Protección contra Google Chile Limitada y en contra de Wikimedia Chile por haberse negado ambas a

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de marzo de dos mil veintiséis.

A los folios 34, 35 y 36; a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 10 de junio de 2025, comparece don Gustavo Eduardo Ávila Hermosilla, abogado, en representación de don nombre reservado, periodista, quien interpone recurso de protección en contra de Google Chile Limitada y en contra de Wikimedia Chile por haberse negado ambas a eliminar de sus respectivas plataformas digitales los enlaces y publicaciones que vinculan al recurrente con una investigación penal por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, de la cual fue sobreseído.

Considera dicha actuación ilegal y arbitraria, toda vez que dicha negativa carece de justificación razonable y no obedece a ningún interés público legítimo, vulnerando con ello los derechos fundamentales del recurrente a la integridad psíquica, a la vida privada y a la honra, que la Constitución Política de la República garantiza en su artículo 19 N° 1 y 4, por lo que solicita que este tribunal ordene la eliminación de todas las publicaciones vinculadas a los referidos delitos.

En cuanto a los hechos, señala que el 9 de febrero de 2020 se hizo pública una denuncia que involucraba al recurrente en hechos de cohecho en el Ministerio de Obras Públicas en La Araucanía, lo que motivó una extensa cobertura mediática digital y el inicio de una investigación penal por parte de la Fiscalía, a través de la Brigada Anticorrupción Metropolitana.

Agrega que, durante el transcurso de dicha investigación, el recurrente fue objeto de numerosas noticias relativas a su carrera política, actividades económicas y red de contactos, las que se mantienen disponibles en internet hasta la fecha. Refiere que en enero de 2021 el señor nombre reservado fue sobreseído, decisión que fue revocada poco tiempo después por la Corte de Temuco; sin embargo, en mayo del mismo año la Fiscalía decidió no perseverar en la investigación, al no contar con antecedentes suficientes para continuar ni haberse acreditado responsabilidad penal alguna. No obstante lo anterior, indica que toda esta cobertura mediática permanece accesible en el buscador de Google Chile Limitada y en el perfil que Wikimedia Chile mantiene sobre el recurrente, sin que este último incluya mención alguna al sobreseimiento ni al cierre de la investigación en su favor. Añade que el recurrente solicitó formalmente a Google Chile Limitada la eliminación de dichos enlaces, obteniendo una respuesta negativa, condicionada a la existencia de una resolución judicial que así lo ordenara.

En cuanto al derecho, el recurso invoca, en primer término, la garantía del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, relativa a la integridad física y psíquica, señalando que esta comprende una doble dimensión - corporal y espiritual - que debe recibir igual protección constitucional, conforme lo ha sostenido la doctrina nacional y lo reconoce el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En segundo término, invoca el artículo 19 N° 4 de la misma Carta Fundamental, que consagra el respeto y protección a la vida privada, la honra y los datos personales de la persona y su familia, norma que, a juicio del recurrente, ampara tanto el derecho a la honra - entendida como el buen nombre, reputación y prestigio de toda persona, emanado directamente de su dignidad humana - como el derecho al respeto y protección de la vida privada, que garantiza la autonomía individual y restringe la exposición no consentida de información personal. Asimismo, el recurso sostiene que, si bien el denominado "derecho al olvido" en internet no cuenta con regulación expresa en el ordenamiento jurídico chileno, encuentra pleno sustento en las garantías constitucionales antes referidas.

En cuanto a la forma en que se han vulnerado los derechos del recurrente, el recurso expone que la mantención de los enlaces y publicaciones cuestionados ha generado en el señor nombre reservado una constante afectación a su integridad psíquica, manifestada en angustia, pesar y exposición a amenazas e insultos en redes sociales; que la perpetuación de dicha información daña su honra, al sostener en el colectivo una percepción negativa basada en una imputación penal de la que fue absuelto; y que lesiona su derecho a la vida privada, al impedir que él mismo determine qué información suya circula públicamente, restringiendo su autonomía, sus relaciones interpersonales y su desarrollo personal y laboral.

Por estas razones, solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene a Google Chile Limitada y a Wikimedia Chile eliminar de sus registros y plataformas toda publicación que diga relación con la imputación de cohecho y tráfico de influencias en contra del recurrente; se dicten las demás medidas que este tribunal estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho y garantizar los derechos cuya protección se invoca; y se condene en costas a los recurridos.

SEGUNDO: Que Google LLC - Google - evacúa el informe requerido por esta Corte, dando cuenta que la requerida Google Chile Limitada es una filial con un giro distinto y que no debiera ser la recurrida, solicitando el íntegro rechazo de la acción constitucional deducida en su contra, con expresa condena en costas, fundándose en los antecedentes y argumentaciones que se exponen a continuación.

