nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS:

PRIMERO: Que comparece el abogado Rodrigo del Niño Jesús Silva Montes, en representación de don nombre reservado, relacionador público, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por haber efectuado descuentos ilegales y arbitrarios de su remuneración mientras mantiene paralelamente una demanda ejecutiva por el total de la deuda. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que constituye un ejercicio de autotutela sin fundamento legal que materializa un doble cobro por la misma obligación, vulnerando con ello el derecho fundamental de propiedad que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se ordene el cese de los descuentos y la restitución de los montos indebidamente descontados.

En cuanto a los antecedentes fácticos que sirven de fundamento al presente recurso, el recurrente expone que con fecha 30 de julio de 2022 contrajo un mutuo de dinero con la recurrida denominado "crédito social", el que fue pactado en diversas cuotas, cuyos pagos serían efectuados en conformidad a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 18.833. Sin embargo, transcurridos unos meses y por motivos ajenos a su voluntad, quedó sin trabajo, perdiendo la fuente de sus ingresos y cayendo en situación de endeudamiento, particularmente con el crédito mencionado, encontrándose en mora a partir de la cuota número 22.

Señala que en reiteradas ocasiones se dirigió a sucursales de la recurrida intentando regularizar la situación descrita, sin embargo, la única opción ofrecida fue la de repactar la deuda con todo el incremento artificioso que aquello conlleva. Al encontrarse tal alternativa en una situación financiera crítica, insistió en buscar otra solución, ante lo que la recurrida no dejó opción: o se repactaba la deuda, o se iniciarían las acciones judiciales de cobranza correspondientes.

El conflicto surge cuando la recurrida finalmente declinó hacer el cobro individual de cada cuota morosa, exigiendo la totalidad mediante el ejercicio de la cláusula de aceleración, lo que conllevó la interposición de una demanda ejecutiva por el total de lo adeudado con fecha 4 de diciembre de 2024, en causa rol C-8985-2024 seguida en el 2° Juzgado Civil de Rancagua. Para su total sorpresa y consternación, en su liquidación de sueldo del mes de noviembre de 2024, figura un descuento de $184.142, todos descuentos realizados por parte de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, pese a no haber sido notificado de la demanda por ningún medio legal.

El recurrente destaca que a pesar de existir un juicio pendiente en sede civil, en el cual nunca ha sido notificado, la recurrida procedió a efectuar descuentos inclusive superiores a la cuota originalmente pactada, lo que puede corroborarse en la demanda donde se señala una cuota de $184.642. Al concurrir al área de Recursos Humanos de su empleador buscando respuestas, le indicaron que las retenciones fueron hechas por voluntad exclusiva de la recurrida. Al concurrir a la sucursal más cercana de la Caja de Compensación, no pudieron explicarle el porqué de los descuentos pese a existir un juicio pendiente, ni tampoco el cálculo aplicado para determinar las sumas.

Desde la perspectiva jurídica, el recurrente argumenta que el actuar de la recurrida configura un acto sumamente arbitrario, antojadizo y caprichoso, que carece por completo de fundamento, tanto en su realización como en el monto que se ordenó retener. Sostiene que dichos descuentos constituyen un ejercicio de autotutela, toda vez que, en mal uso de los preceptos legales que regulan esta situación, la recurrida descuenta de manera antojadiza dinero de su liquidación de sueldo, en paralelo al cobro judicial tendiente a pagar la totalidad de la deuda.

Invoca el artículo 22 de la Ley 18.833, que faculta a las Cajas de Compensación a efectuar denominados "descuentos por planilla", pero hace presente que dicha entidad es un órgano sujeto a la Constitución Política y demás leyes, de tal modo que no puede darle un uso arbitrario y caprichoso a los derechos y atribuciones que el ordenamiento jurídico les confiere. Argumenta que el acto de autotutela efectuado por la recurrida, consistente en el descuento ilegal y arbitrario de una suma completamente antojadiza desde su remuneración, sin explicar la causa ni cómo se llegó a dicho monto, constituye una explícita vulneración a la garantía constitucional del artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental.

El recurrente enfatiza la arbitrariedad del acto teniendo presente la interposición de una demanda ejecutiva en su contra, donde la recurrida manifiesta de manera inequívoca su voluntad de ejercer la cláusula de aceleración, hito que produce el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes, implicando necesariamente que de manera consciente se declina perseguir el pago individual de cada una de las cuotas. Sostiene que la ilegalidad se materializa en deducir una demanda ejecutiva con cláusula de aceleración mientras al mismo tiempo, cada mes, ordena la retención de montos inclusive superiores al de una cuota, directamente desde su remuneración.

