Protección contra Sindicatos N° 1 y N° 2 del Liceo Polivalente San José de la Preciosa Sangre

C.A. de Santiago Santiago, ocho de abril de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, profesora, quien deduce acción constitucional de protección en contra de los Sindicatos N° 1 y N° 2 del Liceo Polivalente San José de la Preciosa Sangre, y en contra del Sindicato del Colegio Inglés de Los Andes (Sun Valley College), por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la grabación y posterior difusión de un video en que se le atribuyen conductas negativas en el ejercicio de sus funciones, que habría sido remitido a su nuevo empleador y difundido a terceros, afectando su reputación profesional y sus oportunidades laborales.

Señala que lo relatado vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°s 1, 4 y 16 de la Constitución Política de la República, relativas al derecho a la integridad psíquica, al respeto y protección de la honra y vida privada, y a la libertad de trabajo.

Expone, en síntesis, que se desempeñaba como directora académica del Liceo Polivalente San José de la Preciosa Sangre desde marzo del año 2023, período durante el cual comenzó a enfrentar situaciones de hostilidad por parte de docentes, apoderados y alumnos, lo que la llevó a buscar nuevas oportunidades laborales.

Refiere que, habiendo acordado prestar servicios para el Colegio Inglés de Los Andes durante el 2025, tomó conocimiento en enero de dicho año, que los sindicatos recurridos habrían obtenido y difundido un video en el cual se le califica de manera negativa, atribuyéndole responsabilidad en despidos y un mal ambiente laboral, material que fue enviado a la dirección del nuevo establecimiento educacional y a apoderados, lo que determinó que finalmente no fuera contratada.

Añade que dicha difusión ha afectado gravemente su honra y su desarrollo profesional, exponiéndola además a un descrédito público que dificulta su reinserción laboral.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso de protección, ordenando la eliminación del referido video de todas las plataformas en que se encuentre publicado, así como la prohibición de su difusión futura por cualquier medio, adoptándose todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías constitucionales invocadas.

Segundo: Que evacúan informe los abogados Isaías Rodríguez Reyes y Sebastián Fernández Contreras, en representación del Sindicato de Empresa del Liceo Polivalente San José de la Preciosa Sangre, solicitando el rechazo del recurso.

Sostienen, en síntesis, que el arbitrio resulta inconducente respecto de su representado, por cuanto el video cuya eliminación se pretende no fue grabado, producido ni difundido por el sindicato recurrido, sino por el Colegio de Profesores de la Región Metropolitana, habiendo tenido el presidente de la organización una participación meramente incidental, en calidad de entrevistado. Añaden que no poseen copia del registro ni lo han publicado o exhibido, careciendo de posibilidad material de cumplir lo solicitado por la vía de este arbitrio.

En cuanto al fondo, alegan que no existe acto ilegal ni arbitrario, desde que su actuación se enmarca en el ejercicio legítimo de las garantías de libertad de expresión y libertad sindical, al dar cuenta de problemáticas laborales que afectaban a sus afiliados. Indican, además, que el contenido del video no contiene descalificaciones personales hacia la recurrente, sino referencias generales a la situación del establecimiento.

Finalmente, sostienen que no se configura alguna vulneración de las garantías constitucionales invocadas, en particular la honra e integridad psíquica, por lo que la acción carece de fundamento y debe ser rechazada.

Tercero: Que, además, evacúan informe los abogados Jaime Nicolás Jaramillo Chahuán y Matías Serey Guerra, en representación del Sindicato Empresa de Educadores Laicos del Liceo Polivalente San José de la Preciosa Sangre (Sindicato N°2), solicitando el rechazo del recurso.

Sostienen, en síntesis, que los hechos en que se funda la acción son falsos o, en su caso, desconocidos por su representada, negando haber participado directa o indirectamente en la creación, obtención, edición o difusión del video aludido por la recurrente, así como afirman no mantenerlo en su poder ni haberlo entregado a terceros. Añaden que, conforme reconoce la propia actora, el registro se encontraría en poder del Colegio de Profesores, lo que torna improcedente la acción en su contra.

