nombre reservado con TESORERIA REGIONAL DE LA REPÚBLICA

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de septiembre de dos mil veinticinco.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece Javier Aguerrea Mella, abogado, en representación de nombre reservado, y deduce recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, por el acto ilegal y arbitrario efectuado por aquella en orden a haber efectuado una compensación de $532.728.- sobre el monto autorizado a devolver respecto de su declaración de impuesto a la renta, lo que vulnera la garantía del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que el 10 de abril de 2025, su representada efectuó la declaración de impuestos, solicitando una devolución de $522.282.-, informándole el Servicio de Impuestos Internos que su devolución había sido autorizada.

No obstante aquello, el 14 de mayo de 2025, el Servicio de Impuestos Internos informó a su representada que la recurrida efectuó compensación por la suma de $532.728.- sobre el monto autorizado, lo que consta en el documento denominado “consulta de estado de declaración de renta 2025”.

Refiere que el 22 de mayo de 2025 su representada concurrió a las oficinas de la Tesorería Regional Metropolitana Santiago Oriente, y que le fue entregado el documento denominado “datos retención judicial”, donde figuran los datos de una causa seguida ante el 16° Juzgado Civil de esta ciudad, Rol Nro. C-21944-2014.

Precisa que la causa Civil indicada anteriormente está caratulada “CAR S.A. con nombre reservado”, la que se encuentra archivada, y que la demandada es nombre reservado. Ahonda en que no corresponde a su representada, y que en la aludida causa no existe resolución judicial alguna que ordene la retención de la devolución de impuestos de su representada, respecto de la declaración de renta del año 2025.

Acusa que el actuar de la recurrida es ilegal al no fundarse en resolución judicial alguna, y que la causa judicial que daría origen a la retención no corresponde a su representada. Indica además que el actuar es arbitrario, al no tener justificación racional y razonable ni un fundamento legal, fundándose en una supuesta retención judicial inexistente, supuestamente decretada en un juicio en el cual su representada no es parte.

Pide, previas citas legales y jurisprudenciales, que se declare que la retención efectuada por la recurrida es un acto ilegal y arbitrario; que se deje sin efecto la aludida retención y que se gire y haga entrega inmediata a la recurrente dentro de tercero día desde que quede ejecutoriada la sentencia que se dicte en el presente recurso o en el plazo que se determine, y mediante la modalidad de pago que para estos efectos dispuso la recurrente al momento de presentar su declaración de renta ante el Servicio de Impuestos Internos de la suma de $532.728.- más los reajustes e intereses legales que procedan, correspondiente al monto que la recurrente tiene derecho a percibir, por concepto de su devolución del impuesto a la renta del año tributario 2025; que se ordene a la recurrida que corrija, elimine y deje sin efecto de su sistema interno la supuesta e inexistente retención judicial decretada, para efectos de evitar que a futuro, la recurrente sea nuevamente afectada por retenciones ilegales y arbitrarias realizadas por la Tesorería General de la República, supuestamente fundadas en una supuesta retención judicial; todo lo anterior, con costas.

Segundo: Que, compareciendo la recurrida, Tesorería General de la República, evacúa su informe, alegando primeramente la falta de legitimación pasiva. Explica que las retenciones judiciales de renta son órdenes impartidas por los tribunales ordinarios al Servicio de Tesorería que solicitan la retención de los fondos respectivos para asegurar el pago de algún crédito, limitándose a dar cumplimiento a una resolución judicial.

En consecuencia, careciendo su representada de atribuciones para efectos de resolver sobre la pertinencia de una orden de retención judicial de renta emanada de un tribunal, al Servicio solo le resta dar cumplimiento a estas resoluciones judiciales, resultando por ese hecho el recurso un mecanismo procesal inadmisible.

Respecto al fondo, sostiene que se pudo verificar que efectivamente se retuvo el pago de la devolución de renta 2025, ya que la recurrente mantiene órdenes vigentes por concepto de retenciones judiciales, y que la causa judicial se encuentra bien ingresada. Explica que del detalle del registro hay un error en la causa ingresada, pero lo relevante es que la causa judicial por la cual se retuvo su devolución, es la que se indica en el registro que incorpora, seguida igualmente ante el 16° Juzgado Civil de Santiago.

Expone que su representada no ha incurrido en ningún error, o en algún acto arbitrario o ilegal, desde el momento que el derecho a recibir el pago de una devolución de renta no es un derecho absoluto y se produce en la medida que no tenga activada otras causales de retención como son las retenciones ordenadas por los tribunales de justicia, ingresadas con antelación a la devolución.

Agrega que como Servicio, se encuentra obligado a dar cumplimiento a las instrucciones de los tribunales en cuanto a que antes de liberar un pago, debe verificarse que no existan pendientes causales que impiden el egreso en favor del contribuyente como son la existencia de retenciones judiciales que naturalmente son obligatorias para la administración.

Descarta haber incurrido en un actuar reprochable y reitera que solo ha dado cumplimiento a una retención judicial ordenada por un tribunal, argumento suficiente para que se rechace el recurso por inadmisible o improcedente.

Tercero: Que, como se ha dicho en innumerables fallos por los Tribunales Superiores de Justicia y la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Se ha sostenido, a base de una interpretación sistemática relacionando el artículo 20 y 5° inciso 2° de nuestra Carta Fundamental y con el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a que se sostenga que “[…]el recurso de protección es también un derecho esencial de la persona humana, el derecho a la acción y a la tutela jurisdiccional efectiva ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales a través de los cuales una persona sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías expresamente señalados en el artículo 20 de la Carta Fundamental” (En ese sentido: Henríquez, Miriam. Acción de protección. Der Ediciones, Santiago, 2021, p. 4. Citando a su vez a nombre reservado).

