FRANCISCO RODRIGUEZ Y CIA. PRODUCTORA DE SEGUROS LIMITADA con nombre reservado

Santiago, veinticinco de abril de dos mil dieciséis.

Vistos:

A fojas 1, recurre de protección el abogado don Sergio Toloza Valenzuela en representación de Francisco Rodríguez y Compañía Productora de Seguros Limitada, en contra de la Ministra señora nombre reservado, el Ministro suplente don Jorge Luis Norambuena Carrillo y el Fiscal Judicial don nombre reservado, integrantes de la Décima Sala de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, por haber incurrido en acto arbitrario e ilegal que ha perturbado, amenazado y privado el legítimo derecho contemplado en al artículo 19 N° 3 y 24 de la Constitución Política de la República, en la dictación de la sentencia de 22 de enero último, en los autos Rol Ingreso Corte N° 1473-2015 caratulados “nombre reservado con Francisco Rodríguez y Compañía Productora de Seguros Limitada”.

Refiere que el fallo de nulidad materia de la presente acción constitucional desechó el recurso de nulidad impetrado en contra del fallo de la instancia por estar evidentemente mal planteado; sin embargo, ejerciendo de modo abusivo las facultades discrecionales que la ley les confiere, faltando a deberes anexos a su Ministerio, fuera de toda racionalidad, faltando a la verdad y con evidentes errores jurídicos, actuando de oficio, anuló la sentencia de la instancia, otorgando a la actora el aumento de la indemnización por años de servicios, ascendente a $5.983.336 y la suma de 2.710,69 Unidades de Fomento, por concepto de comisiones adeudadas a la actora, sin costas.

Señala que el inciso final del artículo 479 del Código Penal, dispone que una vez interpuesto el recurso, no podrán invocarse nuevas causales; con todo, la Corte, de oficio podrá acoger el recurso deducido por un motivo distinto del invocado por el recurrente, cuando aquél corresponda a alguno de los señalados en el artículo 478. Que consta del texto del recurso de nulidad impetrado por la demandante que se invocaron dos causales diversas de nulidad, artículo 478 letras c) y b); y consta en el fallo de nulidad recurrido que la actuación oficiosa de los jueces recurridos se llevó a cabo sobre la base de dar aplicación a la norma contenida en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, que fluye pacíficamente en el considerando quinto, lo que conduce a la actuación ilegal y arbitraria en el ejercicio de sus funciones, al llevar a cabo una actuación oficiosa, contraviniendo formalmente la ley, toda vez que se utilizó para ello el mismo motivo de nulidad invocado por el recurrente, lo que está expresamente vedado.

Por otra parte, señala la incongruencia absoluta de la causal sancionada el artículo 478 letra c), esto es, la errónea calificación jurídica, y que sirvió de base a los sentenciadores recurridos para actuar de manera oficiosa, no dando cuenta de un error in iudicando de las características en el fallo recurrido. Además, refiere en su recurso la invocación inexacta de los hechos que sirven de base a la decisión oficiosa, toda vez que en parte alguna de la demanda se extrae que la primera solicitud de la actora haya sido que se determinara la procedencia del pago de las comisiones a la que tenía derecho, fluyendo claramente que la única petición concreta que formula la actora es que se condene la demandada al pago de 2.870 Unidades de Fomento por comisiones adeudadas, lo que reitera en dos oportunidades. Añade, la ausencia absoluta de proporcionalidad entre la decisión y el análisis de la historia laboral de la demandante, toda vez que no hay relación alguna con las remuneraciones del mercado sino que además se alejan del mérito del proceso.

Respecto a la vulneración del artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República, señala que los recurridos han violentado formal y flagrantemente el sistema recursivo y la garantía del debido proceso, lo que importa que la sentencia pronunciada no se fundó en un proceso previo legalmente tramitado.

En cuanto a la vulneración del artículo 19 Número 24 de la Constitución, indica que, con la actuación de los recurridos la recurrente ha visto perturbada y amenazada la garantía constitucional del derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales en corporales, ya que se le impone el pago de más de 800 millones de pesos sin que fueren procedentes.

Finalmente, solicita se acoja la presente acción, dejando sin efecto la sentencia dictada con fecha 22 de enero de 2016, en la parte que anuló de oficio la sentencia de la instancia, manteniéndola en lo demás, con expresa condena en costas.

A fojas 46, se evacúa por los recurridos el informe pertinente, en el que se refiere que la decisión jurisdiccional que por la presente vía constitucional se impugna, se adoptó en uso de atribuciones legales y el mérito de los antecedentes y fundamentos que se hicieron constar en el fallo, descartando cualquier ilegalidad o arbitrariedad, siendo una cuestión distinta y ajena al arbitrio constitucional que la demandada no lo comparta.

Señalan que, si bien en el recurso se invocan derechos que ostentan la categoría de fundamentales en nuestro ordenamiento -el debido proceso y la propiedad-, la posible perturbación o amenaza que en concepto del recurrente le afecta, no deriva de una actuación ilegal o arbitraria, sino por la dictación de la sentencia en uso de facultades jurisdiccionales y que se encuentra debidamente fundada.

Acompañan a su informe, copia del fallo que se impugna por esta vía constitucional.

Se trajeron los autos en relación, escuchándose el alegato del abogado recurrente.

Considerando:

Primero: Que, debe reiterarse, el Recurso de Protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección a los afectados cuando, por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en los números que el artículo 20 señala;

Segundo: Que, precisamente, el artículo 20 de la Carta Fundamental no indica como garantía protegida por esta acción tutelar el debido proceso, entendido como el procedimiento justo y racional a que tanto las partes como el juez estén obligados a observar, consagrado en el artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución. Por consiguiente, este capítulo del recurso será desestimado sin mayor análisis.

