ADECCO RECURSOS HUMANOS S.A. con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO SANTIAGO SUR ORIENTE

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de abril de dos mil diecisiete.

Proveyendo el escrito folio 154747: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que por presentación de fecha 1 de marzo de 2017, comparece doña Nicole Pitronello Cornejo, abogado, en representación de la empresa Adecco Recursos Humanos S.A., ambos domiciliados en domicilio reservado, y deduce recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Sur Oriente, representada legalmente por el señor nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, de 2 de febrero de 2017, que rechazó el recurso de reconsideración administrativa deducida contra la resolución de multa N° 7875/16/28, acto que estima ilegal y arbitrario que vulneraría las Garantías Constitucionales contempladas en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando que se acoja el presente recurso y se deje sin efecto la multa ratificada por el acto impugnado.

Sostiene que el día 15 de octubre de 2016 se presentó una fiscalizadora de la recurrida a una de las sucursales de su parte, ubicada en la comuna de Ñuñoa, solicitando documentación de carácter laboral, la que no se encontraba en dependencias del establecimiento, por cuanto su representada se encuentra autorizada para mantener centralizada la documentación en su casa matriz, que se encuentra en la comuna de Las Condes, siendo citada a la Inspección a presentarla, bajo apercibimiento de ser sancionada con multa.

Refiere que no se concurrió a la audiencia, asumiendo la sanción que de conformidad al documento publicado por la Dirección del Trabajo, denominado “tipificador de hechos infraccionales y pauta para aplicar multas administrativas”, es de 1 ingreso mínimo mensual remuneracional.

Refiere que no obstante a lo expuesto, por resolución N° 7875/16/28, fue sancionado al pago de una multa de 20 ingresos mínimos mensuales remuneracionales, por no exhibir la documentación requerida.

Lo anterior motivó que se presentara reconsideración administrativa contra dicha resolución, solicitando que se aplicase la sanción que correspondía, atendido que la multa se encontraba mal cursada, debido que está siendo sancionada por no exhibir toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización, en circunstancias que no concurrió a la audiencia.

La recurrida resolvió la reconsideración a través del acto impugnado, esgrimiendo argumentos que resultan improcedentes y que no son efectivos. Señala que no se acompañó la resolución que autoriza la centralización de la documentación; sin embargo, de no ser efectiva dicha autorización se le debió cursar multa inmediatamente, sin ser citados a la Inspección a exhibir la documentación. Por lo demás, dentro del marco de la visita que realizó la fiscalizadora a las dependencias de su parte, por error, el área legal de su parte, atendido a una solicitud de la directora de la sucursal de remitir los poderes generales de la sociedad, remitió la autorización de centralización de la documentación, a lo que la directora respondió que tenía ese documento.

Además, el acto impugnado no se pronuncia sobre el fondo de la reconsideración, esto es, que se cursó una sanción que no debió aplicarse en la situación de hecho.

En otro orden de ideas, explica que la resolución atacada justifica la multa impuesta en diversas infracciones que se le han cursado a la empresa, lo que no es efectivo ya que muchas a las que hace referencia -12 de las 19- fueron cursadas a otra empresa, cuya razón social es similar. Añade, que de las otras multas no tiene constancia y con todo dicen relación a multas que dicen relación a una hipótesis infraccional diversa y han sido reconsideradas por la autoridad administrativa.

Entiende que por lo expuesto se vulneran los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, inciso segundo de la ley 18.575, vulnerándose además el principio de tipicidad.

Concluye señalando que el acto impugnado afecta las garantías constitucionales ya individualizadas, por cuanto se realizó una discriminación arbitraria en su contra, ya que la multa que debió aplicársele es una diversa por la que fue sancionado, afectándose su patrimonial al aplicarla una sanción más gravosa.

Segundo: Que por presentación de 13 de abril de 2017, informó doña nombre reservado, en representación de la recurrida, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional.

En primer término, alega la extemporaneidad del recurso de protección, por cuanto en definitiva la presente acción se dirige contra la resolución de multa que aplicó la sanción pecuniaria, de 21 de octubre de 2016, la que fue notificada por carta certificada depositada el 30 de noviembre del mismo año, utilizando erróneamente la actora para computar el plazo la fecha de la reconsideración administrativa. Así las cosas, si se considera la fecha de notificación de la resolución de multa transcurrió con creces el plazo de interposición del recurso, 1 de marzo de 2017.

Añade, que el recurso de protección no es la vía idónea para conocer del asunto, entendiendo que en la especie no estamos ante un derecho indubitado, existiendo un recurso de reclamación especial para conocer de ella de la que cual son competentes los Juzgados Laborales, encontrándose contemplada en la normativa laboral la reclamación contra la resolución de multa y la reconsideración administrativa.

Asimismo, manifiesta que no se ha incurrido en ilegalidad o arbitrariedad en su conducta, siendo la multa aplicada en el ejercicio de sus atribuciones, encontrándose facultada para ello de conformidad a lo previsto en el artículo 505 del Código Laboral, en relación al artículo 1° letra a) del DFL N° 1 de 1967, encontrándose facultada para fiscalizar. Por lo demás, fue debidamente fundamentada por lo que no es arbitrario.

Esgrime que no se incurrió en vulneración a garantía constitucional alguna, siendo la reconsideración debidamente resuelta, sustentándose la decisión en los antecedentes de hecho recabados durante la fiscalización.

