Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Santiago, veintiséis de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, representada por la abogada doña Catherine Andrea Rozas Droguett, quien interpuso recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la Resolución Exenta N°NUM000 de 12 de mayo de 2025, que resolvió mantener el rechazo del pago del subsidio correspondiente a la licencia médica N°NUM001, otorgada por 30 días a contar del 4 de noviembre de 2024. Lo anterior, debido a no se acreditó la solvencia del empleador ni la efectividad del vínculo laboral, lo que vulneraría los derechos reconocidos en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al carecer de motivaciones técnicas que le sirvan de sustento, deviniendo en un mero capricho de la autoridad administrativa, por lo que solicita se deje sin efecto dicha resolución y se ordene el pago del subsidio correspondiente.

Expone que, en octubre de 2024, mientras se encontraba en su lugar de trabajo, sufrió un fuerte dolor en su pierna izquierda, siendo diagnosticada con Trombosis Venosa Profunda, Leiomioma de Útero y Embolia Pulmonar, lo que motivó su hospitalización desde el 4 hasta el 16 de noviembre de 2024 en la Clínica Providencia Red Salud, otorgándosele una licencia médica por 30 días para su recuperación.

Indica que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez inicialmente autorizó el reposo de la licencia médica, pero sin derecho a subsidio, razón por la cual interpuso un reclamo ante dicha entidad. Señala que, en respuesta a los requerimientos de la COMPIN, aportó progresivamente diversos documentos, incluyendo el contrato de trabajo, escritura de constitución de la empresa empleadora y los últimos formularios de IVA. No obstante, con fecha 30 de diciembre de 2024, la COMPIN rechazó el derecho al pago del subsidio argumentando que el empleador no acreditaba ingresos suficientes.

Sostiene que la decisión adoptada por la SUSESO resulta ilegal y arbitraria por cuanto, pese a haber aportado toda la documentación solicitada que acredita la existencia del vínculo laboral -contrato de trabajo, certificados de cotizaciones previsionales y de salud, liquidaciones de remuneraciones-, la autoridad recurrida confirmó el rechazo sin dar cumplimiento a lo dispuesto en la Circular N°NUM002 de la propia SUSESO, que establece expresamente que en caso de dudas fundadas sobre el vínculo laboral, debe realizarse una visita inspectiva para comprobar la existencia de huellas laborales materiales y concretas, gestión que nunca se efectuó.

Argumenta jurídicamente que se cumplen todos los elementos configuradores de una relación laboral conforme a los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo, existiendo prestación de servicios personales, subordinación y dependencia, y remuneración determinada. Enfatiza que la propia normativa laboral establece una presunción de existencia del contrato de trabajo cuando concurren estos elementos, y que la Circular N°3646 ordena expresamente la realización de gestiones complementarias antes de rechazar una licencia por supuesta falta de vínculo laboral.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, alega la conculcación del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución, al privársele del subsidio por incapacidad laboral que le corresponde, afectando directamente su patrimonio. Asimismo, invoca la vulneración del principio de igualdad ante la ley del artículo 19 N°2, argumentando que la decisión constituye una discriminación arbitraria respecto de otros trabajadores que, en iguales condiciones, sí acceden al subsidio por reposo laboral.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la Resolución Exenta N°NUM000, ordenándose la emisión de una nueva resolución que disponga el pago del subsidio correspondiente a la licencia médica N°NUM001, con costas.

Segundo: Que evacuó informe el abogado Alfredo Añazco González, por la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana (R.M.), y en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN R.M), solicita el rechazo de la presente acción.

Indica que dicha entidad efectivamente autorizó la licencia médica N°NUM001, otorgada por 30 días a contar del 04 de noviembre de 2024, pero sin derecho al pago de subsidio por incapacidad laboral.

Explica que el fundamento de lo anterior es que no se logró acreditar solvencia económica ni ingresos suficientes del empleador XILIUN CHILE SpA, RUT N°RUT reservado Indicó que, analizados los antecedentes aportados por la trabajadora, consistentes en copias de formularios de IVA y cuenta bancaria, no se acreditaron ingresos suficientes del empleador que pudieran solventar la remuneración de la recurrente, que asciende a la suma de $2.300.000 mensuales.

Precisa que la Superintendencia de Seguridad Social, mediante Resolución Exenta N° NUM000 de fecha 12 de mayo de 2025, ratificó lo resuelto por la COMPIN, señalando que del análisis de los antecedentes aportados por la interesada, particularmente los formularios de IVA del último semestre, se constataron únicamente remanentes superiores a $100.000.000, mientras que la cartola histórica del Banco Santander correspondiente al período de abril a septiembre de 2024 indicaba un saldo promedio de $1.694.396.

