Protección contra Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción y de la Superintende

C.A. de Santiago Santiago, ocho de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que don nombre reservado ha deducido acción constitucional de protección en contra de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción y de la Superintendencia de Seguridad Social, por estimar ilegal y arbitraria la Resolución Exenta N° NUM000, de 15 de abril de 2026, mediante la cual la Superintendencia de Seguridad Social rechazó su reclamación y confirmó lo resuelto por la Mutual de Seguridad a través de la Resolución de Calificación N° NUM001, de 17 de octubre de 2025, que calificó como de origen común los hallazgos tomográficos detectados en el marco del Programa de Vigilancia de Expuestos a Asbesto, concluyendo que no reúnen los elementos dispuestos en el artículo 7° de la Ley N° 16.744 para ser calificados como enfermedad laboral.

Sostiene el recurrente que tal decisión vulnera las garantías contempladas en el artículo 19 numerales 1, 9 y 24 de la Constitución Política de la República, al privarlo de la cobertura médica y económica contemplada en la Ley N° 16.744, pese a haber estado expuesto a asbesto durante aproximadamente diez años como Supervisor de Mantenimiento de Sociedad Industrial Pizarreño S.A., entre los años 1988 y 2000.

Segundo: Que, al informar, la Superintendencia de Seguridad Social solicitó, en lo principal, la declaración de extemporaneidad de la acción, argumentando que el recurrente tomó conocimiento de la calificación de origen común con fecha 24 de diciembre de 2025, al presentar su reclamación administrativa, transcurriendo más de cuatro meses desde dicha fecha hasta la interposición del recurso. Subsidiariamente, alegó la improcedencia de la acción por incidir en materias de seguridad social no amparadas por el artículo 20 de la Constitución y, en cuanto al fondo, sostuvo que la resolución impugnada fue dictada dentro del ámbito de sus atribuciones, fundada en antecedentes médicos y laborales que acreditan que los hallazgos tomográficos del recurrente no reúnen los elementos del artículo 7° de la Ley N° 16.744 para ser calificados como enfermedad profesional.

Por su parte, la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción alegó, en lo principal, la improcedencia de la acción de protección por no constituir la vía idónea para controvertir la calificación de origen de las patologías. En subsidio y en cuanto al fondo, expuso que el seguimiento tomográfico practicado al trabajador durante más de veinte años en el Programa de Vigilancia de Expuestos a Asbesto no ha identificado en ningún momento placas pleurales, hallazgo característico de la enfermedad por asbesto; que las opacidades inespecíficas en "vidrio esmerilado" registradas desde el año 2005 en el lóbulo superior derecho se mantuvieron estables y se resolvieron por completo en los controles de 2022 y 2023, concluyendo, sobre la base de la evaluación de sus profesionales médicos, que los hallazgos no configuran una enfermedad profesional en los términos de la referida ley.

Tercero: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución, y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Cuarto: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional, y d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

Quinto: Que, en primer término, la Superintendencia recurrida alegó la extemporaneidad de la acción constitucional, argumentando que el recurrente tomó conocimiento de la calificación de origen común con fecha 24 de diciembre de 2025, al momento de presentar su reclamación administrativa y que transcurrieron más de cuatro meses desde dicha fecha hasta la interposición del recurso el 14 de mayo de 2026, superando el plazo fatal de treinta días corridos contemplado en el numeral primero del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

Sin embargo, tal argumentación no puede ser acogida. Si bien es efectivo que el recurrente conocía desde antes la calificación efectuada por la Mutual de Seguridad, el acto que se impugna por esta vía no es dicha calificación originaria, sino la Resolución Exenta N° NUM000, de 15 de abril de 2026, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social al resolver su reclamación administrativa. Es esta última decisión la que agotó la vía administrativa y fijó en forma definitiva la posición del sistema de seguridad social frente a la situación del trabajador, constituyendo un acto autónomo y distinto de la calificación originaria.

En efecto, la acción de protección fue interpuesta el 14 de mayo de 2026, esto es, dentro de los veintinueve días corridos siguientes a la dictación de la resolución de la Superintendencia, plazo que se encuentra dentro de los treinta días que contempla el Auto Acordado, de modo que la acción resulta tempestiva.

Sexto: Que, asimismo, ambas recurridas alegaron la improcedencia de la acción de protección por tratarse de materias de seguridad social, que no se encuentran amparadas por la acción cautelar que se ejerce, argumentación que no puede prosperar. De los fundamentos fácticos del recurso aparece que, respecto del acto que se califica como ilegal y arbitrario, se alega vulneración de las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 numerales 1, 9 y 24 de la Constitución Política de la República, garantías que sí se encuentran tuteladas por el recurso que se ejerce, conforme al artículo 20 de la Carta Fundamental.

