Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil veinticinco.

Al folio 10: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, pasaporte NUM000, por sí mismo, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado por su Director Nacional don Luis Eduardo Thayer Correa, por haber dictado en su contra el acta de notificación de medida de expulsión Ley 21.325 recibida el 5 de junio de 2025, basada en la Resolución Exenta NUM001 del 30 de diciembre de 2024. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que no tuvo conocimiento oportuno del inicio del proceso sancionatorio mediante el oficio ordinario NUM002 del 9 de diciembre de 2024, el cual nunca recibió por ningún medio, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se deje sin efecto la medida de expulsión y se le permita solicitar residencia temporal por reunificación familiar.

Expone que es ciudadano venezolano que ingresó irregularmente al país el 1 de diciembre de 2020, motivado por la crisis económica y social que vive Venezuela desde hace años, la cual hace insostenible la vida de muchas personas que toman como opción migrar a diferentes partes del mundo. En vista de la pandemia mundial que se vivía en ese año y la imposibilidad de solicitar una visa, decidió ingresar a Chile por pasos no habilitados en busca de una mejor calidad de vida.

Señala que una vez realizado el ingreso clandestino al país, realizó la declaración voluntaria de ingreso clandestino ante la PDI, quedando a la espera de una respuesta, la cual no recibió hasta el día 5 de junio de 2025. Sin embargo, el Servicio de Migraciones indica en la Resolución Exenta NUM001 de fecha 30 de diciembre de 2024, que al recurrente le llegó a su correo un oficio ordinario NUM002 el 9 de diciembre de 2024 con un inicio de proceso sancionatorio donde debía realizar los descargos pertinentes, no obstante, dicho oficio ordinario no fue recibido por ningún medio por el recurrente.

Sostiene que no posee antecedentes delictuales dentro ni fuera de Chile. Con relación al punto 3.6 de la misma resolución respecto de vínculos con chilenos, el recurrente es padre de nombre reservado, RUN NUM003, quien tiene al día de hoy 3 años de edad y cuenta únicamente con su padre para su sustento económico dentro de Chile.

Invoca la admisibilidad del recurso de protección señalando que constituye una acción cautelar o de emergencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Destaca que el acta de notificación de medida de expulsión ley 21.325 se entregó al recurrente el 6 de junio de 2025, por lo cual continúa vigente el acto o perturbación de los derechos que se dicen amenazados, encontrándose dentro del plazo legal para presentar la acción de protección.

Asimismo, fundamenta su pretensión en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual establece que "toda persona tiene derecho a fundar una familia, y a recibir protección de la sociedad y del Estado". Igualmente invoca la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que reconoce el derecho del niño a mantener relaciones familiares y a no ser separado de sus padres contra su voluntad.

Alega que se han vulnerado los derechos fundamentales al dictarse una medida de expulsión sin que tuviera conocimiento oportuno del proceso sancionatorio iniciado en su contra, privándolo del derecho al debido proceso y afectando el derecho a la unidad familiar consagrado en instrumentos internacionales de derechos humanos, toda vez que es padre de un menor de nacionalidad chilena de 3 años de edad que depende económicamente de él para su sustento, lo que implicaría la separación forzosa del núcleo familiar.

Por estas razones solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto el acta de notificación de medida de expulsión ley 21.325 recibido el 5 de junio de 2025 del contenido de la Resolución Exenta NUM001 del 30 de diciembre de 2024, en estricto apego al artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y se permita al recurrente realizar una solicitud de residencia temporal dentro de Chile por reunificación familiar por tener vínculo con su hija de nacionalidad chilena individualizada anteriormente.

SEGUNDO: Que comparece el abogado Antonio Emilio Beltrán Henríquez, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, evacúa el informe requerido por esta Corte, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto, sosteniendo que no existe acción u omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace los derechos fundamentales del recurrente, sino que la autoridad migratoria ha ceñido su actuar a la Constitución Política de la República y a las normas legales y reglamentarias dictadas conforme a ella.

