo el Rol N° 01807-036, cuyo avalúo fiscal total, al primer semestre del año 2019 asciende a la suma de $125.344.037. A su respecto, informa que en el mes de marzo de 2018 su parte procedió a remitir una carta certificada dirigida a la recurrente donde se le informó un nuevo avaluó a partir del 1 de enero de 2018 y que el beneficio en su calidad de adulto mayor se mantenía para el primer semestre de 2018.
Añadió que mediante correos electrónicos, remitidos a correo reservado, registrada por la contribuyente ante la recurrida, se le informó los nuevo montos a pagar por concepto de las cuotas N° 3 y N° 4 del año 2018 y N° 1 y N° 2 de 2019, con fechas 14 de septiembre de 2018 y 05 de abril de 2019, respectivamente.
Explica que con fecha 09 de septiembre de 2019 la recurrente hizo una presentación solicitando acceder a la rebaja de contribuciones por su inmueble, acción que fue desechada mediante oficio de fecha 26 de septiembre de 2019.
Alega la extemporaneidad de la acción constitucional, pues la recurrente tomó conocimiento de la pérdida del beneficio de la Ley 20.732, el día 14 de septiembre de 2018 al notificársele vía correo electrónico, la deuda de las cuotas N° 3 y N° 4 del año 2018, máxime si las pagó.
Arguye, que este no es el medio idóneo para hacer valer dichos derechos, pues no tiene un derecho indubitado, siendo aplicable un procedimiento de carácter declarativo conforme lo dispuesto en el artículo 1 de la ley N° 20.732 que remite a los contribuyentes al procedimiento de reclamación conforme lo dispuesto en los artículos 133 y siguientes del Código Tributario.
En cuanto al fondo, señala que su actuar se ajustó a la legislación vigente pues resulta manifiesto que la recurrente no cumple con el requisito de avalúo de la propiedad inferior a cien millones de pesos.
Finalmente, niega la afectación de derechos invocados por cuanto el beneficio está sujeto a una evaluación y resulta evidente que la recurrente no cumple con los requisitos exigidos por la ley, ergo no tiene radicado sino una mera expectativa en su obtención y no un derecho a la propiedad.
En cuanto a los argumentos de forma.
3°.- Que el hecho denunciado que implicó un aumento en el pago de las contribuciones de bienes raíces a la actora, se verificó desde el vencimiento de las cuotas N° 3 y N° 4 del año 2018 y N° 1 y N° 2 de 2019, con fechas 14 de septiembre de 2018 y 05 de abril de 2019, es decir se trata de un acto que produce efectos sucesivos en el tiempo, ya que las siguientes cuotas del citado gravamen también consignarán los nuevos valores, por lo que se desecha la pretensión de extemporaneidad alegada por el recurrido.
Asimismo, lo que se denunció por intermedio de la presente acción cautelar es un acto emitido por la administración pública, que según la actora vulnera garantías protegidas por el artículo 20 de nuestra Carta Magna, por lo que corresponde que este tribunal se avoque a su conocimiento.
En cuanto al fondo.
4°.- Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.
5°.- Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.
6°.- Que constituyen hechos no controvertidos los siguientes:
A.- Que la recurrente hasta el vencimiento de las cuotas primera y segunda del año 2018 del impuesto territorial correspondiente al inmueble no agrícola de su propiedad, ubicado en domicilio reservado, rol N° 01807-036, estaba afecta al beneficio establecido en el artículo 1° de la Ley 20.732 para el adulto mayor, ya que cumplía sus requisitos copulativos.
B.- Que el avalúo fiscal de tal inmueble al primer semestre de 2019, asciende a $125.344.037.- 7°.- Que, efectivamente, la Ley 20.072 de 5 de marzo de 2014, en su artículo 1° estableció una rebaja anual del impuesto territorial a las propiedades pertenecientes a adultos mayores vulnerables económicamente, estableciendo que la tercera y cuarta cuota de contribuciones de un año y la primera y segunda cuota del año siguiente, no podrán sr superiores al 5% del ingreso anual del propietario, estableciendo 6 requisitos copulativos.
8°.- Que el nuevo avalúo fiscal de la propiedad de la actora es de $125.344.037.-, valor que excede el requisito 5° del artículo 1° de ese cuerpo legal, que establece como valor máximo la suma de $91.435.500.-, cantidad actualizada a septiembre de 2019.
9°.- Que, en consecuencia, el acto impugnado no puede ser tildado de ilegal, ya que la resolución recurrida se dictó dentro de las facultades legales del SII, el cual en su calidad de servicio público, debe respetar en su actuar los principios de legalidad y competencia, consagrados en los artículo 6 y 7 del nuestra Constitución Política. Tampoco tal actuación puede estimarse arbitraria, esto es caprichosa e infundada, puesto que la modificación que reclama la actora, se debe al incumplimiento del requisito 5° del artículo 1° de la Ley 20.072.
10°.- Que, en consecuencia, y por los fundamentos precedentes, la presente acción de protección no puede prosperar.
Y teniendo además presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:
Que se RECHAZA el deducido por doña Verónica Encina Vera, en representación de nombre reservado en contra del Servicio de Impuestos Internos, sin costas.
Regístrese y notifíquese.
Redacción del Ministro señor Carreño.
N°Protección-138991-2019.