nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de nombre reservado

nombre reservado, catorce de octubre de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 13: a lo principal, téngase presente; al otrosí, a sus antecedentes.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece María Angélica Brown Oropeza, abogada, en favor de don nombre reservado, contador público de nacionalidad venezolana, quien deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., representada por don nombre reservado, fundado en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales efectuada el 28 de abril de 2025, en el marco del procedimiento regulado por la Ley N° 18.156, que establece la exención previsional para técnicos extranjeros.

Expone que acompañó, al momento de la solicitud, toda la documentación exigida por la normativa aplicable, a saber: contratos de trabajo y anexos con cláusulas de acogimiento al artículo 1° de la citada ley, título profesional apostillado, certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), y declaración jurada de mantención de afiliación extranjera. Sin embargo, la recurrida rechazó su solicitud, sosteniendo que el certificado de afiliación no cumplía las formalidades exigidas por la Superintendencia de Pensiones, al carecer de apostilla o de legalización vigente.

Afirma que el acto impugnado es ilegal y arbitrario, por cuanto la Ley N° 18.156 no contempla la exigencia de renovación periódica del certificado de afiliación ni de una apostilla vigente al momento de la presentación, bastando la acreditación fehaciente de estar afiliado a un régimen previsional extranjero que otorgue cobertura en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

A su juicio, la decisión de la AFP impone requisitos adicionales no previstos en la ley, infringiendo los principios de legalidad y certeza jurídica, además de vulnerar el derecho de propiedad sobre los fondos acumulados en su cuenta individual.

Alega que la decisión recurrida constituye una discriminación arbitraria, en tanto en casos idénticos otras administradoras —como AFP Cuprum— han aprobado solicitudes basadas en certificados similares, lo que infringe el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República. Asimismo, estima lesionado su derecho de propiedad, reconocido en el artículo 19 N° 24, pues se le impide disponer de fondos de su exclusivo dominio sin fundamento legal alguno.

Hace presente que la negativa de la recurrida desconoce el contexto de fuerza mayor existente por la inexistencia actual de representación consular venezolana en Chile, situación que impide renovar o apostillar documentos en el país de origen, razón por la cual el certificado presentado fue debidamente legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y verificable en línea mediante código emitido por el IVSS. Cita el artículo 345 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, que reconoce validez probatoria a documentos extranjeros legalizados ante la autoridad competente, y el artículo 45 del Código Civil, sobre imposibilidad sobreviniente.

Sostiene que la actuación de la AFP carece de razonabilidad y vulnera garantías constitucionales amparadas por el artículo 20 de la Constitución Política, toda vez que se le priva ilegítimamente de ejercer su derecho de propiedad respecto de sus fondos previsionales y se le otorga un trato desigual frente a otros afiliados en iguales condiciones.

Por lo expuesto, solicita que esta Corte acojan el presente recurso, se declare la ilegalidad y arbitrariedad del acto recurrido, se deje sin efecto la negativa de devolución de fondos comunicada por AFP ProVida S.A., y se ordene emitir un nuevo pronunciamiento, reconociendo la validez de la documentación presentada, dentro de un plazo breve y con las demás providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías vulneradas.

SEGUNDO: Que, al evacuar el informe ordenado, la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., por medio de su apoderado, solicita el rechazo íntegro del recurso, con costas, argumentando que el acto impugnado se ajusta plenamente a la normativa legal y reglamentaria vigente, particularmente a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, autoridad fiscalizadora competente en la materia.

Explica que el rechazo de la solicitud de devolución obedece a que el certificado de afiliación al sistema venezolano IVSS presentado por el recurrente no se encontraba vigente ni legalizado o apostillado, conforme lo disponen el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI, de la Superintendencia. Añade que, de acuerdo con el Oficio N° 12.954 de 17 de julio de 2025, emitido por dicho órgano fiscalizador, los certificados electrónicos carentes de firma o apostilla no constituyen medio idóneo de acreditación de afiliación extranjera para los efectos de la Ley N° 18.156.

Indica que la Ley N° 18.156 establece un régimen excepcional y restrictivo de exención previsional, cuya aplicación exige acreditar copulativamente tres condiciones: (a) la calidad de técnico extranjero, (b) la afiliación efectiva a un sistema previsional extranjero con cobertura mínima en las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y (c) la voluntad expresa, en el contrato de trabajo, de mantener dicha afiliación. La falta de acreditación idónea de alguno de estos requisitos impide el otorgamiento del beneficio y, por ende, justifica la negativa de devolución de fondos.

Sostiene que el actuar de la AFP no constituye una vulneración de derechos fundamentales, toda vez que no priva al actor de la propiedad de sus fondos previsionales, sino que subordina su devolución al cumplimiento de condiciones legales previas, cuya verificación es indispensable para evitar fraudes y resguardar la integridad del sistema.

Añade que la situación diplomática o administrativa invocada por el actor no lo exime del cumplimiento de la ley, y que aceptar documentos sin las formalidades de autenticación atentaría contra los principios de seguridad jurídica y legalidad que rigen el sistema previsional.

Cita jurisprudencia reciente de diversas Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema, que han rechazado recursos de protección análogos fundados en la misma controversia, reafirmando que las exigencias formales de apostilla o legalización son requisitos esenciales para la validez de los certificados de afiliación emitidos en el extranjero.

Concluye que el acto recurrido no es ilegal ni arbitrario, pues responde al estricto cumplimiento de la ley y de las normas técnicas dictadas por la autoridad fiscalizadora, y que el recurso de protección no constituye la vía idónea para discutir la validez o suficiencia de documentos previsionales, materias de naturaleza controvertida que deben ventilarse en sede ordinaria o administrativa.

Por lo expuesto, solicita el rechazo total del recurso, con condena en costas, por improcedente y carente de fundamento.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de emergencia para resguardar o restablecer el imperio del derecho ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace su legítimo ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar auxilio.

CUARTO: Que para resolver el litigio debe revisarse las normas aplicables al caso.

Al efecto, el artículo 1° de la Ley N° 18.156 dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

QUINTO: Que, a su turno, el artículo 7° de la misma ley señala que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que se den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

SEXTO: Que, así las cosas, las exigencias que fundan la negativa de la A.F.P. Provida S.A., encuentran sustento en la ley, y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente o que constituya una discriminación arbitraria.

Por el contrario, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N° 18.156, para atender solicitudes de la naturaleza efectuada por la recurrente, motivo bastante para desestimar el recurso de protección que se examina, al no existir actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

Y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-13711-2025.

En nombre reservado, catorce de octubre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.