nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN Y ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de octubre de dos mil veinticuatro.

Al folio 31: a lo principal, téngase presente. Al otrosí, téngase presente y a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, quien patrocinada por abogado interpone recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por el acto que considera arbitrario e ilegal consistente en efectuar descuentos desde se remuneración por concepto de crédito social, vulnerando de este modo las garantías que la Constitución Política de la República le asegura en los numerales 3 y 24 del artículo 19.

Funda el recurso expresando que suscribió un pagaré con la recurrida, pactando que el simple retardo y/o mora en el pago íntegro y oportuno de todo o parte de una de las cuotas en la época pactada para ello, facultará a la demandante para exigir sin más trámite el pago total de la deuda o del saldo a que se halle reducida, considerándose la obligación como si fuera de plazo vencido y capitalizados los intereses devengados y no pagados, todo conforme al artículo 9° de la ley 18.010.

Indica que ante el incumplimiento de la obligación, la recurrida inició un procedimiento ejecutivo, conocido bajo el Rol C-5062-2023 por el 1º Juzgado de Letras de Iquique, no siendo notificada la demanda.

No obstante lo anterior, señala que en el mes de abril del año en curso su empleador le comunicó que se le habría ordenado por parte de la Caja de Compensación los Andes proceder un descuento a su remuneración, a fin de satisfacer la deuda singularizada, por un monto de $365.744.- pesos.

Arguye que la recurrida ha incurrido en un acto arbitrario, en cuanto al ejercicio de las herramientas de cobro contempladas en la Ley N° 18.833.

Previa referencia a la normativa que rige al aefecto y jurisprudencia que estima relacionada, solicita se acoja la acción interpuesta, ordenando a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento en la remuneración del recurrente; restituir los descuentos efectuados, así como también los que puedan llegar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción; con costas.

Segundo: Que comparece Inés Riquelme Arao, abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, quien evacúa informe y solicita el rechazo del recurso.

En cuanto a la situación del protegido, expresa que por operación de crédito N°RUT reservado, con fecha 2 de febrero de 2012, se le otorgo un capital de $6.540.294.- a una tasa de 1.70%, pagadero en un plazo de 84 meses, con una cuota de $150.342.-, cuyo primer vencimiento correspondió al 31 de marzo del mismo año.

Indica que la operación antes singularizada se encuentra en estado moroso, efectuando una reporgramación de la misma por el mismo monto, pactándose un nuevo plazo y número de cuotas.

Refiere la recurrida la existencia de una segunda operación de crédito código N° 208DIG100016152, por un capital inicial de $3.193.770.-, a una tasa de Interés mensual de 1.79%, pagadero en un plazo de 84 meses, con una cuota mensual de $99.724, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 31 de agosto 2020, respecto de la cual también operó una reprogramación el 18 de noviembre de 2021, manteniéndose como morosas las cuotas entre agosto de 2023 y mayo de 2024.

Previa referencia a la normativa que rige su actuar, afirma que en cuanto al método de recaudación, el ‘descuento por planilla’ consiste en un mecanismo especial de pago, inherente al régimen de crédito social otorgado por las Cajas de Compensación, que no depende de su voluntad o decisión, por lo que este recae sobre el empleador y el sistema legal establece que se entiende que el trabajador paga el crédito al momento de aplicársele el descuento, según se sigue del artículo 22 inciso 2º de la Ley Nº 18.833.

A su vez, enfatiza en que el crédito es actualmente exigible y no se encuentra prescrito, destacando que cualquier alegación de la recurrente en relación a alguna supuesta falta de exigibilidad del crédito en cuestión excede latamente el objeto de la acción de protección y deberá ser planteada en la sede jurisdiccional dispuesta por el legislador y ser resuelta en un juicio de lato conocimiento, pues carece de un derecho indubitado.

También, controvierte la afectación de la garantía invocada, argumentando que no es procedente debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley 18.833. Luego, sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, y que no se han sido declaradas en favor del recurrente de marras.

Tercero: Que, como se ha sostenido de manera uniforme por esta Corte el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, tiene por objeto proteger los derechos constitucionales tutelados en el artículo 19 de la carta fundamental, frente a actos u omisiones arbitrarias e ilegales que vulneren o trasgredan dichas garantías, pudiendo la Corte adoptar las medidas conducentes a restablecer el imperio del derecho de las personas.

Cuarto: Que el acto que el recurrente reprocha como arbitrario e ilegal consiste en los descuentos que se efectuaron en su remuneración, por la Caja de Compensación Los Andes. Sobre el particular, la recurrida indica que se trata de dos créditos que se no encuentran al día en el pago de cuotas, están vigente y no prescritos.

Quinto: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sexto: Que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 22, de la Ley Nº 18.833, en relación con el inciso primero, del artículo 11, del D.S. N° 91, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social -que contiene el Reglamento General del Régimen de Crédito Social-, lo adeudado por prestaciones de crédito social a una C.C.A.F. por un trabajador afiliado, debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.

Séptimo: Que, en consecuencia y con el mérito de las consideraciones que anteceden, mientras los tribunales de justicia no declaren prescrita la deuda que, por concepto de crédito social se mantiene con una C.C.A.F., resulta plausible su descuento.

Octavo: Que, en efecto, el artículo 1° de la Ley N°18.833, las C.C.A.F. son entidades de previsión social, por lo que las deudas de crédito social contraídas con ellas, constituyen obligaciones con instituciones de previsión social, las que de acuerdo con el artículo 58 del Código del Trabajo deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores, no obstante, la C.C.A.F. Los Andes, se encuentra en condiciones de otorgarle las facilidades que le permitan cumplir con su compromiso, debiendo, para dicho efecto, acercarse a cualquiera de sus oficinas.

Noveno: Que, luego de lo dicho, aparece que los descuentos efectuados a remuneración del recurrente se ajustan a derecho, y su cobro no puede ser calificado de arbitrario, puesto que la recurrida, por su intermedio, cumple con las obligaciones que la Ley que regula su actividad le impone.

Décimo: Que, no existiendo un acto u omisión ilegal y arbitrario, atribuible a la recurrida en el presente arbitrio, el recurso debe ser desestimado.

Por todo lo expuesto, y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza sin costas, el recurso de protección deducido.

En mérito de lo resuelto precedentemente una vez ejecutoriada esta sentencia, déjese sin efecto la orden de no innovar decretada a folio 8.

Regístrese, comuníquese y archívense en su oportunidad.

N°Protección-13705-2024.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por el Ministro señor Antonio Ulloa Márquez, el Ministro (S) señor Fernando Guzman Fuenzalida y el Abogado Integrante señor Jorge Gómez Oyarzo.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veinticinco de octubre de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.