nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.5

Santiago, cuatro de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Luis Gonzalo Cornejo Chávez, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, economista, e interpone recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por haber rechazado, con fecha 7 de mayo de 2026, su solicitud de retiro de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley N°18.156, actuación que califica de ilegal y arbitraria y que estima vulneratoria de las garantías consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que posee residencia definitiva en Chile y que, durante sus relaciones laborales, se efectuaron cotizaciones previsionales, pese a haber manifestado en sus contratos su voluntad de acogerse a la Ley N°18.156. Señala que, el 21 de abril de 2026, presentó ante AFP Provida la solicitud N°3418 para obtener la devolución de dichos fondos, acompañando sus contratos de trabajo, título profesional apostillado, cédula de identidad y una constancia de afiliación al sistema de seguridad social venezolano.

Refiere que la recurrida rechazó su solicitud exigiendo que la certificación de afiliación previsional venezolana estuviera debidamente legalizada o apostillada y que acreditara específicamente cobertura en materia de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, estimando insuficiente la constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Cuestiona tales exigencias, sosteniendo que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 requieren que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social extranjero que otorgue las coberturas allí previstas y que manifieste su voluntad de mantener dicha afiliación, condiciones que afirma cumplir. Agrega que la constancia presentada emana del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, se encontraba vigente y su autenticidad puede verificarse electrónicamente mediante el código incorporado en el documento. En cuanto a su apostilla, sostiene que existe una imposibilidad material de obtenerla debido a la inexistencia de representación consular venezolana en Chile, por lo que estima que la recurrida ha efectuado una interpretación excesivamente formalista de la normativa y ha impuesto exigencias que no se encontrarían establecidas en la ley.

Alega que la negativa de AFP Provida resulta ilegal y arbitraria, pues le impide acceder a la devolución de sus fondos previsionales pese a estimar satisfechos los requisitos legales, vulnerando con ello sus derechos de igualdad ante la ley y de propiedad. Invoca jurisprudencia que, en situaciones que considera análogas, ha estimado suficiente la documentación previsional venezolana susceptible de verificación electrónica y ha descartado interpretaciones excesivamente formalistas de la Ley N°18.156.

Concluye solicitando que se acoja el recurso, se deje sin efecto el rechazo, se reconozca la validez de la documentación acompañada, se ordene continuar la tramitación de su solicitud y efectuar la devolución de los fondos previsionales dentro de un plazo razonable.

SEGUNDO: Que, informando Ana María Herrera Brummer, abogada, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicita el rechazo del recurso, con costas, sosteniendo, en primer término, que la acción de protección no constituye la vía idónea para resolver una controversia que requiere determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley N°18.156 y, en subsidio, que su representada no ha incurrido en actuación ilegal o arbitraria, sino que se ha limitado a aplicar la normativa previsional y las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

Coincide con la recurrente en cuanto a que, el 7 de mayo de 2026, rechazó su solicitud de devolución de fondos previsionales formulada en calidad de técnico extranjero. Explica que la decisión se fundó en que la documentación presentada no acreditaba que la recurrente hubiese contado, durante todo el período en que prestó servicios en Chile, con cobertura efectiva en su país de origen respecto de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Añade que la constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no se encontraba firmada ni legalizada o apostillada y sólo hacía referencia genérica a las coberturas otorgadas por el sistema venezolano, sin acreditar específicamente aquellas de que habría gozado la afiliada y su período de vigencia. Agrega que tampoco se habría acompañado el título técnico o profesional en las condiciones exigidas.

Controvierte que tales exigencias constituyan requisitos adicionales creados por la Administradora. Señala que derivan de las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones en ejercicio de sus atribuciones legales y, particularmente, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, conforme al cual la afiliación al régimen extranjero debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste la cobertura exigida por el artículo 1° de la Ley N°18.156. En cuanto a la apostilla cuestionada por la recurrente, sostiene que su exigencia deriva de las normas sobre eficacia en Chile de los documentos públicos extranjeros y del Convenio de la Apostilla, del que Venezuela es Estado parte.

Añade que existiría otro impedimento para acceder a la devolución solicitada, pues los contratos de trabajo de 1 de enero de 2024 y 10 de septiembre de 2020 no contienen una manifestación de voluntad de mantener la afiliación al régimen previsional extranjero, consignándose, por el contrario, la afiliación al sistema previsional chileno, mientras que dicha voluntad sólo habría sido incorporada en anexos posteriores. Sostiene que, conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, la manifestación posterior o contradictoria no permite satisfacer el requisito contemplado en la Ley N°18.156.

Hace presente, además, que la recurrente posee residencia definitiva y es propietaria de un inmueble en Chile, circunstancias que invoca para sostener que su permanencia en el país podría determinar que, luego de retirados los fondos, eventualmente accediera a prestaciones financiadas con recursos fiscales.

