Protección contra establecimiento educacional Colegio nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, en representación de su hijo menor de edad nombre reservado, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra del establecimiento educacional Colegio nombre reservado, de propiedad de la sociedad "nombre reservado", representada legalmente por su Rectora, nombre reservado, por haber procedido a la aplicación de la medida disciplinaria de expulsión definitiva del estudiante, actuación que considera ilegal y arbitraria, por cuanto conculca las garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 N°s 1, 2, 3 inciso quinto y el derecho a la educación contemplado en la Constitución Política de la República, además de vulnerar gravemente el principio del interés superior del niño y la normativa de inclusión escolar.

Expone que el 9 de abril de 2026, el establecimiento educacional citó a los apoderados para informar la activación del protocolo de violencia escolar y la aplicación de una medida cautelar de suspensión por cinco días. Dicha determinación tuvo su origen en conversaciones e imágenes compartidas fuera del horario escolar, entre los días 3 y 4 de abril de 2026, mediante un grupo privado de WhatsApp de los compañeros de curso del estudiante (7° año básico ), surgidas a raíz de un rayado anónimo aparecido el 3 de abril en un baño del colegio que rezaba: "Próxima semana día lunes tiroteo".

Señala que en dicha oportunidad se aclaró ante la Encargada de Convivencia Escolar y la psicóloga que las fotografías de armamento enviadas por el estudiante correspondían a réplicas utilizadas en la práctica deportiva de airsoft, actividad que el adolescente conoce y realiza junto a su padre, descartándose que se tratara de armas reales o de una amenaza concreta y ejecutable.

No obstante, tras reincorporarse el menor a clases presenciales, el establecimiento aplicó una nueva suspensión a contar del 20 de abril de 2026 bajo el procedimiento de la Ley N° 21.128 ("Aula Segura"), el cual culminó con la expulsión definitiva del estudiante, notificada el 24 de abril de 2026.

Sostiene que el procedimiento disciplinario adolece de vicios graves, tales como la coexistencia de procedimientos sucesivos, la falta de proporcionalidad de la sanción -al no acreditarse riesgo material, actual o plan real de ejecución- y la omisión de un análisis real y técnico de la condición de neurodivergencia de su hijo, quien se encuentra diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) Grado 1 y Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH).

Añade que el colegio utilizó de manera improcedente anotaciones conductuales históricas de los años 2024 y 2025 para construir una imagen de peligrosidad acumulativa, omitiendo que tales episodios contaban con justificación médica (reacciones adversas a fármacos) y planes de apoyo previamente acordados.

Finalmente, denuncia que se le privó de una continuidad pedagógica real y efectiva durante el período de suspensión, conculcando su derecho a la educación. Solicita, por tanto, se deje sin efecto la expulsión y se ordene la reincorporación inmediata de su hijo.

Segundo: Que, evacúa informe la abogada Manuela Pérez Vargas, en representación del Colegio nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con costas.

Sostiene la regularidad y legalidad del procedimiento disciplinario aplicado al estudiante nombre reservado, argumentando que se ajustó estrictamente al Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) y a la Ley N° 21.128 ("Aula Segura"). Expone que el jueves 2 de abril de 2026 apareció en un baño del establecimiento un rayado anónimo anunciando un tiroteo para el lunes 6 de abril, lo que generó una alarma pública de proporciones, requiriéndose resguardo policial de Carabineros y cobertura de medios de comunicación social.

Añade que, en este contexto de extrema tensión, durante el fin de semana santo, el estudiante recurrente envió mensajes y fotografías de fusiles militares al chat privado de su curso, instando a sus compañeros a "unirse" al tiroteo y a ingresar elementos prohibidos como navajas, gas pimienta y tijeras para ir "preparados".

Sostiene que dicha conducta califica como falta "gravísima" de acuerdo con el RICE, por tratarse de una amenaza de violencia colectiva que infundió terror y angustia en la comunidad escolar, independientemente de la capacidad real del menor para ejecutarla.

Respecto del procedimiento, afirma que el 17 de abril de 2026 se notificó personalmente a los padres el inicio del procedimiento bajo la Ley "Aula Segura" y la suspensión cautelar del menor, otorgándoseles el plazo legal de dos días para formular descargos.

