Protección contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de septiembre de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado, educadora de párvulos, interponiendo recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la Región Metropolitana y de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en haber dictado y confirmado la Resolución Exenta N° NUM000, de 28 de abril de 2026, la cual rechazó la reclamación administrativa presentada y confirmó la decisión de no autorizar siete licencias médicas continuas y correlativas por un total de 129 días de reposo, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en los numerales 1, 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que es madre de un lactante de corta edad y que presenta un cuadro de salud mental de evolución sostenida, que se desarrolló tras complicaciones obstétricas en su embarazo y agravado significativamente tras el término de su descanso maternal y la proximidad de su reintegro laboral en marzo de 2025. Señala que dicha condición se encuentra vinculada tanto a las exigencias derivadas de la maternidad reciente como a un contexto sostenido de violencia intrafamiliar de carácter psicológico ejercida por su expareja y padre de su hijo. Agrega que este deterioro sintomático ansioso-depresivo le impidió reincorporarse al aula en marzo de 2025 para cumplir sus funciones profesionales, al no hallarse en condiciones psíquicas compatibles con un retorno seguro a la atención de niños de corta edad.

Precisa que fue atendida e institucionalizada en la red pública de salud mediante el Centro de Salud Familiar (CESFAM) Karol Wojtyla, donde se le diagnosticó una depresión moderada e ingresó formalmente al régimen de Garantías Explícitas en Salud bajo el Problema GES N° 34 el 2 de septiembre de 2025, prescribiéndosele un esquema psicofarmacológico continuado con Sertralina. Añade que, lejos de registrarse una mejoría o alta médica, su cuadro evolucionó hacia un Episodio Depresivo Grave sin Síntomas Psicóticos (CIE-10: F32.2), caracterizado por ideación suicida recurrente, pensamiento rumiante y anulación de la concentración básica. No obstante lo anterior, y habiéndosele autorizado previamente un período inicial de 101 días de reposo, la COMPIN y la SUSESO modificaron intempestivamente de criterio y confirmaron el rechazo de un bloque continuo de 129 días de reposo correspondiente a las licencias médicas Folios N° NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006 y NUM007, fundamentando dicha negativa en fórmulas genéricas tales como "los antecedentes médicos aportados no justifican el reposo" o "máximo beneficio terapéutico", privándola del subsidio por incapacidad laboral y afectando gravemente sus condiciones materiales de subsistencia y de su hijo menor de edad.

Afirma la ilegalidad y arbitrariedad de las decisiones recurridas conforme diversos capítulos.

En primer lugar, aduce la improcedencia de exigir "elementos nuevos" para la renovación de las licencias médicas correlativas, sosteniendo que el Decreto Supremo N° 3 no condiciona la procedencia del reposo a la incorporación de antecedentes novedosos sino a la vigencia de la incapacidad laboral, desconociendo la naturaleza longitudinal y no lineal de las patologías psiquiátricas.

En segundo lugar, acusa un déficit de motivación material e infracción a la Ley N° 19.880, específicamente a sus artículos 11 inciso segundo y 41 inciso cuarto, en tanto las recurridas sustituyeron la valoración clínica de los médicos tratantes por apreciaciones abstractas, omitiendo explicitar los parámetros objetivos o funcionales que justificarían la supuesta recuperación de la capacidad laboral.

En tercer lugar, refuta la supuesta aptitud para el reintegro laboral, aduciendo que dicha conclusión contradice abiertamente las certificaciones de la red pública que consignaban de manera expresa que la paciente se encontraba "sin fecha probable de alta médica", ignorando además la especial exigencia de estabilidad emocional que requiere su labor con menores de edad.

En cuarto lugar, cuestiona la alegación de "falta de claridad" documental, argumentando que las autoridades recurridas formularon una objeción genérica sin precisar qué antecedentes resultarían insuficientes o ambiguos, incumpliendo el estándar mínimo de motivación sustancial exigible a todo acto administrativo.

