nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

Santiago, quince de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Primero: Que comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación de nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjeros, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Menciona que el recurrente, de nacionalidad venezolana, solicitó la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156. Sin embargo, la recurrida rechazó dicha solicitud el 26 de mayo de 2025 alegando falta de documentación, específicamente por no acompañar el certificado de afiliación debidamente apostillado o legalizado ante el consulado respectivo.

Argumenta que existe una imposibilidad técnica y material para obtener la legalización consular del certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) debido al quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que dejó a los nacionales de ese país sin representación consular. Ante esta situación de fuerza mayor, sostiene que presentó el documento legalizado mediante declaración jurada ante una notaría chilena, lo cual debería revestir al instrumento de la formalidad necesaria. Añade que la autenticidad del documento puede ser verificada fácilmente a través del código de verificación en el portal web oficial del IVSS.

Cita, para respaldar su acción, las normas contenidas en la Ley N° 18.156, en particular sus artículos 1 y 7, que establecen los requisitos de exención para técnicos extranjeros; el artículo 45 del Código Civil sobre fuerza mayor; y el artículo 345 N°3 del Código de Procedimiento Civil relativo a la autenticidad de instrumentos otorgados en el extranjero.

Pide en definitiva, que se acoja el recurso, se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, se reconozca como válida la documentación acompañada y se ordene a la recurrida emitir un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud en un plazo de 5 días.

Segundo: Que, evacuando el informe, Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicita el rechazo del recurso.

Expone que el recurrente solicitó la devolución de fondos en su calidad de técnico extranjero, petición que fue rechazada el 26 de mayo de 2025. La negativa se fundó en que la constancia de afiliación al IVSS presentada se encontraba vencida y no contaba con las formalidades de legalización o apostilla exigidas por la normativa vigente y las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que la Administradora ha dado estricto cumplimiento a la ley y al Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones. Sostiene que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver asuntos de lato conocimiento donde existe un derecho controvertido y no indubitado. Precisa que las certificaciones electrónicas que no señalan coberturas específicas o que no han sido legalizadas no sirven para acreditar el cumplimiento de los requisitos de la Ley N°18.156.

Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que las AFP están legalmente impedidas de otorgar beneficios o devolver fondos fuera de los casos expresamente previstos en la ley, so pena de sanciones legales. Indica que la normativa exige que la afiliación a un régimen extranjero se acredite mediante certificación debidamente legalizada. Además, invoca jurisprudencia de la Corte Suprema y diversas Cortes de Apelaciones que han ratificado que la situación política del país de origen no exime del cumplimiento de las formalidades legales para la validación de documentos extranjeros.

Solicita, en definitiva, el rechazo total de la acción de protección, con expresa condenación en costas, por considerar que no existe un acto ilegal o arbitrario que vulnere garantías constitucionales.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Así, son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que la Ley N°18.156 consagra una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de dicha ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como esos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones copulativas: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Quinto: Que, en relación con las exigencias para acreditar la afiliación a un sistema previsional extranjero, la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices, las cuales son de carácter obligatorio para las Administradoras. Dichas instrucciones establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, incluyendo la necesidad de que la cobertura por enfermedad contemple explícitamente tanto prestaciones médicas como pecuniarias, así como la exigencia de que los documentos emitidos en el extranjero se encuentren debidamente legalizados o apostillados para su validez en Chile.

Sexto: Que consta del mérito de autos que la Administradora de Fondos de Plan Vital S.A. rechazó la solicitud del recurrente, argumentando que no se acompañó constancia de afiliación vigente el cual debe estar Apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Séptimo: Que, examinados los antecedentes presentados por el recurrente y las razones esgrimidas por la recurrida, esta Corte no advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible al proceder de la Administradora. La negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente y de las instrucciones obligatorias impartidas por la autoridad competente, la Superintendencia de Pensiones.

En tales condiciones, no se configura el presupuesto esencial de ilegalidad o arbitrariedad que permita acoger la acción cautelar de protección interpuesta, debiendo esta ser necesariamente declarada sin lugar.

Por las razones anotadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve que se rechaza, sin costas, la acción de protección interpuesta en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.

Se previene que el abogado integrante señor Parada concurre al rechazo de este recurso, atendido el último pronunciamiento de la Excma. Corte Suprema en causa rol 33.946-2025 sobre la materia.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-13894-2025.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Pedro Caro Romero, conformada por la Ministra señora Paula Rodríguez Fondón y el Abogado Integrante señor Cristian Parada Bustamante.