Finalmente, afirma que la devolución contemplada en la Ley N°18.156 constituye una excepción al destino general de los fondos previsionales y exige el cumplimiento copulativo de los requisitos legales y reglamentarios. Invoca jurisprudencia que habría reconocido la procedencia de exigir que la documentación previsional extranjera se encuentre legalizada o apostillada y acredite de manera específica las coberturas correspondientes, incluso respecto de constancias emitidas por el sistema venezolano. Por estas razones, sostiene que el rechazo se ajustó a la normativa vigente, no vulneró el derecho de propiedad de la recurrente y solicita el rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo frente a un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que, entonces, es requisito indispensable para la procedencia de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque alguna de las situaciones antes indicadas, de manera tal de situar a esta Corte en posición de adoptar una medida que contrarreste, neutralice o anule sus efectos. Asimismo, se ha sostenido invariablemente que la acción de protección no constituye una instancia declarativa de derechos, sino que tiene por objeto la tutela de derechos preexistentes e indubitados.

QUINTO: Que, del análisis de los antecedentes acompañados al recurso y del informe evacuado por la recurrida, se advierte que la decisión de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. de rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por la recurrente al amparo de la Ley N°18.156 se fundó en estimar que ésta no acreditó el cumplimiento copulativo de los requisitos establecidos en dicho cuerpo legal y en las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones para acceder a ese beneficio.

En particular, la recurrida estimó insuficiente la constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, por no encontrarse firmada, legalizada o apostillada y no acreditar específicamente que la recurrente hubiese contado, durante el período en que prestó servicios en Chile, con cobertura en materia de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Asimismo, cuestionó que la voluntad de mantener la afiliación al régimen previsional extranjero no constara en los contratos de trabajo originales, sino en anexos posteriores.

SEXTO: Que, en cuanto al primero de dichos fundamentos, el documento acompañado para acreditar la afiliación de la recurrente al sistema de seguridad social venezolano corresponde a una constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, cuya autenticidad, según sostiene aquélla, puede ser verificada mediante el código incorporado en el mismo instrumento. Sin embargo, tal circunstancia no permite tener por satisfechas las exigencias invocadas por la recurrida, desde que dicho documento no se encuentra legalizado ni apostillado y, además, según aparece de los antecedentes, no certifica de manera específica las coberturas de enfermedad, invalidez, vejez y muerte de que habría gozado la recurrente ni el período durante el cual éstas se habrían mantenido vigentes.

En este sentido, la circunstancia alegada por la actora relativa a las dificultades que enfrentaría para obtener la apostilla del documento no permite, por sí sola, tener por acreditados los requisitos que la Ley N°18.156 exige para acceder a la devolución pretendida, particularmente si la documentación acompañada tampoco permite establecer de manera específica las coberturas previsionales que la normativa requiere.

SÉPTIMO: Que, a lo anterior se añade que existe controversia respecto del cumplimiento del requisito consistente en manifestar la voluntad de mantener la afiliación al régimen previsional extranjero. En efecto, mientras la recurrente sostiene haber expresado dicha voluntad en sus relaciones laborales, la Administradora informa que los contratos de trabajo de 10 de septiembre de 2020 y 1 de enero de 2024 no contienen tal declaración y que, por el contrario, hacen referencia a su afiliación al sistema previsional chileno, habiéndose incorporado la manifestación de mantener el régimen extranjero únicamente mediante anexos posteriores.

De esta manera, la negativa de la recurrida no aparece sustentada exclusivamente en la falta de apostilla de la constancia emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, sino también en la insuficiencia de dicho instrumento para acreditar las coberturas exigidas y su período de vigencia, así como en la oportunidad y forma en que se habría manifestado la voluntad de mantener la afiliación al régimen previsional extranjero, todos ellos requisitos que la recurrida sostiene deben concurrir copulativamente para acceder a la devolución prevista en la Ley N°18.156.

OCTAVO: Que, en tales condiciones, existiendo controversia acerca del cumplimiento de diversos requisitos necesarios para acceder a la devolución de fondos previsionales pretendida, y habiendo la recurrida fundado su negativa en la normativa que estima aplicable y en las instrucciones impartidas por el órgano fiscalizador, no se advierte que su actuación pueda ser calificada de ilegal o arbitraria por esta vía cautelar.

Por lo demás, determinar si la documentación acompañada por la recurrente resulta suficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos controvertidos importaría resolver una cuestión que excede el ámbito propio de esta acción cautelar, destinada a proteger derechos preexistentes e indubitados.

NOVENO: Que, no habiéndose configurado la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario imputable a la recurrida, falta el presupuesto básico para la procedencia de la acción cautelar deducida, razón por la cual el recurso será rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por Luis Gonzalo Cornejo Chávez, en representación de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N° 13860-2026 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Fernando Carreño Ortega, conformada por el ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno y el abogado integrante señor Jorge Gómez Oyarzo.