Cuarto: Que, para resolver el presente asunto, es necesario tener presente que el acto por el cual se recurre dice relación con la retención judicial de la devolución de impuestos solicitada en su oportunidad por la recurrente al indicarse por esta última que, conforme a las consultas efectuadas en su oportunidad, la causa judicial que motivó la retención no corresponde al no ser parte en la misma.

Quinto: Que, previamente a resolver el fondo del asunto, y en cuanto a la alegación de falta de legitimación pasiva alegada por la recurrida, se debe tener en consideración que el artículo 1° del DFL Nro. 1 de 1994 que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, le encarga al referido servicio recaudar, custodiar y distribuir los fondos y valores fiscales, y en general, los de todos los servicios públicos, como asimismo, efectuar el pago de las obligaciones del Fisco, y otros que le encomienden las leyes. Como lo discutido dice relación con la pertinencia de la retención de fondos efectuada a la recurrente, aparece que lo atacado dice relación con el adecuado cumplimiento de la orden judicial, y que además se encuentra intrínsecamente relacionada con las funciones que debe cumplir el aludido servicio público, por lo que esta primera alegación será rechazada.

Sexto: Que, yendo entonces al fondo del asunto, para resolver esta controversia, conviene tener presente las siguientes consideraciones:

1°) Que, resulta efectivo que el 14 de mayo de 2025, la Tesorería General de la República efectuó una compensación de $532.728.- sobre el monto autorizado a devolver a la recurrente por concepto de declaración de rentas;

2°) Que, conforme a la documentación acompañada por la parte recurrente, la retención judicial habría tenido su origen en la causa Rol Nro. C-21944-2014 seguida ante el 16° Juzgado Civil de Santiago. Sin embargo, de la revisión de los antecedentes de la referida causa, se evidencia que no corresponde a una donde la recurrente sea parte;

3°) Que, conforme a lo expuesto por la recurrida en su informe, reconoce que existe un error en el rol informado a la recurrente en su oportunidad, pero internamente se consigna que el rol de la causa es Nro. C-11888-2014 seguida ante el mismo Tribunal, caratulada “Banco de Crédito e Inversiones con Pegaso Chile Investment S.A. y otros”;

4°) Que, en la referida causa Civil consta en el cuaderno de apremio que la parte recurrente, representada por su abogado, solicitó el alzamiento de los fondos retenidos ante la Tesorería General de la República;

5°) Que, de la revisión del e-book de la causa seguida ante el 16° Juzgado Civil de esta ciudad, es posible evidenciar que la recurrente fue demandada ejecutivamente por el Banco de Crédito e Inversiones en calidad de aval y codeudora solidaria de la empresa Pegaso Chile Investment S.A.; que la solicitud de alzamiento planteada por la parte recurrente en el cuaderno de apremio fue rechazada por aspectos formales; y que la resolución que tuvo presente el embargo de fondos decretada en la causa lo fue en términos amplios.

Séptimo: Que, de conformidad a lo expuesto en el acápite precedente, lo pretendido por la parte recurrente pasa necesariamente a ser una cuestión que debe ser conocida por el tribunal de primera instancia, a fin de determinar la procedencia o no de la retención de fondos decretada en su oportunidad, cuestión que queda al margen de este arbitrio jurisdiccional, que sólo tiene por finalidad determinar si un derecho inobjetable, que sea a la vez constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido vulnerado mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una acción u omisión arbitraria o ilegal.

Octavo: Que, en efecto, si bien en un primer momento la información entregada a la parte recurrente contenía un error de referencia en lo tocante al rol de la causa seguida ante el 16° Juzgado Civil de Santiago, lo cierto es que la causa corresponde a otro rol, y que el Servicio se limitó a dar cumplimiento a una orden judicial.

Noveno: Que, a la conclusión anterior se arriba teniendo especialmente en consideración que la finalidad propia del recurso de protección es la de restablecer la vigencia del derecho, reaccionando frente a una situación anormal y evidente que atenta contra alguna de las garantías que establece la Carta Fundamental. Ciertamente, se trata de una acción cautelar de origen constitucional que protege a los individuos mediante determinadas providencias que evitan los efectos del acto arbitrario e ilegal que haya amagado un derecho indiscutido y evidente.

Décimo: Que, de la forma en que se viene razonando es posible colegir que tanto la jurisprudencia mayoritaria de esta Corte está conteste acerca de los límites del recurso protección, estableciendo como condición sine qua non la existencia de un derecho indubitado de la recurrente que resulte evidente y flagrantemente afectado por su contraparte o por un tercero.

Undécimo: Que, como corolario de lo hasta aquí reflexionado no puede sino concluirse que en el caso sub lite no se ha establecido que la recurrente posea un derecho indubitado que lo habilite para reclamar por la presente vía, pues, como se ha dicho, se requiere de una declaración previa de derechos que no procede hacer en este procedimiento sino que en la causa Civil respectiva, circunstancia ésta que lleva a concluir que no se dan los presupuestos que permitan acoger la presente acción de protección y, consecuencialmente, corresponde sea rechazada.

En mérito de lo razonado y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia se resuelve: que I.- Se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva promovida por la Tesorería General de la República;

II.- Se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en contra de la Tesorería General de la República.

Regístrese y devuélvase en su oportunidad.

Redacción del ministro Miguel Eduardo Vázquez Plaza.

Rol Corte Nro. 13666-2025 (Protección)