Cuarto: Que, evacúa informe el abogado Rodrigo Ruiz-Tagle Rodríguez, en representación del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Colegio Inglés, solicitando el rechazo del recurso.

Expone, en síntesis, que el libelo resulta deficiente al no precisar la participación concreta de cada uno de los recurridos en los hechos denunciados, especialmente respecto de su representada, negando haber intervenido en la obtención, creación, publicación o difusión del video aludido, el cual habría llegado a conocimiento del sindicato a través de apoderados del establecimiento.

Señala que la actuación del sindicato se limitó a canalizar inquietudes de sus afiliados, consultando a los sostenedores del establecimiento sobre la información que circulaba, sin exhibir ni difundir el registro audiovisual, ni emitir opiniones en él, actuando dentro de las facultades propias de la organización sindical.

Añade que no existe acto ilegal ni arbitrario que le sea atribuible, ni se ha acreditado de qué manera se habrían vulnerado las garantías invocadas, destacando, además, que la eventual decisión de no contratación de la recurrente corresponde a un tercero ajeno, respecto del cual su representada no tiene injerencia.

En consecuencia, sostiene que la acción carece de fundamento fáctico y jurídico en su contra, solicitando su íntegro rechazo.

Quinto: Que, finalmente, dando cumplimiento a lo ordenado por resolución de veintiuno de enero de dos mil veintiséis, evacúa informe la abogada Katherine Rozas Segovia, en representación del del Colegio de Profesores de Chile A.G., Regional Metropolitano, solicitando el rechazo del recurso.

Señala que el video cuya difusión se cuestiona fue publicado en el marco del ejercicio de las funciones propias de la asociación gremial, orientadas a la protección de los derechos de los trabajadores, y que la recurrente pretende atribuir efectos que no guardan relación directa con una vulneración de derechos fundamentales. Añade que la solicitud dirigida a eliminar dicho contenido resulta improcedente, desde que su representada no ha sido formalmente recurrida en la acción.

Alega, además, que el recurso no cumple con los requisitos propios de esta acción cautelar, por cuanto no contiene una exposición clara de los hechos, no identifica de manera precisa un acto ilegal o arbitrario ni acredita la existencia de un derecho indubitado afectado, limitándose a alegaciones genéricas.

Finalmente, sostiene que no concurre ilegalidad ni arbitrariedad en la conducta denunciada, al tratarse de la difusión de información de interés en el contexto de la actividad gremial, sin que se configure relación de causalidad entre dicha actuación y los perjuicios que la recurrente afirma haber sufrido, por lo que solicita el rechazo íntegro del arbitrio.

Sexto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Séptimo: Que se debe señalar que acto arbitrario es aquel producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque algunas de las situaciones o efectos de privación, perturbación o amenaza, afectando a una o más de las garantías preexistentes- protegidas; es aquello producto del mero capricho de quien incurre en él (Corte Suprema Rol N° 764/2011); es la no existencia de razones que justifiquen una actuación (Corte Suprema N° 4734/2003) o voluntad no gobernada por la razón (Corte Apelaciones de Santiago N° 1249/1994): vulneración del uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos (Corte de Apelaciones de Santiago N° 50/2004), o bien, acciones u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por los principios de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad (Corte de Apelaciones de Coyhaique N° 37/2000).

Octavo: Que, por su parte, acto ilegal es aquel contrario al ordenamiento jurídico (en particular los poderes públicos). Antijurídico. Contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1 del Código Civil (Corte Suprema Rol N° 764/2011). Privación es despojo o desconocimiento del derecho, la perturbación es dificultad o límites no aceptables para su ejercicio y amenaza, la representación cierta que el derecho sea privado o perturbado.

Noveno: Que, por medio de la presente acción cautelar, la recurrente imputa a las organizaciones sindicales recurridas la obtención y difusión de un video que contendría afirmaciones negativas respecto de su gestión, atribuyéndoles con ello una afectación a su honra, integridad psíquica y libertad de trabajo, en cuanto dicha difusión habría incidido en la decisión de un tercero de no contratarla.

