nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Santiago, veintidós de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que comparece don Andrés Camus Cárcamo, abogado, en representación de don nombre reservado y deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, fundado en que la recurrida habría incurrido en actos ilegales y arbitrarios que vulneran las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2°, 16° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que en el año 2014, encontrándose vinculado laboralmente a una empresa afiliada a la recurrida, suscribió con ésta un crédito social cuyo pago se efectuaba mediante descuentos por planilla. Al término de dicha relación laboral, cesaron los descuentos, quedando un saldo insoluto que motivó a la Caja recurrida a deducir demanda ejecutiva en su contra ante el 14° Juzgado Civil de Santiago, causa Rol C-8008-2016, la que fue archivada por resolución de 17 de octubre de 2017, remitiéndose definitivamente al archivo judicial con fecha 6 de diciembre de 2018, sin que a la fecha exista ejecución vigente ni resolución judicial que autorice medidas de cobro.

Expone que, habiendo iniciado en julio de 2025 una nueva relación laboral con un empleador distinto, también afiliado a la recurrida, ésta instruyó y validó, sin notificación previa, sin requerimiento judicial y sin mandato vigente, el descuento directo de sus remuneraciones correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025, por la suma de $255.076 mensuales, lo que totaliza $765.228.

Relata que, ante dicha situación, formuló reclamo administrativo con fecha 22 de octubre de 2025, folio N° 01176253, cuya recepción fue confirmada por la recurrida el mismo día; que con fecha 28 de octubre de 2025 se le requirió documentación adicional, la que fue acompañada oportunamente; y que, finalmente, mediante comunicación de 6 de noviembre de 2025, la recurrida rechazó el reclamo, sosteniendo que la deuda se mantendría vigente y que su prescripción debía ser declarada judicialmente, no obstante reconocer la inexistencia de resolución judicial que habilitara los descuentos practicados.

Sostiene el recurrente que dicho actuar es ilegal, por infringir el artículo 23 de la Ley N° 18.833 y los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, y arbitrario, por carecer de razonabilidad y proporcionalidad, configurando además un acto de autotutela proscrita al pretender la recurrida ejecutar unilateralmente una obligación judicializada y archivada, sustituyendo con ello la función jurisdiccional que corresponde a los tribunales de justicia, afectando gravemente su subsistencia económica.

Cita en apoyo de su pretensión jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones, conforme a la cual el descuento unilateral de remuneraciones sin título ejecutivo vigente constituye un acto ilegal y arbitrario, corregible por la vía del recurso de protección, por afectar el derecho de propiedad del trabajador.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso; se declaren ilegales y arbitrarios los descuentos practicados; se ordene la restitución íntegra de las sumas indebidamente descontadas; y se disponga la suspensión definitiva de todo descuento futuro asociado al crédito social en cuestión, mientras no exista resolución judicial firme que lo autorice.

Segundo: Que, evacuando el informe solicitado, comparece don Matías Amigo García, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes y expone que con fecha 9 de octubre de 2014 otorgó al recurrente, don nombre reservado, la operación de crédito social código N° 037.271373-K, por un capital de $4.969.386, pagadero en 54 cuotas mensuales de $145.758, con primer vencimiento el 30 de noviembre de 2014. Indica que las cuotas N° 1 a 31 fueron pagadas entre diciembre de 2014 y diciembre de 2025, encontrándose la operación en morosidad respecto de las cuotas N° 32 a 54, correspondientes al período comprendido entre junio de 2017 y abril de 2019.

Sostiene que no ha incurrido en actuación ilegal ni arbitraria alguna, por cuanto el descuento por planilla constituye un mecanismo legal de pago, contemplado en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, de carácter obligatorio para el empleador y ajeno a la voluntad de la Caja acreedora, que se rige por las mismas normas de cobro que las cotizaciones previsionales. Añade que, conforme a dicha norma y al Compendio de Normas del ramo, el pago del crédito se entiende extinguido respecto del trabajador desde el momento en que el empleador efectúa el descuento, con independencia de que éste sea posteriormente remesado o no a la Caja, de manera que el mecanismo no importa una gestión de cobro imputable a la recurrida.

En cuanto a la prescripción invocada por el recurrente, argumenta que ésta no opera de pleno derecho conforme a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, sino que debe ser alegada y declarada judicialmente, no siendo la acción de protección la vía idónea para tales efectos, por lo que la obligación se mantendría plenamente vigente y exigible mientras no exista pronunciamiento judicial en un juicio de lato conocimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, informa que, sin reconocer la extinción de la deuda ni los fundamentos del recurso, ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos aplicados al recurrente, así como la restitución de las sumas que se hayan recibido a partir de la reanudación de los cobros, precisando que las planillas de descuento se generan el día 25 del mes anterior a su aplicación, por lo que se dispondrá también la devolución de cualquier suma percibida en el intertanto. En virtud de ello, solicita el rechazo del recurso por falta de oportunidad.

Tercero: Que resulta pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes e indubitados, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto ilegal o arbitrario que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la normativa por la que debe regirse, lo que también se verifica cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley. Por su parte, tal actuación es arbitraria cuando carece de razonabilidad o bien cuando existe falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar o ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o cuando no se verifican los hechos que fundamentan un actuar.

La afectación del derecho a través del acto u omisión arbitrario o ilegal debe ser directa, grave y manifiesta, pues ello es lo que justifica la naturaleza de este procedimiento breve y sumario que persigue el restablecimiento inmediato del derecho fundamental afectado.

Cuarto: Que la acción constitucional se dirige en contra de los descuentos mensuales efectuados por la recurrida sobre las remuneraciones del actor de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025, correspondientes a las cuotas de un crédito social cuya cobranza judicial se encuentra archivada desde el año 2018, que la recurrente estima ilegales y arbitrarios, vulnerando las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, libertad de trabajo y derecho de propiedad.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes de autos se advierte que la recurrida, al evacuar su informe, se ha allanado expresamente a lo solicitado por el actor, señalando que ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos aplicados al recurrente y la restitución de las sumas descontadas de sus remuneraciones, a partir de la reanudación de los cobros.

Sexto: Que la recurrente, en estrados, acusó el incumplimiento de la devolución de los montos cobrados por parte de la Caja de Compensación recurrida, por lo que, como medida para mejor resolver, se requirió informe sobre la restitución de los montos descontados, acompañando la recurrida el comprobante de restitución de las cuotas descontadas por un monto de $ 765.228 de fecha 23 de marzo de 2013, efectuada mediante transferencia bancaria a nombre del protegido.

Séptimo: Que, en las condiciones antes anotadas, el objeto inmediato del presente arbitrio cautelar se encuentra ya satisfecho, lo que evidencia que el recurso ha perdido oportunidad, no existiendo medida cautelar que pueda adoptar esta Corte para el restablecimiento del imperio del Derecho, motivo por el cual el recurso intentado será desestimado.

Por tales consideraciones, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en por el abogado don Andrés Camus Cárcamo, en favor de don nombre reservado, de don nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Redactó la ministra señora Rodríguez Fondón.

Protección N°1388-2026.