En cuanto a los hechos, con fecha 19 de junio de 2025, don nombre reservado interpone recurso de protección en contra de Wikimedia Chile y de Google LLC, alegando que, a partir del 9 de febrero de 2020, diversos medios de comunicación digital habrían publicado noticias que lo vinculan con hechos de cohecho y tráfico de influencias en el Ministerio de Obras Públicas.

Agrega el recurrente que, no obstante haberse dictado en enero de 2021 un sobreseimiento a su favor - posteriormente revocado -, y habiéndose comunicado finalmente la decisión de no perseverar en la investigación, dichas publicaciones permanecen disponibles en el buscador de Google y en el perfil del recurrente en Wikimedia Chile, vulnerando, a su juicio, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 1 y N° 4 de la Constitución Política de la República.

Como primera defensa, la recurrida plantea la extemporaneidad manifiesta de la acción. Al efecto, Google LLC sostiene que el más reciente de los enlaces impugnados data del año 2021, razón por la cual, conforme al artículo 1° del Auto Acordado N°94-2015, el plazo fatal de treinta días corridos se encontraría largamente vencido. Invoca en apoyo de esta posición jurisprudencia uniforme de la Excelentísima Corte Suprema y de esta Corte, que establece que el plazo para interponer la acción de protección respecto de contenidos publicados en internet se computa desde la fecha de su publicación, sin que pueda considerarse que sus efectos lesivos sean de carácter permanente, pues ello sometería dicho plazo a la mera voluntad del actor, lo que resulta inaceptable en razón del carácter objetivo y urgente de la acción cautelar.

Como segunda defensa, la recurrida aduce falta de legitimación pasiva. Señala que Google LLC actúa exclusivamente como motor de búsqueda, limitándose a indexar información pública disponible en internet, sin crear, editar ni supervisar los contenidos que terceros publican. En tal sentido, invoca el artículo 85 letra p) de la Ley N° 17.336, que exime expresamente a los motores de búsqueda de la obligación de supervisar los datos que transmiten o referencian, destacando que son los autores de los contenidos quienes controlan plenamente su disponibilidad y, por ende, quienes revisten la calidad de legítimos contradictores en acciones de esta naturaleza.

En tercer lugar, la recurrida argumenta que las publicaciones impugnadas se encuentran amparadas por la garantía constitucional de libertad de expresión consagrada en el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República, complementada por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sostiene que dicha garantía comprende tanto la dimensión individual de difundir información como la dimensión colectiva de acceder y recibirla, siendo ambas indivisibles, de modo que ordenar la eliminación o desindexación del contenido constituiría una restricción desproporcionada a dicha libertad.

TERCERO: Que Wikimedia Chile – Wikimedia - evacúa el informe requerido solicitando el total rechazo del recurso de protección con expresa condena en costas, en base a los siguientes antecedentes de hecho y de derecho.

La recurrida señala que Wikimedia Chile es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, constituida legalmente en Chile, que opera como capítulo de la Fundación Wikimedia - persona jurídica independiente con sede en San Francisco, California - autorizada únicamente para difundir las actividades de dicha fundación y utilizar sus marcas en territorio nacional, sin que en ningún caso administre, controle ni tenga injerencia alguna sobre los contenidos de Wikipedia ni sobre los servidores y sitios web de la Fundación Wikimedia.

Luego, opone la excepción de falta de legitimación pasiva, fundada en que Wikimedia Chile no es filial ni representante legal de la Fundación Wikimedia, no ejerce control fáctico ni jurídico alguno sobre los contenidos de Wikipedia, y carece por tanto de toda vinculación con el acto supuestamente arbitrario e ilegal que se le imputa. Invoca en apoyo de esta excepción la sentencia dictada por esta Corte el 27 de octubre de 2020 en los autos caratulados nombre reservado con Wikimedia Chile, Rol N° Protección-16010- 2020, en la que se acogió idéntica defensa en circunstancias análogas.

También alega la inexistencia de acto arbitrario o ilegal, toda vez que Wikimedia Chile no tiene autoridad para modificar ni eliminar contenidos de Wikipedia, de conformidad con lo expresamente estipulado en el Acuerdo de Capítulo suscrito con la Fundación Wikimedia el 1° de agosto de 2011, instrumento que además le prohíbe actuar en nombre de dicha fundación bajo riesgo de perder su reconocimiento como capítulo.

Plantea, a su vez, la inexistencia de afectación de garantías fundamentales, argumentando que la información disponible sobre el recurrente corresponde a hechos de interés público relacionados con una investigación penal por cohecho y tráfico de influencias que involucró a una figura pública, amparada por el derecho a la libertad de expresión e información consagrado en el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Agrega que el denominado "derecho al olvido" no se encuentra reconocido en el ordenamiento jurídico chileno, conforme a reiterada jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, y que la información cuestionada no es falsa ni desactualizada, pues al momento de redactarse el informe el artículo de Wikipedia ya consignaba la decisión de no perseverar y el sobreseimiento definitivo del recurrente.