Presentados estos el 20 de abril de 2026, la Rectora dictó la resolución de expulsión el 24 de abril del mismo año. Interpuesto el recurso de reconsideración por la familia el 3 de mayo del actual, este fue sometido a consulta ante un Consejo Extraordinario de Profesores el 5 de mayo de 2026, instancia que, por unanimidad de sus diecisiete integrantes, recomendó mantener la sanción atendida la persistente conducta agresiva y desafiante del estudiante hacia los docentes. Con fecha 6 de mayo de 2026, la Rectora rechazó la reconsideración y confirmó la expulsión, notificándose formalmente a los apoderados el 7 de mayo de 2026.

Finalmente, descarta cualquier discriminación arbitraria por la condición de TEA del alumno, fundándose en la Circular N° 586 de 2023 de la Superintendencia de Educación, la que establece que dicha condición no exime a los estudiantes del cumplimiento de las normas de convivencia escolar.

Tercero: Que la acción de protección de garantías constitucionales, consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, se instituye como un arbitrio de naturaleza cautelar, extraordinario y de tramitación urgente, cuyo propósito es restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida tutela de las personas frente a actos u omisiones de carácter ilegal o arbitrario que importen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente ha rodeado de este amparo especial.

Cuarto: Que para la procedencia de la acción de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos: a) La existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario; b) Que dicho acto u omisión provoque una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías constitucionales expresamente protegidas; y c) Que la persona en cuyo favor se recurre sea titular de un derecho indubitado que requiera de cautela urgente.

Quinto: Que el estándar de valoración de las probanzas aportadas al proceso se rige por las reglas de la sana crítica, lo que impone a este tribunal el deber de ponderar los antecedentes de manera lógica, multiplicidad de factores, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

Sexto: Que, de la apreciación de los antecedentes vertidos por las partes y acompañados al proceso, es posible tener por acreditados los siguientes hechos: 1. Que el menor de edad nombre reservado detentaba la calidad de alumno regular del 7° año de Educación Básica A en el establecimiento "Colegio nombre reservado" para el año escolar 2026, encontrándose vinculado contractualmente por un contrato de prestación de servicios educacionales suscrito por su madre con fecha 5 de diciembre de 2025. 2. Que el adolescente se encuentra diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) Grado 1 y Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), encontrándose bajo tratamiento farmacológico y médico, circunstancia clínica conocida por el establecimiento educacional recurrido. 3. Que el 2 de abril de 2026, se detectó en un baño del colegio un rayado anónimo con la leyenda: "próxima semana día lunes tiroteo", hecho que motivó una denuncia penal del establecimiento ante el Ministerio Público y resguardo policial permanente por parte de Carabineros de Chile, concitando alta connotación pública y preocupación en la comunidad escolar. 4. Que durante el fin de semana del 3 y 4 de abril de 2026, en un chat privado de la plataforma de mensajería WhatsApp utilizado por alumnos de dicho curso, el adolescente nombre reservado remitió mensajes con imágenes alusivas a armas de fuego (fusiles y armamento militar), señalando frases explícitas en relación al tiroteo anunciado, tales como "me uno", interrogando a sus pares respecto de si contaban con "navaja o gas" ya que "hay que ir preparado" y agregando que tales elementos "igual sirven". Al día siguiente, el estudiante recurrente aclaró en el mismo chat que se trataba de una "bromita". 5. Que, a raíz de la denuncia de apoderados del curso sobre dichos chats, el establecimiento procedió a activar el Protocolo de Violencia Escolar y a iniciar en su contra un procedimiento de expulsión bajo la modalidad de la Ley N° 21.128 ("Aula Segura"), notificando formalmente a sus padres el 17 de abril de 2026 y decretando la suspensión cautelar de clases. 6. Que el 20 de abril de 2026, los padres formularon descargos adjuntando informes médicos del Hospital Militar de Santiago que daban cuenta de la condición neurodivergente del estudiante. 7. Que el 24 de abril de 2026, la Rectora del Colegio nombre reservado dictó la resolución que aplicó al menor la sanción de expulsión definitiva. 8. Que el 3 de mayo de 2026, la apoderada interpuso un recurso de reconsideración, el cual fue sometido a consulta del Consejo Extraordinario de Profesores el 5 de mayo de 2026, resolviéndose mantener de forma unánime (17 votos) la medida disciplinaria, atendida la persistente conducta agresiva y desafiante del estudiante hacia los docentes. 9. Que el 7 de mayo de 2026, la Rectora notificó la resolución de término del procedimiento disciplinario, la cual rechazó la reconsideración y confirmó la expulsión definitiva del estudiante. 10. Que, durante el periodo de suspensión, el establecimiento educacional dispuso y coordinó el envío de material de apoyo pedagógico para el estudiante a través de correo electrónico, según consta de las comunicaciones de 9 y 20 de abril de 2026.