En quinto lugar, sostiene la incoherencia de invocar el mero cumplimiento formal normativo, señalando que el ejercicio de facultades administrativas de revisión no exime a los órganos estatales de justificar de manera razonada y técnica el alejamiento del historial clínico longitudinal del administrado.

En sexto lugar, alega la existencia de una contradicción institucional que vulnera la Ley N°18.575, puesto que mientras la red pública sanitaria reconoce la gravedad de la patología integrándola al sistema GES N° 34 con tratamiento farmacológico activo, las recurridas concluyen que dicha condición es compatible con el trabajo, infringiendo el principio de coordinación del artículo 3° de la citada ley orgánica.

Por último, denuncia la ausencia de una evaluación clínica directa y el desconocimiento del contexto psicosocial, resaltando que las recurridas desestimaron diagnósticos emitidos por profesionales tratantes mediante una revisión puramente documental, omitiendo hacer uso de las herramientas de peritaje o evaluación presencial contempladas en el artículo 21 del D.S. N° 3, e ignorando la incidencia de la vulnerabilidad familiar y la violencia intrafamiliar en la evolución de su salud mental.

Con propósito conclusivo, solicita que se deje sin efecto la Resolución Exenta N° NUM000 emanada de la Superintendencia de Seguridad Social y los pronunciamientos de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez que le sirvieron de fundamento, y que se ordene a la Superintendencia de Seguridad Social emitir un nuevo pronunciamiento debidamente fundado y ajustado a los antecedentes clínicos, ejerciendo las facultades de evaluación del artículo 21 del D.S. N°3 y respetando los estándares de motivación e individualización.

Segundo: Que, evacua informe el abogado Francisco Ortega Bello, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social.

Como cuestión previa, alega la improcedencia de la acción constitucional de protección interpuesta, fundado en que la materia sobre la cual versa dice relación directa con el derecho a la seguridad social, consagrado en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el cual se encuentra excluido de la enumeración taxativa contemplada en el artículo 20 de la Carta Fundamental. Sustenta dicha excepción argumentando que la tramitación, autorización, rechazo o modificación de licencias médicas conforme al artículo 149 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2005 del Ministerio de Salud y al Decreto Supremo N°3 de 1984, las reconsideraciones y apelaciones deducidas ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o Instituciones de Salud Previsional, así como el pago del subsidio por incapacidad laboral regulado en el Decreto con Fuerza de Ley N°44 de 1978, corresponden estrictamente al campo de la seguridad social. Por consiguiente, sostiene que, al ser la acción de protección un arbitrio cautelar de urgencia y de aplicación restringida para violaciones flagrantes a derechos taxativamente señalados, la materia no es susceptible de tutelarse por esta vía, solicitando la declaración de improcedencia del recurso, con expresa condenación en costas.

En cuanto al fondo del asunto, señala que la recurrente dedujo reclamación ante la Superintendencia de Seguridad Social el 10 de abril de 2026, apelando de la resolución de la COMPIN Región Metropolitana que rechazó sus licencias médicas N°s NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006 y NUM007, las que sumaban 129 días de reposo prescritos a contar del 31 de julio de 2025, bajo la causal de reposo no justificado.

Manifiesta que, previo estudio técnico de los antecedentes, la Superintendencia confirmó dicha decisión mediante la Resolución Exenta N° NUM000, de 28 de abril de 2026, al constatar que la interesada no acompañó un informe amplio y fundado de psiquiatra sobre el tratamiento prescrito, evolución clínica, compromiso funcional o ajuste farmacológico, ni un informe fundado de psicólogo detallando las sesiones y terapias aplicadas o pendientes. De este modo, al omitirse tales elementos clínicos que permitiesen justificar la extensión del reposo sobre los 129 días ya autorizados por la Contraloría Médica de la COMPIN, los profesionales médicos de la Superintendencia no alcanzaron la convicción técnica para justificar las licencias reclamadas.

