nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de nombre reservado

nombre reservado, catorce de octubre de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 13: a lo principal, téngase presente; al otrosí, a sus antecedentes.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula para extranjeros N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., representada por su gerente general don nombre reservado, fundado en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales efectuada el 24 de mayo de 2025, al amparo de la Ley N° 18.156, que establece el régimen de exención previsional para técnicos extranjeros.

Señala que el acto impugnado, notificado el 2 de junio de 2025, declaró improcedente su requerimiento bajo el argumento de que el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) presentado para acreditar su calidad de cotizante extranjero se encontraba vencido, por haber superado los ciento veinte días de vigencia, conforme a las instrucciones del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

Expone que acompañó la totalidad de los antecedentes requeridos por la normativa: su título profesional, contrato de trabajo y anexo en que consta su voluntad expresa de mantener la afiliación extranjera, y certificado de afiliación al IVSS emitido por la autoridad competente, debidamente legalizado. Refiere que la AFP, al rechazar la solicitud, incurre en acto ilegal y arbitrario, al imponer condiciones no contempladas en la Ley N° 18.156 ni en su reglamento, toda vez que el legislador no exige la renovación periódica ni una vigencia determinada de los certificados de afiliación, bastando la comprobación de estar incorporado en un régimen previsional extranjero que otorgue prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Aduce que, con su decisión, la recurrida incurre en formalismo excesivo y desatiende el sentido y finalidad de la norma, que es permitir a los técnicos extranjeros la disposición de los fondos acumulados en Chile al término de su relación laboral.

Sostiene que el acto recurrido vulnera los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República, en cuanto se le ha dado un trato desigual frente a otros trabajadores extranjeros en idéntica situación, cuyas solicitudes han sido aprobadas por distintas administradoras, y se le priva injustificadamente del ejercicio del derecho de propiedad sobre los recursos previsionales de su exclusiva titularidad.

Añade que la decisión cuestionada omite considerar el contexto de fuerza mayor derivado de la imposibilidad de apostillar documentos en Venezuela, por ausencia de representación consular en Chile, motivo por el cual acompañó un certificado electrónico verificable mediante código de autenticidad del IVSS. Recalca que el documento fue legalizado conforme al artículo 345 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, y que la negativa de Provida constituye una privación ilegítima del dominio sobre sus fondos.

En consecuencia, solicita se declare la ilegalidad y arbitrariedad del acto impugnado, se deje sin efecto la negativa de devolución comunicada por la recurrida y se ordene emitir un nuevo pronunciamiento, reconociendo la validez de la documentación presentada, dentro de un breve plazo, con las demás providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías vulneradas.

SEGUNDO: Que al evacuar el informe ordenado, la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por medio de su apoderado don nombre reservado, solicita el rechazo íntegro del recurso, con costas, sosteniendo que el acto impugnado se ajusta plenamente a la legislación vigente y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, autoridad técnica y fiscalizadora del sistema previsional.

Explica que la negativa se fundó en que el certificado de afiliación al IVSS acompañado por el actor no se encontraba vigente ni apostillado o legalizado conforme a derecho, incumpliendo así las exigencias establecidas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI, de la Superintendencia. Agrega que, de acuerdo con el Oficio N° 12.954, de 17 de julio de 2025, los certificados electrónicos sin apostilla o firma oficial no constituyen medio idóneo de acreditación para efectos de la Ley N° 18.156, de modo que su decisión obedece al estricto cumplimiento de lo ordenado por la autoridad competente.

Sostiene que la Ley N° 18.156 tiene carácter excepcional y restrictivo, estableciendo condiciones copulativas para que un técnico extranjero pueda acogerse al beneficio de exención previsional o solicitar la devolución de fondos, a saber: (a) calidad de técnico, (b) afiliación vigente a un régimen extranjero con cobertura mínima en las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y (c) manifestación de voluntad en el contrato de trabajo.

Afirma que la falta de acreditación fehaciente de cualquiera de estas condiciones —en particular, la vigencia de la afiliación extranjera— impide a la AFP aprobar la devolución.

En consecuencia, no existiría ilegalidad ni arbitrariedad, sino cumplimiento estricto de la normativa.

Añade que el actor no ha sido privado de la propiedad de sus fondos, pues estos permanecen a su nombre y sujetos a retiro una vez cumplidas las condiciones legales, por lo que no existe perturbación del dominio protegido por el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

Indica, además, que aceptar documentos vencidos o carentes de autenticación afectaría la seguridad jurídica y la integridad del sistema previsional, abriendo la puerta a posibles fraudes. En apoyo de su postura, acompaña copiosa jurisprudencia de la Corte Suprema y diversas Cortes de Apelaciones, todas coincidentes en rechazar recursos análogos por incumplimiento de las exigencias formales de la Ley N° 18.156, reafirmando el deber de las administradoras de aplicar la normativa en sus estrictos términos.

Concluye que el presente recurso de protección no es la vía idónea para resolver cuestiones de fondo relativas a la suficiencia o validez de documentos previsionales, pues se trata de materias de lato conocimiento que deben ventilarse en sede administrativa o en juicio ordinario, razón por la cual solicita se rechace en todas sus partes, con costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de emergencia para resguardar o restablecer el imperio del derecho ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace su legítimo ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar auxilio.

CUARTO: Que para resolver el litigio debe revisarse las normas aplicables al caso.

Al efecto, el artículo 1° de la Ley N° 18.156 dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

QUINTO: Que, a su turno, el artículo 7° de la misma ley señala que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que se den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

SEXTO: Que, así las cosas, las exigencias que fundan la negativa de la A.F.P. Provida S.A., encuentran sustento en la ley, y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente o que constituya una discriminación arbitraria.

Por el contrario, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N° 18.156, para atender solicitudes de la naturaleza efectuada por la recurrente, motivo bastante para desestimar el recurso de protección que se examina, al no existir actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

Y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-13790-2025.

En nombre reservado, catorce de octubre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.