Agrega que, no obstante consignarse que la trabajadora percibe una remuneración de $2.300.000, del análisis de los antecedentes no se desprendieron ingresos de la empresa que permitieran solventar dicho pago, razón por la cual la SUSESO confirmó lo resuelto previamente por la COMPIN, rechazando el reposo reclamado por no acreditarse la efectividad del vínculo laboral.

Sostiene que en su rol de ente fiscalizador le corresponde supervisar y vigilar el buen uso de los recursos destinados al pago de los subsidios de incapacidad laboral, y que la sola presentación de antecedentes administrativos laborales, previsionales y contables no demuestran la veracidad de la relación laboral contractual entre trabajador y empleador.

Enfatiza que el vínculo entre empleador y trabajador debe comprobarse mediante la constatación de huellas materiales y concretas que den cuenta del desarrollo efectivo de las labores, no bastando para estos efectos la sola exhibición de documentos formales, tales como contrato de trabajo, certificado otorgado por la propia empleadora, registros de asistencia, liquidaciones de remuneración o comprobantes de pago de cotizaciones previsionales.

Destaca que la COMPIN es un organismo eminentemente técnico que se rige estrictamente por la normativa legal, especialmente por lo establecido en el D.S. N°7/2013, que aprueba el Reglamento sobre Guías Clínicas Referenciales Relativas a los Exámenes, Informes y Antecedentes que deberán Respaldar la Emisión de Licencias Médicas. Complementariamente, invocó el D.S. N°3/1984, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, cuyo artículo 14 establece que es competencia privativa de la Unidad de Licencias Médicas de la COMPIN el poder rechazar o aprobar las licencias médicas, reducir o ampliar el período solicitado, o cambiarlo de total a parcial y viceversa, dejándose constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

Concluyó solicitando el rechazo del recurso de protección, argumentando que las actuaciones realizadas por la COMPIN al decidir aprobar o rechazar una licencia médica se enmarcaron en los parámetros objetivos dispuestos por la ley y las normativas vigentes, en la búsqueda de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales.

Tercero: Que, comparece el abogado Sebastián de la Puente Hervé, quien evacúa informe por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social y solicita el rechazo de la acción cautelar.

En primer lugar, argumenta que la acción sería extemporánea por cuanto la recurrente tuvo conocimiento cierto del rechazo de su licencia médica desde su presentación efectuada el 24 de enero de 2025 ante dicha Superintendencia, esto es, más de cuatro meses antes de interponer la presente acción -el 16 de junio de 2025-. Sostuvo que el plazo fatal de 30 días corridos establecido en el Auto Acordado que rige la materia se encontraba largamente vencido, y que las reclamaciones posteriores y solicitudes de reconsideración no pueden servir para computar un nuevo plazo.

Asimismo, y en subsidio de lo anterior, alega la improcedencia de la acción, argumentando que la materia sobre la cual versa el recurso dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el cual no se encuentra amparado por la acción cautelar del artículo 20 de la Carta Fundamental. Sostiene que las materias relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, así como el pago de subsidios por incapacidad laboral, pertenecen al campo de la seguridad social y, por tanto, se encuentran expresamente excluidas del ámbito de protección constitucional.

En subsidio de lo anterior, y en cuanto al fondo del recurso, expone que mediante Resolución Exenta N°NUM002 del 12 de marzo de 2025, dicha entidad fiscalizadora confirmó lo resuelto por la COMPIN Región Metropolitana expresando en su decisión que "la interesada en esta oportunidad no ha acompañado antecedentes que acrediten la solvencia del aparente empleador XILIUN CHILE SpA, RUT: RUT reservado, por lo que tampoco se acredita su vínculo laboral o huellas efectivas con él".

Posteriormente, mediante Resolución Exenta N°NUM000 del 12 de mayo de 2025 reiteró que, según informe de la COMPIN, los formularios de IVA del último semestre constataban únicamente remanentes superiores a $100.000.000, mientras que la cartola histórica del Banco Santander del período abril-septiembre 2024 indicaba un saldo promedio de $1.694.396, cifras que no permitían solventar la remuneración de $2.300.000 mensuales de la trabajadora.

Puntualiza que el vínculo laboral entre empleador y trabajador debe comprobarse mediante la constatación de huellas materiales y concretas que den cuenta del desarrollo efectivo de las labores, no bastando para estos efectos la sola exhibición de documentos formales como contrato de trabajo, certificados, registros de asistencia, liquidaciones de remuneración o comprobantes de pago de cotizaciones previsionales, especialmente cuando resultan dubitados en el proceso de fiscalización.

