ADECCO EMPRESA SERVICIOS TRANSITORIOS S.A. con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO SANTIAGO SUR ORIENTE

Santiago, veinticinco de julio de dos mil diecisiete.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha 1 de marzo de 2017, ha comparecido doña Nicole Pitronello Cornejo, abogada, en representación de ADECCO EST S.A., ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur Oriente, representada por su Jefe Comunal, don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, refiriendo que, en la dictación de la Resolución N° 029, de fecha 2 de febrero del año 2017, la recurrida ha cometido un acto arbitrario e ilegal que ha significado para su representada una severa perturbación y privación del legítimo ejercicio de sus garantías fundamentales señaladas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando la adopción de las medidas necesarias a fin de restablecer el imperio del derecho.

Sostiene que el día 15 de octubre de 2016, en una de sus sucursales, se presentó una fiscalizadora de la Inspección de Trabajo a fin de requerir documentación relativa a toda la faena de la “sucursal 70”, específicamente de dos personas, don nombre reservado y don nombre reservado.

Explica que su empresa, mediante la Resolución N°01168-0374, de fecha 29 de julio de 2014, emitida por la Dirección del Trabajo, está autorizada para mantener centralizados sus documentos, lo cual es una excepción a la obligación impuesta en el inciso segundo del artículo 31 del DFL N° 2 de 1967, motivo por el cual se les entrega un “acta de requerimiento de documentación y citación”, en donde se les indica que deben comparecer con la documentación requerida a una sede de la Inspección, “haciéndole presente que la incomparecencia será sancionada con multa administrativa (Art. 29 y 30 del DFL N°2, de 1967) y la no presentación de documentación (Art. 31 y 32 DFL N°2, de 1967), según corresponda.”

A continuación, manifiesta que, por encontrarse en cierre de mes, los encargados de ir a la citación en la Inspección del Trabajo no comparecieron, asumiendo que serían multados en los términos que señala la misma citación, es decir, con una multa de un ingreso mínimo mensual, ya que se trata de una infracción grave, sin embargo, reciben la Resolución de Multa N° 7875/16/27 de la Inspección del Trabajo, por “No exhibir toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización” lo que infringiría los artículos 31 y 32 del DFL N° 2 de 1967, importando una multa de 20 ingresos mínimos mensuales y que a la fecha ascendía a $3.322.060.- En tal sentido, considera que la citación a la Inspección describe 2 supuestos fácticos, el primero, cuando el empleador es citado a la Inspección del Trabajo, concurre y no lleva o se niega a exhibir la documentación necesaria para la fiscalización, caso en el cual infringe los artículos 31 y 32 del DFL N° 2 de 1967, por lo que debe ser sancionado con 20 ingresos mínimos mensuales, y; el segundo caso, cuando el empleador, debidamente citado, no comparece a la citación de la Inspección del Trabajo, con lo cual infringe lo dispuesto en los artículos 29 y 30 del DFL N° 2 de 1967, acción motivo que lleva aparejada una sanción de 1 ingreso mínimo mensual, caso este último que considera que es el que más se ajusta a su situación, razón por la cual presentaron un reclamo al Jefe de la Inspección Comunal, quien pasa a confirmar la decisión mediante la Resolución que recurren, sosteniendo que esta última decisión es errada ya que se les reprocha el hecho de no haber presentado documentación de uno de los trabajadores, quien, como sostuvo, no ha prestado servicios para ellos. Además, se les cuestiona no haber tenido en la sucursal la Resolución que los autorizaba a mantener centralizada la documentación, en circunstancias que, de ser así, se les debió sancionar de manera inmediata. Y, finalmente, cuestiona la cantidad de multas que se citan en la Resolución en cuestión y que se les habría aplicado, señalándose que ellas alcanzan a 19, en circunstancias que ellas son solo 12, desconociendo las otras 7 que se indican.

En este sentido, señala que la resolución que se impugna se vuelve ilegal desde el momento que se le ha sancionado ante una hipótesis errada, ya que su parte se encontraba en la hipótesis de incomparecencia a la citación de la Inspección del Trabajo, con lo cual debía ser sancionado con una multa solo de 1 ingreso mínimo mensual, por lo tanto, con lo obrado, considera que la Inspección vulnera los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, como asimismo, el artículo 2 de la Ley 18.575 y, por supuesto, el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental.