Arguye que su actuación se ajustó estrictamente al ordenamiento jurídico, ejerciendo el mandato constitucional de supervigilar el ejercicio del derecho a la seguridad social consagrado en el artículo 19 N°18 inciso cuarto de la Constitución Política, así como sus facultades de fiscalización, emisión de instrucciones y fijación de interpretación normativa contempladas en los artículos 3°, 27 y 38 letras d) y e) de la Ley N°16.395 y en la Ley N°20.585.

Asimismo, sostiene la ausencia de arbitrariedad e ilegalidad, toda vez que su pronunciamiento no obedeció al capricho, sino al análisis y ponderación técnica de los elementos médicos tenidos a la vista. A su vez, aduce que la recurrente carece de un derecho preexistente e indubitado que requiera tutela cautelar, dado que el derecho a las licencias y al subsidio de incapacidad laboral fue desestimado fundadamente tras las revisiones administrativas aplicadas, por lo que solicita el rechazo de la acción de protección interpuesta en todas sus partes, con costas.

Tercero: Que, informa nombre reservado, en su calidad de mandatario judicial del Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana y en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana.

Expone que la justificación de la negativa quedó debidamente registrada en el expediente administrativo y en la cartola médica de la usuaria, en atención a que no se dispuso de antecedentes suficientes que permitiesen justificar la función terapéutica del reposo más allá del periodo previamente autorizado. En efecto, si bien la reclamante adjuntó un informe emitido por médico general de 17 de noviembre de 2025, referido a un diagnóstico de episodio depresivo moderado en tratamiento con sertralina, no acompañó una derivación o evaluación otorgada por médico psiquiatra, informe de psicólogo, pronóstico, fecha ni plan de reintegro laboral.

Asimismo, añade que la interesada dedujo recurso de reposición en sede administrativa, manteniéndose el rechazo en razón de haberse aportado los mismos antecedentes médicos y clínicos que ya habían sido evaluados. Destaca que la Superintendencia de Seguridad Social, en su calidad de última instancia administrativa, dictó la Resolución Exenta N° NUM008 de 28 de abril de 2026, rechazando el reclamo y ratificando la negativa respecto de las licencias objetadas. Fundó dicho órgano contralor su resolución en que el reposo no se encontraba justificado, por cuanto la reclamante no acompañó un informe amplio y fundado de psiquiatra que describiera el tratamiento, evolución clínica, grado de compromiso funcional, plan farmacológico o necesidad de ajuste de terapia, ni un informe de psicólogo(a) que acreditase el número de sesiones y el detalle de las medidas psicoterapéuticas aplicadas o pendientes; deficiencia de elementos clínicos que impidió a los especialistas formarse convicción sobre la procedencia de extender el reposo por sobre los 129 días autorizados por la Contraloría Médica de la COMPIN.

Refiere que las actuaciones realizadas por la COMPIN al resolver sobre la aprobación o rechazo de licencias médicas se circunscriben estrictamente a los parámetros objetivos establecidos por la ley y las normativas vigentes. Ello, con el objeto de asegurar que el uso de la licencia médica cumpla efectivamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales.

Cuarto: Que, conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de los derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

De ello se sigue que es requisito indispensable de la acción cautelar la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria, de manera de situar a la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule sus efectos, sin que dicha acción constituya una instancia de debate sobre la procedencia de un derecho, sino que su objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que, el acto impugnado a través del presente recurso está constituido por la Resolución Exenta N° NUM000, de 28 de abril de 2026, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, que rechazó la reclamación administrativa deducida por la recurrente el 10 de abril de 2026 y confirmó lo obrado por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana, en cuanto esta última rechazó las licencias médicas folios N° NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006 y NUM007, extendidas en forma continua y correlativa entre el 31 de julio y el 6 de diciembre de 2025, por un total de 129 días de reposo, bajo la causal de reposo no justificado.

