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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 13667-202525 sep 2025

Protección contra Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones

Fecha
25 de septiembre de 2025
Corte
Corte de Apelaciones de Santiago
Sala
Cuarta
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 13667-2025, sentencia de 25 de septiembre de 2025

Resumen

Se rechaza la protección contra el Servicio Nacional de Migraciones: no existió la omisión denunciada, pues la solicitud de refugio fue resuelta mediante resoluciones que la tuvieron por desistida ante la falta de subsanación de requisitos formales.

Texto íntegro

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 9 de junio de 2025, comparece nombre reservado, de nacionalidad venezolana, representado por los abogados Franco Aldo Brunetti Arredondo y Óscar Andrés Fielbaum Villegas, interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión ilegal y arbitraria consistente en no haber tramitado debidamente la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por el actor ni haberle otorgado la visa temporaria contemplada en el artículo 32 de la Ley N° 20.430.

El recurrente expone que debió abandonar Venezuela en razón de la violencia generalizada, la crisis económica y la falta de oportunidades laborales, lo que hizo inviable su permanencia en dicho país.

Relata que ingresó a Chile el 17 de enero de 2023 y que, una vez en territorio nacional, el 21 de marzo de 2025 concurrió a la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones, completando el formulario correspondiente y entregando su declaración para dar inicio al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado.

Señala que, a pesar de lo anterior, la autoridad recurrida no ha dado curso a su solicitud, no lo ha vuelto a contactar ni le ha concedido la visa temporaria a que tiene derecho, lo que constituye una omisión contraria a derecho que vulnera sus garantías fundamentales, en particular la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución, toda vez que se le ha dado un trato discriminatorio en relación con otros solicitantes de refugio.

Sostiene que el derecho a solicitar asilo y refugio está protegido en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 5 de la Constitución Política de la República, en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, en sus artículos 32 y 33, así como en la Ley N° 20.430 que regula la materia, la que consagra el principio de no devolución desde la sola manifestación de voluntad.

Agrega que la propia autoridad recurrida dictó la Resolución Exenta N° 21.726 de 11 de mayo de 2023, que instruye a los funcionarios respecto del procedimiento a seguir para la correcta atención de estas solicitudes, lo que no ha sido cumplido en el caso de autos.

Solicita, en definitiva, se acoja su acción, ordenando dar curso a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y disponiendo la concesión de la visa temporaria prevista en el artículo 32 de la Ley N° 20.430 mientras se resuelve de fondo su solicitud por la comisión competente.

SEGUNDO: Que comparece el Servicio Nacional de Migraciones, representado por los abogados Antonio Emilio Beltrán Henríquez y Marcelo Alonso Andrés Rivera Compan, quienes evacúan informe, solicitando desde ya el rechazo de la acción en todas sus partes, por cuanto estiman que no concurren los presupuestos legales y constitucionales que habilitan el recurso, no existiendo acto ni omisión ilegal o arbitrario atribuible a dicha autoridad que vulnere las garantías invocadas por la parte recurrente.

Señalan que el actor, ciudadano venezolano, ingresó al país de manera clandestina, sin registro de entrada, lo que necesariamente implica el uso de un paso no habilitado, eludiendo los controles migratorios.

Añaden que con fecha 8 de noviembre de 2024 manifestó su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, formalizando su solicitud el 21 de marzo de 2025, oportunidad en que reconoció haber ingresado por paso no habilitado.

Indican que, tras verificar los antecedentes, mediante Resolución Exenta N° NUM000 de 21 de marzo de 2025, notificada al correo electrónico entregado por el propio solicitante, se le informó que no era posible dar curso a su petición, toda vez que no cumplía con los requisitos formales establecidos en la Ley N° 20.430, particularmente por haber excedido el plazo de siete días previsto en el artículo 26 inciso quinto del citado cuerpo legal para presentarse ante el Servicio luego del ingreso al país, así como por no aportar antecedentes que acreditaran cumplimiento de los plazos del artículo 8 y 35 del Decreto Supremo N° 837, Reglamento de la Ley N° 20.430.

Refieren que se otorgó al solicitante un plazo de quince días hábiles para subsanar la situación acompañando antecedentes, bajo apercibimiento de tener por desistida la solicitud conforme al artículo 28 bis de la Ley N° 20.430. Sin embargo, la documentación remitida el 26 de marzo de 2025 no fue suficiente para subsanar la falta advertida, razón por la cual, mediante Resolución Exenta N° NUM001 de 4 de abril de 2025, también notificada al correo electrónico señalado por el actor, se dispuso el desistimiento de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.

Sobre la base de estos hechos, argumentan que la acción de protección carece de oportunidad y eficacia, por cuanto ya existe un pronunciamiento administrativo expreso que resolvió la solicitud del recurrente, de modo que no se configura un acto ni una omisión de carácter ilegal o arbitrario que pueda afectar derechos constitucionales.

Precisan que esta autoridad ha actuado con estricto apego a la Constitución y a la Ley N° 20.430, por lo que no se ha generado perturbación ni amenaza alguna a las garantías invocadas.

Así, en mérito de lo expuesto, solicitan se rechace en todas sus partes el recurso de protección deducido, al no existir acto ni omisión arbitraria o ilegal de su parte que vulnere derechos del recurrente.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que del examen de los antecedentes aportados por la recurrida se constata que la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por el actor fue objeto de un pronunciamiento administrativo expreso. En efecto, mediante Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 21 de marzo de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones determinó que la presentación del recurrente no cumplía con los requisitos formales previstos en la Ley N° 20.430, otorgándole un plazo para subsanar las deficiencias detectadas. Posteriormente, al no haberse acompañado la documentación suficiente para enmendar tales falencias, la misma autoridad dictó la Resolución Exenta N° NUM001, de 4 de abril de 2025, por la cual se tuvo por desistida la solicitud de refugio.

QUINTO: Que en consecuencia, no se verifica en la especie la omisión que denuncia el recurso, pues la autoridad administrativa ya resolvió la solicitud presentada por el recurrente, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley N° 20.430 y su reglamento, notificando debidamente al solicitante en la casilla de correo electrónico que este consignara en su presentación, por lo que el presente recurso ha perdido oportunidad, tras no subsistir actualmente un acto u omisión arbitrario o ilegal que pueda ser subsanado mediante la presente resolución, motivo por el que necesariamente será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunamente, archívese.

N°Protección-13667-2025.