Séptimo: Que, corresponde a esta Corte determinar si el acto de expulsión definitiva del alumno nombre reservado, formalizado por resolución de 7 de mayo de 2026, reviste caracteres de ilegalidad o arbitrariedad que justifiquen la adopción de medidas de resguardo constitucional. Para tales efectos, resulta indispensable contrastar el actuar de la recurrida con el marco legal que rige la disciplina escolar y la inclusión de estudiantes neurodivergentes, compuesto principalmente por la Ley N° 20.370 (Ley General de Educación), la Ley N° 20.845 (Ley de Inclusión Escolar), la Ley N° 21.128 ("Aula Segura"), la Ley N° 21.545 (Ley de Autismo o Ley TEA) y el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) del propio plantel.

Octavo: Que, analizados los antecedentes, se advierte de manera indubitada que el Colegio nombre reservado dio estricto y riguroso cumplimiento al procedimiento disciplinario contemplado en la Ley N° 21.128 ("Aula Segura") y en su propio Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE). En efecto, consta que el establecimiento notificó de manera personal e ilustrada a los apoderados del inicio del procedimiento el 17 de abril de 2026, otorgando los cargos respectivos y confiriendo un plazo de dos días hábiles para formular descargos, el cual fue efectivamente utilizado por la recurrente el 20 de abril de 2026.

Asimismo, dictada la resolución de expulsión por la Rectora dentro del plazo legal el 24 de abril de 2026, la parte recurrente dedujo recurso de reconsideración el 3 de mayo de 2026. Tal arbitrio fue sometido a la consulta obligatoria del Consejo Extraordinario de Profesores el 5 de mayo pasado, órgano técnico que por unanimidad de sus integrantes recomendó mantener la sanción.

Finalmente, la Rectora emitió resolución fundada confirmatoria con fecha 6 de mayo de 2026, notificada formalmente el 7 de mayo de 2026. De lo anterior resulta evidente que se respetó de manera irrestricta el principio de bilateralidad de la audiencia, el derecho a presentar pruebas, la asistencia de un Consejo Técnico y la doble instancia de revisión, descartándose de plano cualquier vicio de ilegalidad formal o vulneración al debido proceso escolar regulado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política.

Noveno: Que, respecto de la proporcionalidad y razonabilidad de la medida adoptada, cabe señalar que la conducta desplegada por el estudiante nombre reservado reviste una gravedad extrema y manifiesta que excede con creces el marco de una "broma" o juego digital entre menores. En efecto, los mensajes e imágenes fueron remitidos al chat grupal del curso de manera contemporánea al hallazgo de un rayado anónimo en los baños que amenazaba con un tiroteo masivo para el día lunes 6 de abril de 2026. Este último hecho provocó una conmoción de proporciones en el establecimiento, requiriendo resguardo policial de Carabineros y cobertura de medios de comunicación social.

En ese específico y altamente sensible contexto de alarma, el menor nombre reservado no sólo envió fotografías de fusiles de asalto, sino que explícitamente se sumó a la amenaza colectiva señalando "me uno", e instó a sus compañeros a ingresar elementos prohibidos como navajas, tijeras y gas pimienta bajo la consigna de que "hay que ir preparado". Semejante conducta constituye una amenaza de violencia colectiva que infundió legítimo terror, pánico y angustia en el alumnado y sus familias, afectando gravemente la convivencia escolar y la seguridad de la comunidad educativa, independientemente de la capacidad real o material del menor para ejecutar el atentado. Por consiguiente, ante una infracción de tal entidad, calificada como falta "gravísima" en la página 63 del RICE, la medida de expulsión se alza como una respuesta proporcional, racional y necesaria para salvaguardar la integridad física y psíquica de la totalidad de los miembros de la comunidad escolar, deber preferente que la ley impone a los directivos de los planteles educacionales.

Décimo: Que la parte recurrente ha alegado una supuesta discriminación arbitraria fundada en la condición de neurodivergencia de su hijo (TEA Grado 1 y TDAH). Al respecto, corresponde precisar que la Circular N° 586 de 2023 de la Superintendencia de Educación, dictada en el marco de la Ley N° 21.545, establece con claridad que la presencia de necesidades educativas especiales o trastorno del espectro autista no exime a los estudiantes del cumplimiento de las normas de convivencia escolar que rigen a sus respectivos establecimientos, ni los sustrae de la aplicación de medidas correctivas o disciplinarias por su incumplimiento.