Sexto: Que la Superintendencia de Seguridad Social solicita, como cuestión previa, que se declare la improcedencia de la presente acción de protección, por estimar que la materia debatida corresponde al derecho a la seguridad social consagrado en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política de la República, garantía no comprendida en la enumeración que efectúa el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sin embargo, lo sometido al conocimiento de esta Corte no es la configuración legal del sistema de seguridad social ni la existencia abstracta de un derecho al subsidio por incapacidad laboral, sino la legalidad y racionalidad de un acto administrativo concreto, en cuanto pudiera afectar garantías constitucionales diversas de la contemplada en el numeral 18° del artículo 19 de la Carta Fundamental, y que sí se encuentran amparadas por la acción cautelar de autos, como son las de los numerales 1° y 24° del mismo precepto. Por consiguiente, la alegación de improcedencia formulada por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social será desestimada.

En cuanto a la garantía del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, invocada por la recurrente en los términos del derecho a un procedimiento racional y justo, cabe precisar que dicha garantía, así planteada, no se encuentra entre aquellas cuya protección puede impetrarse por la vía del artículo 20 de la Carta Fundamental, el cual sólo ampara, respecto del numeral 3° del artículo 19, la garantía de no ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señale la ley. En consecuencia, el examen que sigue no se extenderá a la alegada infracción del debido procedimiento administrativo invocada de manera autónoma bajo dicho numeral, sin perjuicio de que las deficiencias de motivación descritas por la recurrente serán consideradas, en lo pertinente, al examinarse la legalidad y racionalidad del acto impugnado desde la perspectiva de las garantías de los numerales 1° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Séptimo: Que, para la resolución de la controversia de fondo, cabe tener presente que el artículo 16 del Decreto Supremo N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) e Instituciones de Salud Previsional, dispone: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

A su vez, el artículo 21 del mismo cuerpo reglamentario establece que, para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre correspondiente (según la previsión sanitaria aplicable) podrán disponer, entre otras medidas: “a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; (…) d)

Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica”.

Por su parte, el artículo 11, inciso 2°, de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, dispone que “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”, exigencia que es reiterada por el artículo 41 inciso cuarto del mismo cuerpo legal, conforme al cual “las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”.

Octavo: Que, los hechos que en lo sucesivo se consignan, no han sido controvertidos por las partes o bien, constan en los antecedentes allegados al proceso: 1.-) Que la recurrente, nombre reservado, educadora de párvulos, es madre de un hijo nacido el NUM009 de 2024, cuyo parto se verificó por cesárea en un contexto de complicaciones obstétricas. 2.-) Que, con posterioridad al parto, la recurrente desarrolló un cuadro de salud mental de carácter ansioso-depresivo, que derivó en su ingreso al control del Centro de Salud Familiar (CESFAM)