Con respecto a las garantías afectadas, señala como infringidos los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ello puesto que está en plano de desigualdad y se le aplica una multa distinta a la que debería haber aplicado toda vez que queda de manifiesto que la infracción cometida consiste en no haber comparecido mi representada a una citación de la Inspección del Trabajo, como asimismo, apunta que ha existido un atentado a su patrimonio puesto que está obligada a pagar una multa cuantiosa, sin justificación alguna y sin hacer ningún análisis de fondo sobre la argumentación de esta parte.

Pide, en definitiva, declarar que la aplicación de la multa confirmada mediante la Resolución N° 029, de fecha 2 de febrero de 2017, quede sin efecto, por tratarse de un acto arbitrario e ilegal que afecta las garantías fundamentales de su parte. Esta Resolución es la que resuelve el recurso de reposición presentado ante el mismo organismo.

SEGUNDO: Que, con fecha seis de marzo de dos mil diecisiete, se declara admisible el recurso, y se solicita a la Inspección Comunal del Trabajo Sur Oriente que informe todos los antecedentes que habian en su poder sobre los asuntos que han motivado el recurso.

TERCERO: Que el veinticuatro de abril del dos mil diecisiete, la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Sur Oriente informa acerca del recurso deducido, alegando, en primer término, la caducidad de la acción de protección, asegurando que la Resolución que se impugna es la Resolución de Multa N° 7875/16/27-1, la cual le fue notificada a la recurrente en diciembre de 2016, por lo tanto, al momento de la interposición del recurso ya había transcurrido el término legal para la interposición del recurso de protección, que es de 30 días. Y que lo que ha realizado la parte recurrente es extender el plazo mediante un recurso de reconsideración administrativa, que finalmente es notificado el 10 de febrero de 2017.

En segundo término, sostiene que existe un procedimiento especial para reclamar de estas resoluciones que imponen multas y que está contemplado en el mismo Código del Trabajo, por lo cual, la vía usada en este caso implica desconocer el sistema procesal vigente, de allí que considera que se busca un sustituto procesal a los medios que el estatuto laboral previene, motivo por los cuales alega la improcedencia del presente recurso.

Acto seguido, también acusa la improcedencia del recurso, en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición, en particular porque el acto impugnado no es ilegal ni arbitrario, al haber sido dictado por el Inspector del Trabajo en uso de sus atribuciones legales, siendo además razonado y fundado, por lo tanto, considera que la recurrente solo ataca el acto puesto que ha sido desfavorable a sus intereses pero no porque el mismo sea ilegal o arbitrario.

Finalmente, expone las normas legales que facultan y obligan a la Inspección a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, de allí que estima que ha habido una estricta sujeción a lo que en ellas se describe, imponiendo una multa en los casos que la propia ley lo ha dispuesto.

Niega afectación de las garantías fundamentales que se enuncian, asegurando que, en todos los casos que describe la recurrente, siempre ha obrado de la misma manera y, por otra parte, la imposición de una multa para el caso de una infracción a la legislación laboral, no puede ser considerada como un caso de afectación del derecho de propiedad de un particular.

Finalmente, luego de dar detalles del proceso de fiscalización, aclara que la recurrente no presentó basta documentación que se le pidió, motivo por lo que se le sancionó, presentándose reconsideración a su decisión. Así, en razón de no darse los supuestos del artículo 511 del Código del Trabajo, se procedió a desestimar la misma, quedando firme la multa impuesta, es decir, no acreditó un manifiesto error de hecho ni tampoco cumplió con las contravenciones legales que fueron constatadas.

Por lo tanto, considera que el recurso en estudio debe ser rechazado, con costas.

CUARTO: Que previo a resolver corresponde pronunciarse sobre la reclamación de caducidad del plazo invocado por la parte recurrida. Sobre el particular, cabe tener presente que la Empresa ADDECO EST S.A. al presentar un recurso de reconsideración administrativa, está ejerciendo un derecho que la misma Ley N° 19.880 otorga, y en virtud del principio de impugnabilidad, todo acto administrativo, incluido el objeto de este recurso, puede ser objeto de recursos administrativos, entre ellos el de reposición, por tanto, el acto administrativo que no es de aquellos que se considera de mero trámite, debe considerarse que no se encuentra terminada su tramitación o resolución definitiva, sino hasta que se hayan resuelto los recursos y/o no se hubiesen interpuesto. Por esa misma razón, el artículo 54 de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo contempla una norma que indica precisamente que: “Interpuesta por un interesado una reclamación ante la Administración, no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquélla no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada. Planteada la reclamación se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional. Este volverá a contarse desde la fecha en que se notifique el acto que la resuelve o, en su caso, desde que la reclamación se entienda desestimada por el transcurso del plazo.”

