nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, nueve de octubre de dos mil veintiséis.

A los folios 25 y 26: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Mario Andrés Espinosa Valderrama, abogado, en favor de nombre reservado, y deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por el acto arbitrario e ilegal consistente en ordenar a su empleador, sin aviso previo, descontar de sus remuneraciones de marzo y abril de 2026 las sumas de $227.141 y $231.652, respectivamente, bajo el concepto de «Crédito CCAF», vulnerando la garantía constitucional que le asegura el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 12 de abril de 2022 suscribió en favor de la recurrida el pagaré N°041CON103328301, por $2.515.271, pagadero en 24 cuotas mensuales de $135.049, y que al perder su empleo cayó en mora. La Caja la demandó ejecutivamente en la causa Rol C-2677-2023 del 16° Juzgado Civil de Santiago, donde opuso la excepción de prescripción, que fue acogida por sentencia de 30 de septiembre de 2024. Agrega que en enero de 2026 obtuvo un nuevo empleo y que, al revisar sus liquidaciones, constató los descuentos, que suman $458.793 y que podrían repetirse en los meses siguientes.

Sostiene que la recurrida hizo un uso abusivo del artículo 22 de la Ley N°18.833, pues el descuento se practicó sin noticia previa ni explicación de su monto y, además, después de que la propia Caja optara por la vía judicial, ejerciendo la cláusula de aceleración y cobrando la totalidad de la deuda, de modo que no puede perseguir su pago por un mecanismo paralelo. Pide que se ordene a la recurrida cesar todo descuento en sus remuneraciones y restituir los ya efectuados y los que se practiquen durante la tramitación del recurso, con costas.

Segundo: Que, al informar, la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes pide el rechazo del recurso, con costas. Señala que el 12 de abril de 2022 la recurrente suscribió el contrato de mutuo de crédito social respectivo, garantizado con un pagaré, y que en ambos instrumentos otorgó un mandato especial e irrevocable para que la Caja requiriera de sus empleadores, actuales o futuros, el descuento por planilla de lo adeudado en caso de mora. Indica que, tras pagar las dos primeras cuotas, la deudora dejó de cumplir, y que al incorporarse a un nuevo empleador afiliado se activó el mecanismo de cobro, percibiéndose cuotas en mora el 10 de abril y el 10 de mayo de 2026, en virtud de procesos automáticos aplicables a todos los afiliados deudores.

Sostiene que el descuento tiene su fuente en el artículo 22 de la Ley N°18.833, en el artículo 58 del Código del Trabajo y en las cláusulas del mutuo y del pagaré, y que el punto 3.1.17.2 del Libro III del Compendio de Normas de la Superintendencia de Seguridad Social admite que, durante la tramitación de un juicio de cobro, se reinicien los descuentos por el mismo crédito, con la sola obligación de informar al tribunal las cuotas descontadas para rebajarlas de lo adeudado. Concluye que el juicio civil no suspende ni extingue esa facultad.

Agrega que lo pretendido es materia de lato conocimiento, pues supone declarar la extinción de una obligación o calificar los efectos de una sentencia que acogió la prescripción, que la recurrente no tiene un derecho indubitado a no ser objeto de descuentos legales, y que dispone de otras vías, como las acciones de jactancia o repetición o el reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social. Niega, por último, la afectación del derecho de propiedad, pues el descuento solo cumple una obligación válidamente contraída y un mandato otorgado libremente por la recurrente.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que el acto impugnado consiste en los descuentos efectuados en las remuneraciones de nombre reservado correspondientes a los meses de marzo y abril de 2026, por las sumas de $227.141 y $231.652, respectivamente, ascendentes a un total de $458.793, bajo el concepto de “Crédito CCAF”, destinados al pago del crédito social otorgado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, documentado en el pagaré N°041CON103328301.

La recurrida justifica su actuación en lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833 y en el mandato de descuento otorgado por la deudora, sosteniendo que el descuento por planilla constituye un mecanismo legal de pago que no se suspende ni se extingue por la existencia de un juicio de cobro.

Sexto: Que, del mérito de los antecedentes y, particularmente, de la revisión del sistema informático respecto de la causa Rol C-2677-2023 del 16° Juzgado Civil de Santiago, fluye que la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes dedujo, el 16 de febrero de 2023, demanda ejecutiva en contra de la recurrente, fundada en el pagaré N°041CON103328301, esto es, en el mismo crédito social que origina los descuentos impugnados en esta sede, ejerciendo para ello la cláusula de aceleración y exigiendo la totalidad de la obligación como de plazo vencido.