Karol Wojtyla, siendo incorporada al régimen de Garantías Explícitas en Salud, Problema de Salud N°34, con fecha 2 de septiembre de 2025, e iniciando tratamiento farmacológico con Sertralina. 3.-) Que, entre el 16 de junio y el 30 de julio de 2025, la recurrente hizo uso de reposo prescrito conforme licencias médicas asociadas al cuadro referido, las que fueron autorizadas hasta completar 101 días de reposo, según consta en el listado maestro de licencias médicas de FONASA acompañado a los autos. 4.-) Que, a contar del 31 de julio de 2025 y hasta el 6 de diciembre de 2025, se extendieron en forma continua y correlativa las licencias médicas folios N° NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006 y NUM007, que totalizan 129 días de reposo, con diagnósticos consignados en el listado maestro de licencias médicas que varían entre Episodio Depresivo Grave sin Síntomas Psicóticos (CIE-10 F32.2), Trastorno de Adaptación (CIE- 10 F43.2) y Episodio Depresivo Moderado (CIE-10 F32.1). 5.-) Que las siete licencias médicas individualizadas en el ordinal precedente fueron rechazadas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana, bajo causales consignadas en los respectivos pronunciamientos como “reposo prolongado para patología”, “no aporta antecedentes solicitados” y “antecedentes médicos aportados no justifican el reposo”. 6.-) Que, deducido recurso de reposición administrativo por la recurrente, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana mantuvo el rechazo, por estimar que se habían acompañado los mismos antecedentes médicos previamente ponderados. 7.-) Que, la recurrente, reclamó frente al aludido rechazo ante la Superintendencia de Seguridad Social el 10 de abril de 2026, la que, mediante Resolución Exenta N° NUM000, de 28 de abril de 2026, confirmó el rechazo de las siete licencias médicas, señalando como fundamento que la reclamante no acompañó informe amplio y fundado de psiquiatra con descripción del tratamiento, evolución clínica, compromiso funcional, plan farmacológico y necesidad de ajuste de terapia, ni informe fundado de psicólogo que diera cuenta del número de sesiones y de las medidas psicoterapéuticas aplicadas o pendientes. 8.-) Que, ni la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana ni la Superintendencia de Seguridad Social dispusieron, en forma previa al rechazo de las licencias médicas referidas, la práctica de un peritaje psiquiátrico, una evaluación clínica presencial ni ninguna otra de las medidas de verificación contempladas en el artículo 21 del Decreto Supremo N°3, de 1984, del Ministerio de Salud. 9.-) Que, durante el período comprendido entre las licencias médicas rechazadas, la recurrente mantuvo controles médicos y psicológicos periódicos en el CESFAM Karol Wojtyla, constando en el expediente administrativo informes de los profesionales tratantes datadas el 13 de octubre, el 17 de noviembre y el 24 de noviembre de 2025, este último dando cuenta del aumento de la dosis de Sertralina de 50 a 100 miligramos diarios, así como un informe de 15 de octubre de 2025, suscrito por el médico nombre reservado

nombre reservado, cuya especialidad registrada en el respectivo certificado corresponde a Médico Cirujano, que diagnosticó episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos. 10.-) Que, a la fecha de la Resolución Exenta impugnada, no constaba en el expediente administrativo alta médica de la recurrente.

Noveno: Que, examinados los antecedentes a la luz del marco normativo reseñado, se observa que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana y la Superintendencia de Seguridad Social fundaron el rechazo de las siete licencias médicas materia de autos, exclusivamente, en la falta de acompañamiento de un informe amplio y fundado de médico psiquiatra y de un informe fundado de psicólogo que detallara el número de sesiones y las medidas psicoterapéuticas aplicadas o pendientes, sin que conste en los informes evacuados por las recurridas, ni en los demás antecedentes allegados al proceso, que se haya practicado a la recurrente una evaluación clínica presencial, un peritaje psiquiátrico u otra de las medidas contempladas en el artículo 21 del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, no obstante que dicha disposición reglamentaria confiere expresamente a la Compin y a la Superintendencia la facultad y correlativo deber público de disponer nuevos exámenes, interconsultas, visitas domiciliarias o requerimientos de antecedentes complementarios al profesional tratante, precisamente para el mejor acierto de sus pronunciamientos.

En estas condiciones, la insuficiencia documental invocada por las recurridas para fundar el rechazo no fue seguida del ejercicio de las atribuciones de verificación que el propio ordenamiento reglamentario pone a su disposición para resolver la duda técnica que ellas mismas reconocen, lo que priva a la decisión adoptada de la motivación suficiente que exigen los artículos 11, inciso 2°, y 41, inciso 4°, de la Ley N°19.880.

A lo anterior se agrega que la Resolución Exenta N° NUM000 sostiene, en su parte considerativa, que los antecedentes clínicos no permiten formar convicción “sobre la procedencia de extender el reposo por sobre los 129 días debidamente autorizados por la Contraloría Médica de la COMPIN reclamada”, expresión que no se concilia con el hecho, que consta en los propios pronunciamientos de rechazo acompañados a los autos, de que precisamente esos 129 días —correspondientes a las licencias médicas folios N° NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006 y NUM007— fueron objeto de rechazo y no de autorización, siendo el período efectivamente autorizado, según el listado maestro de licencias médicas acompañado, el de 101 días, comprendido entre el 16 de junio y el 30 de julio de 2025. Esta imprecisión, que se repite en el informe de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y en el de la Superintendencia de Seguridad Social, no permite tener por acreditado que el acto impugnado exprese con claridad y certeza debida en el período que efectivamente se tuvo por autorizado y aquel cuya extensión fue rechazada, lo que constituye un defecto adicional de motivación.