Tercero: Que en la parte petitoria del libelo, se solicita que se declare la reserva de los derechos que le asisten al actor para ejercer acciones disciplinarias. Enseguida, se pide que se acoja el recurso, anulando la sentencia y condenando en costas a los recurridos. Esta suerte de habilitación, pase o autorización que requiere de esta judicatura para que el Tribunal que corresponda aplique medidas sancionatorias no está contemplado en el ordenamiento jurídico. Sencillamente, si desea ejercer acciones en ese ámbito, de ocurrir ante quien corresponda. En todo caso, la mención que formula deja en evidencia el conocimiento asumido del procedimiento judicial que resguarda su derecho con medidas tales como recursos ordinarios o extraordinarios ante el Tribunal superior.

Se invoca también la garantía prevista en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, porque el fallo le impone el pago de 80 millones de pesos;

Cuarto: Que el acto contra el cual se recurre es la sentencia dictada por la Décima Sala de esta Corte, integrada por la Ministra señora nombre reservado, el Ministro suplente don Jorge Luis Norambuena Carrillo y el Fiscal Judicial don nombre reservado, el 22 de enero de 2016, en los autos Rol Ingreso Corte N° 1473-2015, ya singularizada precedentemente;

Quinto: Que el recurso expresa que la nulidad en contra del fallo del grado, interpuesta por la demandante, fue desestimada por defectos formales, pero, acto seguido, de manera abusiva y faltando a la verdad, actuando de oficio, la Sala anula la sentencia del a quo, otorgando a la actora las sumas de dinero que se mencionan. Agrega que el artículo 479 del Código del Trabajo permite hacer uso de la facultad oficiosa pero por una causal distinta a la invocada por la recurrente. En el caso sublite, ello no ocurrió ya que se anuló por la causal del numeral c) del artículo 478 del texto citado, el mismo motivo desechado en el recurso de nulidad. A continuación, da cuenta de una invocación inexacta de los hechos que sirven de base a la decisión oficiosa, sosteniendo que la petición concreta de la actora es que se condene al pago de 2.870 Unidades de Fomento por comisiones adeudadas. El fallo contra el que se recurre de protección explica que la solicitud de la demandante es que se determine la procedencia del pago de las comisiones. A esta situación le da el carácter de incongruencia como así también manifiesta que le está vedado al Tribunal valorar nuevamente la prueba rendida ante el Juzgado del Trabajo. En suma, los ministros recurridos utilizaron, para anular, la causal prevista en la letra c) del artículo 478, prohibido en el artículo 479 del Código del Trabajo y, además, acudieron a una causal de nulidad inexistente en cuanto a los hechos y derecho. Se agrega que se vulneran principios básicos como la razonabilidad, proporcionalidad y prudencia, conformando una decisión arbitraria;

Sexto: Que, para los efectos de la procedencia de esta acción constitucional, cabe señalar que el inciso segundo del artículo 66 del Código Orgánico de Tribunales otorga a cada Sala la representación de la Corte en los asuntos de que conoce, de modo que no resulta procedente deducir el recurso en esta Corte;

Séptimo: Que, sin perjuicio de lo recién expuesto, confrontados los motivos aducidos por el actor con los términos de la decisión judicial cuestionada, resulta claro que el procedimiento de tutela de derechos fundamentales no es la vía idónea y procedente para resolver un asunto de carácter laboral que está fuera del ámbito constitucional y menos si la privación, perturbación o amenaza del ejercicio del derecho de propiedad alegada, se deriva de una sentencia de un órgano jurisdiccional, sin que se divise o atisbe que dicha resolución judicial haya vulnerado un derecho o garantía constitucional en forma manifiesta y grave. De manera que, la acción cautelar impetrada no corresponde entablarla cuando se trata de conflictos específicos entre partes ni tampoco si se pretende corregir determinadas interpretaciones legales, o como arbitrio subsidiario o supletorio “utilizado como recurso especialísimo donde la ley no ha concedido recurso alguno” (Guillermo Schiessler, Universidad de Valparaíso), todo lo cual permite concluir que el presente recurso no podrá prosperar;

Por estas razones y de acuerdo también con lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección, se rechaza, el deducido a fojas 1, por el abogado Sergio Toloza Valenzuela en representación de Francisco Rodríguez y Compañía Productora de Seguros Limitada, en contra de la Ministra señora nombre reservado, el Ministro suplente don Jorge Luis Norambuena Carrillo y el Fiscal Judicial don nombre reservado.

Se previene que la Ministra señora Javiera González, concurre el rechazo teniendo, además, en consideración lo siguiente:

Que, cabe tener presente que, conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 66 del Código Orgánico de Tribunales: ”Cada Sala representa a la Corte en los asuntos de que conoce” de modo que en contra de la resolución dictada por una Sala de la misma Corte de Apelaciones, resulta improcedente que otra sala del mismo tribunal revise las decisiones adoptadas por sus pares de igual jerarquía, porque ello importa darle competencia impropia como tribunal superior a los integrantes de una Sala de una misma Corte de Apelaciones sobre otros miembros de idéntico tribunal, y que forman parte simplemente de las divisiones que, para efectos organizacionales, se establece en el artículo 61 del Código Orgánico citado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro señor Muñoz, y de la prevención, su autora.

N° Protección 13858-2016 No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma la abogada integrante señora Herrera, por ausencia.

Pronunciada por la Quinta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo e integrada por la Ministra señora Javiera González Sepúlveda y la Abogada integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

Autorizada por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, 25 de abril de 2016, notifiqué en Secretaría por el estado diario la resolución precedente.