En virtud de lo anterior, resuelto el recurso de reposición interpuesto, corresponde contar el plazo desde la notificación de esta último acto administrativo, y desestimar la alegación de caducidad del plazo alegado por la parte recurrida.

QUINTO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones arbitrarias o ilegales que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido. Lo anterior supone estar en presencia de un derecho indubitado de que sea titular el afectado y que la amenaza o privación sea actual, por manera que, en caso de acogerse la acción, esta Corte pueda adoptar las medidas adecuadas para reparar el agravio.

SEXTO: Que, del tenor del recurso, la actuación de la recurrida atentaría gravemente a las garantías constitucionales establecidas en el número 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que el recurrente establece que, la multa establecida es distinta a la que debía ser aplicada para el caso en base a la infracción que realmente debe ser aplicada y además, la decisión tomada por la administración menoscaba el Derecho a la Propiedad, ya que el acto que se recurre obliga al recurrente a pagar una multa cuantiosa.

SEPTIMO: Que en el caso en cuestión, la recurrente utiliza tal acción constitucional con un objeto que excede su naturaleza, considerando que tal recurso tiene una naturaleza cautelar, teniendo como elemento esencial el restablecimiento del imperio del derecho cuando es alterado por actos arbitrarios que perturban o amenazan el ejercicio de un derecho garantizado por la Carta Fundamental.

OCTAVO: Que la acción cautelar impetrada no es la vía idónea para resolver la controversia objeto del presente recurso. Toda vez, que el legislador establece un procedimiento ordinario para dejar sin efecto una multa administrativa dictada por la administración competente en materia laboral, la cual se encuentra regulada en el Título II del Libro IV del Código del Trabajo.

NOVENO: Por otra parte, analizados los hechos presentados por la recurrente, no se observa que la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur Oriente hubiese actuado, tanto sus representantes (fiscalizadores) como la institución misma, en forma ilegal ni de manera arbitraria.

En contrario, la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Sur Oriente actuó amparada en base a las normas legales que le facultan, esto es los artículos 508, 505 y 511 del Código del Trabajo para cursar las infracciones antes indicadas, y no se observa criterio de arbitrariedad, dado la exposición de las razones y justificación de los hechos que se plasman en las denuncias e informes, los cuales no fueron controvertidos por la recurrente de forma tal de que pudiesen demostrar un actuar alejado de la ley o motivado por la falta de fundamento o razonabilidad. En el sentido que a la recurrida se le fiscalizó en terreno, momento que no exhibió la documentación exigida, tanto los contratos de trabajo como la resolución que le autorizaba para conservar y archivar los contratos en forma centralizada y no en ese lugar. Luego citada en una nueva oportunidad para poder subsanar estas omisiones y bajo el apercibimiento legal, ésta se ausenta. Momento en el cual, la Inspección procedió a cursar las infracciones y sanciones respectivas por no haber cumplido lo requerido y solicitado por la ley y sus fiscalizadores.

DECIMO: Es por ello, que de acuerdo a la constatación de los hechos y aplicación de las normas procedentes, esta Corte no constata ningún acto arbitral ni actos que se encuentran fuera de las competencias de la Inspección comunal del Trabajo de Santiago Sur Oriente, que permitan fundar tal recurso. Por lo que tampoco se constatan méritos suficientes que fundamenten esta acción.

Que por todo lo anteriormente razonado, se RECHAZA el recurso de Protección interpuesto por Adecco EST S.A., con expresa condena en costas, por no ajustarse a las situaciones contempladas para éste recurso en el Auto Acordado dictado sobre la materia, ni tampoco otorgar los fundamentos plausibles que fundamenten tal acto arbitral.

Redacción del abogado integrante señor Freí.

Regístrese y comuníquese.

N° 13706-2017 Pronunciada por la Duodécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Guillermo de la Barra Dünner e integrada por la Ministra señora Jenny Book Reyes y el abogado integrante señor Jorge Frei Toledo.