En consecuencia, la alegación de improcedencia basada en que la materia incide en el derecho a la seguridad social del artículo 19 N° 18 de la Constitución, no amparado por el recurso de protección, debe ser desestimada, por cuanto el recurrente funda su pretensión en la afectación de garantías distintas que sí son susceptibles de tutela por esta vía cautelar.

Séptimo: Que, en cuanto al fondo, de los antecedentes aparece que la Superintendencia de Seguridad Social actuó dentro de la esfera de sus atribuciones legales, al conocer y resolver la reclamación formulada por el recurrente contra la decisión de la Mutual de Seguridad. En efecto, el artículo 77 de la Ley N° 16.744 contempla expresamente la reclamación ante dicho organismo respecto de las resoluciones de los administradores del seguro, correspondiéndole pronunciarse sobre la calificación de las contingencias y prestaciones sometidas a su conocimiento, de modo que no se advierte incompetencia ni infracción procedimental manifiesta en la dictación del acto impugnado.

Octavo: Que la Resolución Exenta N° NUM000 no aparece desprovista de fundamento, pues para su dictación se tuvieron a la vista antecedentes clínicos y laborales del recurrente, incluyendo más de veinte años de seguimiento tomográfico continuo en el marco del Programa de Vigilancia de Expuestos a Asbesto, informes médicos, fichas clínicas y la Resolución de Calificación de la Mutual de Seguridad, antecedentes que fueron examinados por profesionales médicos del organismo recurrido.

Sobre esa base, se concluyó que los hallazgos tomográficos descritos en el trabajador, consistentes en opacidades inespecíficas en "vidrio esmerilado" o "vidrio deslustrado" que no siguieron un curso progresivo propio de una enfermedad pulmonar ocupacional, manteniéndose estables durante años y resolviéndose por completo en los controles de 2022 y 2023, sin que en ningún momento del seguimiento se identificaran placas pleurales, hallazgo característico de la enfermedad por asbesto, no reúnen los elementos dispuestos en el artículo 7° de la Ley N° 16.744 para ser calificados como una enfermedad profesional.

Noveno: Que los antecedentes acompañados por el recurrente dan cuenta de la existencia de una exposición histórica a asbesto durante un período de aproximadamente diez años. Sin embargo, no permiten establecer, por esta vía cautelar, de manera indubitada, que dicha exposición haya generado una enfermedad profesional en los términos del artículo 7° de la Ley N° 16.744. Así las cosas, cabe señalar que la determinación del nexo causal entre la exposición laboral a asbesto y los hallazgos tomográficos del trabajador exige una apreciación médica especializada y comparativa entre las condiciones específicas de exposición y cada uno de los hallazgos diagnosticados, cuestión que excede la naturaleza sumaria y breve del recurso de protección, especialmente cuando existen conclusiones técnicas contrapuestas acerca de la significación clínica de los hallazgos imagenológicos.

Décimo: Que, en consecuencia, no se ha acreditado que la Superintendencia de Seguridad Social haya incurrido en un acto ilegal o arbitrario, desde que resolvió dentro de su competencia, sobre la base de antecedentes médicos y laborales, y expresando las razones que sustentaron la calificación de origen común de los hallazgos tomográficos del recurrente. La fundamentación entregada torna la decisión impugnada en una debidamente fundada, sin que se advierta un actuar caprichoso o carente de razonabilidad. Tampoco se advierte una privación, perturbación o amenaza ilegítima de las garantías contempladas en el artículo 19 numerales 1, 9 y 24 de la Constitución Política de la República, pues la falta de reconocimiento de las prestaciones pretendidas deriva de una controversia técnica acerca de los presupuestos legales de la calificación de enfermedad profesional, y no de una actuación carente de fundamento.

Décimo Primero: Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe consignar que el recurrente mantiene expedita la vía jurisdiccional contemplada en el artículo 420, letra e), del Código del Trabajo, conforme al cual será de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo el conocimiento de las reclamaciones que procedan contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas en materias laborales, previsionales o de seguridad social, instancia en la que podrá discutirse con la amplitud probatoria que la naturaleza técnica del conflicto requiere, cuestión que no es posible en el marco del presente arbitrio cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se rechaza la acción constitucional de protección deducida por don nombre reservado en contra de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción y de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Protección N°13.725-2026.