nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado y deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por haber rechazado la solicitud de retiro de fondos para extranjero. Actuación que considera ilegal y arbitraria, por cuanto la recurrida realiza una interpretación formalista de la ley y agrega requisitos que ésta no establece, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se le ordene a la recurrida que apruebe el retiro de sus fondos de cotizaciones.

Señala que el 30 de mayo de 2025 solicitó a la Administradora de Fondos de Pensiones Provida la devolución de sus fondos previsionales de acuerdo a la Ley N° 18.156 y que el 3 de junio del mismo año la recurrida rechazó la solicitud, argumentando que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) estaba vencida. En la notificación de rechazo, Provida S.A. hace presente que la recurrente adjuntó un título Universitario, Certificado de afiliación al Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) notariada y contrato de trabajo con su respectivo anexo.

En este sentido, la recurrente indica que la Ley N° 18.156 no establece como requisito la validez o vigencia del documento y, por el contrario, la constancia electrónica de afiliación puede ser verificada en el sitio web oficial del IVSS. Por tanto, alega que la recurrida incurre en un acto arbitrario e ilegal al no verificar la afiliación de la recurrente y agregar requisitos no estipulados en la ley. El escrito sostiene que la Ley N° 18.156, modificada por la Ley N° 18.726 y la Circular N° 553, no mencionan la vigencia del certificado de afiliación, por lo que el único requisito que se exige es que el certificado de afiliación esté legalizado, lo cual se cumple en la especie. Adicionalmente, el recurrente indica que la falta de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela imposibilita obtener un certificado apostillado, por lo que exigir este requisito contradice el artículo 45 del Código Civil.

De esta forma, la recurrente explica que se vulneran los derechos constitucionales de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, ya que la recurrida ha dado a la recurrente un trato desigual respecto de otros solicitantes en las mismas circunstancias. Asimismo, el recurso indica que se vulnera su derecho de propiedad, contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, ya que la negativa a devolver sus fondos previsionales constituye una retención injustificada de sus ahorros, los cuales son de su exclusiva propiedad, máxime si se considera que la administradora de pensiones de su país de origen cubre las prestaciones que exige la ley. Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. que apruebe el retiro de los fondos de sus cotizaciones.

SEGUNDO: Que evacúa informe Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y solicita el rechazo del recurso.

Fundamenta su solicitud, en primer término, en que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento y en que no ha incurrido en ningún acto ilegal o arbitrario. Argumenta que la acción de protección es improcedente para resolver el asunto, ya que se trata de un derecho controvertido y no de un derecho indubitado, y sostiene que su actuar ha sido correcto y que se ajusta a la ley y a la normativa de la Superintendencia de Pensiones, lo cual desmiente la alegación de la recurrente sobre la ilegalidad y arbitrariedad de su comportamiento. Además, señala que la recurrente busca una modificación de los cuerpos normativos del sistema de pensiones, lo que excede la finalidad de un recurso de protección.

Expone que su conducta no ha sido ilegal ni arbitraria, ya que para realizar la devolución de los fondos previsionales de la recurrente sólo ha observado el cumplimiento de los requisitos copulativos establecidos en la Ley N° 18.156 y , en ese sentido, rechaza la solicitud de devolución de fondos de la recurrente porque la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) se encuentra vencida de acuerdo con las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, A.F.P. Provida, que rechazó las solicitudes de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por la recurrente, por no estar vigente el documento que acredite su afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S).

QUINTO: Que sobre el debate en particular es menester relevar que lo acompañado por el actor corresponde a una Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S) que se encuentra suscrita por el propio recurrente y que no tiene mérito suficiente para acreditar el cumplimiento de lo que dispone el artículo 7° de la Ley N° 18.156. Conforme a este precepto, “en el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”, norma que en su literal a) establece como requisito, precisamente, “que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y..”.

SEXTO: Que, así las cosas, los antecedentes allegados por el recurrente son insuficientes, ya que la exigencia requerida por la institución recurrida respecto a la vigencia del documento en cuestión se ajusta estrictamente a la normativa legal, por lo que, en estas circunstancias, procede desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso deducido por nombre reservado y en contra de la AFP Provida.

Regístrese y archívese.

Protección N°13.794-2025.