nombre reservado con AFP CUPRUM S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de octubre de dos mil veinticinco.

Al folio 20: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de Ailen nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales para extranjero, vulnerando las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente, trabajadora dependiente, solicitó a través de la plataforma electrónica de la administradora la devolución de fondos previsionales acumulados conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.156, acompañando los antecedentes exigidos por dicha normativa, entre ellos: contrato de trabajo, anexo contractual, constancia de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), declaración jurada de afiliación y título profesional apostillado. Refiere que con fecha 14 de mayo de 2025 fue notificada del rechazo de su solicitud por correo electrónico, en atención a que: i) el documento emanado del IVSS no acreditaría cobertura completa respecto de las contingencias exigidas por la ley, ni constaría vigencia durante el período trabajado en Chile, y ii) dicho documento no se encontraba legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Alega que la resolución impugnada es infundada, toda vez que la constancia del IVSS contiene un código de verificación que permite validar su autenticidad mediante el sitio web oficial de la institución venezolana, práctica que ha sido reconocida por otras AFPs como válida. Asimismo, sostiene que con posterioridad al rechazo del trámite, el documento fue debidamente legalizado por autoridad consular. Añade que la exigencia de formalidades no previstas legalmente importa un acto discriminatorio y contrario al principio de igualdad ante la ley, afectando además su derecho de propiedad respecto de los fondos acumulados en su cuenta individual de capitalización.

Invoca como fundamento jurídico la infracción a los artículos 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República, afirmando que la actuación de la recurrida representa una negativa injustificada a restituir fondos de propiedad de la recurrente, pese a haberse acreditado la afiliación al régimen previsional extranjero y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley N° 18.156 y la Circular N° 553 de la Superintendencia de Pensiones. Cita también jurisprudencia de tribunales superiores que han establecido que interpretaciones excesivamente formalistas de esta normativa vulneran el derecho de propiedad e igualdad ante la ley.

Solicita que se acoja el recurso, se deje sin efecto el acto mediante el cual se rechazó la solicitud de devolución de fondos, se ordene a la AFP Cuprum proceder con la entrega de los mismos conforme a derecho, se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, y se condene en costas a la recurrida.

Segundo: Que Martín Molina Gallardo, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., evacúa informe señalando que la decisión de rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales se ajusta a lo establecido en la Ley N° 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y el Oficio Ordinario N° 1.610 de la Superintendencia de Pensiones.

Indica que la documentación presentada por la recurrente resulta insuficiente para acreditar los requisitos exigidos por la normativa, en particular: no consta afiliación vigente a un régimen extranjero durante la permanencia laboral en Chile; la constancia del IVSS indica que la afiliación cesó el 28 de febrero de 2013; no se acreditó que dicho régimen otorgue cobertura en las cuatro contingencias exigidas (enfermedad, invalidez, vejez y muerte); no se adjuntó documentación legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y no consta en el contrato laboral la voluntad expresa de mantener la afiliación extranjera, todo lo cual impide el acceso a la devolución solicitada.

Manifiesta que la validación electrónica del certificado mediante código alfanumérico no suple la exigencia de legalización consular, conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y a lo dispuesto en la normativa administrativa vigente. Añade que aceptar como válidos documentos no legalizados implicaría desconocer el marco regulatorio, infringiendo los requisitos que rigen en esta materia.

Aduce además que el recurso de protección no es la vía idónea para controvertir la decisión impugnada, existiendo procedimientos específicos ante la Superintendencia de Pensiones o los tribunales del trabajo, según el artículo 420 letra c) del Código del Trabajo. Concluye solicitando el rechazo del recurso, por carecer la recurrente de un derecho indubitado y preexistente, y por haberse ajustado la actuación de la recurrida al ordenamiento jurídico vigente.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que, conforme a lo señalado, el acto impugnado en estos autos consiste en la resolución de fecha 14 de mayo de 2025 mediante la cual la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A. rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por la recurrente en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 18.156, fundándose dicha decisión en el incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios exigidos para acceder a dicha devolución.

Sexto: Que, según el artículo 7 de la Ley N° 18.156, los trabajadores extranjeros que hubieren registrado cotizaciones previsionales en una administradora podrán solicitar su devolución, siempre que hayan cumplido previamente con las condiciones del artículo 1° del mismo cuerpo legal. Entre estas, se contempla que el trabajador haya estado afiliado a un régimen de previsión o seguridad social extranjero que otorgue prestaciones, al menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que haya expresado su voluntad de mantener dicha afiliación en su contrato de trabajo. Esta normativa ha sido complementada y precisada por el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones emitido por la Superintendencia de Pensiones y por el Oficio Ordinario N° 1.610 de esa misma autoridad.

Séptimo: Que, en la especie, del mérito de los antecedentes allegados al proceso, no aparece acreditado que la recurrente cumpliera con los requisitos referidos. En efecto, la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, acompañada al expediente, no acredita que la afiliación estuviera vigente durante la permanencia laboral en Chile de la solicitante, pues da cuenta de una fecha de egreso anterior (28 de febrero de 2013). Asimismo, el documento no especifica que la cobertura en caso de enfermedad comprenda prestaciones médicas y pecuniarias, tal como lo exige expresamente la Superintendencia de Pensiones en su regulación vigente.

Octavo: Que, adicionalmente, el certificado de afiliación extranjero no fue acompañado debidamente legalizado, siendo este un requisito explícito previsto en el Compendio de Normas antes citado. La legalización, ya sea tradicional o mediante apostilla, constituye una formalidad sustancial que permite dotar de autenticidad y fuerza probatoria a documentos públicos emitidos en el extranjero, conforme a lo dispuesto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. La sola posibilidad de verificar su contenido mediante código electrónico no sustituye dicha exigencia, razón por la cual no puede reprocharse a la AFP recurrida el haber desestimado el documento por carecer de legalización.

Noveno: Que, en este contexto, la resolución de rechazo dictada por la administradora no se presenta como un acto ilegal, en la medida que encuentra sustento en normas legales y administrativas expresas. Tampoco se divisa arbitrariedad en su emisión, toda vez que se han aplicado de manera razonable y objetiva los requisitos previamente establecidos por el ordenamiento jurídico, sin apreciarse elementos de discriminación, irracionalidad o desvío de poder. Por el contrario, el actuar de la AFP se ajusta a las facultades que le otorga la ley para verificar el cumplimiento de las condiciones necesarias para proceder con la devolución de fondos previsionales.

Décimo: Que, por lo demás, no se priva a la recurrente de la posibilidad de obtener la devolución de sus fondos en el futuro, pues se le ha expresamente informado que, una vez subsanadas las deficiencias documentales detectadas —en particular, la falta de legalización—, puede volver a presentar una nueva solicitud. En tal sentido, el rechazo actual no constituye una afectación definitiva o irreparable de sus derechos, sino una negativa basada en el incumplimiento de requisitos objetivos que pueden ser eventualmente subsanados.

Undécimo: Que, en atención a todo lo anterior, no se configura en la especie la existencia de un acto ilegal o arbitrario que justifique acoger la acción de protección intentada, la cual, como ha sido señalado reiteradamente por la jurisprudencia de los tribunales superiores, exige la existencia de un derecho indubitado, actual y evidente, cuyo ejercicio se vea afectado por una acción u omisión contraria a derecho.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada en favor de Ailen nombre reservado y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-13893-2025.