nombre reservado con CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

C.A. de Santiago Santiago, diez de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, solicitando que se ordene la reserva total de los antecedentes de la causa RIT 5894-2020 (RUC N°2000728771-3), originaria de dicho tribunal, restringiendo de forma definitiva su visualización pública en internet, por estimar que la exposición permanente de dicho registro vulnera los derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°4 y N°16 de la Constitución Política de la República.

Expone que, con fecha 7 de agosto de 2020, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago dictó resolución firme que aprobó la decisión del Ministerio Público de abstenerse de investigar, tras constatarse que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito, de conformidad con el artículo 168 del Código Procesal Penal.

Sostiene que, pese a haber sido eximida de toda responsabilidad penal, la visibilidad pública de dicho registro digital en el portal web del Poder Judicial le genera un perjuicio directo y actual, por cuanto reclutadores y empleadores visualizan el litigio cerrado, generándose un prejuicio inmediato que impide de manera sistemática su acceso a puestos de trabajo.

Añade que la exposición permanente de este caso concluido vulnera su derecho al respeto y protección de la vida privada y a la honra, consagrado en el artículo 19 N°4 de la Carta Fundamental, así como su libertad de trabajo y su libre elección, garantizada en el artículo 19 N°16 de la misma.

Precisa que no solicita borrar ni destruir el registro interno del tribunal, sino únicamente configurar su estado informático como “reservado”, de modo que el expediente permanezca archivado para los fines legales correspondientes, pero deje de ser visible para terceros ajenos al proceso a través del buscador público por cédula de identidad.

En definitiva, solicita que se tenga por presentada la solicitud, se acoja a tramitación y, en mérito de lo expuesto, se ordene la reserva de la causa señalada en el sistema informático del Poder Judicial, a fin de cesar la afectación a sus derechos laborales y personales.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, comparece doña nombre reservado, Juez Titular del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

Precisa que la causa RIT 5894-2020, RUC N°2000728771-3, se originó en la denuncia interpuesta con fecha 18 de julio de 2020 por don nombre reservado, motivada por diversos conflictos vecinales que mantendría desde hacía años con la propietaria de un departamento del condominio en que reside, a quien atribuye una serie de descalificaciones e imputaciones.

Refiere que, estimando el Ministerio Público que dichos hechos no eran constitutivos de delito alguno contenido en nuestra legislación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 del Código Procesal Penal solicitó al tribunal aprobar su decisión de no iniciar la investigación, la que fue aprobada mediante resolución de 7 de agosto de 2020, sin que la causa haya registrado movimientos desde entonces.

Agrega que la referida causa no se encuentra entre aquellas que excepcionalmente se declaran bajo reserva, y que dicha reserva no ha sido solicitada por el Ministerio Público ni por alguno de los intervinientes, acompañando, para mejor resolución, copia de las actuaciones aludidas.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que la controversia sometida al conocimiento de esta Corte consiste en determinar si la mantención de la publicidad de la causa RIT 5894-2020 en el sistema informático del Poder Judicial constituye un acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías invocadas por la recurrente. Para su resolución debe tenerse presente que la publicidad de los actos y resoluciones de los tribunales constituye un principio basal del ejercicio de la función jurisdiccional, consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de la República y desarrollado en el artículo 9° del Código Orgánico de Tribunales, conforme al cual los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley. De este modo, la reserva o el secreto revisten un carácter excepcional y de derecho estricto, procediendo únicamente en los casos y con los requisitos que la propia ley contempla;

QUINTO: Que, en la especie, la recurrente no imputa a la recurrida la ejecución de una actuación concreta contraria a derecho, sino que reprocha una situación —la permanencia del registro de la causa en el buscador público del Poder Judicial— que es consecuencia directa de la aplicación del principio de publicidad antes referido. En efecto, del propio informe del tribunal recurrido aparece que la causa fue tramitada regularmente, que concluyó por la aprobación de la decisión del Ministerio Público de no iniciar la investigación, y que a su respecto no concurre ninguna de las hipótesis de reserva que excepcionalmente contempla el ordenamiento, sin que tal reserva haya sido siquiera solicitada por los intervinientes en la sede pertinente.

En tales condiciones, no se advierte que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago haya incurrido en acción u omisión alguna que pueda calificarse de ilegal, esto es, contraria a la ley, o de arbitraria, producto del mero capricho, presupuesto indispensable para el acogimiento de la acción cautelar, conforme a lo razonado en el motivo tercero;

SEXTO: Que en consecuencia, no habiéndose configurado un acto ilegal o arbitrario que amenace, perturbe o prive del legítimo ejercicio de las garantías invocadas de los numerales 4° y 16° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, la acción constitucional intentada no podrá prosperar;

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida por doña nombre reservado, en contra del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-13773-2026.