PROVEEDORES DE MADERA MANUFACTURADA LIMITADA con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO SANTIAGO PONIENTE

Santiago, trece de abril de dos mil dieciséis.

VISTOS y teniendo presente:

1º Que a fojas 36 y siguientes Alejandro Antonio Cáriz Meller, abogado, en representación de Proveedores de Madera Manufacturada Limitada, del giro de su denominación, ambos domiciliados en domicilio reservado, interpone un recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Poniente, representada por nombre reservado, en su calidad de Jefa de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Poniente, ambas domiciliadas en domicilio reservado.

Funda su recurso en el hecho que con fecha 19 de noviembre de 2015 fueron notificados de resolución de multa N°1132/15/41 de 24 de julio de 2015, mediante carta certificada en los términos del artículo 513 del Código del Trabajo. Indica que mediante esta, se notificó la aplicación de cuatro multas por un total de 79 Unidades Tributarias Mensuales que a la fecha de la sanción equivalían a $3.463.992.(tres millones cuatrocientos sesenta y tres mil novecientos noventa y dos pesos.

En contra de dicha multa interpusieron un reclamo administrativo enviado por carta certificada el 05 de enero de 2016 (como lo autoriza la circular N°46 de 02 de mayo de 2012 del Departamento de Inspección de la Dirección del Trabajo), a lo que la recurrida con fecha 14 de enero del presente año emitió el Ordinario N°0077, declarando la inadmisibilidad de la solicitud, argumentando escuetamente que no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos contados desde su notificación. Por lo anterior, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 19.880, el plazo para interponer el recurso administrativo vencía el 06 de enero de 2016, por lo que se accionó dentro del plazo legal.

Señala que al desconocer el plazo legal la recurrida ha incurrido en una actuación arbitraria e ilegal afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N°2 inciso segundo de la Constitución Política de la República.

Finalmente, pide se restablezca el imperio del derecho dejando sin efecto el Ordinario N°0077 de fecha 14 de enero de 2016 y que la recurrida admita a tramitación la reconsideración administrativa presentada el día 05 de enero del presente año en contra de la resolución de multa N°1132/15/44, con costas.

2° Que, en lo principal del escrito que rola a fojas 59 y siguientes, Paulina Ossa Orellana, abogado en representación de la recurrida informa el recurso solicitando su rechazo en todas sus partes, con costas, toda vez que se ha interpuesto en contra de una resolución administrativa, toda vez que se contempla como acción natural para esta, la reclamación judicial, según lo dispone el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo.

En segundo lugar, señala que la actuación de su representada se ajusta plenamente a sus facultades, sobre todo, teniendo en cuenta que el artículo 511 del Código del Trabajo dispone la facultad del servicio de reconsiderar las multas cumpliéndose los requisitos que la ley establece al efecto.

Agrega que el artículo 512 del Código del Trabajo no establece si el plazo de 30 días es de días corridos o de días hábiles y, por regla general, cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, lo ha consignado expresamente, siguiendo de este modo lo dispuesto en el artículo 50 del Código Civil.

A mayor abundamiento, indica que la Contraloría General de la República, en su calidad de entidad de control de legalidad de los actos de la Administración del Estado, ha dictaminado que el plazo señalado en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos, por lo que no resulta posible la aplicación supletoria del artículo 25 de la Ley 19.880.

Finalmente, señala que en virtud de lo antes expuesto aparece acreditado que su representada actuó dentro de la esfera de sus atribuciones y, de ninguna manera ha vulnerado la garantía constitucional que contempla el No. 2 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, razón por la cual, el presente recurso deberá ser rechazado con expresa condena en costas;

3° Que la acción cautelar deducida en estos autos protege a los individuos mediante la adopción de ciertos resguardos que eviten los efectos de un acto arbitrario o ilegal que haya afectado el ejercicio de un derecho indiscutido; pero en ningún caso puede tener por objeto resolver conflictos jurídicos y hacer declaración de derechos en atención a la naturaleza misma de la institución, a las circunstancias procesales en que ella debe desenvolverse y a la finalidad del recurso de protección, que no es otra que la adopción de medidas urgentes de seguridad y tutela.

4° Que por esta vía se busca la protección de la garantía contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, la que se según el recurrente ha sido afectada al decidir administrativamente la recurrida, mediante el Oficio Ordinario N°0077, al no dar curso a su solicitud de reconsideración de multas, por haberse deducido fuera del término legal.

5° Que la situación específica de que se trata, por su naturaleza, es propia de otros recursos o acciones, como son el jerárquico de la ley 19.880 o bien la reclamación judicial prevista en los artículos 503 y 504 del Código del Trabajo. En esas instancias las partes pueden exponer sus argumentos y probar los hechos en conflicto.

En este caso en particular, se trata de un conflicto entre una empresa empleadora y la Inspección del Trabajo, y existiendo, como ya se dijo, la facultad de recurrir ante el juez del trabajo competente, las diferencias que acá se plantean, en cuanto a los plazos para la interposición de la reconsideración a la aplicación de la multa y, por tanto, a la interpretación de la regla del artículo 512 del cuerpo legal citado, para efectos de precisar el día en que se entiende notificada la resolución de multa, son ajenas a esta acción.

De los hechos expuestos en la acción de protección es evidente que no se trata de asunto de orden constitucional ni de un acto que afecte en forma manifiesta garantías protegidas. No es dable aceptar el uso de esta vía excepcional, concebida para resolver situaciones de hecho graves, como un sustituto procesal de acciones ordinarias especiales reconocidas en el ordenamiento jurídico laboral.

Por consiguiente, no existe medida de protección que esta Corte pueda adoptar al respecto, debido a que lo pretendido escapa al marco de este recurso, por no constituir la vía adecuada para decidir la declaración que acá se pretende.

6° Que, por lo antes razonado, la acción cautelar debe ser desestimada, sin perjuicio de los derechos que la recurrente pueda hacer valer a través de los procedimientos que la normativa vigente le reconoce para la adecuada discusión de la materia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fojas 36, sin costas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.- Redacción del Ministro Sr. Alejandro Madrid Croharé.- Rol Nº13.813-2016 Pronunciada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alejandro Madrid Crohare e integrada por el Ministro señor Mario Rojas González y por el Abogado Integrante señor Mauricio Decap Fernández.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a trece de abril de dos mil dieciséis, notifique en secretaría por el estado diario la resolución precedente.