En cuanto a la legalidad del acto recurrido, destaca las facultades constitucionales y legales de la Superintendencia establecidas en el artículo 19 N°18 inciso cuarto de la Constitución Política y en los artículos 2°, 3°, 27 y 38 de la Ley N°16.395, modificada por la Ley N°20.691, que la constituyen como autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión con competencia para supervigilar los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo. Agrega que el procedimiento para la autorización de licencias médicas está previsto en el D.S. N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, que contempla expresamente causales de rechazo, y que el D.F.L. N°44 de 1978 del Ministerio del Trabajo establece los requisitos para el derecho al subsidio por incapacidad laboral.

Sostiene que no existió vulneración a los derechos invocados por la recurrente, pues el derecho al subsidio no constituye un derecho preexistente e indubitado, requiriéndose para su nacimiento una licencia médica autorizada y el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que para que el presente recurso prospere, es menester que se establezca de manera indubitada, la existencia de un derecho agredido, por una conducta ilegal o arbitraria por parte de los recurridos, que provoquen la afectación de alguna de las garantías constitucionales tuteladas por esta vía cautelar de urgencia.

Sexto: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad del recurso, cabe señalar que la acción de marras se ha deducido en contra de la Resolución Exenta N°NUM000 del 12 de mayo de 2025, de la Superintendencia de Seguridad Social, que confirmó el rechazo del pago del subsidio de la licencia médica materia de autos, por lo que al haberse deducido el presente recurso el 11 de junio del mismo año, la alegación de extemporaneidad será rechazada.

Séptimo: Que, en relación a la improcedencia del recurso, resulta inconcuso que en la especie se ha planteado la vulneración de los derechos constitucionales previstos en los N°2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, respecto de los que sí es procedente el presente arbitrio, por lo que dicha alegación se desestimará.

Octavo: Que para resolver el presente arbitrio debe tenerse presente lo establecido en la Resolución Exenta NUM000 del 12 de mayo de 2025, que rechazó el subsidio concerniente a la licencia médica reclamada, la cual refiere lo informado por la COMPIN en cuanto a que: “(…) al revisar los antecedentes aportados por la interesada, en particular los formularios IVA del último semestre, se constatan únicamente remanentes superiores a $100.000.000. Asimismo, se presenta una Cartola histórica del banco Santander correspondiente al período de abril a septiembre de 2024, la cual indica un saldo promedio de $1.694.396. Se consigna, además, que la trabajadora percibe una remuneración de $2.300.000. No obstante, del análisis de los antecedentes no se desprenden ingresos de la empresa que permitan solventar dicho pago.”.

Continúa la referida resolución indicando que: “Que, por las razones expuestas, esto es, no acreditarse la solvencia de la empresa "XILIUN CHILE SpA", RUT: RUT reservado, COMPIN resuelve que mantiene sin derecho a subsidio las licencias reclamadas.

Que, conforme a lo razonado, y en virtud de la nueva fiscalización informada por la COMPIN, no se logra acreditar la solvencia del empleador, por lo que corresponde confirmar lo resuelto previamente con la referida COMISION, que rechaza el reposo reclamado por no acreditarse la efectividad del vínculo laboral.”.

Noveno: Que, consta en el expediente administrativo acompañado por la SUSESO que la trabajadora acompañó a su reposición el contrato de trabajo, escritura de constitución de la empresa empleadora, certificados de cotizaciones previsionales y copias de formularios de pago de IVA de la empleadora. Dichos antecedentes hacen plausible la existencia de la relación laboral vigente, por lo que la exigencia de la SUSESO se torna arbitraria por cuanto exige un estándar de comprobación de la relación laboral que solo es posible alcanzar mediante un juicio declarativo que debe ventilarse ante el Juez de Juzgado de Letras del Trabajo, lo que resulta ajeno al análisis del ente administrativo.

Décimo: Que, de esta manera, el acto impugnado vulnera el derecho de propiedad del actor al negarle el acceso al subsidio por incapacidad laboral que deriva de la licencia médica otorgada, lo que hace necesario que se restablezca el imperio del derecho.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el ya referido Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, se resuelve que:

I.- Se rechazan las alegaciones de extemporaneidad e improcedencia de la acción.

II.- Se acoge, sin costas, el recurso de protección y se declara que las recurridas deberán autorizar el pago del subsidio correspondiente a la licencia N°NUM001.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N°13788-2025-Protección