Expone que el actor es extranjero nacional de Venezuela, no registra ingreso al país por paso fronterizo habilitado. Señala que con fecha 5 de marzo de 2021, la Policía de Investigaciones de Chile denunció a la persona extranjera por ingreso al país por paso fronterizo no habilitado. Posteriormente, con fecha 18 de junio de 2023, la persona extranjera se inscribió en proceso de empadronamiento 2023, pero con fecha 29 de febrero de 2024, el servicio informó que la persona extranjera no participó del proceso de empadronamiento biométrico 2023, por no haber solicitado cita.

Indica que, el 9 de diciembre de 2024, el servicio notificó a la persona extranjera del inicio de procedimiento sancionatorio a través del Oficio Ordinario NUM002, el cual fue notificado a través de correo electrónico a DIRECCION000, donde se señalaba que la documentación debería ser remitida a través del link https://tramites.extranjeria.gob.cl/, ingresando el número de ID:

NUM002. Se advirtió que de no realizar sus descargos en el plazo indicado, se resolvería su situación migratoria con los antecedentes que constaran en poder de la autoridad.

Añade que con fecha 28 de diciembre de 2024 se completó la etapa de descargos debido a que la persona extranjera no remitió la documentación solicitada. Finalmente, con fecha 30 de diciembre de 2024, el servicio expulsó del país a la persona extranjera a través de la Resolución Exenta NUM001, disponiendo una prohibición de ingreso al país por el plazo de 5 años. Posteriormente, con fecha 15 de mayo de 2025, la persona extranjera se enroló de acuerdo al procedimiento de enrolamiento del artículo 44 de la Ley N°21.325, asignándosele RUN NUM004.

Sostiene que el Decreto de Expulsión fue dictado por autoridad competente y dentro de la esfera de sus atribuciones, específicamente por el Director Nacional, haciendo uso de la facultad conferida por el artículo 132 de la Ley N°21.325 en relación al artículo 134 del reglamento. Invoca lo dispuesto en los artículos 127 N°1 en relación al artículo 32 N°3 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería, que establece como causal de expulsión el ingresar al país por un paso no habilitado, eludiendo el control migratorio.

Explica que la medida de expulsión se encuentra regulada en los artículos 126 y siguientes de la Ley N°21.325, definiéndola como la medida impuesta por la autoridad competente consistente en decretar la salida forzada del país del extranjero que incurriere en alguna de las causales previstas en la ley. Asimismo, cita el artículo 132 de la misma ley, que establece que las medidas de expulsión serán impuestas por resolución fundada del Director Nacional del Servicio, previo cumplimiento del procedimiento establecido en los artículos 132 bis y 141 del reglamento.

Respecto a la concurrencia de la causal de expulsión, la recurrida argumenta que se configuró la hipótesis del artículo 127 N°1 en relación al artículo 32 N°3 de la Ley N°21.325, que prohíbe el ingreso al país a los extranjeros que intenten ingresar por un paso no habilitado, eludiendo el control migratorio. Sostiene que el artículo 132 bis establece que en el caso de extranjeros que se encuentren en la causal del numeral 3 del artículo 32, la notificación del inicio del procedimiento debe ser realizada por la Policía de Investigaciones o por el Servicio Nacional de Migraciones, lo que fue debidamente cumplido.

Refuta la alegada falta de notificación del inicio de procedimiento sancionatorio, argumentando que el procedimiento sancionatorio se ajustó estrictamente a lo dispuesto en la Ley N°21.325 y su Reglamento, mediante Oficio Ordinario NUM002 de fecha 9 de diciembre de 2024, notificado al correo electrónico DIRECCION000 proporcionado por el propio interesado como medio de contacto. Sostiene que corresponde al extranjero mantener acceso a dicho canal y actualizar sus datos en caso de modificación, y que la alegación de falta de notificación carece de sustento suficiente al no exponerse una razón concreta ni acompañarse prueba sobre una eventual falla técnica.