Refuerza su argumentación citando jurisprudencia de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, particularmente la causa de ingreso 70389-2018 de la Primera Sala, que declaró que cuando se ha optado por la vía judicial para el cobro de todo el monto del crédito, evidentemente el descuento no puede seguir teniendo lugar, ya que podría materializarse un doble pago que no encuentra sustento jurídico alguno. Asimismo, cita la causa de ingreso 63774-2018 de la Sexta Sala, que declaró arbitraria la medida de hacer uso del artículo 22 de la Ley 18.833 y proceder a hacer descuentos con fecha posterior al inicio de la demanda ejecutiva.

En cuanto a la vulneración de derechos constitucionales, el recurrente sostiene que el actuar de la recurrida vulnera abiertamente su derecho de propiedad en relación a su remuneración, atentando directamente contra el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, toda vez que ha sufrido un acto ilegal y arbitrario que privó y perturbó su derecho de propiedad sobre la suma de $184.642 durante los meses de noviembre de 2024 a marzo de 2025, ascendiendo a un total de $901.850, situación que continuará ocurriendo de no mediar la intervención jurisdiccional correspondiente.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declaren arbitrarios e ilegales los hechos descritos, ordenándose que la recurrida deberá abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de sus remuneraciones, que deberá reembolsar los montos indebidamente descontados en las liquidaciones de sueldo desde noviembre de 2024 en adelante, y que se condene expresamente en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que la abogada Inés Riquelme Arao, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, evacuó el informe solicitando el rechazo del recurso de protección por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por la recurrida en relación con los hechos expuestos.

En cuanto a los antecedentes fácticos que sustentan la defensa de la recurrida, esta expone que con fecha 20 de mayo de 2022 otorgó al recurrente la operación de crédito código N° 208DIG100120578, por un capital inicial de $7.245.927, a una tasa de interés mensual de 1.38%, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $184.642, cuyo primer vencimiento correspondió al 31 de julio de 2022. Señala que las cuotas de los meses de julio de 2022 a abril de 2024, cuotas N° 1 a la N° 22, fueron pagadas entre el 12 de agosto de 2022 y el 14 de mayo de 2024, siendo diferida la cuota de mayo de 2024, N° 23, al final del crédito.

Posteriormente, informa que las mensualidades de junio a agosto de 2024, N° 24 a la N° 26, se pagaron en el período del 26 de diciembre de 2024 al 25 de febrero de 2025. Debido a la morosidad existente en las cuotas de septiembre de 2024 a enero de 2025, de la N° 27 a la N° 31, el 14 de marzo de 2025 el titular solicitó la reprogramación de su deuda por un valor de $5.347.060, pagadero en 48 meses, con una cuota de $161.147, cuyo primer vencimiento fue pactado para el 31 de mayo de 2025. Las cuotas de mayo y junio de 2025, N° 1 y N° 2, fueron pagadas el 26 de marzo y el 15 de mayo de 2025, encontrándose actualmente al día en sus pagos.

Desde la perspectiva jurídica, la recurrida fundamenta su defensa en el carácter social de los créditos otorgados por las Cajas de Compensación y el mecanismo de cobro establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833. Explica que las Cajas de Compensación son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, según lo establece el artículo 1° de la Ley N° 18.833. Entre las funciones facultativas se encuentran los créditos sociales, regulados en el artículo 19 N° 3 y artículo 21 del mismo cuerpo legal.

Argumenta que estos créditos constituyen un beneficio de bienestar social cuya finalidad está orientada a contribuir y satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar. Destaca que, a diferencia de otras instituciones financieras, el sistema crediticio de las Cajas de Compensación se encuentra indisolublemente unido al objeto genérico que la ley les ha determinado, no teniendo fines de lucro y destinando sus beneficios económicos a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales.

En relación al mecanismo de descuento por planilla, la recurrida sostiene que se trata de un mecanismo especial de pago inherente al régimen de crédito social, que no depende de la voluntad o decisión de las Cajas de Compensación, sino que se establece de forma perentoria u obligatoria, con el mismo grado de obligatoriedad que el pago de las cotizaciones previsionales. Explica que la obligatoriedad del descuento por planilla recae sobre el empleador, y que el trabajador no puede oponerse ni negarse al mismo, ya que es un mecanismo normativo propio del específico tipo de crédito otorgado.

Cita el artículo 22 inciso 2° de la Ley N° 18.833 y el Compendio de la Superintendencia de Seguridad Social para sostener que practicada la deducción al trabajador, se entiende extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja. Argumenta que es técnica y fácticamente imposible sostener que el funcionamiento del descuento por planilla constituya una gestión de cobro por parte de la Caja, puesto que dicho mecanismo aplica y funciona aun cuando la recurrida no haga nada o no lo desee.

Respecto de la exigibilidad de la obligación, la recurrida sostiene que está efectuando el cobro de una deuda vigente, actualmente exigible y cuya prescripción no ha sido declarada. Invoca los artículos 2492 y siguientes del Código Civil para argumentar que la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, no operando de pleno derecho. Cita el Dictamen N° 2659-2020 de la Superintendencia de Seguridad Social que establece que mientras no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social, deben continuar practicándose los descuentos.