Finalmente, invoca la improcedencia del recurso conforme a la Ley N° 19.628, indicando que, de estimarse que procede el ejercicio de derechos sobre datos personales, la acción debería dirigirse contra la Fundación Wikimedia como responsable del banco de datos, y que el recurso de protección no constituye la vía procesal idónea para resolver dicha controversia.

CUARTO: Que corresponde, en primer término, resolver la excepción de extemporaneidad de esta acción cautelar opuesta por Google; esto es si ha sido planteada dentro del plazo de los treinta días corridos, contados desde que ocurre el acto u amenaza que motiva el recurso o desde que se tuvo conocimiento de dicho acto u amenaza.

En opinión de esta Corte, la alegación de extemporaneidad del recurso de protección no puede prosperar, toda vez que el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha consiste en que se mantienen indexadas a la fecha una serie de noticias creadas y publicadas por terceros en sus respectivos portales. Así las cosas, el recurso no es extemporáneo, toda vez que la publicación noticiosa tiene el carácter de permanente en el tiempo, para lo cual basta con introducir el nombre del recurrente en el motor de búsqueda Google o en el sitio de internet Wikipedia, para obtener resultados en relación a la información solicitada, de forma que no ha transcurrido el plazo de treinta días corridos establecido en el numeral 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales.

QUINTO: Toca hacerse cargo del alegato de falta de legitimación pasiva argüida por Wikimedia Chile. En opinión de esta Corte, dicha defensa – basada en la limitada actividad que realiza en Chile - no será acogida teniendo en consideración que comparte el mismo nombre con la entidad en Estados Unidos - «Wikimedia Foundation», reconoce que es el capítulo Chileno de ella - y que, de acuerdo a lo alegado en estrados, la entidad en Estados Unidos es titular del dominio de internet www.wikipedia.org donde se ubica la enciclopedia digital, la cual la ha puesto a disposición de usuarios ubicados en Chile.

Respecto de Google, dado que la recurrida es una afiliada totalmente controlada por la matriz, se rechazará esta pretensión.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u http://www.wikipedia.org/ omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal - esto es, contrario a la ley - o arbitrario - producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él - y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

SÉPTIMO: Que el arbitrio alegado consiste en la mantención de información, referente a la supuesta comisión de determinados ilícitos por el recurrente, indexada al motor de búsqueda de internet de dominio de Google y en el sitio de internet de Wikipedia, desde el año 2020 hasta la fecha.

OCTAVO: Que a efectos de resolver lo planteado en el arbitrio es necesario establecer los hechos asentados en autos: (i) el recurrente fue imputado, como presunto autor de los delitos de cohecho y tráfico de influencias; (ii) realizada la correspondiente investigación por parte del Ministerio Público, el resultado de tales pesquisas concluyó con la dictación de un sobreseimiento, el que luego fue revocado, terminando la causa por la decisión de no perseverar del ente persecutor; (iii) las noticias publicadas por distintos medios de comunicación, con relación a investigación y su resultado, se encuentran indexadas en el motor de búsqueda Google y la información está en el sitio de internet Wikipedia; (iv) que Google no es la creadora de los datos que el recurrente cuestiona, limitándose el motor de búsqueda a indexar la información creada por terceros, y que, como se indicó, Wikipedia es una enciclopedia en línea de acceso libre y colaborativa, que puede ser editada por los usuarios; y (v) que las noticias o información a la que se puede acceder por el ya citado motor de búsqueda o el sitio de internet de Wikipedia, en caso alguno resultan inexactas, adolecen de integridad o son falsas.

NOVENO: Que el recurrente impugna la actualización de la información contenida e indexada en Google e incluida en el sitio de internet de Wikipedia; sin embargo, de una simple búsqueda en internet, esta afirmación aparece, a todas luces, incorrecta – pues se hace expresa mención al sobreseimiento, su revocación y a la decisión de la Fiscalía de no perseverar (ver búsqueda «nombre reservado» en Google y Wikipedia) -.

Así las cosas, el asunto radica esencialmente en determinar, si tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico “el derecho al olvido”, esto es, si una persona puede aspirar a la eliminación de una información que le provoca perjuicios y que se encuentra contenida en sistemas informáticos conectados a la red mundial de información.

DÉCIMO: Que, en el presente caso se trata de publicaciones que emanan de medios de comunicación social que no fueron sido recurridos en el presente libelo, respecto de las cuales el motor de búsqueda y sitio de internet recurridos tan sólo reproducen y lo hacen en un orden cronológico, informando lo acontecido en una causa penal, su sobreseimiento, revocación del mismo y su posterior término por una decisión administrativa de no perseverar adoptada por el persecutor penal de la época. Todos estos, aspectos fácticos objetivos que son correctos en cuanto a su acaecimiento, sin que implique esa sola circunstancia otorgarle algún reproche al recurrente, máxime la calidad de figura pública que a esa época detentaba y su calidad de interviniente en los mismos, lo anterior, en todo caso es sin perjuicio de una eventual colisión entre el derecho a la honra del que recurre y la libertad de expresión.

