nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de septiembre de dos mil veinticinco.

Proveyendo al escrito folio 14: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado, abgado, por sí y a favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana e interpone acción constitucional de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A, (AFP Uno), por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en rechazar la devolución de los fondos previsionales de su representada, de conformidad a la Ley N°18.156, lo que vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 Nº2. 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, con fecha 15 de marzo de 2025, presentó ante la AFP Uno la documentación exigida por la normativa, consistente en contrato de trabajo en Chile, certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), legalizado en Chile, declaración jurada de no encontrarse afiliada al sistema previsional chileno, y título profesional apostillado en Venezuela. Sin embargo, la recurrida rechazó la solicitud, argumentando que el certificado de afiliación al IVSS no cumplía con las exigencias formales y que, por ende, no era suficiente para acreditar la afiliación previsional extranjera.

La recurrente sostiene que esta decisión constituye un acto ilegal y arbitrario, pues exige formalidades de imposible cumplimiento, atendida la situación diplomática entre Chile y Venezuela y la falta de representación consular de este último país en territorio nacional. Afirma que la documentación presentada satisface los requisitos legales, toda vez que acredita fehacientemente su calidad de afiliada en el régimen extranjero.

Agrega que el actuar de la AFP vulnera sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 Nº2 y 24 de la Constitución, en particular, la igualdad ante la ley al imponerle exigencias desproporcionadas y distintas a las aplicadas en casos similares y el derecho de propiedad, al impedirle disponer de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, de los cuales es titular.

Cita jurisprudencia de Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema, que en situaciones análogas han ordenado a las AFP devolver los fondos previsionales de trabajadores extranjeros, considerando que la documentación emanada de organismos oficiales extranjeros, debidamente legalizada o apostillada, cumple con la exigencia del artículo 1° de la Ley 18.156.

Finalmente solicita que se acoja el recurso, se declare ilegal y arbitrario el actuar de AFP Uno S.A., y se ordene la devolución íntegra de sus fondos previsionales, con costas.

Segundo: Que, evacúa el informe solicitado Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A, solictando el rechazo del recurso con costas.

Sostiene que el recurso de protección es improcedente, por cuanto constituye una acción cautelar destinada a resguardar derechos indubitados frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias, lo que no concurre en el caso. Precisa que la recurrente no ha sufrido privación ni perturbación alguna, ya que lo que se pretende es el reconocimiento de un derecho sujeto a requisitos legales específicos que no han sido cumplidos.

Expone que con fecha 21 de abril de 2025 la actora solicitó la devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero, acompañando contrato de trabajo, título profesional, constancia electrónica de cotizaciones y declaración jurada notarial. Sin embargo, la solicitud fue rechazada el 22 de mayo de 2025, por no presentar el Certificado de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) debidamente legalizado, documento indispensable para acreditar la afiliación previsional en el extranjero conforme a la Ley N°18.156, su reglamento y el art. 345 del Código de Procedimiento Civil.

AFP Uno argumenta que la constancia de cotizaciones acompañada no cumple con los requisitos de legalización ni acredita cobertura previsional efectiva en materia de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Añade que la imposibilidad alegada por la recurrente para obtener la legalización consular debido a la falta de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela no exonera del cumplimiento de la normativa vigente, que exige formalidades indispensables para garantizar la validez y autenticidad de documentos extranjeros.

Indica que la Administradora ha actuado conforme a la ley y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, sin incurrir en ilegalidad o arbitrariedad, citando como respaldo el Oficio Reservado N°2966/2023 del Ministerio de Relaciones Exteriores y jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones de Valparaíso Rol 1992-2025 y San Miguel Rol 1461-2025, confirmadas por la Corte Suprema, que han validado la exigencia de documentos debidamente legalizados y rechazado la suficiencia de declaraciones juradas o constancias electrónicas sin certificación.

Sostiene que acceder a lo solicitado implicaría un trato desigual frente a otros afiliados y vulneraría el principio de legalidad. Destaca que la eventual ausencia de mecanismos de validación por la situación particular de Venezuela debe ser resuelta por el legislador o la autoridad competente, no por la AFP.

En conclusión, solicita el rechazo del recurso con costas, afirmando que la actuación impugnada no ha sido ilegal ni arbitraria, sino ajustada a derecho y a la normativa previsional vigente.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar, destinadas a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en la misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto arbitrario e ilegal que impida, amague a perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que, el acto que se reclama como ilegal y arbitrario corresponde a la negativa de la AFP Uno de hacer entrega o devolución de los fondos previsionales depositados en la cuenta de capitalización individual de la recurrente. La recurrida justifica su decisión de estimar improcedente la petición de devolución de fondos previsionales, aduciendo que el recurrente, de nacionalidad venezolana, no entregó los antecedentes que acreditaran su afiliación al régimen previsional de su país de origen, con certificado de afiliación a una entidad previsional, con vigencia, que acredite la cobertura prevista en la Ley N°18.156.

Quinto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, sobre el régimen excepcional de exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. Asimismo, el artículo 7° del mismo cuerpo legal, estipula que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Sexto: Que, la revisión del documento aparejado por la recurrente, denominado “Declaración jurada y Constancia de afiliación al instituto venezolano de los seguros sociales (IVSS), debidamente apostillados y legalizados ante notario” permite constatar que, efectivamente, este no satisface las exigencias de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, esto es, no ha sido debidamente legalizado ni se encuentra apostillado, en términos que no es posible asignarle un carácter fehaciente, examen que determina que no se incurrió en ilegalidad o arbitrariedad alguna, siendo relevante señalar que nada impide que la actora realice una nueva solicitud y acompañe los instrumentos requeridos.

Séptimo: Que, en las condiciones descritas, no es posible advertir ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la autoridad recurrida, por cuanto se ha constatado que la recurrida ha actuado conforme a la normativa vigente, exigiendo que los antecedentes cumplan con lo establecido en la ley, de manera tal que al no configurarse el supuesto de hecho básico de la acción que se contempla en la acción consagrada en el artículo 20 de la Carta fundamental, esta debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en favor de don nombre reservado y dirigido en contra de AFP Uno S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-13795-2025.