Asimismo, consta que en dicho procedimiento la ejecutada opuso la excepción de prescripción de la acción ejecutiva, a la que la propia ejecutante se allanó por escrito de 16 de septiembre de 2024, y que por sentencia de 30 de septiembre de 2024 el tribunal acogió la referida excepción, certificándose su ejecutoria el 27 de noviembre del mismo año, encontrándose actualmente archivada la causa.

De este modo, los descuentos cuestionados, efectuados a partir de marzo de 2026, son posteriores no solo a la judicialización del crédito por parte de la Caja acreedora, sino también a la dictación de una sentencia firme que acogió la prescripción de la acción ejecutiva promovida para obtener su cobro.

Séptimo: Que, si bien el artículo 22 de la Ley N°18.833 contempla, respecto de los créditos sociales otorgados por las Cajas de Compensación, un mecanismo de descuento por planilla de las sumas adeudadas, el ejercicio de dicha facultad no puede ser examinado con prescindencia de las actuaciones que la propia entidad acreedora haya realizado para obtener el cumplimiento de la obligación.

En la especie, la recurrida optó por ejercer judicialmente la acción de cobro derivada del pagaré N°041CON103328301, sometiendo la satisfacción de su crédito al conocimiento de los tribunales de justicia, y en ese mismo procedimiento se allanó a la excepción de prescripción opuesta por la deudora, la que fue acogida por sentencia ejecutoriada. En tales circunstancias, no resulta jurídicamente admisible que la recurrida procure obtener posteriormente el pago de la misma obligación mediante descuentos directos y unilaterales sobre las remuneraciones de la deudora, reactivando por una vía administrativa el cobro de un crédito cuya acción ejecutiva fue declarada prescrita, con su propio asentimiento, en el juicio que ella misma promovió.

No altera lo anterior lo dispuesto en el punto 3.1.17.2 del Libro III del Compendio de Normas de la Superintendencia de Seguridad Social, invocado por la recurrida, pues dicha instrucción supone la existencia de un juicio de cobro en tramitación, en cuya etapa de liquidación deben informarse las cuotas descontadas para su rebaja, situación que no es la de autos, en que el procedimiento se encuentra concluido por sentencia firme que acogió la excepción de prescripción.

Así, los descuentos efectuados en las remuneraciones de la recurrente durante los meses de marzo y abril de 2026, esto es, con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia recaída en la causa Rol C-2677-2023, constituyen una actuación que excede el ámbito legítimo de la facultad contemplada en el artículo 22 de la Ley N°18.833 y configura una forma de autotutela incompatible con la previa judicialización y resolución definitiva del cobro de la misma obligación.

Octavo: Que la conducta antes descrita importa una afectación actual del derecho de propiedad que la recurrente detenta sobre sus remuneraciones, protegido por el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, desde que se han efectuado descuentos sobre ellas respecto de una obligación cuyo cobro fue previamente judicializado y resuelto por sentencia firme, sin que corresponda a la recurrida alterar por una vía administrativa la situación jurídica resultante de aquel procedimiento.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado respectivo, se acoge el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes y, en consecuencia, se dispone que la recurrida deberá:

1° Cesar de forma inmediata todo descuento en las remuneraciones de la recurrente destinado al pago del crédito social documentado en el pagaré N°041CON103328301, objeto de la causa Rol C-2677-2023 del 16° Juzgado Civil de Santiago.

2° Restituir a la recurrente, en caso de no haberlo efectuado con anterioridad, la suma total de $458.793, correspondiente a los descuentos efectuados en sus remuneraciones de marzo y abril de 2026, así como cualquier otra suma que hubiere sido descontada por el mismo concepto durante la tramitación de esta acción, dentro de quinto día desde que la presente sentencia quede ejecutoriada.

Acordada contra el voto del ministro señor Mera, quien fue de opinión de rechazar el recurso de protección, por estimar que la recurrida actuó dentro del ámbito de las facultades que le confiere el artículo 22 de la Ley N°18.833, toda vez que la sentencia dictada en la causa Rol C-2677-2023 del 16° Juzgado Civil de Santiago solo declaró la prescripción de la acción cambiaria emanada del pagaré, sin extinguir la obligación derivada del contrato de mutuo de crédito social que constituye el negocio causal, la que subsiste y autoriza el descuento por planilla requerido por la Caja.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-13647-2026.