En cuanto a la ausencia de vulneración de garantías constitucionales, la recurrida argumenta que no procede la supuesta vulneración al artículo 19 N° 24 de la Constitución, relativo al derecho de propiedad, porque no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, siendo la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible. Sostiene que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento, ya que las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación según el artículo 22 de la Ley 18.833.

Refuerza su argumentación citando jurisprudencia de diversas Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema que han rechazado recursos de protección de similar naturaleza. Menciona la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel en el recurso de protección rol 131-2024, que indicó que los descuentos por medio de la remuneración no constituyen un acto ilegal o arbitrario desde que la Caja se limitó a hacer uso del derecho de prenda general del acreedor, no existiendo doble cobro al haberse frustrado la acción civil por carecer la actora de bienes.

Asimismo, cita una sentencia de fecha 25 de abril de 2025 de esta Ilustrísima Corte que rechazó un recurso de protección de la misma naturaleza, y fallos de la Excelentísima Corte Suprema, particularmente el recurso rol 6890-2024 de fecha 29 de febrero de 2025, que confirmó la sentencia que rechazó un recurso similar, dando mayor fuerza al razonamiento sobre la legalidad de los cobros y la falta de arbitrariedad. También menciona el recurso rol 87663-2023, en que la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que rechazó un recurso de protección interpuesto contra Caja Los Andes.

Por estas razones, solicita que se tenga por evacuado el informe solicitado y se rechace el recurso de protección intentado contra la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por esta última en relación con los hechos expuestos.

TERCERO: Que, conforme es aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que, consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que, de acuerdo al mérito de autos, es posible entender la existencia del crédito otorgado por la entidad recurrida, actualmente exigible y con cuotas pendientes de pago, cuyo deudor es el recurrente, el cual fue otorgado en conformidad al mecanismo establecido en la Ley N° 18.833, que regula las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, particularmente lo establecido en los artículos 21 y 22 del citado cuerpo de normas, sin que se divise, en consecuencia, acto arbitrario o ilegal cometido por parte de la recurrida, al requerir el cobro de las cuotas pendientes de pago provenientes de los créditos otorgados al actor, mediante los descuentos por planilla, efectuados mensualmente; motivo que sustenta el rechazo de la presente acción cautelar, tal cual se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, sin costas.

Acordada con el voto en contra del ministro suplente Matías de la Noi, quien estuvo por acoger la presente acción cautelar, teniendo en consideración para decidir así los siguientes fundamentos:

1º.- Que, en cuanto a la normativa legal aplicable a este caso, el artículo 22 de la Ley N° 18.833 establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, debe ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Como puede advertirse, la norma citada discurre sobre la base de la existencia de un crédito social impago otorgado por una Caja de Compensación, mas no hace mención alguna a la hipótesis de que el mismo hubiere sido objeto de cobro judicial, de lo que no cabe sino inferir que este último supuesto escapa de los márgenes fácticos sobre los cuales la misma descansa y que hacen procedente el beneficio –pues no la prevé expresamente-; máxime considerando que la excepcionalidad del beneficio en nuestro ordenamiento impone, además, darle una interpretación restrictiva.

2º. Que en este caso la Caja respectiva, ante la mora en el pago, optó por judicializar el cobro de la obligación, acelerando con ello el crédito al momento de presentar su demanda y haciendo, por ende, caducar los plazos de las cuotas en que se había dividido su pago, con lo que sustrajo su cobro del ámbito extrajudicial que ahora pretende, optando, por ende, por ceñirse a la vía jurisdiccional, con todas las consecuencias procesales que ella signifique; camino procesal que resulta incompatible con aquella que consagra el artículo 22 ya citado, en cuanto esta última posibilita que, en lugar de que sea un tribunal quien decida lo pertinente en torno al cobro, lo haga el propio acreedor, por sí y ante sí.

3º.- Que, en estas circunstancias, el hecho de haber retomado la entidad recurrida los descuentos de dicho crédito con el actual empleador del protegido, luego de haber optado por presentar demanda ejecutiva, fuerza a calificar su actuar como ilegal y arbitrario, al pretender revivir el cobro de un crédito basada en un especial beneficio que le concede la ley ante cobros oportunos, situación que no se verifica en este caso.

4º.- Que, así entonces, constatada la ilegalidad y arbitrariedad del acto en que ha incurrido Caja de Compensación recurrida, con la consiguiente afectación al derecho de propiedad del protegido -en tanto se le priva de parte de sus remuneraciones-; en concepto de quien disiente se cumplen en la especie los requisitos que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República para que la presente acción cautelar pueda ser acogida.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N° 13660-2025