Por otra parte, consta de los antecedentes que la recurrente mantuvo, durante el período comprendido entre las licencias médicas rechazadas, un seguimiento clínico activo en el CESFAM Karol Wojtyla, con controles médicos y psicológicos periódicos y continuos, incorporación al régimen de Garantías Explícitas en Salud y ajuste de la dosis del fármaco prescrito, sin que a la fecha de la Resolución Exenta impugnada constara un alta médica ni una indicación de reintegro laboral inmediato por parte de los profesionales tratantes; extremos que las recurridas no explican en orden a la manera en que resultan compatibles con la conclusión de que el reposo carecía de justificación.

Décimo: Que, de lo razonado en el motivo precedente, se sigue que el acto impugnado adolece de un déficit de motivación que lo priva de la fundamentación exigible a toda decisión administrativa que incide en derechos de los administrados, en tanto se sustenta en una insuficiencia documental que las propias recurridas no procuraron despejar mediante el ejercicio de las facultades, a la par de deberes administrativos, de verificación, las que la reglamentación establece, procediendo, además, sin siquiera hacerse cargo del historial clínico institucional que consta en el proceso.

En apuntado déficit configura la arbitrariedad que exige el artículo 20 de la Constitución Política de la República para la procedencia de la acción cautelar, en cuanto la decisión adoptada carece de un fundamento suficiente que permita verificar la razonabilidad del rechazo del reposo médico correspondiente a las licencias médicas folios N° NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006 y NUM007.

Undécimo: Que la privación del subsidio por incapacidad laboral derivada del acto arbitrario referido incide en la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, en tanto afecta un derecho con contenido patrimonial de la recurrente en la medida. El pago del subsidio por incapacidad laboral transitoria al que pudiese tener derecho, en su caso, se ha visto precisamente obstaculizada por la falta de motivación suficiente del acto impugnado. Asimismo, en cuanto la decisión incide en la continuidad del tratamiento de salud mental prescrito a la recurrente por los profesionales de la red pública de salud, sin que se hayan explicitado razones técnicas suficientes para apartarse de dicho criterio, se afecta la garantía de la integridad psíquica consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República. La misma carencia de motivación, en cuanto impide constatar las razones objetivas que justificarían el cambio de criterio respecto de un mismo proceso clínico continuo, compromete además la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en su dimensión de interdicción de la arbitrariedad e isonomía.

Duodécimo: Que, en las condiciones descritas, corresponde adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, sin que ello importe que esta Corte se pronuncie sobre la procedencia médica del reposo materia de las licencias reclamadas, cuestión ajena al control de legalidad y racionalidad que corresponde ejercer en sede de protección. En consecuencia, se dispondrá que la Superintendencia de Seguridad Social disponga que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana practique a la recurrente una evaluación o peritaje psiquiátrico, u otra de las medidas de verificación contempladas en el artículo 21 del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, y que, cumplido ello, se pronuncie nuevamente, de modo fundado, acerca de la procedencia del reposo correspondiente a las licencias médicas folios N° NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006 y NUM007.

Decimotercero: Que, por lo razonado, el recurso de protección deducido será acogido sólo en los términos que se dirán en la parte resolutiva de este fallo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que se rechaza la alegación de improcedencia planteada por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social.

II.- Que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana, sólo en cuanto se invalida la Resolución Exenta N° NUM000, de 28 de abril de 2026, debiendo procederse conforme a lo señalado en el motivo Duodécimo de esta resolución.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-13895-2026.