UNDÉCIMO: Que, puestos en este último escenario, cabe señalar que el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política garantiza “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”, por lo que no cabe duda de que nuestro ordenamiento jurídico protege la vida privada de las personas y su honra”.

Sobre el particular conviene tener presente que dentro del derecho a la honra se encuentra consagrado también el derecho al buen nombre, consistente en el concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y profesionales, derecho personalísimo que puede verse afectado cuando se publican en Internet afirmaciones deshonrosas a su respecto, que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa.

DUODÉCIMO: Que, aunque la libertad de expresión ha sido fundamental en el imaginario de la comunicación en el ciber espacio, la experiencia ha demostrado que en los entornos de comunicación virtual pudieran entrar en conflicto con otras libertades individuales, por ejemplo el derecho al buen nombre, cuando este es vulnerado con una afirmación deshonrosa publicada, frente a la cual la persona tendría limitadas posibilidades de exigir y lograr una pronta corrección.

DÉCIMO TERCERO: Que, sin embargo, conforme lo informado, aparece de toda evidencia que esa discusión excede con creces los límites de la presente acción cautelar, que no es un sustituto del procedimiento de lato conocimiento encomendado a la jurisdicción civil, a cuyo conocimiento corresponde conocer eventuales trasgresiones a la protección de la privacidad de las personas, a manera ejemplar como ocurre con las acciones que regula la Ley N° 19.628 sobre la misma materia y, que en el caso de comisión de eventuales ilícitos penales referidos a imputaciones calumniosas, existe una jurisdicción penal a quien corresponde su conocimiento; instancias que, permiten a todas las partes en conflicto – y de manera robusta - acreditar el fundamento de sus planteamientos mediante la existencia de un término probatorio en el primer caso y, otro investigativo en el segundo, garantizándose así la bilateralidad de la audiencia, máxime si en el caso de autos no aparece reflejado un derecho indubitado, cuya protección justifique adoptar alguna medida de restablecimiento del mismo.

DÉCIMO CUARTO: Que, dentro del contexto material que se viene reseñando, como ya se anticipó, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor del recurrente, pues la situación descrita, sin duda, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional que sólo tiene por finalidad determinar si un derecho inobjetable, que sea a la vez constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido vulnerado mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal, lo que en el caso propuesto no se ha demostrado que así acontezca DÉCIMO QUINTO: Que, a la conclusión precedente se arriba teniendo especialmente en consideración que la finalidad propia del recurso de protección es la de restablecer la vigencia del derecho, reaccionando frente a una situación anormal y evidente que atenta contra alguna de las garantías que establece la Carta Fundamental. Ciertamente, se trata de una acción cautelar de origen constitucional que protege a los individuos mediante determinadas providencias que evitan los efectos del acto arbitrario e ilegal que haya amagado un derecho indiscutido y evidente. En esta dirección se ha razonado por nuestro máximo tribunal que «[l]a Acción Constitucional de Protección ha sido establecida en nuestro derecho, como un remedio procesal de carácter extraordinario para la mantención regular del orden jurídico, sin embargo, esta es una acción de urgencia, de naturaleza cautelar y conocida por los tribunales en uso de sus facultades conservativas, cuyo objetivo es, como su nombre indica, la protección de derechos indubitados indiscutidos y no su declaración, por cuanto ello implicaría desnaturalizarla en su esencia, transformándola en un sustituto de los procedimientos ordinarios y extraordinarios que la ley contempla para tal objeto y de los cuales conocen los tribunales que la ley establece en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, la más propia esencial característica de los otros órganos del poder estatal» (Corte Suprema, Rol Nro. 1108- 2009). En este mismo sentido sería posible citar un sinnúmero de fallos.

DÉCIMO SEXTO: Que, como corolario, no puede sino concluirse que en el caso sub lite no se ha establecido que la recurrente posea un derecho indubitado que la habilite para reclamar por el presente medio, circunstancia ésta que lleva a concluir que no se dan los presupuestos que permitan acoger la presente acción de protección y, por ende, no es posible advertir la vulneración a las garantías constitucionales que alude la recurrente en su libelo respecto de las dos recurridas de autos.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, SIN COSTAS, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de Google Chile Limitada y Wikimedia Chile.

Se previene que el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz estuvo, además, por rechazar el recurso por considerarlo extemporáneo, dado el tiempo transcurrido entre las publicaciones y la interposición del recurso.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Protección N°13.737-2025.