nombre reservado con HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, uno de septiembre de dos mil veintiséis.

Al folio 28: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado y deduce recurso de protección en contra del Hospital Clínico “General Doctor Raúl Yazigi J.” de la Fuerza Aérea de Chile, por la actuación arbitraria e ilegal consistente en haber dictado la Resolución Exenta “R” N° 78816/2026, de 30 de abril de 2026, mediante la cual se dispuso el término de su relación laboral invocando las causales de falta a la probidad e incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, previstas en el artículo 160 N° 1 letra a) y N°7 del Código del Trabajo, lo que vulneraría los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad, garantizados en la Constitución Política de la República en su artículo 19 Nos 2, 3 inciso sexto y 24.

Expone que tras ser diagnosticada en septiembre de 2024 con un carcinoma mamario triple negativo de alta complejidad se le otorgó licencia médica el 23 de septiembre del mismo año, por 30 días, para iniciar su proceso de recuperación. Relata que, con anterioridad a dicho diagnóstico -específicamente en julio de 2024-, había organizado un viaje familiar a Brasil (que tuvo lugar entre el 6 y 12 de octubre de 2024), el cual se encontraba íntegramente costeado y con la cobertura laboral gestionada mediante permutas de turno previamente autorizadas por su jefatura directa. Señala que encontrándose en un estado de profundo menoscabo emocional y en espera de resultados críticos de biopsia consultó a su médico tratante, el Dr. nombre reservado, quien prescribió y autorizó la realización del viaje como una medida terapéutica de bienestar emocional antes de enfrentar el tratamiento oncológico activo.

Refiere que a raíz de una investigación instruida por la Contraloría General de la República evacuó oportunamente sus descargos y acompañó toda la documentación acreditante de la planificación previa del viaje y la autorización médica referida. No obstante, denuncia que la resolución que dispone su despido afirma falsamente que ella no presentó defensas ante el oficial investigador, incurriendo así en un vicio de falta de motivación y vulnerando las normas del debido proceso administrativo.

Sostiene que la sanción aplicada resulta desproporcionada e irracional, toda vez que se le desvincula mientras se encuentra en pleno tratamiento de quimioterapia y cirugía, con licencia médica vigente, privándola además de su seguro de salud institucional en el momento de mayor necesidad.

Menciona que la aplicación mecánica de sanciones por incumplimiento de jornada durante licencias médicas, sin atender a las circunstancias de salud particulares y a la buena fe de la funcionaria, constituye una arbitrariedad que desatiende los principios de justicia y proporcionalidad que deben informar la potestad disciplinaria del Estado.

En mérito de lo expuesto, solicita que se deje sin efecto la Resolución Exenta "R" N°78816/2026, ordenando la reincorporación inmediata de la recurrente a sus labores en el Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile, con el pleno reconocimiento de todos sus derechos y prerrogativas contractuales, el pago de las remuneraciones que dejaron de percibirse y la restitución de la cobertura de salud, disponiendo además que se retrotraiga el procedimiento administrativo para una correcta valoración de los antecedentes de defensa.

Segundo: Que comparece el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile, evacuando el informe de rigor.

Indica que la desvinculación de la recurrente, materializada mediante la Resolución Exenta "R" N°78816 de 30 de abril de 2026, no constituye un acto caprichoso, sino el resultado de una investigación instruida a raíz del Oficio N° E82804/2025 de la Contraloría General de la República, la cual constató que la funcionaria hizo abandono del país con destino a Brasil durante la vigencia de una licencia médica por enfermedad común, conducta que estima incompatible con la recuperación de la salud y el uso legítimo del subsidio estatal.

Argumenta que el acto impugnado se ajusta estrictamente a la legalidad, por cuanto la conducta desplegada configura una infracción gravísima al principio de probidad administrativa y un incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, de acuerdo a las causales previstas en el artículo 160 N°1 letra a) y N°7 del Código del Trabajo.

Descarta la existencia de arbitrariedad, arguyendo que la potestad disciplinaria se ejerció de forma reglada, siguiendo las instrucciones vinculantes del órgano contralor que imponen la sanción de expulsión ante faltas a la probidad, sin que quepa a la autoridad administrativa una ponderación discrecional de circunstancias atenuantes.

Asimismo, niega la vulneración del debido proceso, afirmando que la recurrente tuvo la oportunidad de ser oída y presentar descargos, los cuales fueron desestimados por no alterar la realidad material del viaje realizado.

Por tales motivos, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Tercero: Que a petición de esta Corte complementó su informe el Hospital recurrido sobre el estado del recurso de reposición con apelación en subsidio deducido el 18 mayo 2026 por la recurrente en contra de la resolución de Resolución Exenta “R” N° 78816/2026, del 30 de abril de 2026.

Refiere al efecto, que tal recurso administrativo se encuentra pendiente de resolución, toda vez que, con fecha 20 de mayo de 2026, esa Corte de Apelaciones de Santiago concedió una orden de no innovar, suspendiendo todos los efectos de la Resolución Exenta “R” N°78816/2026, de 30 de abril de 2026, dictada por su repartición, mientras se resuelve esta acción cautelar.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable para la procedencia de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que,es menester precisar que la acción se dirige contra la Resolución Exenta “R” N°78816/2026, de 30 de abril de 2026, dictada por el Hospital Clínico General Doctor Raúl Yazigi J. de la Fuerza Aérea de Chile, por medio de la cual se puso término al contrato de trabajo de la recurrente, la que tuvo como fundamento el hecho de haberse establecido en el curso de la investigación administrativa llevada en contra de la empleada, que ésta viajó a Brasil mientras hacía uso de licencia médica.