Si bien la normativa proscribe la aplicación de sanciones fundadas directa o indirectamente en la discapacidad del alumno, en la especie se constata que la conducta sancionada -esto es, la incitación a un tiroteo y la promoción del ingreso de armas y elementos cortopunzantes al colegio- no se asocia en su origen a crisis de desregulación emocional, sobrecarga sensorial o características pragmáticas de su diagnóstico clínico. Por el contrario, se trató de una interacción digital estructurada y deliberada, desarrollada durante un fin de semana en el hogar del estudiante y bajo la supervisión de sus padres.

El análisis técnico e interdisciplinario realizado por el establecimiento y refrendado unánimemente por el Consejo de Profesores permitió concluir razonablemente que el comportamiento disruptivo no era consecuencia de su neurodivergencia. Tolerar una conducta de esta gravedad bajo el pretexto de una condición diagnóstica implicaría desatender el deber de protección hacia el resto de los estudiantes del plantel, lo que resulta jurídicamente inadmisible. Así, la decisión del colegio no constituye un acto discriminatorio, sino el ejercicio legítimo de sus facultades regulatorias y disciplinarias frente a hechos de máxima gravedad.

Undécimo: Que refuerza la razonabilidad de la expulsión la circunstancia de haberse ponderado la hoja de vida conductual del menor de los años 2024, 2025 y 2026. Conforme lo autoriza el propio RICE del Colegio nombre reservado en su página 35, la conducta anterior del estudiante es un factor legítimo para la determinación de la sanción. Consta en el proceso que el menor registra un historial persistente de desadaptación y agresividad: 36 anotaciones de advertencia en 2024 (que incluyen haber insultado con garabatos a la Encargada de Convivencia Escolar y haberla golpeado en el estómago), 32 anotaciones en 2025 (por conductas como bajarle los pantalones a un compañero, lanzar tijeras e indisciplina en el aula) y un nuevo episodio de agresividad hacia un docente en marzo de 2026.

Este historial demuestra de manera inequívoca que el establecimiento educacional agotó previamente múltiples medidas formativas, compromisos académicos y apoyos psicoeducativos diferenciados con el alumno, sin que se observara una modificación positiva de su conducta. La utilización de estos antecedentes acumulativos no vulnera el debido proceso, sino que dota a la decisión de la Rectora de una base contextual objetiva que demuestra el fracaso de las medidas menos gravosas y la inviabilidad de mantener la permanencia del estudiante en el plantel sin poner en riesgo la seguridad común.

Duodécimo: Que, respecto de la privación del derecho a la educación por falta de continuidad pedagógica durante el periodo de suspensión, que se esgrime en esta acción, constan en autos los correos electrónicos institucionales enviados por los docentes de asignaturas como Inglés, Historia, Ciencias y Música, coordinados por la Dirección de Ciclo con fechas 9 y 20 de abril de 2026, mediante los cuales se remitió material académico y guías de trabajo para que el estudiante las desarrollara en su hogar. Con ello queda de manifiesto que el establecimiento educacional recurrido implementó las medidas necesarias para resguardar la continuidad del proceso de aprendizaje a distancia del menor durante la sustanciación del procedimiento disciplinario, desvirtuándose la existencia de una exclusión fáctica o privación del derecho consagrado en el ordenamiento jurídico.

Décimo Tercero: Que, por todo lo razonado, el acto de expulsión definitiva aplicado por la Rectora del Colegio nombre reservado al estudiante nombre reservado no reviste caracteres de ilegalidad ni arbitrariedad. Por el contrario, constituye una decisión fundada, adoptada en el ejercicio legítimo de la potestad disciplinaria y en cumplimiento estricto de las normas del Reglamento Interno de Convivencia Escolar y de la Ley N° 21.128, con el objeto superior de resguardar la seguridad y la integridad física y psíquica de toda la comunidad escolar. No existiendo, en consecuencia, vulneración a ninguna de las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, la presente acción de protección no puede prosperar y debe ser rechazada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en representación de su hijo menor de edad nombre reservado, en contra del establecimiento educacional Colegio nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-13665-2026.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Jenny Book Reyes, el Ministro (I)señor Guillermo Rodríguez González y la Abogado Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida En Santiago, veintiocho de julio de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.