Respecto a los fundamentos considerados para determinar la expulsión, señala que la autoridad evaluó no solo el ingreso por paso no habilitado, sino también si tenía antecedentes penales, los bienes jurídicos protegidos vulnerados y los antecedentes relevantes del caso. Argumenta que la falta cometida por el recurrente vulnera bienes jurídicos tutelados por el Estado de Chile, en particular la frontera, la soberanía y las leyes migratorias, quebranta la seguridad interna y externa del país, y potencia actividades ilícitas en las zonas fronterizas como el tráfico de migrantes, trata de personas y otros crímenes.

Afirma que no existen mecanismos legales que faculten al Servicio Nacional de Migraciones para regularizar la situación migratoria de extranjeros cuyo ingreso haya sido realizado por paso fronterizo no habilitado, invocándose la causal del numeral 3 del artículo 32. Argumenta que el artículo 132 bis establece que la notificación del inicio del procedimiento sancionatorio debe ser realizada por la Policía de Investigaciones o por el Servicio Nacional de Migraciones, lo que fue debidamente cumplido.

Finalmente, respecto a la falta de presentación del recurso de reclamación, la recurrida señala que la vía idónea para reclamar la expulsión es el artículo 141 de la Ley N°21.325, que establece un plazo de 10 días corridos desde la notificación del Decreto de Expulsión. Argumenta que el recurrente no interpuso la acción de reclamación que la ley contempla expresamente para impugnar las resoluciones de expulsión, optando en cambio por deducir una acción de protección que carece de fundamento. Sostiene que se está utilizando una herramienta judicial para intentar eludir un procedimiento administrativo reglado, lo que resulta improcedente.

Concluye que en el presente caso no consta en el sistema ningún registro de solicitud de residencia temporal desde el extranjero por parte del señor nombre reservado, ni se encuentra dentro de las hipótesis que habilitan a solicitar un permiso especial por razones humanitarias. Tampoco consta que haya solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado. Existiendo mecanismos legales disponibles para su ingreso y permanencia regular en el país, el interesado optó por una vía irregular y no ha desplegado conducta alguna tendiente a regularizar su situación conforme al ordenamiento jurídico.

Por estas razones, solicita que se tenga por evacuado el informe requerido y se rechace el recurso de protección interpuesto en todas sus partes, debido a que la medida de expulsión impugnada fue ordenada en virtud de causales legales expresas, por autoridad competente, dentro de sus facultades legales, con estricto apego a la Constitución y las leyes, no existiendo vulneración al debido proceso.

TERCERO: Que el recurso de protección, conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción cautelar que busca amparar el legítimo ejercicio de garantías y derechos preexistentes ante un acto u omisión ilegal o arbitraria que los prive, perturbe o amenace. La ilegalidad se refiere a un acto contrario a la ley, mientras que la arbitrariedad se refiere a una decisión sin fundamento racional o basada en el mero capricho.

CUARTO: Que en la especie, el acto impugnado encuentra su fundamento en lo dispuesto en el artículo 132 en relación al artículo 134 ambos de la Ley N°21.325, que determina la facultad de expulsión en cuanto a su forma y ejecución, en relación a la hipótesis contenida en el artículo 32 N°3 de la citada ley. No obstante, el pronunciamiento impugnado fue dictado por autoridad competente, en uso de sus facultades, encontrándose además debidamente fundado en la normativa migratoria vigente.

QUINTO: Que conforme lo antes expuesto y razonado, no es dable considerar que el Servicio recurrido haya incurrido en ilegalidad ni en arbitrariedad alguna en la dictación del acto impugnado, toda vez que aplicó correctamente la normativa migratoria vigente, cumplió con el procedimiento establecido, incluyendo la notificación otorgando plazo para descargos, y fundó adecuadamente su decisión en las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes, lo que conlleva al rechazo de la acción constitucional intentada en autos.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de don nombre reservado y en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-13782-2025. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: