Protección contra Ministerio del Interior

C.A. de Santiago Santiago, veinte de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS PRIMERO: Que comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de doña nombre reservado y de don nombre reservado, ambos de nacionalidad cubana, interponiendo recurso de protección en contra del Ministerio del Interior, la Subsecretaría del Interior y el Servicio Nacional de Migraciones, por haber dictado la Resolución Exenta N°NUM000 y la Resolución Exenta N°NUM001, ambas de fecha 17 de abril de 2026, que rechazaron la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por los recurrentes, actuación que estima ilegal y arbitraria, por cuanto carecería de la debida fundamentación exigida por la ley, desconocería el contexto de persecución política invocado y omitiría hacerse cargo de los antecedentes aportados en sede administrativa, vulnerando con ello el derecho a la igualdad ante la ley que consagra el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, en relación con los artículos 8° y 1° de la misma Carta Fundamental, por lo que solicita se deje sin efecto las resoluciones impugnadas y se ordene dar curso progresivo a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, con costas.

Que, como antecedentes de hecho, se señala que los recurrentes decidieron huir de Cuba ante el control estatal sobre las libertades individuales y económicas, la imposibilidad de manifestar opiniones disidentes y el temor de ser perseguidos por el régimen; que, mientras residían en dicho país, fueron objeto de constantes actos de hostigamiento, citaciones policiales, interrogatorios y amenazas por parte de funcionarios estatales, motivados por sus opiniones políticas contrarias al gobierno y su participación en manifestaciones públicas de oposición; que, ante el temor de sufrir represalias, detenciones o afectaciones a su integridad, abandonaron Cuba en noviembre de 2024, ingresando a Chile por paso no habilitado; y que, con fecha 21 de noviembre de 2024, solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado, siendo notificados el 17 de abril de 2026 de las resoluciones que declararon inadmisible dicha solicitud por estimarla manifiestamente infundada, conforme al artículo 28 bis de la Ley N°20.430.

Sostiene que el acto impugnado no expresa de manera clara, precisa y expresa el razonamiento lógico y jurídico que sustenta la decisión, contraviniendo el deber de fundamentación consagrado en los artículos 8° de la Constitución, 35 de la Ley N°20.430 y 11 de la Ley N°19.880; que la autoridad recurrida desconoció el hecho público y notorio de la situación de persecución política existente en Cuba y omitió ejercer la facultad de solicitar antecedentes adicionales que le confiere el artículo 31 de la Ley N°19.880; que los hechos relatados configurarían las causales de reconocimiento de la condición de refugiado previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 2° de la Ley N°20.430; que se habrían vulnerado los principios de no discriminación, trato más favorable y unidad de la familia contemplados en el artículo 3° de la citada ley, así como los artículos 11 y 12 de la misma; y que la decisión desconocería el principio de servicialidad del Estado y el principio pro homine consagrado en el artículo 12 de la Ley N°21.325, procediendo en su concepto el otorgamiento de oficio de la protección complementaria.

Que, en síntesis, el recurso denuncia la vulneración de la garantía de igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, por cuanto la decisión recurrida, al carecer de fundamentación suficiente y desestimar arbitrariamente el contexto de persecución política invocado, habría sido adoptada de un modo antojadizo e inmotivado, exponiendo a los recurrentes al riesgo de ser devueltos a su país de origen y de sufrir represalias que comprometan su vida, integridad física y psíquica, y libertad.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la Resolución Exenta N°NUM000 y la Resolución Exenta N°NUM001, ambas de 17 de abril de 2026, ordenando a los recurridos dar curso progresivo a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de ambos recurrentes, sometiéndola a evaluación de la comisión calificada correspondiente, y adoptar las demás providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que evacuando el informe requerido, comparecen doña nombre reservado y doña nombre reservado, abogadas del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por no configurarse los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda calificarse de arbitrario o ilegal, ni que afecte alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Que, en cuanto a los antecedentes de hecho, señala que respecto de doña nombre reservado consta que ingresó al país el 18 de noviembre de 2024 por paso no habilitado, manifestando el 21 de noviembre de 2024 su intención de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado; que, concurrida la solicitante a formalizar su presentación el 9 de abril de 2025, ésta fue declarada incompleta mediante Resolución Exenta N°NUM002, otorgándosele el plazo de 15 días hábiles para subsanarla bajo apercibimiento de tenerla por desistida; que, no obstante haber acompañado antecedentes adicionales, con fecha 21 de abril de 2025, mediante Resolución Exenta N°NUM003, se tuvo por desistida su solicitud, decisión revertida al acogerse el recurso de reposición interpuesto por la interesada mediante Resolución Exenta N°NUM002, de 24 de septiembre de 2025, dándose curso al análisis de admisibilidad. Idéntico procedimiento se siguió respecto de don nombre reservado, cuya solicitud, tras ser tenida por desistida mediante Resolución Exenta N°NUM004, fue posteriormente admitida a tramitación en virtud de la Resolución Exenta N°NUM005, de 24 de septiembre de 2025.

Que, evacuado el informe técnico de la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, conforme al artículo 28 bis de la Ley N°20.430, se concluyó respecto de ambos solicitantes que los hechos relatados en sus respectivas entrevistas — vinculados, por una parte, a las condiciones laborales experimentadas durante una misión médica cubana en Venezuela entre 2019 y 2024, y, por otra, a citaciones policiales, advertencias y sanciones laborales sufridas en Cuba— no configuraban fundados temores de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, ni alcanzaban el umbral de gravedad exigido por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, careciendo los recurrentes de un perfil público o político relevante que justificara un interés particular de las autoridades cubanas en su contra. Añade que ambos solicitantes regresaron voluntariamente a Cuba a mediados de 2024, permaneciendo allí varios meses antes de salir del país sin impedimentos, lo que a su juicio debilita la alegación de un riesgo persecutorio actual, y que sus propias declaraciones revelarían motivaciones de carácter personal, familiar y socioeconómico, no subsumibles en las causales de protección internacional del artículo 2° de la Ley N°20.430. En consecuencia, mediante las Resoluciones Exentas N°NUM000 y N°NUM001, ambas de 17 de abril de 2026, se declararon inadmisibles las solicitudes por manifiestamente infundadas, conforme al artículo 41 de la Ley N°19.880, ordenándose el egreso voluntario del país en el plazo de 15 días, reservándose los recursos administrativos procedentes.

Que, en cuanto al derecho, sostiene que la actuación se ajustó estrictamente al artículo 37 del Decreto Supremo N°837 y a los artículos 26 y 27 de la Ley N°20.430, así como al artículo 31 de la Ley N°19.880, otorgando a los recurrentes oportunidad de subsanar sus presentaciones; que la orden de abandono voluntario, a diferencia de una expulsión, no constituye sanción y su cumplimiento es voluntario, invocando en apoyo de su tesis lo resuelto por esta Corte en la causa Amparo 400-2025, confirmada por la Corte Suprema en causa Rol 5.757-2025; y que, habiendo obrado conforme a las normas especiales aplicables, no existe acto arbitrario o ilegal que vulnere garantía constitucional alguna.

Por tanto, solicita se tenga por evacuado el informe, rechazándose la acción constitucional en todas sus partes, con costas.

TERCERO: Que evacuando el informe requerido, comparece don Diego Valenzuela Esparza, abogado, en representación del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior, solicitando el rechazo de la acción de protección deducida en favor de nombre reservado y nombre reservado en contra de las resoluciones exentas N°NUM000 y N°NUM001, ambas de 17 de abril de 2026, del Servicio Nacional de Migraciones, que rechazaron sus solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, oponiendo al efecto las excepciones y defensas que a continuación se exponen.

Que, en primer término, sostiene que el análisis efectuado por el Servicio Nacional de Migraciones respecto de las solicitudes de refugio, atendidos los argumentos expuestos por los peticionarios, los antecedentes del caso y la información país de origen disponible, permitió advertir fundadamente que los hechos relatados, sin perjuicio de las causas que los motivaron, no alcanzan en su conjunto a configurar persecución en los términos previstos en los numerales primero y segundo del artículo 2° de la Ley N°20.430, razón por la cual se adoptó fundadamente la decisión de declarar inadmisibles ambas solicitudes.

Que, en segundo lugar, plantea que la disconformidad de la parte recurrente con los fundamentos de la resolución impugnada —dictada por autoridad competente, en ejercicio de sus potestades legales y tras un profundo análisis de los antecedentes— constituye una cuestión de mérito que no puede derivar en el cuestionamiento de la legalidad o razonabilidad del acto, de modo que la acción intentada pretendería instrumentalizar la solicitud de refugio a través de este remedio constitucional, desvirtuando su naturaleza cautelar y excepcional.

Que, como tercera alegación, invoca la improcedencia de la acción de protección por existir vías idóneas alternativas, señalando que dicha acción constituye un mecanismo excepcional y de emergencia destinado a subsanar amenazas o violaciones flagrantes de derechos fundamentales, y que en la especie el petitorio del recurso persigue que la Corte califique el mérito de una decisión adoptada por la autoridad competente, pretensión que excedería tanto la naturaleza cautelar de la acción como las atribuciones de los tribunales de justicia, atendido que el reconocimiento de la condición de refugiado requiere el análisis de elementos de lato conocimiento conforme al procedimiento especial regulado en la Ley N°20.430 y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N°837 de 2010.

Que, asimismo, hace presente que la normativa especial otorga a los solicitantes la posibilidad de impugnar administrativamente las decisiones mediante los recursos de reposición y jerárquico del artículo 43 de la Ley N°20.430, vías que fueron efectivamente utilizadas por los recurrentes, quienes con fecha 21 de abril de 2025 interpusieron recursos de reposición en contra de las resoluciones exentas N°NUM003 y N°NUM004 que tuvieron por desistidas sus solicitudes, siendo éstos acogidos mediante las resoluciones N°NUM005 y N°NUM002, ambas de 24 de septiembre de 2025, lo que permitió la tramitación de las solicitudes hasta su posterior declaración de inadmisibilidad.

Que, finalmente, precisa que no es competencia de esa Cartera de Estado evaluar ni declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de las solicitudes de refugio, ni pronunciarse sobre los recursos de reposición interpuestos en dicha sede, correspondiendo tales materias al Servicio Nacional de Migraciones, quien ya las informó en autos.

Por tanto, solicita se tenga por evacuado el informe, rechazándose la acción de protección por las razones expuestas, con expresa condena en costas por no existir motivos plausibles para litigar.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que la parte recurrente acompañó conjuntamente con el libelo del recurso un documento denominado “Advertencia Oficial”, fechado 7 de octubre de 2024, cuya destinataria es doña nombre reservado y en donde es posible apreciar que la misma fue objeto de coacciones efectuadas por el Coronel nombre reservado, Jefe de la Unidad Policial de Las Heras, por haber supuestamente realizado manifestaciones públicas en contra del proceso revolucionario.

Que dicho antecedente no consta haya sido debidamente considerado en las resoluciones impugnadas por el presente recurso, antecedente que aparece como sumamente relevante a efectos de resolver una solicitud de esta naturaleza.

SEXTO: Que el artículo 35 de la Ley N°20.430 dispone: “Artículo 35.- Efecto Declarativo del acto de Reconocimiento y Fundamentación de las Resoluciones. El reconocimiento de la condición de refugiado es un acto declarativo.

Todas las Resoluciones que se dicten, referidas a la determinación del estatuto de refugiado, deberán ser debidamente fundadas”

SEPTIMO: Que, en ese sentido, la falta de consideración de dicho antecedente relevante termina por afectar la validez de las resoluciones impugnadas, al no cumplir con el deber de fundamentación exigido por el artículo 35 de la Ley N°20.430 antes mencionado, motivo suficiente para acoger el presente arbitrio, tal como se dirá en definitiva.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en la norma legal citada, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado y de don nombre reservado y dirigido en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior, solo en cuanto se declara que se dejan sin efecto la Resolución Exenta N°NUM000 y la Resolución Exenta N°NUM001, ambas de 17 de abril de 2026, debiendo la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado emitir un nuevo informe, para luego el Servicio Nacional emitir un nuevo pronunciamiento respecto de las solicitudes de ambos recurrentes, debiendo ambos organismos tener en consideración la existencia del documento denominado “Advertencia Oficial”, fechado 7 de octubre de 2024.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N°13.675-2026.