Finalmente, en cuanto al fondo, relata que se realizó fiscalización en dependencias de la recurrente, acompañándose copia de la resolución de centralización de la documentación, por lo cual se le otorgó un plazo a la empresa para presentar la documentación requerida. Con fecha 18 de octubre de 2016 se exhibieron planillas de declaración y pago del organismo administrador de la ley 16.744, documentación que fue requerida por la fiscalización, correspondiente al mes de septiembre de 2016, haciendo presente que la empresa cuenta con más de 7000 trabajadores por distintas faenas a lo largo de la Región Metropolitana, acompañándose aproximadamente 1000 planillas de declaración, reconociendo la empresa que no se exhibió toda la documentación solicitada. Con fecha 20 de octubre de 2016 la fiscalizadora recibió llamado telefónico de la empresa, solicitando que se ratificase lo requerido, indicándole que no cuentan con el registro de uno de los trabajadores consignados en el requerimiento que fue efectuado, por lo que la fiscalizadora les indicó que el 21 del mismo mes, se constara que dicho trabajador no pertenece a la empresa, a lo que no se dio cumplimiento, cursándose la sanción pecuniaria. Contra dicha resolución se presentó recurso de reconsideración administrativa, el que fue desestimado al no fundarse en un manifiesto error de hecho en la aplicación de la sanción o en la acreditación fehaciente del incumplimiento delas disposiciones legales, convencionales o arbitrales cuya infracción motivó la sanción, todo de conformidad a lo previsto en el artículo 511 del CT.

Tercero: Que el recurso de protección es una medida cautelar de rango constitucional que tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando exista una privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías taxativamente señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente actuaciones u omisiones ilegales y arbitrarias.

Cuarto: Que, en primer término, corresponde hacerse cargo de la alegación de extemporaneidad deducida por la recurrida, organismo que sostiene que el acto impugnado a través del presente recurso no es la resolución que rechazó la reconsideración administrativa, sino la resolución de multa. Luego, si se computa el plazo previsto en el Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales para la interposición de la presente acción constitucional desde la fecha que fue notificada la resolución de multa se encontraría fuera de plazo. En consecuencia, corresponde dilucidar si el acto impugnado es la resolución de multa o el acto administrativo que resolvió el recurso administrativo impetrado por la actora.

Quinto: Que del tenor del recurso aparece que el acto impugnado, en definitiva, es la resolución de multa N° 7875/16/28, que sancionó a la recurrente al pago de la multa de 20 ingresos mínimos mensuales remuneracionales, y no la resolución que resolvió el recurso de reconsideración administrativa, cuestión que queda claramente de manifiesto en el petitorio del recurso, en el que se solicita que se declare “que la aplicación de la multa confirmada mediante la resolución impugnada de la Dirección del Trabajo número 30, de fecha 2 de febrero de 2017, quede sin efecto, por tratarse de un acto arbitrario e ilegal, que afecta las garantías fundamentales de mi representada” (sic). Así, si bien formalmente se ataca la resolución que rechazó la reconsideración administrativa, si se pretende dejar sin efecto la sanción pecuniaria necesariamente correspondería dejar sin efecto la resolución que la aplicó.

Sexto: Que, así las cosas, siendo el acto impugnado la resolución de multa y depositada la carta certificada que comunicó ésta a la empresa el 30 de noviembre de 2016 - la que de conformidad al artículo 508 del Código del Trabajo debe tenerse por notificada al sexto día hábil contados desde su recepción por la oficina de correos respectiva-, la empresa tomó conocimiento de ella el 9 de diciembre del mismo año, por lo que la presentación del presente recurso el día 1 de marzo de 2017 excede con creces el plazo previsto en el N° 1 del Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo de Recurso de Protección de Garantías Constitucionales.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, debe tenerse presente que la acción constitucional impetrada no es la vía idónea para resolver la controversia objeto del presente recurso. En efecto, a través de ésta la recurrente pretende dejar sin efecto una multa administrativa dictada por la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur Oriente, existiendo una vía ordinaria de reclamación, prevista en el Título II del Libro IV del Código del Trabajo.

En la especie, no estamos en presencia de un derecho indubitado, diciendo relación los argumentos que sirven de sustento al presente recurso con hechos que se encuentran en discusión y que deben ser sometidos a un procedimiento de lato conocimiento que otorgue a las partes ejercer sus respectivos derechos, entre ellos, rendir la probanza respectiva, lo que no permite esta acción constitucional de urgencia.

Por estas consideraciones, atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República se rechaza el recurso de protección deducido por doña Nicole Pitronello Cornejo, en representación de Adecco Recursos Humanos S.A., por extemporáneo.

Se previene que el Ministro señor Llanos concurre al rechazo del recurso, teniendo para ello presente:

I.- Que en cuanto a la alegación de extemporaneidad, fue del parecer de rechazarla teniendo únicamente presente para ello que el acto impugnado por esta vía es la resolución que rechazó el recurso de reconsideración administrativa, N° 30, de 2 de febrero de 2017, por lo cual el recurso de protección fue interpuesto dentro de plazo.

II.- Que en cuanto al fondo, no comparte el fundamento séptimo del voto de mayoría, toda vez que es de opinión que el recurso debe ser desestimado, en razón de que al ejercerse por el recurrente la vía administrativa prevista al efecto en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, ésta no se encuentra agotada, toda vez que sólo se sustanció en dicha fase administrativa, quedando sin ejercer el reclamo judicial previsto en la segunda de las disposiciones citadas, de tal modo que no puede considerarse que la resolución impugnada tenga el carácter de terminal, que prevé la ley 19.880, y por lo tanto la presente vía proteccional no es el medio idóneo para la impugnación del acto recurrido.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-13705-2017.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Carlos Gajardo Galdames e integrada, además, por el ministro señor Leopoldo Andrés Llanos Sagristá y la abogado integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.