Sexto: Que de lo anteriormente expuesto aparece que la controversia planteada no dice relación con la corrección inmediata de un acto manifiestamente ilegal o arbitrario susceptible de ser enmendado por esta vía cautelar, sino con la validez y mérito de una decisión administrativa sancionatoria adoptada al término de un procedimiento disciplinario formalmente instruido.

En efecto, las alegaciones de la actora se orientan a cuestionar la errónea apreciación de la premisa fáctica en que se fundó la investigación, la ponderación de los descargos y antecedentes aportados al efecto, la interpretación de la normativa sobre licencias médicas y probidad administrativa, así como la proporcionalidad de la sanción aplicada, pretensiones que, en lo sustancial, persiguen reabrir el debate sobre la procedencia del término de contrato laboral y la manera en que la autoridad disciplinaria ponderó el contexto de la enfermedad común en que se produjo la conducta reprochada. Sin embargo, el recurso de protección no constituye una instancia declarativa ni revisora del mérito de lo obrado en un sumario administrativo, ni habilita a esta Corte para sustituir a la autoridad en la apreciación de los antecedentes de hecho y de derecho reunidos en dicho procedimiento, máxime cuando lo debatido exige un examen de lato conocimiento acerca de la adecuación de la sanción a la falta imputada y de la forma en que fueron valoradas las alegaciones de defensa de la empleada.

Séptimo: Que a lo anterior cabe agregar que de los antecedentes allegados a estos autos aparece que las alegaciones de la recurrente fueron conocidas y resueltas en sede administrativa por los órganos competentes, dentro de un procedimiento en que se le tomó declaración, se le formularon cargos precisos, se le otorgó oportunidad para evacuar descargos, acompañar antecedentes y deducir los recursos administrativos pertinentes.

En efecto, la propia inculpada reconoció en su declaración haber salido del país durante el período de licencia médica; luego respondió preguntas realizada por el Oficial investigador, acompañando un certificado médico y explicaciones relativas a su estado de salud y al contexto personal del viaje, tales antecedentes fueron considerados en la resolución de 30 de abril de 2026, la cual contiene fundamentos propios acerca de la acreditación del hecho, su calificación como infracción grave al principio de probidad, el resguardo del debido proceso y la proporcionalidad de la medida aplicada.

De este modo, la decisión impugnada aparece revestida de fundamentación y dictada en ejercicio de las potestades legales del Hospital recurrido, gozando de la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos, la que no ha sido suficientemente desvirtuada en autos, desde que los reproches de la actora se encaminan, primordialmente, a reabrir el debate sobre el mérito de la investigación y la valoración de los elementos probatorios, cuestión que excede el objeto propio de esta acción constitucional.

A lo que se suma que, según los antecedentes, consta que se encuentran pendientes los recursos administrativos que la recurrente dedujo ante la autoridad administrativa con el objeto de impugnar la Resolución Exenta "R" N°78816/2026, de tal manera que la referida resolución no tiene el carácter de terminal que requiere para ser objeto de la tutela cautelar que por esta vía se solicita.

Octavo: Que en cuanto a la alegación de desproporción de la decisión de término de la relación laboral cabe tener presente que la recurrida calificó la conducta investigada como una infracción grave al principio de probidad administrativa y de las obligaciones que imponía su contrato de trabajo, en relación con el contenido del literal g) de la cláusula tercera del dicho instrumento, y la calificación de la conducta en el artículo 73 letra a) del Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad del Hospital, incurriendo en el incumplimiento grave a que refiere el artículo 160 N° 1 del Código del Trabajo, de tal manera que la decisión de la institución recurrida encuentra sustento expreso en la norma en comento, de modo que no aparece como una decisión carente de fundamento o desprovista de razonabilidad.

Noveno: Que, en consecuencia, no se advierte en la especie la existencia de un acto ilegal o arbitrario en la dictación de la Resolución Exenta “R” N° 78816/2026, de 30 de abril de 2026, sino el ejercicio regular de una potestad legalmente conferida, mediante un procedimiento racional y justo, que respetó las garantías del debido proceso administrativo y culminó con una decisión suficientemente fundada.

Décimo: Que, a mayor abundamiento, se debe considerar que la presente acción constitucional, de naturaleza eminentemente cautelar y no declarativa, no está llamada a sustituir los procedimientos específicos que el legislador ha previsto para conocer y resolver controversias vinculadas al término de una relación laboral, como lo es el caso de la especie.

Ciertamente, las impugnaciones que la recurrente formula en cuanto al cese del vínculo que la unía al Hospital recurrido atañen a materias que deben ser sometidas al conocimiento de la judicatura del trabajo a través de los mecanismos que el ordenamiento ha establecido al efecto, que no se condicen con la naturaleza urgente, excepcional y meramente cautelar del recurso de protección.

Undécimo: Que en razón de lo dicho y por no configurarse los supuestos esenciales que exige el artículo 20 de la Constitución para otorgar la protección que se demanda, el recurso debe ser necesariamente declarado sin lugar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema que rige la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado contra el Hospital Clínico “General Doctor Raúl Yazigi J.” de la Fuerza Aérea de Chile.

Regístrese y archívese.

Rol N°13883-2026 Protección.