Décimo: Que, de los antecedentes allegados al proceso, si bien consta la existencia y difusión del referido registro audiovisual por parte del Colegio de Profesores en el marco de su actividad gremial -quien lo reconoció al evacuar el informe que se le requirió como trámite- no se logra establecer la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible a los recurridos, desde que estos han negado de forma concordante haber gestado su creación o difusión, sin que se hayan aportado elementos que permitan desvirtuar tales alegaciones ni acreditar una intervención directa en los hechos que se reprochan.

Undécimo: Que, en este contexto, tampoco se advierte la existencia de una vulneración actual o inminente de las garantías constitucionales invocadas, desde que los hechos en que se funda la acción aparecen expuestos de manera confusa y deficientemente articulados, sin una adecuada determinación de las conductas concretas que se imputan a cada uno de los recurridos ni de la forma en que estos habrían incidido en la supuesta afectación de derechos.

Asimismo, la eventual consecuencia alegada -consistente en la no contratación por parte de un tercero- no se encuentra suficientemente demostrada ni puede ser atribuida de manera directa e inmediata a la actuación de aquellos, configurándose, en consecuencia, una situación que excede el ámbito propio de esta acción cautelar y que, en su caso, requiere de un procedimiento de lato conocimiento que permita esclarecer los hechos controvertidos y determinar las eventuales responsabilidades.

Duodécimo: Que, sin perjuicio de lo referido, y sólo a mayor abundamiento, cabe señalar, particularmente en relación con la vulneración de las garantías constitucionales referidas en los numerales 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que del contenido del video al que se ha hecho referencia no se constata un descrédito a la persona de la recurrente, sino que dice relación con su desempeño en el ámbito laboral que ha merecido reproches en la adopción de medidas de orden patronal, y que vincula al ejercicio de derechos laborales, especialmente en relación con su protección en el ámbito de la actividad gremial de los recurridos.

En este sentido, cabe señalar que atendido que la finalidad de la acción de protección es adoptar los resguardos necesarios para hacer cesar los efectos de un acto que puede ser arbitrario o ilegal que afecte garantías constitucionales, es pertinente tener presente que si bien en nuestro ordenamiento jurídico no se admite la “autotutela” -que es lo que pareciere afirmar la recurrente que aconteció con el obrar de los recurridos- en el caso en análisis no resulta ilegal o arbitrario que entidades diversas de los recurridos hayan advertido, a través de una red social, a terceros no ajenos a la problemática un actuar reprochable en el ámbito laboral, porque ello se hizo en el marco del ejercicio de la actividad gremial, de manera que no aparece que se haya visto afectada la integridad psíquica y la honra de la recurrente, atendido el alcance que posee la red social por la que se difundió la noticia, en la que, como se dijo, sólo se hizo referencia a su conducta, en términos generales, en el ámbito del desarrollo de su trabajo como directora académica.

De esta forma, aunque la libertad de expresión es fundamental en el progreso de un Estado democrático de Derecho y la experiencia demuestra que su ejercicio abusivo genera perjuicios, puesto que puede entrar en conflicto con otras libertades individuales, por ejemplo, el derecho al buen nombre, cuando es vulnerado con una afirmación deshonrosa transmitida a través de una red social, frente a la cual, los aludidos tienen limitadas posibilidades de exigir y lograr una pronta y urgente corrección, lo cierto es que dicho ejercicio abusivo no aparece que se haya verificado en este caso, por cuanto, como se dijo, la información que se difundió decía relación con el ámbito exclusivamente laboral y la afectación que, se estimaba, se producía en esa área para los docentes afectados.

Decimotercero: Que, en consecuencia, el presente recurso no puede prosperar, por lo que deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida por doña nombre reservado en contra del Sindicato N° 1 y Sindicato N° 2 del Liceo Polivalente San José de la Preciosa Sangre, y del Sindicato de Trabajadores del Colegio Inglés de Los Andes.

Redactó el ministro señor Jose P. Rodriguez Moreno Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-1389-2025.